Más de 3 millones de alumnos de la escuela pública de la provincia de Buenos Aires debían comenzar las clases de 2014 el 5 de marzo, pero lo harán el próximo lunes 31. Después de 17 días de huelga, los maestros bonaerenses lograron que el gobernador provincial, el kirchnerista moderado Daniel Scioli, aceptara este viernes concederles un aumento salarial del 30,9% para la media de ellos, frente a una inflación que asciende al 32% después de la devaluación del peso de enero pasado. Scioli se negaba hasta hace poco a dar más que un 30,9% a un quinto de los docentes, los que menos ganaban, y al resto entre el 21% y el 24%, lo que supondría una fuerte pérdida de poder de compra de la mayoría de los maestros, que de por sí son de los profesionales peor remunerados de Argentina. La negociación salarial docente de la provincia donde vive casi un cuarto de los argentinos resulta clave para las discusiones de nóminas en los demás sindicatos. Al Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner le preocupa que las pretensiones salariales no se desmadren en medio de la escalada de la inflación.

Entre viernes y sábado, las bases del sindicato de maestros bonaerenses debían votar si aceptaban el pacto entre su líder, el kirchnerista Roberto Baradel, y el gobernador Scioli, uno de los aspirantes a la presidencia argentina para las elecciones de 2015. En más del 90% de las asambleas de docentes se aprobó el acuerdo. Por eso este sábado Baradel anunció en una entrevista con Radio Mitre el final de la huelga. Cuando le preguntaron si el lunes comenzaría el ciclo lectivo anual, el sindicalista respondió: “Sí. Es una muy buena noticia”. En cambio, en otras ocho de las 23 provincias argentinas aún continúa el conflicto, aunque sin huelgas por tiempo indeterminado sino por ciertos días.

Al Gobierno de Fernández le preocupa que la inflación, que ya era del 27% antes de la devaluación de enero, se dispare aún más y por eso pretende guiar entre bambalinas las negociaciones salariales y ha anunciado el pasado jueves un ajuste fiscal, que consiste en un recorte del 20% de las subvenciones a las tarifas de gas y agua. Además, el Banco Central ha elevado los tipos de interés a niveles cercanos a la inflación, en contraste con la política monetaria expansiva anterior que los dejaba bien por debajo del índice de precios al consumidor (IPC).

La negociación salarial docente servirá como parámetro para otros sindicatos, pero sobre todo para los de empleados estatales porque en el sector privado se registra un estancamiento económico que amenaza con elevar el de por sí bajo desempleo (6%). No por nada el poderoso sindicato metalúrgico, que dirige el kirchnerista Antonio Caló, jefe también de una de las cinco centrales sindicales de Argentina, aceptó este viernes un alza salarial del 27,5%, menor a la inflación. Tanto entre los maestros como entre los metalúrgicos los jefes gremiales están presionados por las bases en las que crece la izquierda trotskista. En las elecciones legislativas de 2013, la izquierda opositora logró tres de los 257 diputados como alternativa al kirchnerismo en la defensa de los intereses de la clase obrera.

La lucha docente también puso a las claras el impacto que la devaluación ha tenido en la inflación y la fuerza sindical en este país sudamericano, el segundo de más afiliación de toda Latinoamérica, después de Cuba. Además supuso un desgaste para el gobernador Scioli, que es el candidato presidencial kirchnerista menos deseado por Fernández para su sucesión. Scioli ha tenido diversas posturas conservadores en varios asuntos. El gobernador sostenía que el déficit fiscal le impedía conceder el aumento salarial que otorgó finalmente. Se prevé que lo financie con una moratoria impositiva para pequeños y medianos contribuyentes, de modo de que paguen en cuotas lo que deben al fisco.

La pulseada salarial no acaba con el final de la huelga de maestros bonaerenses. El próximo 10 de abril habrá una huelga general en toda Argentina, según lo han dispuesto tres centrales sindicales identificadas con la oposición al kirchnerismo. Además, en las filas del metalúrgico kirchnerista Caló también hay sindicatos del transporte que adherirán al paro. El Gobierno de Fernández ha prometido que asegurará servicios mínimos, que no están estipulados por una ley en caso de huelga en Argentina. Será el segundo paro nacional contra Fernández. El primero fue en 2012 y fue exitoso gracias a los piquetes que en calles y carreteras impidieron el tránsito.