En paralelo a la 26ª sesión del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, ocho empresas transnacionales, entre ellas
Shell, Chevron, Glencore y Coca Cola, serán juzgadas simbólicamente por
violaciones de derechos humanos y crímenes ecológicos
En directo: livestre.am/4mUSq
Por Twitter: #StopTNCimpunity
El
Tribunal Permanente de los Pueblos se celebra hoy en Ginebra para
reclamar el acceso a la justicia frente a a violaciones de derechos
humanos y delitos ecológicos. Ocho corporaciones son juzgadas
simbólicamente por abusos cometidos en diferentes lugares del mundo,
desde la Amazonía ecuatoriana hasta Sudáfrica. El tribunal se organiza
en paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la
que 85 países reclaman un instrumento vinculante para responsabilizar
jurídicamente a las corporaciones transnacionales.
El actual marco político de Naciones Unidas sobre negocios y derechos
humanos se basa en directrices no vinculantes y no en obligaciones
legales. La realidad es que ese cumplimiento voluntario se ha traducido
en violaciones sistemáticas del derecho de acceso a la justicia para
analizar prácticas de corporaciones transnacionales.Por eso una
iniciativa impulsada por Ecuador y respaldada por 85 países reclama ante
el Consejo de Derechos Humanos normativas vinculantes. Esta iniciativa
se enfrenta a la oposición de la Unión Europea, Japón o Estados Unidos,
países en los que muchas de las transnacionales tienen su sede social.
Paralelamente, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el que
participa un representante de Ecologistas en Acción, testigos de esos
abusos exponen hoy sus casos frente a juristas, académicos y expertos de
todo el mundo.
Hablarán víctimas de la contaminación por hidrocarburos causada por
Chevron en la Amazonia ecuatoriana y por la Royal Dutch Shell en
Nigeria; damnificados por las prácticas de la minera suiza Glencore en
Filipinas, Perú, Colombia, República Democrática del Congo y Zambia y la
minera canadiense Pacific Rim en El Salvador y de la minera británica
Lonmin en Sudáfrica; y también se expondrán los casos de vulneraciones
de los derechos humanos por parte de Coca-Cola en Colombia, por la
compañía de agua israelí Mekorot en Palestina y por las operaciones de
la hidroeléctrica Hidralia, empresa española, en Guatemala. Los
testimonios muestran la necesidad de crear un tratado que proporcione
acceso a la justicia frente a las empresas transnacionales.
La sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), ha
sido organizada por la Campaña Global para Desmantelar el Poder
Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en la que participan activamente
desde el Estado español Ecologistas en Acción, Entrepueblos, el
Observatorio de la Deuda en la Globalización, el Observatorio de las
Multinacionales en América Latina, Col·lectiu RETS (Respuestas a las
Transnacionales) e Ingeniería sin Fronteras.
El
jurado del tribunal está conformado personas expertas en las temáticas
de los casos: la abogada Dora Lucy Arias de Colombia, el profesor de
Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta del Instituto HEGOA en
el País Vasco, Adriana Martínez Rodríguez, profesora de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México; Francesco Martone, jurista y ex
senador italiano, Roberto Schiattarella, profesor de Economía y
vicepresidente de la Fundación Lelio Basso, Beverley Keene, economista y
ex-coordinadora de la red latinoamericana Jubileo Sur y Renata Reis,
abogada y experta en Derechos de Propiedad Intelectual y Salud Publica.
Sobre la Campaña Global
La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a
la Impunidad fue creada en junio 2012, para promover acciones de
solidaridad entre movimientos sociales y redes existentes locales y
nacionales, con el fin de aumentar la visibilidad de las campañas sobre
violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
Acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos fue establecido el 24 de junio
de 1979 por Lelio Basso, abogado, senador y uno de los redactores de la
Constitución italiana. Es un tribunal de opinión, se basa en la
Declaración de Argel sobre el Derecho de los Pueblos del año 1976 y se
inspira en las experiencias de los Tribunales Russell en Vietnam
(1966-1967) y las dictaduras en América Latina (1974-1976). Tiene como
objetivos aumentar la conciencia pública sobre las deficiencias
jurídicas que afectan a las comunidades marginadas, y por otro lado
reconocer y reparar las violaciones de derechos humanos de los pueblos
que no son vistos como sujetos de derechos.
Assunto anterior
Primeira 
