y otra es no ponerle a la letra chica de la onu, algun poder que no conviene.

Que luego sería como en el caso de malvinas utilizado en nuestra contra.

De todos modos se muy bien que chevron es parte de nuestros enemigos financieros y que quiere quedarse con vaca muerta, desde este lugar es probable que tengas razón.

Y te digo esto de malvinas porque esa ley, aprobaria tacitamente, los derechos humanos de los kelpers a quedarse con ellas y por ende a las multinacionales que se roban el petroleo, apoyadas por los kelpers a robarse nuestro mar y nuestro petroleo , la antartida e islas del sur y toda la patagonia despues.

Entonces , desde ese pensamiento apoyo las abstenciones, yo no votaría nada a favor de lo que proponga la onu pk siempre nos ha jodido hermano.

y ademas, eso no invalida la prosecución de las multinacionales por el contrario las convalida, aún sabiendo que son oligopolios o monopolios encubiertossolo dice que están bien siempre que respeten los derechos humanosy todavía no sé, qué es lo que la onu entiende por "derechos humanos"

será este el proyecto?

Se discute en Ginebra petición de ONG’s de crear convención internacional para prevenir y castigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por multinacionales

GINEBRA - Una media página en el “Financial Times” del pasado 18 de junio, pagada por las líderes de unas 500 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), lanzó la alerta que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaría sobre la necesidad de elaborar “un instrumento jurídicamente vinculante para reglamentar las actividades de la sociedades transnacionales”, una idea sostenida por el Vaticano y el Parlamento Europeo. La decisión de crear una Convención internacional que obligue a los Estados que la ratifiquen a legislar para prevenir y castigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por estas compañías significó el surgimiento de una política alternativa a la hasta ahora única estrategia de la ONU en la materia, que es la de alentar a las multinacionales “y a otras empresas”, para que asuman “compromisos voluntarios” no coercitivos. Las tres semanas de negociaciones finales en Ginebra, dieron luz a dos resoluciones, que pusieron en evidencia dos puntos de vista diferentes para resolver uno de los grandes desafíos de la mundialización.

Keith Harper, el nuevo embajador de Estados Unidos en Ginebra para derechos humanos, es un descendiente de indígenas cherokee, que se hizo fama de paciente porque venció a los poderes públicos de la primera potencia mundial en un litigio judicial para la restitución de tierras a su comunidad. Sin embargo, no logró pactar la fusión de las dos resoluciones con su colega de Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga, quién pese a que su país no integra el Consejo este año, encabezaba, secundado por Sudáfrica, el grupo de Estados favorables a la Convención.

A cambio que Ecuador y Sudáfrica retiraran su resolución, la propuesta impulsada por Harper consistía en incorporar un párrafo en el proyecto patrocinado por Noruega, Argentina, Ghana y Rusia, a la que su Estados Unidos adhería, de continuar y reforzar la aplicación de “los principios rectores” adoptados por la ONU en 2011, para que las transnacionales se plieguen voluntariamente a los mismos. Ese nuevo párrafo ofrecía poner “en marcha un proceso inclusivo y transparente de consulta con los Estados, abierto a otros intereses, con el fin de explorar y facilitar el debate sobre medidas de carácter practico y jurídico tendientes a mejorar el acceso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionados con actividades empresariales a la reparación, por vía judicial y extrajudicial, incluidos los beneficios y limitaciones que tendría un instrumento vinculante”.

Pero Ecuador y Sudáfrica no aceptaron la oferta. Decidieron correr el riesgo de la votación, que no obstante les dio una victoria bastante ajustada. Consiguieron una mayoría relativa, de 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Por cierto, el escrutinio aportó algunas novedades. Ante todo, la mitad mas uno de los miembros del Consejo (14+13) no estaban de acuerdo con la resolución. Luego, América Latina se dividió, solo Cuba y Venezuela apoyaron la iniciativa, mientras que los otros seis países de la región presentes en el Consejo se abstuvieron (Argentina, Perú, Brasil, Chile, Costa Rica y Mexico). A su vez, Rusia, uno de los cuatro copatrocinadores de la resolución alternativa a la Convención, inesperadamente votó a favor de la misma, en el entendido que las dos resoluciones son complementarias y no antagónicas, un criterio que comparten la India y China, datos no desdeñables porque esos países reúnen más de la mitad de la población de la humanidad.

Al explicar sus votos hostiles, la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos coincidieron en que el Grupo de Trabajo al que se convoca a todos los Estados miembros de la ONU para que contribuyan, a partir de 2015, a la redacción de un borrador de la futura Convención, no sería la estructura idonea para afrontar “la complejidad del problema” y “atender todos los temas”, y que su constitución “menoscaba los esfuerzos ya realizados”. Se referían así a la labor de los expertos independientes designados por el Consejo que, constituidos en Grupo de Trabajo, elaboraron los “principios rectores” en 2011 para persuadir a las multinacionales a tomar medidas que impidan las violaciones de los derechos humanos, reparen los daños ocasionados e indemnicen a las víctimas. Ese Grupo informa periódicamente al Consejo de los progresos que se van consiguiendo y celebra un Foro anual de debate con los países y empresas, para hacer avanzar la implementación de esas “líneas directrices”.

