mas  watergates para entretenerte....

 

Maniobras orquestales en la oscuridad

REUNIÓN SECRETA EN ZARZUELA PARA EXCULPAR A LA INFANTA

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, el rey Juan Carlos y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante el acto de apertura del Año Judicial. / Efe

Los nombres de los grupos musicales españoles de los ochenta eran toda una fuente de inspiración: Siniestro total —grande Julián—, Kaka de luxe, Semen up, Desechables, Vómito, Golpes bajos o Parálisis permanente. Sin embargo, el título de este artículo, que se corresponde con un grupo de tecnopop de Liverpool de esos años, Orchestral Manoeuvres in the dark, me ha venido a la mente al conocer la existencia de una reunión secreta no desmentida, celebrada en el Palacio de la Zarzuela en febrero de 2012 y a la que asistieron, además del Monarca, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para intentar salvar a la infanta Cristina de Borbón de las acusaciones del caso Nóos en los juzgados de Palma de Mallorca. La reunión forma parte de una denominada Operación Cortafuegos y ha sido revelada en el libro La intocable, de Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda. No me digan que semejante enjuague no parecen maniobras orquestales en la oscuridad.

 Porque, según el libro, en la reunión convocada para involucrar a todas las estructuras del Estado para exculpar a la hija del Rey, se llegó a pactar el indulto de su marido, Iñaki Urdangarin, para el caso de que este fuera condenado a una pena por la que tuviera que ingresar en prisión. Desde esa fecha, la fiscalía ha defendido contra viento y marea, en contra del criterio del juez Castro, que no hay indicios para imputar a la Infanta; Hacienda ha admitido como válidas facturas que previamente había tachado de ficticias, lo que evitaría el delito fiscal de Nóos, y hasta Rajoy llegó a decir ante la declaración de Cristina de Borbón como imputada que “le irá bien”, lo que en aquel momento sorprendió a propios y a extraños por lo que suponía de injerencia en un proceso judicial en curso.

Semejante reunión para tratar de favorecer a un imputado por presunta corrupción, además de un escándalo mayúsculo que provocaría la dimisión de todos los implicados, constituiría en otros países como poco delito de obstrucción a la justicia. En España es una conducta de difícil encaje en un tipo penal. Habría que demostrar que se buscaba una resolución manifiestamente injusta para ir por la vía de inducción a la prevaricación. Difícil sería también acusar por delito de tráfico de influencias.

Algo menos extraño sería un delito contra la independencia judicial del artículo 508.2 del Código Penal, que establece: “La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años“.

Sin embargo, a pesar de la existencia de tan comprometida reunión —que nadie ha desmentido tres días después de hacerse pública— habría que demostrar que se habían dado instrucciones al respecto. Como si las órdenes en casos como este tuvieran que ser explícitas y detalladas, en lugar de meras insinuaciones que el subordinado entiende sin lugar a dudas.

 

Cristina de Borbón, a su llegada a los juzgados de Palma para declarar como imputada. / Efe

Ya me hago cargo que las comparaciones son odiosas, pero esto de las instrucciones tienen el mismo aire que las amenazas de muerte de ETA. Como los amenazados saben, nunca les decían que les iban a matar, bastaba con que les susurrasen: “sé quién eres y dónde vives”. En la historia de la Infanta todo funcionario sabe qué le puede pasar si desobedece o simplemente no sigue la corriente oficial.

En todo caso, por si no lo recuerdan, la investigación de este delito, ya que se trata del presidente del Gobierno, del ministro de Justicia y del Fiscal del Estado, que son aforados —el Rey es inimputable— correspondería a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la mayoría de cuyos miembros han sido nombrados para el cargo por el Ejecutivo. Recuerdo, sin ir muy lejos, que en 2012 esa Sala no estimó la existencia de malversación de caudales públicos en la conducta del entonces presidente del Supremo y del Poder Judicial,Carlos Dívar, a pesar de que cargó a los presupuestos oficiales del Consejo los gastos de más de 30 viajes de placer privados a destinos turísticos y gastos de representación para un solo comensal que no era otro que su jefe de escoltas.

Llegados a este punto, solo como ejercicio teórico, ¿se imaginan lo que ocurriría en Estados Unidos si pillaran al presidente Obama reunido con el ministro de Justicia y el fiscal del Estado para pedir un trato de favor para una de sus hijas por haber metido la mano en la caja?. Por si tienen dificultades de memoria, les recuerdo que Richard Nixon fue obligado a dimitir por el escándalo del Watergate y Bill Clinton obtuvo el repudio de toda la nación por algo tan estúpido como su affaire con la becaria Mónica Lewinsky. Nada que ver con nuestro Celtiberia show.

