Imagen suministrada por Juliet Michelena Díaz, como parte de un fotorreportaje con el que denunció el abuso de la policía con perros en la vía pública_archivo de Cubanet

LA HABANA, Cuba.- En el día de ayer 21 de abril, la comunicadora Juliet Michelena Díaz fue trasladada por segunda vez a la prisión de mujeres del Guatao, conocida como “Manto Negro”. La reubicación ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, pero el transporte que la conducía se rompió en la vía pública y tardaron cerca de una hora en repararlo.

Al llegar al lugar, no quisieron aceptarla alegando que no clasificaba, por lo que fue devuelta a “El Vivac”, donde se encuentra. A las 8 de la noche llamó por teléfono y explicó lo sucedido. También dijo que le habían dicho que allí no podía estar más, que iba a ser trasladada hacia la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de San Miguel del Padrón.

Después de dos intentos anteriores, el esposo de Juliet, José Antonio Sieres Ramallo, logró contratar un abogado en el Bufete Colectivo de San Miguel del Padrón; el nombre del letrado es Orlando Zamora Castillo.

A las 8 y 30 de la mañana del día de hoy, 22 de abril, el cónyuge de Juliet fue a “El Vivac” a llevarle algún alimento, porque ella aunque no está en huelga de hambre, se niega a ingerir lo que le proporcionen en la prisión. Allí, un oficial que responde al nombre Adamas, le dijo que la “orientación” que tenía del jefe de la Unidad era que para Michelena no había más nada, ni visitas, ni teléfono, ni comida. Le dijo que fuera a ver al Instructor o a la persona que está al frente del caso (refiriéndose a la Seguridad del Estado).

Un oficial que se encontraba adentro, al que el esposo de Juliet ha oído llamar por el nombre de Matos, le voceó: “Para los CR (nombre que se les da a los disidentes como señal de contrarrevolucionarios) no hay nada”.

El tiempo de 7 días establecido para que ella permanezca en “El Vivac” ya venció, e incluso se duplicó.

El caso de Juliet es una muestra de la inconsistencia que tienen las leyes en Cuba y de la descoordinación entre la policía política –que quiere inventarle un delito-, y el sistema judicial.

La Habana, 22 de abril de 2014

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