La derrota de no haber podido frenar la idea de la Convención, integrándola en su propia resolución, no amilanó a los cuatro países que han preferido el avance paso a paso, desechando los grandes cambios revolucionarios, considerados imposibles por muchos en la ONU. Noruega, Argentina, Ghana, Rusia mantuvieron su proyecto de continuar la tarea de conseguir nuevos adeptos a los “principios rectores”, ya sea entre los países individualmente, en el seno de las coaliciones regionales de Estados y las transnacionales, y alcanzaron un consenso. No hubo necesidad de votación, porque ningún país lo pidió. Sudáfrica pareció tentada, causando un retraso en la agenda, pero finalmente desistió, aunque en su discurso dejó claro su descontento. Manifestó una especie de advertencia. Dijo que las multinacionales “no pueden operar en el vacío de la mundialización, su control y sanción son muy débiles, brillan por su ausencia, es imperativo un marco vinculante, los principios rectores no es el fin, el fin es una Convención”.

La ONU aprueba un código ético para las empresas multinacionales

El proyecto permitirá sancionar a las compañías que no cumplan los compromisos adquiridos

Un trabajador de la multinacional BP, una de las empresas adheridas al proyecto. - Foto:REUTER / R. BOYCE

JUAN GASPARINI JUAN GASPARINI 13/08/2003

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobará hoy en Ginebra un "proyecto de normas sobre las responsabilidades de la empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos", a propuesta de un grupo de trabajo formado por cinco expertos. Tras cuatro años de elaboración, el documento llega a la subcomisión de derechos humanos de la ONU, compuesta por 26 expertos nombrados por los estados miembros de Naciones Unidas, que han deliberado en público y ante los diplomáticos de los gobiernos. Se abre oficialmente así el camino para que el texto se convierta en una convención internacional, cuando sea remitido a la Asamblea General de la ONU.

El código ético establece una lista de obligaciones que deberán acatar las multinacionales "y otras entidades económicas cuyas actividades tienen consecuencias para los derechos humanos", particularmente en cuestiones económicas, sociales y culturales. El documento se centra en las empresas que operan en dos o más países, y propone como disposición general que difundan y apliquen un reglamento interno con los principios que aprobará la ONU tras recoger las opiniones de los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) para obtener el consenso más amplio posible.

El texto reafirma el derecho a la igualdad de oportunidades y a un trato no discriminatorio para quienes aspiren a conseguir un empleo en las compañías transnacionales. De ese modo, las empresas no podrán rechazar trabajadores por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad, origen o condición social, pertenencia a un pueblo indígena, edad o discapacidad.

En el inventario se destaca también el reconocimiento explícito a los derechos de los trabajadores, se incorporan las exigencias de protección al consumidor y al medio ambiente, y el derecho al desarrollo de los países en vías de desarrollo que acogen a las multinacionales.

El proyecto incorporará los convenios internacionales y las legislaciones nacionales sobre estos aspectos. El texto propuesto especifica que las multinacionales deberán proporcionar "un entorno de trabajo seguro y saludable", además de una remuneración al asalariado que le garantice un nivel de vida justo. El proyecto prohíbe las iniciativas de corrupción, soborno y ventajas indebidas. En el contexto del respeto a la soberanía nacional de los países y de las comunidades locales, el proyecto de la ONU permitirá sancionar a las multinacionales si incurren en crímenes de guerra, tortura, desapariciones y trabajo forzoso.

La resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos impondrá menores quitas y limitará las Clausulas de Acción Colectiva

El embate Buitre refleja el camino que sigue el Nuevo Orden Financiero Global

Las opiniones se dividen entre los que creen que debilita la jurisdicción de Nueva York y quienes, por el contrario, sostienen que es una señal para los futuros acreedores. Se abre un nuevo paradigma dominado por el capital especulativo y el ajuste.

Federico Schmalen

El embate Buitre refleja el camino que sigue el Nuevo Orden Financiero Global

La inmensa conmoción internacional que produjo la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el juicio de los fondos buitre contra la Argentina es una señal de que, en este juicio, está en juego mucho más que la deuda soberana de un lejano país de América del Sur. Por ese motivo el diferendo obtuvo el mote del "juicio del siglo".

La solidaridad de gobiernos y organismos multilaterales confluyó, una vez sustanciada la resolución de no tomar el caso, con ríos de tinta en artículos y editoriales de primera plana de los principales periódicos y revistas especializadas en finanzas.

La prestigiosa publicación inglesa, el Financial Times, directamente tituló con un llamado militante a "Defender a la Argentina".

Pero las voces de alarma llegaron también desde prestigiosas revistas e instituciones norteamericanas como, por caso, la revista Foreign Office del Council on Foreign Relations que se quejó porque "un país deudor necesita ser capaz de poder pagarles a los tenedores de bonos que entran en el canje, sin tener que pagar los Holdouts, de lo contrario, nadie volverá a participar en un intercambio, y ningún país jamás podrá reestructurar sus deudas". alertó.

