El pasado viernes, CCOO de Cataluña entregó cartas de despido a 18 trabajadores de su gabinete jurídico. Eran despidos objetivos por causas económicas de 20 días por año hasta 12 mensualidades. Las bajas le costarán hoy al sindicato una huelga inédita de su personal en Cataluña, porque la negociación in extremis de las partes este miércoles en la Generalitat acabó sin acuerdo.
Tras un encierro el fin de semana en la sede de CCOO de la Vía Laietana de Barcelona, los afectados y su comité de empresa acordaron un calendario de protestas que se han venido celebrando entre el lunes y el miércoles y que desembocará en dos jornadas de huelga para lo que resta de semana: hoy comenzarían los trabajadores del servicio jurídico de Cataluña y el viernes se ampliaría al resto del personal.
El comité de empresa, que subraya su "total discrepancia con la actitud de la dirección y promete una batalla sindical y jurídica para lograr la nulidad de los despidos y la readmisión", denuncia que CCOO se negó a negociar las salidas, un total de siete técnicos y 11 administrativos entre los que se cuentan trabajadores mayores de 55 años. "Ni siquiera les ofrecieron jubilaciones anticipadas o finiquitos de 43 días, es mentira lo que ahora dice la empresa de que ofrecieron mejores condiciones", lamentan sus miembros.
También critican que la dirección les comunicó su decisión sólo dos días antes. "Dijeron el miércoles que habría despidos el viernes por causas económicas, pero ni especificaron el número de afectados ni hablaron de ERE o negociación", refieren. El día de autos, es decir, el viernes pasado, "el comité estaba convocado 12.30 de la mañana a una reunión y dos horas antes, a las 10.30, se les avisó a las 18 personas para que fueran a por sus cartas", rememoran.
Integración
La noticia se produce apenas dos meses después de que el servicio jurídico de la federación que dirige Joan Carles Gallego se integrase en la estructura central catalana. Hasta entonces, y desde 2006, pertenecían a una empresa creada por la dirección, a la sazón accionista única, que contaba con 97 trabajadores a fecha de 31 de marzo, justo antes de la integración. "Entendemos que si éramos 97 en marzo, para despedir a 18 personas habrían tenido que hacer un ERE -al superar los afectados el 10% de la plantilla-. Al pasarnos a la matriz ya éramos más de 100 y, por tanto, representábamos menos del 10%", explican.
La negociación in extremis de las partes este miércoles en la Generalitat acabó sin acuerdo
El comité ha prometido una batalla sindical y jurídica para lograr la nulidad de los despidos y la readmisión
Desde el sindicato en Cataluña, sostienen que los ingresos del departamento cayeron en 2013 un 20%, lo que implicaba 950.000 euros menos y las pérdidas ascendieron a 600.000 euros. Estas cifras hacen necesario un recorte del 25% del gasto, que obligaría a prescindir de un máximo de 30 puestos de trabajo, según explica a EL MUNDO un portavoz de la organización, que defiende además que después de tres reuniones con los trabajadores entre el 7 de abril y el 22 mayo, "se constató que no había acuerdo". En cualquier caso, CCOO afirma haberles ofrecido "40 días y 18 mensualidades", similar al ERE pactado en 2012 en el sindicato y anuncia que la indemnización "se adecuará al perfil de cada uno de los despedidos". En paralelo, y como complemento a los despidos, el sindicato acometerá "una revisión de los complementos salariales de los que disfrutan los asesores jurídicos y que están por encima de las condiciones del resto del personal". Y cita entre otros extras «el cobro de dietas y de trienios, los pagos a la mutua o una paga sobre facturación y no sobre beneficios».
Al respecto, los afectados precisan que "esas tres reuniones fueron informales y nunca se nos ofreció nada" y que siempre exigieron para hablar de despidos "que la empresa justificase con datos económicos por qué sobraban 30 personas". Así y todo, reiteran que "nunca hasta 2013 había habido pérdidas" y que la razón de estas "malas cifras" radica en que el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) "ha retrasado el pago de todas las prestaciones, como ellos bien han denunciado", pero que el dinero, en todo caso, "se cobrará este año".