Intentan frenar intenciones de pago a fondos buitre de Argentina

El Gobierno reiteró ayer en una solicitada publicada en el diario estadounidense The New York Times que está dispuesto a pagarle al ciento por ciento de los tenedores de bonos, pero de una manera “justa, equitativa y legal”. A su vez, remarcó que ya cumplió con el pago previsto para hoy a los bonistas que ingresaron al canje, aunque dada la advertencia que le formuló el juez Thomas Griesa al Bank of New York es difícil que el banco les vaya a girar el dinero a los inversores. Por lo tanto, se abre un escenario de derivaciones todavía inciertas. En el texto, el Poder Ejecutivo indicó que, con el pago realizado el jueves, el país “ratifica su firme e incondicional voluntad de cumplir con sus obligaciones, para honrar sus deudas y para descartar cualquier interpretación solapada que implique la introducción del eufemismo de ‘default técnico’ con el que se intentó caracterizar la arbitraria prohibición de pago ordenada por la Corte, sin tener en cuenta la voluntad del deudor de cumplir con sus obligaciones”. La solicitada también cuestiona con duros términos al juez Griesa y le advierte a Estados Unidos sobre “las consecuencias de sus actos”.

En el texto se afirma que “para la República Argentina y para cualquier otro país soberano pagar significa el depósito de fondos en cumplimiento de las obligaciones previstas en el prospecto de emisión de los Instrumentos de deuda y, por tanto, ejercer voluntariamente un derecho sin buscar con ello entrar en conflicto con otras decisiones judiciales que alteren las bases contractuales de un país soberano”. “Nuestra firme convicción, como reflejan las instituciones y las organizaciones internacionales, junto con analistas y especialistas que han sido incluso críticos del país en periódicos especializados y revistas a nivel internacional, es que el exitoso proceso voluntario de reestructuración de la deuda, que fue aceptado por el 92,4 por ciento de los tenedores de bonos, debe cumplirse”, sostiene el gobierno argentino en la solicitada. La mención sobre “periódicos especializados” es en referencia a un editorial del diario Financial Times, firmado por Martin Wolf, titulado “Defender a Argentina de los buitres”. A su vez, la conservadora revista estadounidense Foreign Affairs también criticó con dureza a las distintas instancias de la Justicia estadounidense, a las que calificó como “fundamentalistas peligrosos”.

En el texto publicado ayer, el Gobierno volvió a apuntarles a los fondos buitre al remarcar la convicción de no poner en riesgo el proceso de reestructuración iniciado en 2005: “Esta convicción implica apelar al sentido común y a la participación regular y racional en los procesos de resolución de la deuda en la que los derechos de una mayoría clara y auténtica no pueden ser socavados por el 1 por ciento de los tenedores de bonos que, desde una posición minoritaria, están destruyendo los esfuerzos colectivos de la nación y del pueblo argentinos para honrar sus compromisos, además de afectar los intereses y derechos de la mayoría de los tenedores de bonos”, remarcó el Gobierno.

El gobierno argentino también buscó ponerle presión a Estados Unidos por la situación inédita hacia la que se está yendo: “Esta decisión soberana de la República Argentina –añade el texto– implica una advertencia para Estados Unidos con respecto a las consecuencias de sus actos, teniendo en cuenta la responsabilidad internacional de las decisiones tomadas por su Poder Judicial, para el agente fiduciario, para las entidades financieras que participan, para los litigantes, y para el propio juez Thomas Griesa, con respecto a cualquier acción judicial de la que podamos valernos con el fin de reivindicar legítimamente nuestros derechos como miembros de la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos (artículo 61), las Naciones Unidas (artículo 2, párrafos 1 y 4), el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4), a la Corte Internacional de Justicia de La Haya como sujetos de derecho internacional, y ante los tribunales de jurisdicción general en la República Argentina”.

Para el Ejecutivo argentino, el hecho de que el pago de los bonos esté sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos “no significa aceptar decisiones judiciales con las que es imposible cumplir”, sobre todo cuando “la sentencia viola el principio de inmunidad soberana que prevalece en esa nación como una regla de jerarquía institucional superior y se interpreta, además, el principio de pari passu de una manera caprichosa y absurda”. “El cumplimiento de una sentencia no puede exigir un incumplimiento de las obligaciones asumidas”, se subraya en el texto. En ese sentido, se advierte: “Cualquier conducta que trate de obstaculizar el pago a nuestros acreedores constituirá una violación de la disposición de Derecho internacional público que, en virtud de la igualdad soberana, prohíbe coaccionar a otros Estados. Esta disposición también se encuentra en vigor en los Estados Unidos”.