El prestigioso profesor de leyes de la Universidad de Duke, Mitu Gulati, aseguró que, con este fallo, "El mundo cambió" y que "esta decisión tendrá implicancias significativas".

La sensación generalizada es que el triunfo de los buitres está gestando un nuevo orden financiero internacional con epicentro en el capital especulativo.

Tiempo Argentino consultó a diferentes especialistas para evaluar los efectos concretos que esta medida va a tener, no sólo sobre las deudas en vías de reestructuración, sino también sobre los futuros contratos de deudas.

El propio The New York Times, en una nota titulada "El fallo sobre Argentina pone a los inversores en posición de ventaja" puso de manifiesto uno de los puntos cruciales de debate que tiene que ver con el status que obtendrá Nueva York como plaza de emisión de deuda luego de la decisión de la Corte.

Según la publicación, la actitud del Tribunal se traducirá en una pérdida de status de Nueva York como capital financiera mundial en favor de Londres o Frankfurt.

En esa linea Carlos Heller, diputad nacional de Nuevo Encuentro señala que "la mayoría de los que apoyaron la posición argentina sostienen que la debilita, dado que el fallo de Griesa embarga los pagos a los deudores que entraron al canje, y por lo tanto, no resulta para éstos confiable la plaza de Nueva York. Tampoco para los gobiernos emisores de deuda soberana, al encontrarse con una resolución fuertemente punitoria a un país como la Argentina, que viene cumpliendo puntualmente con sus obligaciones financieras". concluyó.

Sin embargo, la preocupación esbozada por el Financial Times podría estar indicando lo contrario.

Es que la fortaleza de una jurisdicción depende de la óptica con que se la mire. En última instancia, la emisión de deuda persigue el objetivo de contar con financiamiento para el que no lo tiene y lo necesita. En un contexto de liquidez del mercado mundial como el actual es posible que el país emisor de deuda tenga más margen para optar por plazas más amigables (dejando de lado que la actitud de la Corte de Estados Unidos podría sentar un precedente con fuerte influencia legal en todas las plazas del mundo).

La decisión de la Corte, en el marco de la política de tappering que impulsa la Reserva Fedral de los Estados Unidos (disminución paulatina de sus estímulos y caída de liquidez), puede ser interpretada como una señal contraria, dirigida a ofrecer garantías tajantes a los tomadores de deuda y, por lo tanto, a jerarquizar esa plaza para los sectores más concentrados del capital financiero.

Para Ramiro Castiñeira de la consultora Econométrica, Nueva York como plaza "se fortalece desde el puntos de vista de los acreedores porque ahí saben que cobran. Por otro lado, los emergentes ahora lo van a pensar dos veces a la hora de emitir deuda en Nueva York aunque para emitir en sus países tendrán que ofrecer tasas acorde a la desconfianza que tengan. Depende de la liquidez del sistema financiero". aseguró.

Es sabido que, a partir del default de la Argentina y la emergencia de los fondos buitre en todo el planeta, muchas, aunque no todas, de las nuevas emisiones de deuda no sólo optaron por jurisdicciones diferentes a la de Nueva York, incluso con jurisdicción local, sino también que incorporaron las denominadas "cláusula de acción colectiva" que obligan al conjunto de los acreedores a aceptar los términos de una reestructuración en la medida en que un porcentaje determinado de los acreedores lo haga. En el caso de Grecia, por ejemplo, se fijó en un 66%, lejos del 93% que aceptó los canjes en la Argentina. Se trató de una política tendiente a limitar el accionar de los fondos buitres y el capital especulativo.

Sin embargo, esta resolución podría afectar incluso ese pequeño avance contra los buitres. Para Castiñeira, "las cláusulas de acción colectiva ahora van a ser recontra débiles y con disparadores muy bajos porque con la percepción de que vas a cobrar seguro no hay ningún incentivo para ingresar al canje. Sino te pagan ahora te lo pagan con intereses y punitorios más adelante. Va a ser difícil reunir incluso un 40% de acreedores para los canjes. Si sale mal me lo imponen por la cláusula de acción colectiva, si me sale bien, me pagan todo con intereses y punitorios. Los únicos que van a ingresar a un canje van a ser los más apremiados." concluyó.

Para Heller, "El fallo sienta un precedente altamente negativo, poniendo en duda las diversas cláusulas, como las de acción colectiva, que si bien resultan un avance, puede forzarse su interpretación a favor de los especuladores, y de esa forma quedan a la interpretación discrecional que puede hacer un juez de un distrito de Nueva York", coincidió.

De todas maneras, para Castiñeira "lo que va a pasar es que el próximo que entre en default tendrá que hacer quitas más suaves y plazos de renegocación más cortos para lograr que los bonistas ingresen a los canjes". conjeturó. Cómo última reflexión señaló que "va a haber menos oferta de deuda de los emergentes en Nueva York porque lo que se emite se paga. Es una señal que se le está enviando al mundo, como fue en la década del '80. Las deudas, si las tomás, las pagas. No estamos frente a un nuevo paradigma internacional de las finanzas, veo una injusticia y un mensaje a los que están tomando deuda por ejemplo en Europa para sostener cosas insostenibles la van a tener que pagar toda. Viene un mundo con menores quitas y un mayor esfuerzo financiero para pagar las deudas es decir la aplicación de fuertes ajustes." pronosticó.

