La nueva ley de inversión extranjera que hoy aprobará Cuba sintoniza con la cautelosa liberalización socioeconómica puesta en marcha hace tres años por el Gobierno de Raúl Castro: un proceso que se asienta en la gestión privada de los recursos estatales y en la progresiva sustitución del fracasado modelo soviético de planificación aplicado durante casi medio siglo.

Cuba, que busca ganar credibilidad en el mercado internacional de capitales, autorizará la entrada de inversión extranjera en todos los sectores menos en educación, salud e instituciones armadas, y establecerá exenciones tributarias: hasta el 50% de descuento en el impuesto a los beneficios de las sociedades mixtas. Aunque un tanto ambigua en este punto, la ley no descarta que los cubanos residentes en el extranjero puedan constituirse en inversores. Estados Unidos prohíbe a sus nacionales, incluidos los de origen cubano, invertir en la estratégica isla comunista, situada a 140 kilómetros de sus costas.

Al igual que las prohibiciones oficiales estrangularon durante decenios las potencialidades de la iniciativa privada, ahora en auge con 455.000 emprendedores con licencia para serlo, el marco legal establecido en la ley de 1995 ha frenado la entrada de empresas y multinacionales acostumbradas a operar en economías de mercado con amplios márgenes de libertad. Las modificaciones que aprobará la Asamblea Nacional del Poder Popular son numerosas y aunque no eliminan irritantes cortapisas, ni se despejan todas las dudas, el nuevo texto incorpora incentivos. El objetivo es tratar de infundir confianza y seguridad jurídicas a los inversores interesados en las posibilidades de negocio de un país estructuralmente subdesarrollo, todavía por hacer, aceleradamente inmerso en unas liberalizaciones que se van alejando de la cerrazón y el dogmatismo ideológico.

La nueva ley de inversiones se integra en los denominados Lineamientos aprobados en abril de 2011: cerca de 300 medidas orientadas hacia la economía de mercado, que están transformando comportamientos y mentalidades. La reforma política quedó explícitamente descartada desde el principio, desde que arrancaron unas reformas visibles en el tono de las conversaciones escuchadas en La Habana, en los negocios privados y cooperativas de nuevo cuño, en las descentralizaciones económicas y administrativas experimentadas en la provincia de Artemisa, y también, en las crecientes apetencias consumistas, pero limitada capacidad adquisitiva, de los 11 millones de cubanos.

El régimen de partido único sigue intacto. “En Cuba no va a haber una reforma política, en Cuba estamos hablando de la actualización del modelo económico cubano, que haga nuestro socialismo sustentable y que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo”, subrayó el vicepresidente cubano, Marino Murillo, en una conferencia de prensa de marzo del 2012.

Obligado por el derrumbe de la URSS, a mediados de los ochenta, y la pérdida de los multimillonarios subsidios de la metrópoli comunista, el Gobierno debió recurrir en los años noventa a los inversores extranjeros, muchos de los cuales suspendieron sus emprendimientos en la mayor de las Antillas vencidos por las trabas burocráticas, la lentitud, los incumplimientos, los impagos y la corrupción. Algunos empresarios se marcharon denunciando favoritismo con las inversiones de Venezuela y China, principales socios comerciales y políticos de Cuba. En otros, las autoridades fueron las que decidieron no seguir con las asociaciones mixtas al terminar la fecha convenida en los contratos.

La isla caribeña necesita del capital extranjero para sustituir importaciones, especialmente en el sector alimenticio, y para acceder a las nuevas tecnologías, los mercados de exportación y de crédito. Difícilmente lo conseguiría si las cosas siguen como hasta ahora. La evolución de la inversión extranjera era descendente: más de 400 empresas mixtas en el 2002, y la mitad un decenio después.

Brasil ha comprometido cerca de 1.000 millones de dólares (727 millones de euros) en la ampliación del puerto de Mariel, situado a 45 kilómetros de la capital, donde se creará una zona franca. Cuba reduce el intervencionismo estatal, pero salvo alguna enmienda de última hora en la ley, los empresarios extranjeros no podrán contratar directamente a sus empleados locales. La selección de personal suele efectuarse frecuentemente en procesos jalonados por las corruptelas y arbitrariedades, y depende en última instancia de una agencia oficial de empleo y dos ministerios.

El proyecto de ley que hoy refrendará el Parlamento probablemente no satisfaga a los inversores que reclaman más certidumbre y autonomía operativa, pero desde la percepción del Gobierno, refractario a las cesiones de soberanía, es un avance sustancial. Queda por saber si, en la práctica, las nuevas regulaciones permitirán a los socios extranjeros controlar más del 49% de las empresas mixtas, hasta ahora solo autorizado excepcionalmente.

La ley de 1995 exige, por otra parte, un impuesto del 30% sobre los beneficios y un 20% de la mano de obra, tasas que se reducen a la mitad o desaparecen en el proyecto de ley filtrado a la prensa. Se levantan engorrosas regulaciones bancarias y se permite a los inversionistas importar y exportar equipos directamente, sin depender de las empresas estatales.

A la espera de conocer sus detalles y alcance, una de las novedades más simbólicas y reveladoras será la que autoriza la entrada de cubanos residentes en otros países, que “podrán invertir como cualquier otro extranjero”, hasta ahora casi imposible, según anticipó la revista OnCuba. “Se abren las puertas debido a la necesidad”, dijo Hugo Cancio, dueño de una publicación que se distribuye en vuelos chárter entre Estados Unidos y la isla, y que recientemente entrevistó a Mariela Castro Espín, una de las hijas de Raúl Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. “¿Quién mejor que los cubanos residentes en el exterior para invertir en nuestro país? ¿Quién lo haría con más entusiasmo y ahínco?”, agregó Cancio.