Durante la reciente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana del 27 al 29 de enero, el régimen cubano violó obscenamente la “Declaración especial de defensa de la democracia” de este nuevo organismo regional, demostró su dogmático rechazo a la apertura política reprimiendo un intento de ejercer pacíficamente el derecho humano universal a la libertad de reunión y expresión, y reafirmó su desinterés en integrarse democráticamente a la comunidad latinoamericana. 

Efectivamente, el martes 28 de enero estaba prevista la realización en La Habana del II Foro Democrático en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, un evento alternativo a la Cumbre de la CELAC organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Buenos Aires, con el co-auspicio local del Arco Progresista, el Comité Ciudadano por la Integración Racial y Nuevo País. 

Ante esta pacífica iniciativa, que iba a desarrollarse en un domicilio particular y con un limitado grupo de invitados, el régimen antidemocrático cubano reaccionó deteniendo arbitrariamente a la mayoría de los participantes locales que habían confirmado su asistencia y en otros casos impidiéndoles salir de sus domicilios. ¡Todo esto ante la presencia en la Isla de Jefes de Estado de países democráticos que integran la CELAC, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el de la OEA, José Miguel Insulza!Al respecto, ya el lunes 27 Amnistía Internacional, la misma organización que denunciaba las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar en la Argentina, emitió un comunicado titulado “Cuba intensifica la represión en las horas previas a la cumbre de la CELAC”, señalando que “Las autoridades cubanas deben detener su campaña de represión contra opositores y disidentes y permitir la celebración de actividades pacíficas durante la segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (CELAC)”. 

El contundente comunicado, firmado por Javier Zúñiga, asesor especial para programas regionales de Amnistía Internacional, advertía que “La actitud de las autoridades cubanas es un ultrajante ataque contra las libertades de expresión y de reunión que no debería pasar inadvertida a los numerosos líderes que estos días se dan cita en La Habana”. Por tal motivo, agregaba que “Resulta indignante que quienes no están de acuerdo con el gobierno cubano no puedan expresarlo de manera pública y colectiva. Los jefes de estado de los  países miembros de la CELAC y los altos cargos de organizaciones regionales e internacionales como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no deberían ignorar el hecho de que, mientras que ellos siguen llegando a La Habana para participar en la cumbre, activistas cubanos y cubanas se encuentran reprimidos por su gobierno”.

Para cerrar con un broche de oro su impune tarea represiva en el marco de la cumbre de la CELAC, la dictadura cubana inició un proceso de investigación penal contra Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Arco Progresista en Cuba y el principal organizador dentro de la Isla del encuentro alternativo que estaba previsto para el martes 28. 

Luego de estar detenido de manera arbitraria durante cinco días, Cuesta Morúa fue acusado del delito orwelliano de “difusión de noticias falsas contra la paz internacional”. Esto implica, además, que el referente progresista cubano, cuyo partido integra en carácter de invitado la Internacional Socialista, no podrá salir del país. En consecuencia, Cuesta Morúa, quien tiene una cita para el día jueves 6 de febrero a las 9 horas en el consulado de la República Argentina en La Habana para tramitar su visa, a raíz de una invitación de CADAL, no podrá visitar nuestro país. 

Frente a este grotesco episodio y la responsabilidad que le cabe a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, cobra mayor actualidad lo escrito por Manuel Cuesta Morúa en la edición del Diálogo Latino Cubano del cuarto trimestre del 2013: “Cuba es el signo de que en América Latina las democracias son todavía débiles…Mi tesis es que los gobiernos en América Latina no han captado los conceptos de democracia fuerte que miran a los gobernados como ciudadanos originarios de la legitimidad política. Mientras las sociedades se abren y la ciudadanía crece en sus formas múltiples, los gobiernos latinoamericanos, con solo dos o tres excepciones, se cierran como grupos corporativos tras el telón tradicional del populismo”.

Gabriel C. Salvia es presidente de CADAL. El pasado lunes 27 de enero arribó al aeropuerto de La Habana y fue declarado “inadmisible” por la dictadura cubana.