Para Heller, "este orden financiero internacional dominado por el capital especulativo ya hace años que está funcionando en el mundo. No sólo fue el disparador de la crisis financiera internacional iniciada en 2007 sino que además es el que ha frenado las diversas acciones necesarias para cambiar el esquema de primacía absoluta de las finanzas sobre los flujos reales de la economía mundial. El fallo de Griesa es un hito importante en esta avanzada de poder y lobbie del capital especulativo. La crisis, si bien no ha podido revertir la preeminencia del capital especulativo, ha generado una mayor conciencia sobre la necesidade de una mayor regulación. No obstante, estas visiones aún no han llegado a los círculos del poder formal de los bloques económicos o de los organismos internacionales. En este aspecto debe rescatarse la prédica de nuestro país, que coincide con la de otros tantos países en desarrollo para la mayor regulación de las actividades financieras, en agrupaciones internacionales como la Celac, el G20, o el G77." concluyó. «

OPINIÓN I

Mario Blejer - Economista

Se abre una nueva etapa en el sistema financiero internacional dominada por el ala más recalcitrante

El fallo tiene un error de origen porque el pari passu otorga igualdad entre acreedores que son de naturaleza distinta. Además omite que el mercado, a través del riesgo país, le pone un precio a las dificultades que puede tener un país para pagar y se traduce en tasas de interés superiores. Lo que me prometieron fue una probabilidad de pago y una compensación por tomar el riesgo.

El fallo repercute en forma negativa sobre la posibilidad de un país de salir del default. Algo se tiene que poder hacer en esos casos.

La Corte ahora dice que no se puede hacer nada generando problemas en el sistema financiero global. Por eso se logró un apoyo que iba desde el FMI al Vaticano.

Los jueces lo ven sólo desde el punto de vista de los derechos de propiedad y los contractuales. No ven la lógica económica. La consecuencia es que va a ser cada vez más difícil hacer una reestructuración. Ya se han incluído las cláusulas de acción colectiva que obligan a aceptar los términos de un canje si una mayoría importante, digamos un 75%, lo acepta. Casi todos los bonos soberanos ya vienen con esa cláusula.

Es difícil saber si Nueva York se fortalecerá como plaza porque por un lado aumenta la demanda desde el punto de vista de los acreedores que se van a sentir más protegidos pero por el otro los países no van a tener interés en utilizar esa jurisdicción. No se puede saber cuál va a primar, dependerá de lo que ocurra en los otros centros de emisión de deuda. En este momento es difícil establecerlo porque hay mucha liquidez y eso hace que sea más fácil emitir deuda. Desde el punto de vista analítico todavía es difícil establecer cómo quedará posicionada Nueva York como sede para la emisión de futuras deudas. La peor solución para la Argentina es caer en el default pero también es la peor para los buitres porque no van a cobrar nada. Se impuso un sector muy recalcitrante del sector financiero, se ha abierto una nueva etapa en el sistema financiero internacional. Esto se va a debatir en el directorio del FMI, se va a discutir a nivel académico. Van a tratar de encontrar una solución de fondo. Se intentó lograr un mecanismo aceptado por todos los jugadores sobre como reestructurar una deuda de un país que llegó a una situación de insostenibilidad, ya sea por malas políticas o por condiciones externas pero no se tuvo éxito. Este caso va a motivar al sistema finacniero a resolverlo de forma orgánica y no caso por caso.

OPINIÓN II

Luiz Fernando Sanná Pinto - Doctor en economía política internacional Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Está cada vez más planteada la agenda de cooperación financiera regional

Las sucesivas decisiones de las cortes de Estados Unidos sobre las demandas de los llamados "holdouts" de la deuda soberana argentina han preocupado a muchos en el mundo político y financiero. Incluso instituciones como el Tesoro de EE UU, el Fondo Monetario Internacional, JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon y la American Bankers Association demostraron malestar con la dudosa interpretación de la cláusula pari passu por los magistrados americanos –base para el posible bloqueo del pago a los acreedores– que han cooperado con la reestructuración de la deuda.

Hoy, la posibilidad de que el 1,6% de los acreedores (holdouts en litigio) socaven un enorme programa de reestructuración de deuda asusta a los que se preocupan con la estabilidad financiera mundial.

Ojalá el problema sea resuelto y las decisiones en favor de los fondos buitre no amenacen los términos de los swaps de deudas de 2005 y 2010. Cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, el caso plantea dos cuestiones que deben ser discutidas: (a) la ausencia de un mecanismo de regulación global para la reestructuración de la deuda soberana; y (b) la ausencia de mecanismos más eficaces para la protección financiera regional.

Sobre el primer punto, cabe destacar la propuesta de 2002 del FMI para la creación de un mecanismo de reestructuración de las deudas soberanas (SDRM).