 

Fuente: http://www.cuartopoder.es/acotadeperiscopio/maniobras-orquestales-en-la-oscuridad/599

• URGENTE El juez Castro imputa a la Infanta Cristina por blanqueo de capitales y delito fiscal.

'CASO NÓOS' El futuro procesal de la hija del Rey

La Infanta Cristina, imputada por blanqueo y delito fiscal


Los duques de Palma en Barcelona. UMP/LOC

ESTEBAN URREIZTIETA | EDUARDO INDA Madrid
Actualizado: 07/01/2014 09:49 horas
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El juez Castro ha imputado a la Infanta Cristina por un delito de blanqueo de capitales y otro fiscal presuntamente cometidos por la hija del Rey en su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.

El auto de 227 páginas, que acaban de recibir las partes, cita a la hija pequeña del Rey a declarar dentro de dos meses. Concretamente, el sábado 8 de marzo a las 10.00 horas de la mañana. El magistrado instructor del caso Urdangarin ha dado ese amplísimo margen con un obvio objetivo: que a la Audiencia Provincial de Palma le dé tiempo a fallar el más que seguro recurso de la Fiscalía Anticorrupción.

Los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye a Doña Cristina están severamente castigados por el Código Penal. El blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero lavada. El fiscal puede acarrear un máximo de cinco años de estancia en prisión y una sanción pecuniaria de hasta el séxtuplo de la cifra distraída a Hacienda.