Para el Gobierno, no hay dudas sobre la “parcialidad” de Griesa en favor de los fondos buitre, ni de su verdadera intención: “Empujar a Argentina al default y destruir el acuerdo de reestructuración de 2005 y 2010 que alcanzó con el 92,4 de los acreedores tras largas negociaciones”. Esto se confirma, según la solicitada, con el rechazo al stay pedido por el país para poder cumplir con sus obligaciones del 30 de junio próximo y habilitar el diálogo con el ciento por ciento de los bonistas. “Pero no va a lograr su objetivo, por una simple razón: la República Argentina cumplirá con sus obligaciones, pagará su deuda, cumplirá sus compromisos como lo ha venido haciendo, con el objetivo de poner fin a la estratagema de considerar un fallo de la corte absurdo, con efectos sistémicos a nivel internacional, como un ‘default técnico’. Eso no es más que una forma sofisticada de tratar de obligarnos a arrodillarse ante los usureros del mundo”, sentencia el texto. Por último, reafirma el compromiso de Argentina de honrar sus deudas con el ciento por ciento de los bonistas, siempre y cuando sea de una manera “justa, equitativa y legal”.

Esta mañana, a la espera de la decisión del organismo continental, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró un "caso inédito en la historia de la humanidad" que el juez Thomas Griesa pretenda "alterar un contrato e impedir el pago a bonistas que voluntariamente adhirieron a la reestructuración de la deuda", como ocurrió con el pago que depositó la Argentina en Bank of New York Mellon y que Griesa impidió cumplimentar.

El jefe de ministros agregó que también es insólito que se hable de "default técnico" cuando la "Argentina ha manifestado su voluntad de pago y, además, ha hecho los depósitos correspondientes". "Es necesario remarcar de modo enfático que se pretende incluir un eufemismo que es default técnico", dijo Capitanich durante la habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno.

Además, Capitanich explicó que "cuando un país paga y cumple sus obligaciones financieras" no está en default, y enfatizó que "no puede un juez alterar situaciones de carácter contractual surgidas de un prospecto que no fue objetado por la Bolsa de Valores de Estados Unidos".

"Lo que genera el juez Griesa con su fallo es una alteración del mecanismo de cumplimiento de la Argentina con sus acreedores que voluntariamente adhirieron a la reestructuración de la deuda", apuntó y agregó que "los recursos del Estado nacional están depositados en la cuenta del Banco Central de la República Argentina a disposición de los acreedores que adhirieron voluntariamente al canje".

El funcionario también explicó que la intervención del "special máster", a iniciativa de Griesa, es para iniciar un proceso de diálogo que permita generar una situación de negociación dada la complejidad del caso.

En este marco, Capitanich reiteró que la posición argentina es siempre la misma: "Argentina está dispuesta y abierta al diálogo para establecer condiciones de negociación equitativas, justas y legales para el 100 por ciento de los bonistas".

Calle Esparta su virtud,
Sus hazañas calle Roma.
¡Silencio que al mundo asoma
La gran deudora del sud!
Domingo F. Sarmiento, 1885.

La encorvada figura del juez Griesa y sus fallos parece salida de un casting para villanos de una película de terror. Los fondos buitre sólo refuerzan esa imagen. Sin embargo, la deuda externa argentina tiene caras no tan visibles. Está presente a lo largo de toda nuestra historia nacional y no representa solamente un conflicto entre lo nacional y lo foráneo. En gran medida ha sido también el instrumento mediante el cual las elites locales generaron las condiciones para impresionantes apropiaciones de riqueza de los sectores populares argentinos.

Remontándonos a los orígenes de esta historia resulta reveladora la advertencia lanzada por Mariano Moreno en 1809: “Todas las naciones en los apuros de sus rentas han aprobado el arbitrio de los empréstitos, y todas han conocido a su propia costa que es un recurso miserable, con que se consuman los males que se intentaban remediar”. La historia de la deuda externa argentina se inició en 1824. Apenas 15 años después de la advertencia de Moreno, Buenos Aires recibió un préstamo de la Baring Brothers Co., de Londres. Bernardino Rivadavia prometía usar esa plata para hacer el puerto, dar agua corriente a la ciudad y fundar tres pueblos. Nada de esto llegó a concretarse. Del millón de libras que el Estado pactó, sólo arribaron 560 mil. El resto quedó en manos de los intermediarios y acreedores, como adelantos de pago. La guerra con Brasil fue el destino del empréstito. En 1904, ochenta años después, cuando se terminó de pagar esa primera deuda, habíamos abonado doce veces más de lo que nos prestaron.

La Argentina volvió a endeudarse fuertemente a partir de la reorganización nacional de 1853. Las crónicas registran que en dos oportunidades se llegó a estar al borde del default. Lo impidieron Nicolás Avellaneda, en 1874, y Carlos Pellegrini, en 1890. Manifestaron su voluntad de pagar en forma tan rotunda que Avellaneda no dudó en declarar que pagaría “aun con el hambre y la sed de los argentinos”, y Pellegrini dijo que “remataría, de ser necesario, hasta la Casa de Gobierno”.