El mecanismo asegura a los Estados miembro un proceso más claro y bien definido para la reestructuración de sus deudas. Su inspiración son los procesos de bancarrota de las empresas, y su vigencia debrá favorecer la resolución de los principales problemas existentes en un default: el excesivo poder de los holdouts minoritarios, la equidad entre los principales acreedores y la obtención de financiamiento durante la reestructuración.

La discusión sobre el mecanismo fue abandonada debido a la oposición de Estados Unidos, que aboga por una propuesta de sustitución de contratos por instrumentos con cláusula de acción colectiva (CAC).

El descontento con las decisiones de las cortes de Estados Unidos debería reabrir los debates sobre el mecanismo propuesto por el FMI, que es más completo que el simple uso de las CACs.

Del lado regional, las limitaciones de los instrumentos de cooperación financiera deben ser discutidos. Aunque haya algunas iniciativas importantes para la financiación de proyectos de desarrollo (CAF, FONPLATA, FOCEM, y el futuro Banco del Sur) y del comercio de bienes y servicios (CCR y SML), hay considerable escasez de mecanismos de financiamiento de la balanza de pagos.

La única institución de eso tipo en la región es el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), que incluye sólo siete países (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela) y cuenta con recursos limitados.

La alternativa a la ausencia de mecanismos regionales institucionalizados es la cooperación financiera bilateral. Pero esa variable es muy inestable porque depende de los ciclos políticos y macroeconómicos nacionales.

En el contexto de creciente turbulencia internacional con el inicio de la reversión del quantitative easing de los Estados Unidos, la creación de un fondo de reserva regional con la participación de Brasil (que tiene reservas de U$S 370 mil millones) sería fundamental.

Este tipo de arreglo ha proliferado en los últimos años en otras regiones, y el mismo Brasil está participando en las negociaciones para la formación del más grande de ellos: el Fondo Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con reservas compartidas de U$S 100 mil millones.

Una posibilidad para aumentar la protección financiera regional en el corto plazo sería la extensión de las ventajas del Fondo Brics para terceros, bajo la provisión de garantías por al menos uno de sus miembros.

Con eso, Brasil podría extender la protección del Fondo para el Mercosul, reforzando el bloque.

Eso no sólo sería importante para Brasil y el Mercosur sino también para los otros miembros del Brics, considerando que el mecanismo puede incrementar la flexibilidad económica externa y la legitimidad internacional de todos.

Ya es tiempo de empezar a crear fortalezas financieras regionales y globales, articulando la región con otros socios estratégicos.

Entrevista a Arnaldo Bocco

"El sistema financiero norteamericano está mostrando los dientes"

Arnaldo Bocco es economista graduado de la Universidad de Córdoba con maestría en Economía del Desarrollo en Flacso. Fue director del BCRA y ahora ejerce como profesor de la UBA y de la sede local de la Universidad de Bologna. Sigue atentamente el proceso de reestructuración de la deuda Argentina y el juicio de los fondos buitre contra el país.

–¿Cómo se explica el repudio por parte del FMI y columinstas del Financial Times, The New York Times, Foreign Experts y la propia UNCTAD a la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos?

–Esas manifestaciones están demostrando que hay distintas concepciones ideológicas sobre cómo se protege el sistema financiero. No se trató de un repudio sino de un pronunciamiento crítico. Si uno mira las últimas decisiones que tomó la Corte Suporema en relación con temas centrales de la política nortemaericana, se nota que hay una mayoría conservadora. Los cinco representantes del sector republicano son muy conservadores. Los demócratas son una minoría. Se parece mucho a la mayoría automática que tenía la Corte menemista. La única vez que votó fragmentada fue con el plan de salud de Obama. Allí el presidente de la Corte acompañó el voto de la minoría pero fundamentando que, más que un programa social de salud para atender a las mayorías, se trataba de un impuesto. Dentro de las múltiples divisiones del Estado norteamericano, hay un sector ultraconservador, como es el Tea Party, que ha tenido un papel protagónico y que ha puesto como prioridad su confrontación con Obama. La Corte, al confirmar el fallo de Griesa, lo que hace es ratificar una tesis jurídica y financiera que es respetar la teoría del contrato y no la teoría del régimen sistémico. Eso va contra la lógica del proceso de negociación (los distintos canjes que tuvo la Argentina) y no toma en cuenta las implicancias del default de Argentina como antecedente de reestructuraciones mayores. La teoría del contrato dice lo contrario. El deudor se va a fijar bien cuando emita deuda porque, si no la puede pagar, sabe que hay un antecedente de la Corte para demostrar que el que no paga es sancionado.

–¿La resolución de la Corte fortalece la jurisdicción de Nueva York para la emisión de futuras deudas o la debilita?

–La debilita. Muchos gobiernos, para emitir deuda, van a pensar si lo hacen en Londres, Frankfurt u otros mercados distintos al norteamericano. Lo que piensan los abogados conservadores que apoyan la resolución de la Corte es que esto fortalece la calidad de los deudores. Eso pone en tela de juicio los roles de los organismos multilaterales porque, en este contexto, ¿qué van a hacer? Es un precedente jurídico que los inhabilita para sugerir salidas a colocación de deuda de cualquier tipo en el mercado norteamericano.

–¿El fallo es un episodio aislado o inaugura una nueva fase en las emisiones de deuda?