¿Se puede ver envuelto el rey de España en un proceso judicial o es su figura inviolable? El rey Juan Carlos El rey Juan Carlos, en una imagen de la pasada Semana Santa en Mallorca. (EFE) Analizamos la figura del jefe de Estado y su estatus jurídico. La Constitución española dice en su artículo 56.3, relativo a la Corona, que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Los 'mails' de Torres vinculan al rey y a su amiga aristócrata Corinna con los negocios de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos. ECO ® Actividad social ¿Qué es esto? 100% 277 Me gusta No me gusta +10 email Compartir Follow @20m Twitter MIRENTXU MARIÑO. 23.02.2013 - 09:52h El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, hizo entrega el pasado fin de semana al juez instructor José Castro de nueva documentación que involucra directamente a la casa real en el caso. En concreto, la infanta Cristina, el rey Juan Carlos y su amiga aristócrata alemana Corinna Sayn Wittgenstein aparecen mencionados como supuestos conocedores de los negocios del yerno del jefe de Estado. Asimismo, Torres aseguró en su última declaración que el palacio de La Zarzuela acogió una reunión en la que se cerró la celebración del foro deportivo Valencia Summit. Hace justo diez meses, el juez incorporó a la investigación ocho correos electrónicos aportados por la defensa de Torres en los que el nombre del rey salió a relucir aunque, por el momento, ni aquello ni lo más reciente han tenido ningún tipo de consecuencia. Pero, ¿y si llega a tenerla? ¿Se puede ver envuelto el rey en un proceso judicial? Él mismo dijo en 2011 en su discurso de Nochebuena que "la justicia es igual para todos", pero la primera y casi la única respuesta válida a la pregunta es que no. Aunque hay matices y explicaciones que hay que tener en cuenta. Tras la primera tanda de correos aportados por Torres en 2012 el catedrático de Derecho Constitucional en la UNED Antonio Torres del Moral explicó a 20minutos.es que "de ninguna manera" el rey puede ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado. Es la primera consecuencia del artículo 56.3 de la Constitución, que dice que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". En segundo lugar, la no responsabilidad hace que el jefe de Estado tampoco responda políticamente de sus actos. Para eso existe el llamado "refrendo". "En una democracia no puede haber poderes públicos que sean irresponsables", pero como el titular de la Corona sí lo es, "hace falta que alguien responda políticamente por él, y ese alguien es el presidente del Gobierno o el ministro que refrende su acto", según Torres. "Todos los actos del rey, que se refieren al ejercicio del cargo, tienen refrendo", añadía entonces. El responsable, el presidente Hay tres formas de ejercer el refrendo: la primera, con una firma, por ejemplo a la hora de sancionar una ley. El presidente del Gobierno firma el documento con el rey y a eso se le da el nombre de "contrafirma". Así, si el rey firma algo inconstitucional o contrario a derecho, el presidente sería responsable. La segunda, con la "presencia", por ejemplo, en un viaje en el que el rey va acompañado de un ministro, el denominado "ministro de jornada", que se hace responsable "de lo que pueda ocurrir". Por último, existe el llamado refrendo "tácito". En este caso, según el catedrático, el mensaje de Navidad del rey o la aparición del monarca en televisión el 23-F se entienden como refrendos tácitos: no hay nadie a su lado y nadie ha firmado por escrito un apoyo a esos actos. El responsable es el presidente del Gobierno, "si no dimite". "En lo que está pasando actualmente el responsable es el presidente del Gobierno", apostillaba. "Si el presidente no está de acuerdo, entonces se plantearía un problema institucional", dijo. La depuración de responsabilidades políticas respecto al presidente pasaría por "una moción de censura, un voto de confianza o por las urnas". Se dirimiría ante la opinión pública, las Cortes y el electorado. ‘El rey no puede hacer mal’ ¿Dónde queda entonces la responsabilidad jurídica? "Primero haría falta la comisión de un acto antijurídico", explicaba Torres. Imaginemos que el rey lo hace; que, hipotéticamente, comete un delito. El presidente del Gobierno es, de nuevo, el responsable político "si no dimite". Pero, ¿quién responde del acto antijurídico? "La respuesta es nadie. Así es", aseveró Torres. "Hay un adagio o dicho que procede del constitucionalismo inglés que dice que ‘El rey no puede hacer mal’. Y como no puede hacer mal, no es responsable jurídicamente. Eso es una falacia, sí puede hacer mal, pero no responde porque ningún juez puede citarlo en un banquillo: la justicia se administra en nombre del rey". Por tanto, explicaba el catedrático, la responsabilidad del monarca se limitaría al terreno histórico-político y el asunto o problema quedaría arreglado, incluso, con un "pacto" o acuerdo puntual, un cierre en falso. Citó entonces a Isabel II y también a Alfonso XIII, que no cometió ningún acto antijurídico, pero que "se jugó la corona con unas elecciones"; "se fue a Cartagena, ahí cogió un barco y se fue de España", recordó. "Cuando las cosas se ponen muy mal, también los reyes responden", continuó Torres, "pero lo hacen de esta manera, no ante un juez, sino exiliándose, perdiendo la Corona o bien con la proclamación de una república". En este contexto hay que citar también un concepto que vuelve a estar estos días en boca de todos: la abdicación. "Es otra forma de solucionar el asunto, con todas las comillas posibles, para que la cosa sea menos grave". Los casos Nixon y Chirac La abdicación puede ser pactada, algo parecido a lo que ocurrió con el expresidente de EE UU Richard Nixon tras el Watergate: "Se negoció con él para que dimitiera, fuera sustituido por Gerald Ford, se le perdonó y no se le juzgó", recordaba Torres, matizando que "no es una buena solución, pero se trata de no llevar las cosas al extremo o provocar una crisis nacional". Si el rey de España cometiera, hipotéticamente, un acto antijurídico y abdicara, los términos de inviolabilidad e irresponsabilidad no seguirían vigentes "jurídicamente", pero lo normal, hipotéticamente, sería darle una salida "pactada", insistía el catedrático, para evitar una crisis mayor. En Francia, por ejemplo, no sucedió así con el expresidente de la República Jaques Chirac, condenado en diciembre de 2011 a dos años de prisión, exentos de cumplimiento, por malversación de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida. "En una república se puede hacer, de hecho en Francia el jefe de Estado puede ser procesado por delitos de alta traición. Pero eso en una monarquía es impensable", aclaró Torres. En el terreno internacional, la comisión de crímenes contra la humanidad sí haría responder a un jefe de Estado ante la Corte Penal Internacional pero, evidentemente, este no es el caso que nos ocupa. "La monarquía es lo que es" ¿Es entendible en pleno siglo XXI la figura de la inviolabilidad? "La gente no lo entiende, y no tiene por qué entenderlo", según palabras del catedrático. La monarquía, decía, sigue todavía rodeada de un "halo de reverencia, de sacralidad", pero si escogemos tener una, con sus ventajas e inconvenientes, "ya sabemos lo que nos ha tocado"; "La monarquía es lo que es", añadía, desatacando entre esas ventajas que "el rey no se presenta a las elecciones, no pertenece a un partido y siempre queda como símbolo de la unidad, pase lo que pase" en el país. ¿Algo de lo nombrado se aplica al resto de la familia real? No. De hecho, hay muchas cosas en torno a la Corona que siguen sin estar reguladas. Por ejemplo, cuando el Príncipe se hace cargo de la agenda del rey: "No existe una norma jurídica que le dé esas funciones". Es más, convendría que al heredero se le aplicara un estatuto jurídico similar al del rey; lo que no convendría, por ejemplo, es "que llegara a ser rey una persona que durante su anterior etapa hubiera sido condenado por un delito de falsedad en documento público". "Ya que no es responsable, la monarquía tiene que ser impoluta", concluía Torres.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1376805/0/rey/inviolabilidad/proceso-judicial/#xtor=AD-15&xts=467263

