El pueblo kichwa de Sarayaku, en Ecuador, ha dado refugio al asambleísta Cléver Jiménez y a sus compañeros; el periodista Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa. Los dos primeros fueron sentenciados a 18 meses de prisión y el tercero a seis por haber injuriado al presidente Rafael Correa. El caso se remonta a 2011, cuando los tres denunciaron al primer mandatario y lo tacharon de criminal de lesa humanidad por su actuación durante la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. Su acusación fue calificada de “maliciosa y temeraria” y Correa los enjuició. Desde que la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en su contra, los tres han estado fuera de la escena pública.
Fernando Villavicencio viajó a Estados Unidos para posicionar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y barajó la posibilidad de pedir asilo político, pero más tarde se unió a sus compañeros que se refugiaron en la selva ecuatoriana. Se acaba de dar a conocer que los tres llevan en torno a un mes asilados en Sarayaku (provincia de Pastaza) y que cuentan con el respaldo de sus autoridades consuetudinarias.
No es un lugar de fácil acceso, el desplazamiento desde El Puyo, la ciudad más cercana, es de entre 2 y 3 días por vía fluvial a través del río Bobonaza y unos ocho días por vía terrestre. La opción más rápida es la vía área, pero su coste es oneroso. EL PAÍS mantuvo una videoconferencia con los tres para conocer su situación. La postura común, de momento, es que no se entregarán a la Policía porque consideran que no han cometido ningún delito y reclaman que el Estado ecuatoriano cumpla con las medidas cautelares que la CIDH les concedió.
El asambleísta Jiménez, que ya fue destituido de su cargo por el Consejo de Administración Legislativa, ha asegurado que continuará con su labor de fiscalización desde esta comunidad. “Con salario o sin salario, seguiré cumpliendo mi papel de fiscalizar al gobierno más corrupto de la historia. Fui elegido por mi pueblo y mi tarea acaba en 2017, igual mi presencia en la Asamblea y mi voto no sirven de nada, en este periodo ni siquiera me han dejado intervenir”.
Sarayaku y sus 1.200 habitantes poseen una trayectoria de resistencia y lucha. Entre los años 40 y 60, la población obligó a la Iglesia y al Ejército a abandonar sus territorios y en 1989 le tocó el turno a la petrolera Arco-Agip. Su nombre se internacionalizó cuando ganó un juicio contra el Estado ecuatoriano por haber permitido que en 1996 la petrolera argentina CGC entrara sin su consentimiento a explotar el petróleo de su tierra. El pueblo llevó su queja a la CIDH en 2003 y casi una década después, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor y ordenó que el Estado limpiara la pentolita que se había sembrado para la exploración sísmica y que indemnizara a los habitantes de Sarayaku con 1,3 millones de dólares.
Hay una frase de los antepasados de este pueblo que se repite hasta hoy y que da cuenta de su valor: “Somos el pueblo del mediodía, somos el sol del mediodía. Sarayaku no caerá aunque otros hayan sucumbido. Sarayaku permanecerá resistiendo”. El asambleísta dice sentirse seguro en esta tierra autónoma donde no entra la Fuerza Pública. “Estamos rearmando una pequeña oficina de fiscalización, pronto daremos a conocer nuevas denuncias de lo que pasa en el país en el área económica, hidroeléctricas, perforación, medioambiente… La primera denuncia tiene que ver con unos negociados del Sistema Nacional de Inteligencia”, anuncia.
Tanto el asambleísta como sus compañeros están aprovechando su estancia en la comunidad para palpar la carencias de los amazónicos y apoyar con lo que pueden. “Estoy conociendo la realidad de los pueblos amazónicos, que han estado abandonados por todos los gobiernos de turno, incluido el de Correa. La salud, la educación no están bien, ahora están cerrando pequeñas escuelas, dejando sin estudios a la gran mayoría de niños”, cuenta Jiménez.
Carlos Figueroa está reviviendo el servicio rural que prestó cuando obtuvo el título de médico. “Los centros de salud están desabastecidos, la gente para un procedimiento quirúrgico tiene que salir al Puyo y estamos lejos. En el tiempo que estoy he hecho cinco cirugías menores y atendí dos partos, me he sentido bastante útil”, cuenta. Fernando Villavicencio también siente que aporta a la comunidad. “Como mi pasión siempre ha sido el tema ambiental, el tema del petróleo, me siento como en casa. Estoy facilitando información sobre las rondas petroleras, el tema económico de los contratos, la relación económica con China… Me siento bien por poder vivir aquí donde no se toma más de lo que se necesita de la naturaleza y complacido de que un pueblo de la selva me haya dado asilo político”, dice.
Los tres, sin embargo, reconocen el costo emocional y económico de haber tenido que aparcar sus vidas para esquivar la cárcel. Él que peor lo está pasando es Figueroa, porque su madre padece un cáncer terminal y teme no volver a verla con vida. “Yo soy médico, sé lo que está pasando y no me hago ilusiones”, dice. Para Villavicencio lo más duro es haber dejado desamparada a su familia. ”He vivido estos meses con una maleta, en dormitorios distintos, geografías distintas, sin trabajo, sin país, con la tensión de que la policía está detrás de mí, con el miedo de no saber con quién hablas, con el dolor de no saber cómo está tu familia, tengo un hijos de un año y 10 meses que solo sabe que yo me fui en un avión”.
La conversación es intermitente por las condiciones de la conexión a Internet y poco antes de cortar Villavicencio dice que para conectarse deben caminar un par de kilómetros, pero que lo hacen a diario para estar conectados. “La tecnología aquí es un problema y no hay señal ni de teléfono”. El asambleísta, en cambio, dice que la caminata es mínima y muestra su buen humor. “Para un amazónico esto es como decir que está a la vuelta de la esquina”.
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