–Es un episodio cuyo desenlace puede inaugurar una etapa distinta. La posibilidad que tenga el juzgado de ir haciendo sintonía con su dictamen va a determinar cómo opera de acá en más.

–¿Qué modificaciones concretas se pueden producir en los contratos de deudas futuras a partir de esta nueva situación? ¿Sólo la inclusión de las collective actions o puede motivar nuevas cláusulas?

–Bajo la ley norteamericana, si una empresa o un país que se propone colocar deuda en los Estados Unidos, por más liquidez y conveniencias que haya, se va a fijar, a la hora de resolver las controversias, que cláusulas adicionales puede incluir para protegerse. De otra manera, queda inerte y al descubierto. Ante una situación de crisis o de catástrofe económica como la que pasó de Argentina de 2001, no hay marco jurídico que lo proteja. La actitud de la Corte de avalar el fallo de Griesa es asumir la posición menos dialoguista. La instancia de mediación que abrió Griesa puede establecer alguna flexibilización del fallo. Pollack tiene las facultades de un juez, puede llevarle al juez lo que acordó, incluso contrario a su fallo, y el juez lo toma como un acuerdo judicial. No puede dictar sentencia pero tiene categoría de mediador senior.

–¿La resolución de la Corte acelera los procesos de una nueva arquitectura financiera y las exploraciones del FMI para regular la ley de quiebras soberanas o los entierra definitivamente?

–Están las dos bibliotecas.Yo creo que esto debería disparar la necesidad de tener una instancia por encima de la Corte Suprema capaz de dirimir controversias financieras como son las emisiones de deudas y sus derivaciones. En el caso de la Fragata Libertad, por ejemplo, intervino una instancia superior a la Corte Suprema de Ghana, el Tribunal del Mar. El mundo en desarrollo y los países emergentes que pueden emitir deuda pública y privada. Para sobrepasar ese fallo van a necesitar que el G-20 se avenga a discutir o el G-77 imponga la constitución de un Tribunal por encima de las naciones que podría ser en el ámbito de las Naciones Unidas o un organismo que le dé confianza al deudor a la hora de resolver controversias como la que tiene la Argentina.

–¿Podría ser en el marco de la ONU?

–Con el esquema del derecho penal o el derecho del mar. Dada la gravedad y las consecuencias que tiene un default, que genera desempleo, pobreza, retracción de la economía, desindustrilaización, pérdida de competitividad y crisis, es necesaria una instancia por encima de los países. El gobierno argentino lo puede resolver con iniciativas a partir de Mercosur, Unasur o la CELAC, que lleven al G-77 la necesidad de impulsar en Naciones Unidas la creación de un Tribunal de este tipo.

–¿Estamos frente a la posibilidad de la generación de un nuevo orden financiero internacional dominado por el capital financiero especulativo? A seis años del estallido de la crisis financiera, esta nueva situación marca que los responsables de aquella crisis (el capital financiero especulativo) no sólo no cargaron con la crisis sino que se fortalecieron política y económicamente...

–Es parte del enfrentamiento del Tea Party con el pensamiento reformista de Barack Obama, que es anti Wall Street, donde están todos embanderados con las posiciones más conservadoras del mundo. Lejos de estar en declive el sistema financiero norteamericano, está mostrando los dientes. Es una expresión equivalente a la defensa de la territorialidad en el exterior de su propia hegemonía. En la medida en que EE UU pierda relevancia en la geografía económica mundial en términos productivos (porque China se convierte en el primer PBI y porque los emergentes pasan a tener otro papel), se hace más fuerte en el terreno militar y financiero. Eso pone en debate nuestra agenda. ¿Hasta dónde vamos a salir a colocar deuda en el mundo sabiendo que el sistema financiero de EE UU juega un papel que te puede traer una amargura interminable?

–¿La modalidad del "bail in" aplicada para el rescate de la banca de Chipre y tomada como modelo para los futuros rescates bancarios en Europa en remplazo de la denominada Unión Bancaria de la CE va en el mismo sentido de fortalecer el polo más radical del capital financiero?

–Son coincidentes pero habría que ver si tienen una conexión concreta. Es probable que tomen contacto una con otra. En el caso de Grecia, está metido el FMI y la troika y, en representación de los bancos, está el Instituto Internacional de Finanzas, que tiene una posición conservadora. Se trata del predominio de los bancos sobre los Estados. En este caso ocurre lo mismo, un predominio del capital financiero especulativo sobre los Estados nacionales. Una subordinación del Estado al capital financiero especulativo. Ese es el punto de contacto.

–¿Qué conclusión habría que sacar?

–Esto pone en el centro la necesidad de tener Tribunales financieros que diriman controversias. Si los países emergentes no tienen esa instancia, tienen que salir de esa órbita. Es lo que están propugnando Brasil, China, India y Rusia, que plantean comercio en monedas locales, una entidad financiera de desarrollo propia. A América Latina se le plantea esta disyuntiva.

Observá el contraste, la onu no iría contra el fallo de un juez yanquilandes por ejemplo

'Hoy sí se puede decir que una empresa viola los DD. HH.'