 

LIBRO: LOS WATERGATES LATINOS (2006)
SUBGÉNERO: CRÓNICA PERIÓDISTICA
AUTORES: FERNANDO CÁRDENAS HDEZ.  (chileno)
JORGE GLEZ. PATIÑO (colombiano)
EDITORIAL: EDICIONES B (264 pp.)

CONTENIDO: En este libro, Los Watergates Latinos, los autores tomaron los casos más interesantes y sonados, pero no los únicos, lamentablemente. Comencemos.
PERÚ: Alberto Kenya Fujimori. Ingeniero agrónomo de profesión tuvo dos mandatos en la presidencia: 1990-2000. En noviembre de 2000 fue destituido por el Congreso luego de huir del país y buscar refugio en Japón. Quedó vinculado a más de 20 expedientes por delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Al cierre de la edición de este libro estaba detenido en Chile con fines de extradición al Perú.
COSTA RICA. Rafael Ángel Calderón Fournier, abogado, gobernó su país de 1990 a 1994, fue acusado de seis delitos de corrupción agravada y daño al erario público; luego de pasar varios meses tras las rejas, hoy se encuentra bajo fianza en su hogar por razones de salud.
ARGENTINA: Carlos Saúl Menem gobernó en 1989 a 1999, fue condenado como jefe de una asociación ilícita para la venta de armas a Ecuador y Croacia. Luego de estar bajo arresto por seis meses en una quinta campestre, partió a Chile y ha intentado regresar a la política activa de su país.
NICARAGUA: José Arnoldo Alemán Lacayo, gobernó de 1997 a 2002, fue sentenciado a veinte años de cárcel por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, robo y mal manejo de los fondos nacionales. 
MÉXICO: Carlos Salinas de Gortari fue presidente de 1988 a 1994. En 1996 la procuraduría lo acusó de los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. También fue acusado de participar, junto con su hermano Raúl, en la muerte de Francisco Ruiz Massieu. Fue exonerado de todos los cargos. Ahora vive en México y busca alcanzar su antiguo perfil político luego de pasar veinte años en el exilio.
VENEZUELA.  Carlos Andrés Pérez Rodríguez gobernó de 1974 a 1979 y de 1989 a 1993. Fue destituido y condenado por los delitos de malversación de fondos y peculado. Vive en Miami y el gobierno de su país ha intentado en vano conseguir su extradición. Condenado por malversación genérica agravada a dos años y cuatro meses de prisión domiciliaria.
ECUADOR. Lucio Edwin Gutiérrez Barbúa. Su periodo fue de 2002 a 2005. Fue acusado de atentar contra la seguridad nacional. Luego de la reclusión en el Centro de Rehabilitación N° 4 de Quito, en marzo de 2006 la Corte Suprema de Justicia lo dejó en libertad. Gutiérrez será de nuevo candidato a la presidencia.

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CUBA:  Fulgencio Batista Corrupción narcotráfico crimen y prostitución

COMENTARIO. Varios periodistas latinos se dieron a la tarea de investigar a varios gobernantes. Después de amenazas y atentados lograron documentar y denunciar los escándalos de corrupción y de abuso de poder de los mandatarios de sus respectivos países

OBRAS SUGERIDAS. De Jorge González Patiño recomendamos la censura del Fuego, y de Fernando Cárdenas Hdez. sugerimos sus columnas en la revista Rolling Stones.

Hasta la próxima. Te estaremos esperando  CON LOS AMOROSOS LIBROS ABIERTOS.