En 1890 se suspendió el pago de la deuda externa con la casa Baring.

Esta crisis casi lleva a la ruina al banco, lo que constituyó un hecho insólito en Inglaterra. Se habló del desastre de los “gaucho banking”. Fue un punto de inflexión en las relaciones entre Gran Bretaña y la Argentina. Las especulaciones acerca de que en esta región se encontraba la tierra prometida del crecimiento ilimitado se desvanecieron y con ellas se hundieron las acciones del banco, que pudo ser salvado por la intervención del Banco de Inglaterra.

Una perla digna de mención fue el decreto de Pellegrini mediante el cual aleja de sus funciones de representante argentino en Londres a Victorino de la Plaza. El argumento invocado es: “El doctor De la Plaza estaba demasiado en manos de los señores Morgan”. La insolvencia argentina pudo remediarse mediante el llamado “arreglo Romero” con los tenedores de títulos nucleados en el Comité Rothschild. Sí, tenedores de títulos nucleados para renegociar una deuda con la Argentina.

Del clima que se vivió respecto de la posibilidad de no poder o no querer pagar los servicios de la deuda da cuenta una pequeña historia. A pocos meses de terminada la Segunda Conferencia Panamericana en México, hacia fines de 1902, las costas de Venezuela fueron bombardeadas por unidades navales de Gran Bretaña y Alemania, a las que se agregaron las de Italia. El objetivo de esta intervención conjunta fue exigir el cobro de las deudas del gobierno venezolano pendientes con particulares europeos. Mientras tanto, la llegada a Buenos Aires de la noticia de la intervención europea en Venezuela generó un “clima de histerismo”, según las palabras del propio canciller argentino Luis María Drago. A los ojos de por lo menos algunos sectores de la europeizada elite argentina, la injerencia de las potencias europeas fue percibida como una amenaza a la región.

En esas circunstancias, Drago preparó una nota, protestando por los sucesos de Venezuela. La nota incluyó lo que más tarde se dio en llamar la Doctrina Drago, aprobada por muchos países del mundo. El argumento central de esta doctrina sostiene que “la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”.

En 1952, con el pago de 12.649.471 pesos moneda nacional, el gobierno de Juan D. Perón dio término definitivo al endeudamiento externo argentino. El golpe de 1955 y los posteriores acuerdos con el FMI reanudaron el proceso de endeudamiento.

El nuevo gobierno militar adquirió un nuevo préstamo externo para financiar sus importaciones de Europa. Así, contrató con varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de un año. Ante la imposibilidad de hacerlo y la nueva crisis generada, los países de la Comunidad Económica Europea decidieron refinanciar la deuda de Argentina.

El Ministerio del Tesoro francés organizó con varios de sus funcionarios radicados en París una oficina para que efectúen las futuras gestiones de cobro a nombre de los países acreedores: es esta oficina la que eventualmente llegó a ser conocida bajo el nombre de Club de París.

La desclasificación de importantes documentos de los archivos estadounidenses demostraron cómo se bloqueó económicamente a la Argentina durante el gobierno peronista surgido en 1973. Apenas producido el golpe de 1976, el FMI aprobó con sorprendente celeridad un postergado giro de 110 millones de dólares que resolvió los problemas más acuciantes. El 31 de marzo, sólo una semana después, las reservas libres del país habían pasado de 23 a 150 millones de dólares, gracias al apoyo obtenido y sin necesidad de gestiones personales en Washington. Es más que claro el cambio de actitud respecto del gobierno anterior que realizó infructuosos esfuerzos por conseguir apoyo financiero sin ningún éxito. En agosto, otro préstamo de 260 millones de dólares se constituye en el mayor otorgado a un país latinoamericano hasta ese momento. Siguieron más préstamos y ya para octubre el equipo de Martínez de Hoz contaba con el oxígeno necesario para encarar el proceso de reformas más drástico de nuestra historia.

Entre el comienzo de la dictadura, en marzo de 1976 y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8 mil millones de dólares a cerca de 160 mil millones. Durante ese mismo período, la Argentina reembolsó alrededor de 200 mil millones de dólares, o sea, cerca de 25 veces lo que debía en marzo de 1976.

La deuda externa, que vuelve una y otra vez a amenazar la realidad argentina como una plaga bíblica, desnuda, en su despliegue, actitudes políticas muy diferentes. Recorrer la historia de cómo se han parado los diferentes gobiernos frente a este tema es un gran instructivo de los proyectos sociales que nos han habitado.

* Historiador.