Gracias a John Ruggie, tomó forma en la ONU una legislación que vigila al sector privado.

A fines de los 90, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, denunciaron la responsabilidad de las empresas multinacionales y, en particular las del sector energético y extractivo, en el deterioro de la situación de derechos humanos en países en conflicto.

En el seno de Naciones Unidas, el vínculo entre derechos humanos y el sector privado se venía discutiendo hacía décadas. En los 70, un borrador titulado ‘Normas sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales’ pretendió imponerles las mismas obligaciones de derechos humanos que a los Estados. No causó sorpresa alguna que los gobiernos no lo apoyaran.

Pero el tema no desapareció de la agenda. En el 2000, gobiernos como los del Reino Unido y Estados Unidos, preocupados por la acción de varias de sus empresas en el exterior, impulsaron la firma de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, un compromiso de carácter tripartito entre empresas, Estados y sociedad civil.

En el 2005, el Secretario General de la ONU nombró a John Ruggie como representante especial para el tema. Luego de seis años de trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de la organización adoptó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Por primera vez, se logró acuerdo en torno a un texto concebido para prevenir, proteger y reparar a las personas de los impactos adversos de las prácticas empresariales en el goce de los derechos humanos.

EL TIEMPO habló con Ruggie, quien hoy preside la junta directiva del Instituto de Derechos Humanos y Empresas. Él estuvo la semana pasada en Cartagena, en el Taller Internacional de Principios Voluntarios y Principios Rectores: gobiernos y empresas vis-à-vis derechos humanos.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó los Principios Rectores que usted construyó durante seis años. ¿Cuál es la importancia de este paso?

Los Principios Rectores se pueden resumir en “proteger, respetar y remediar”. El marco exige la acción de proteger frente al daño de la persona; establece la clara responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, independientemente de si el Estado está haciendo o no su trabajo, y afirma la necesidad de reparar a las personas que se han visto afectadas por una determinada conducta empresarial. Las compañías deben saber qué hacer para respetar los derechos humanos y estar en capacidad de demostrar que lo hacen.

Impresiona cuánto tiempo gastó en consultas y el esfuerzo de socialización para la construcción de los Principios. En tantos años de diálogo con empresas, Estados y sociedad civil, ¿qué atmósfera sintió en la comunidad empresarial?

La comunidad empresarial estuvo atenta sobre un par de cosas desde el comienzo. La primera fue en asegurar que el proceso estaría dirigido no contra las compañías, sino hacia la búsqueda de estándares mínimos respecto a su conducta. La otra preocupación era que la protección de los derechos humanos pudiera terminar privatizada. Pero, de hecho, los Principios Rectores ponen especial atención en las acciones del Estado.

La comunidad empresarial se mantuvo interesada en soluciones prácticas. Nosotros hicimos cada esfuerzo para realizar consultas, hacer seguimiento a los proyectos privados, investigar iniciativas y probar nuestras ideas con diferentes grupos de interés. Todo con el objetivo de garantizar la formulación de unas recomendaciones que funcionaran realmente y pudieran ser implementadas por las empresas.

Tuvimos amplios proyectos piloto en compañías de impacto global en su sector para determinar cómo la protección de los derechos humanos podría funcionar a través de las funciones empresariales. Así que tenemos evidencia sólida de cómo se puede realizar.

La atención está puesta en cómo podrían operar las empresas en entornos complejos. Es preciso reconocer las problemáticas locales y tratarlas antes de que puedan generar confrontaciones.

¿En qué se diferencia una violación de los derechos humanos cometida por una compañía y una hecha por el Estado?

Hoy sí se puede decir que una empresa viola los derechos humanos; ya no es tan controversial. La principal diferencia es legal. Cuando los Estados ratifican un tratado de derechos humanos, adquieren obligaciones legales internacionales. Por eso, cuando un Estado que ha aceptado la ratificación de un tratado viola los derechos humanos, también viola el derecho internacional.

Cuando las compañías violan los derechos humanos, violan la legislación nacional. El derecho internacional no rige sobre las compañías, o solo en casos excepcionales. La diferencia está en qué cuerpo normativo resulta violado.

¿Por qué Amnistía Internacional y Human Rights Watch son críticos de los Principios Rectores?

Es una buena pregunta, porque ambas utilizan los Principios Rectores cada día. Las organizaciones de derechos humanos siempre quieren lograr más. Y lo que más quisieran es la firma de tratados internacionales que involucraran directamente a las compañías en el derecho internacional al mismo nivel que los Estados.

El asunto ahí es que, desde luego, llevaría un buen tiempo negociar un instrumento de ese tipo. Las compañías están felices, en primera instancia, de que el asunto se maneje de la forma en que se hace actualmente. Ellas están usando los Principios Rectores, pero las organizaciones de derechos humanos están pidiendo más.

¿Cómo evalúa iniciativas voluntarias como los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos del 2000?

Son instrumentos importantes dirigidos a proteger la seguridad y la integridad física del individuo. Son cuanto más importantes en la medida en que vinculan tanto a la fuerza pública como a la privada.

