Aguirre se da a la fuga tras arrollar la moto de un agente de Movilidad

Si todavía nos quedaba alguna duda de lo que podía dar de sí Esperanza Aguirre, una sola acción, que no tiene nada de anecdótica, define su verdadera catadura moral, y ha puesto al descubierto todas sus “virtudes”. Por mucho que se esfuercen algunos en disimularlo, lo ocurrido el pasado jueves en la Gran Vía de Madrid, no es un simple incidente de tráfico, sino algo de muy especial gravedad, máxime cuando se trata de una persona que aspira a todo en nuestro país, incluso a gobernarnos. “El que la hace la paga“, decía la ínclita cuando los suyos comenzaron a acusar a Luis Bárcenas de delincuente peligroso; pues ahora le toca a ella asumir las consecuencias de sus actos, aunque nadie duda que todo quedará en nada, porque pertenece a la casta de los “intocables”, a los que nadie se atreve a perseguir, ni siquiera los propios jueces, que con ello ponen en peligro su puesto de trabajo.

La prepotencia de Esperanza Aguirre, común a la mayoría de los políticos veteranos que se han alejado de la realidad de la calle, ya se detecta cuando al ser justamente multada mantiene una actitud desafiante, dirigiéndose a los agentes, como ella misma reconoció, con palabras provocativas: “¿Qué?, ¿multita y bronquita?”; y adquiere una especial virulencia cuando, desobedeciendo las órdenes de la autoridad, se ausenta del lugar, arrollando la moto de un agente de Movilidad, que no hacía otra cosa que cumplir con su trabajo. Esta evasión, en sí misma, ya puede ser constitutiva de un delito de desobediencia a la autoridad; y no olvidemos que existen testigos presenciales que afirman que un agente trató de impedirlo, poniéndose delante de su vehículo.

Como chulesco y muy grave, constituyendo un nuevo acto de desobediencia a la autoridad, puede calificarse el hecho de haberse negado a detenerse cuando un vehículo policial le tuvo que perseguir hasta su domicilio. Lo que se corrobora por la denuncia formulada por los agentes de Movilidad, que llegan a afirmar que circularon de forma paralela haciéndole indicaciones para que se detuviese, a lo que hizo caso omiso.

La cobardía es consustancial a la lideresa, en lo que es reincidente. Ante todos los temas de corrupción que han perseguido durante años su actividad política, nunca ha sido capaz de responsabilizarse de nada, poniendo a los pies de la justicia a sus subordinados; baste con citar el caso Gürtel o el espionaje a consejeros de su propio gabinete. En esta ocasión, se introdujo en su casa desde el garaje, y se escondió detrás de dos guardias civiles, que parece ser custodian su domicilio, a los que utilizó como parapeto para no ser detenida. Y nosotros pagando impuestos para esto.

Esperanza Aguirre, con su actuación, se ha convertido en una presunta delincuente, por cuantos los hechos ocurridos son constitutivos de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, que conlleva una pena de seis meses a un año de prisión. Es más, incluso en situaciones menos graves, cualquier ciudadano anónimo hubiese sido detenido de inmediato por la policía, pasaría la noche en un calabozo, y sería puesto al día siguiente a disposición del juez de guardia, que a buen seguro hubiese decretado su libertad, pero con cargos. Y como en el caso de Esperanza Aguirre los hechos son constitutivos de un delito flagrante, dado que la autoridad ha podido comprobar en persona cómo se estaba cometiendo, debería de ser citada a un Juicio Rápido, de esos de “aquí te pillo, aquí te mato”, que para estas situaciones se inventaron, que se celebraría en un plazo no superior a 72 horas, con una más que previsible sentencia de condena, por cuanto los hechos que ella misma reconoce ya serían suficiente prueba de cargo y, en todo caso, prevalecería la palabra de la autoridad, investida de mayor veracidad.

El cinismo de Esperanza Aguirre desborda cualquier previsión de su innata arrogancia, al pretender convertirse en damnificada de su deleznable actitud, transformando en culpables a los agentes de la autoridad, dando un nefasto ejemplo a los ciudadanos que sí sufrimos las consecuencias de la ley. Afirmar que ha sido víctima de una retención ilegal es todo un atentado a la inteligencia de los ciudadanos, que ahora ya sabemos tenemos más sentido común que quien aún no ha renunciado a gobernarnos. ¿Alguien se atrevería a huir del lugar en el que está siendo multado por un policía, alegando una retención ilegal? Probemos este fin de semana para saber qué nos pasaría.

El 1 de abril pasado, 48 horas antes de lo sucedido a la altura del número 44 de la Gran Vía, con motivo de los incidentes del 22M, Esperanza Aguirre escribía en Twitter: “Una Nación que se respete a sí misma no puede permitir que se ataque así a los policías, que son los últimos garantes de nuestra libertad“. Eso sí, coherencia no le falta.

Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA