Gays oficialistas piden la intervención de la Fiscalía por omisiones en la ley laboral

Integrantes del Proyecto Arcoiris exigieron a la Fiscalía General que investigue "a fondo" las causas por las que el nuevo Código del Trabajo, aprobado recientemente, no prohibió la discriminación por identidad de género.

Según el grupo gay oficialista, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea, presidida por José Luis Toledo, "incumplió el mandato recibido" durante el análisis del texto legal.

Los firmantes piden que se investigue a "todas las instituciones o personas que puedan estar involucradas en ese hecho ilegal y violatorio de los principios de la Democracia Socialista".

Asimismo solicitan agotar "todos los procedimientos jurídicos existentes, con vistas a volver a someter a votación" el Código del Trabajo en la Asamblea unipartidista.

Arcoiris se solidarizó con los transexuales, travestis y transgéneros, "grupo profundamente desfavorecido, porque está en situación de vulnerabilidad familiar y social".

De acuerdo con el texto, publicado en el blog del periodista Francisco Rodríguez, dicha situación "les dificulta el acceso pleno a todos los niveles de enseñanza y les obliga a aceptar empleos no calificados en el mejor de los casos, u optar por la prostitución y ser víctimas frecuentes de violencia de género y trata de personas".

Además solicitan a la diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, que "ejerza su derecho a la iniciativa legislativa individual".

Aunque Arcoiris reconoce que la modalidad individual "nunca antes" ha sido utilizada en la Asamblea Nacional, propone que la hija de Raúl Castro presente "un proyecto de Ley de Identidad de Género y de un nuevo Código de Familia, que reconozca explícitamente los derechos de la ciudadanía LGBTI y sus familiares".

"Interpreto lo ocurrido como parte de las tensiones creativas propias de todo proceso revolucionario", dijo Mariela Castro tras aprobarse la ley. Según se supo luego, ella habría votado en contra.

El nuevo Código del Trabajo tampoco permite la libertad sindical o de huelga, ni prohíbe la discriminación laboral por razones políticas o ideológicas. Ningún grupo oficialista cuestionó dichas omisiones.