Recuerdo que visité la instalación de British Petroleum (BP) en Casanare y el centro de entrenamiento en derechos humanos de la XVI Brigada de la Armada, cuyos soldados estaban encargados de proteger el área alrededor de BP. Allí les enseñaban a los soldados y los comprometían con el respeto de los derechos humanos.

En 2003 se creó el Comité Minero-Energético para la Seguridad y los Derechos Humanos en Colombia, integrado por empresas del sector y entidades del Estado, para implementar los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos aquí. ¿Cómo evalúa este comité?

Es importante que los países no solo actúen con base en los Principios Voluntarios, sino que haya una instancia capacitada para que Estado y empresas puedan trabajar juntos. Esto, para que diversos grupos de interés puedan colaborar, compartir información e identificar y diseminar buenas prácticas. El Comité es un vehículo importante para hacerlo.

Estamos a 13 años de la adopción de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. ¿Cuáles son hoy los principales retos?

Las compañías mineras y algunas petroleras están desarrollando indicadores de gestión clave relacionados con los Principios Voluntarios. Siempre pueden suceder incidentes, especialmente con macroproyectos extractivos. La pregunta de fondo es: ¿usted qué tan bien es capaz de responder a estos incidentes cuando suceden? ¿O qué tan bien puede ofrecer un remedio cuando el daño ocurre?

Este desarrollo de indicadores de desempeño resulta fundamental. Solamente ha tomado lugar en los últimos 18 meses aproximadamente, así que siempre habrá más cosas para aprender y operacionalizar.

En segundo lugar, es importante para los Principios Voluntarios que aumente el número de países que se vinculan. Colombia ya lo hizo. Gobiernos como los de Nigeria, Ghana, Angola, Indonesia y otros están pensando unirse.

¿Qué dicen los Principios Voluntarios y los Principios Rectores sobre los contratistas?

Ambos especifican lo que se espera de las compañías en cuanto a contratistas. Ellas deben mantener relaciones adecuadas con contratistas de manera que aseguren su disposición a proteger los derechos humanos en la cadena global de suministros.

En los Principios Rectores, usted llama a los Estados a prestar atención para que los acuerdos de libre comercio y de inversión no produzcan detrimento de los derechos humanos. ¿Qué tipo de medidas tiene en mente?

Los gobiernos frecuentemente firman tratados que restringen su habilidad para adoptar e implementar legislación progresista, cuando tiene un impacto sobre la inversión. El inversionista, entonces, es capaz de persuadir al gobierno de buscar arbitraje internacional por daños. Para mí no tiene sentido, ya que los acuerdos de inversión deberían dejar espacios para que los gobiernos puedan adoptar políticas públicas que protejan a los trabajadores y al medioambiente e intervenir en la política social sin ningún temor o restricción.

¿Qué papel tienen los organismos financieros internacionales?

Es importante que los Estados recuerden, al unirse a estas instituciones financieras, no dejar de lado la cuestión de derechos humanos, así que deberían reflexionar sobre los compromisos que adquieren.

¿Cuál es su recomendación para el gobierno de Colombia en términos de empresas y derechos humanos?

Una gran mayoría de países está desarrollando planes de acción nacionales, cerciorándose de que se cumplan los compromisos adquiridos en los Principios Rectores, en los Principios Voluntarios y otros documentos. Creo que esto sería fantástico para el gobierno de Colombia: desarrollar un plan de acción nacional con valor.

LAURA GIL
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

Entonces , desde ese pensamiento apoyo las abstenciones, yo no votaría nada a favor de lo que proponga la onu pk siempre nos ha jodido hermano. (Albi)

Albi, alí babá o como te llames, tu fanatismo ya roza el ridículo ¿ahora es progre desde tu punto de vista abstenerse en una resolución que obliga a las multinacionales a respetar los derechos humanos?

Además tu maniqueismo es falso: la ONU siempre vota en contra del bloqueo a Cuba y vos siempre abogás por la defensa de ese país.

Por otra parte si la ONU es tan mala tu ídolo Cristian debería haberla abandonado en lugar de abstenerse en las votaciones.

pPerdón , no tengo la menor idea de quién es cristian?

sigo pensando que tu paranoia raya en el límite superior...

Yo solo doy mi opinión como vos la tuya,

1) No creo en la onu

2) No sé quién es Cristian

3) defiendo a lospueblos que a pesar de todo, se mantienen soberanos dueños de si mismos, debe ser hermoso, jamás los argentinos hemos pasado por tan magrnifica experiencia.

4) No soy fanática, solo doy mi opinión, aunque creo que a vos te molesta que los demás opinen lo contrario a mi. A mi no, soy libre y ejerzo mi libertad, me parece muy saludable y democrático este ejercicio de opinar libremente y tu censura y persecución constante a todo lo que digo me parece nazi.

La UE y EEUU se oponen al proyecto de la ONU para obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos

La ONU aprobó esta semana una resolución histórica que permitirá vigilar a las grandes corporaciones en los países del Sur. China, Rusia, Venezuela y Cuba votaron a favor. Alemania, Francia o Reino Unido, en contra

Imagen de la Asamblea General de la ONU.- EFE