Testigo señaló la llamativa velocidad con que la alianza dispuso la reestructuración de la deuda
"La operatoria del Megacanje se aprobó de un día para otro"
La ex funcionaria María Vitali relató que "fue algo muy rápido". Las trabas del juicio oral que tiene a Cavallo como único procesado.
La operación que permitió llevar adelante el Megacanje durante el gobierno de la Alianza "se aprobó de un día para el otro". Así lo sostuvo ayer la ex funcionaria María Victoria Vitali, que declaró como testigo en el juicio que tramita el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 contra el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por negociaciones incompatibles con la función pública.
La nómina de testimoniales continuará al regreso de la feria judicial de invierno y se espera la posible convocatoria al ex presidente Fernando de la Rúa, quien a pedido de la defensa y de la fiscalía podría ser citado por la maniobra de canje de deuda llevada adelante por su gobierno en la que se juzga si se eligió de manera irregular el consorcio de bancos que colocaron los bonos de la reestructuración.
Vitali fue abogada en la Oficina Nacional de Crédito Público y confeccionó el borrador del decreto presidencial 648/2001 que autorizó la operación. En el juicio explicó que "se aprobó de un día para el otro, fue algo muy rápido". Resaltó también que se le pidió que remitiera sus actuaciones a Horacio Liendo, quien era asesor externo del ministerio, pese a que, según apuntó Vitali, "hasta ese momento, no habíamos utilizado asesores externos". El testimonio de Liendo podría ser relevante, sin embargo hay una cuestión procesal por definir que creó una paradoja que dificulta el juicio: su sobreseimiento, el 5 de junio pasado, por prescripción fue apelado por el fiscal general Germán Moldes ante la Cámara de Casación Penal, por lo que técnicamente sigue imputado y no podría comparecer a testimonial.
En la misma situación están el banquero y ex secretario del Tesoro estadounidense David Mulford, Federico Sturzenegger (ex secretario de Política Económica) y los funcionarios Jorge Baldrich (ex secretario de Hacienda) y Julio Dreizzen (ex subdirector de Financiamiento), entre otros. Para que puedan ser citados y aporten su testimonio deberán confirmarse sus sobreseimientos, de otro modo se considera que podrían haber sido parte de la maniobra. De todas formas, la fiscal Fabiana León sostuvo su pedido de citación en caso de que Casación pueda resolver la cuestión antes del final del juicio.
Tras el receso invernal se retomarán las audiencias semanales con los últimos tres testimonios pedidos por la acusación. Luego, se dará paso a los testigos que propuso la defensa de Cavallo, entre quienes están el ex secretario de Finanzas Daniel Marx y De la Rúa. Pero su convocatoria, avalada también por la fiscalía, está supeditada a que se resuelvan antes cuestiones procesales. El 28 de septiembre de 2006, el ex mandatario fue procesado en el marco de esta causa, algo que fue revocado por la Cámara, que afirmó que "no existía mérito suficiente como para procesar o sobreseer". Desde entonces, tiene dictada la "falta de mérito".
El proceso que tiene únicamente a Cavallo en el banquillo también se encuentra cerca de la prescripción. Hace siete años que fue elevado a juicio y con prueba ofrecida, pero recién el año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 advirtió que no podría llevar adelante el debate ante la superposición de juicios por delitos de lesa humanidad. Así, se conformó un tribunal especial que busca determinar si un consorcio de bancos cobró comisiones millonarias. El Megacanje consistió en la reestructuración de 37 bonos distintos con vencimientos intercalados para los que en octubre de 2001 el gobierno no contaba con fondos para afrontarlo. Así, se emitieron cinco nuevos bonos "global" con vencimientos en 2008, 2018, 2036 y 2038, más dos pagarés. Hasta ahora no se acumularon elementos para señalar como irregular la forma en la que fue emitido el decreto, ya que en anteriores canjes se utilizó apenas una resolución ministerial y existen tres pericias que no avalan tampoco que haya habido perjuicio para el Estado por la operatoria de la elección de los bancos creadores de mercados. «