"Usted no puede pasar", dice tajantemente el portero a un joven mientras le indica que se aparte de la puerta. Cuando el afectado protesta, recibe como explicación que en ese concurrido club habanero "se prohíbe entrar en short". Un cartel colocado en la entrada advierte que el lugar "se reserva el derecho de admisión".
La historia se repite en muchos otros lugares de La Habana. El céntrico cine Charles Chaplin muestra un cartel con algunas restricciones de entrada. Cuando se le pregunta a una empleada si las normas han sido dictadas por un organismo superior contesta: "No, no. La administración es la encargada, no hay una ley. Nosotros somos los que decidimos". Y agrega: "No se permiten personas sin camisa, ni en chancletas, ni con comportamientos indebidos". No es raro ver, sin embargo, cómo para los extranjeros las reglas son más flexibles. Un italiano con un diminuto short –que se confunde con un traje de baño– se pasea por el lobby sin ser expulsado.
En el año 2010, el cine Chaplin impidió la entrada a un grupo de personas que intentaban asistir al estreno del documental Revolution sobre el grupo de hip-hop Los Aldeanos. Algunos de aquellos ciudadanos elaboraron una demanda jurídica contra la entidad al considerar que la segregación se debía a causas ideológicas, pues se trataba de activistas, bloggers y músicos de la escena disidente, pero no prosperó en los tribunales.
Años después, el céntrico cine muestra aún un cartel con algunas restricciones de entrada.
Bienvenidos los cubanos, pero...
En 2008, una de las primeras medidas tomadas por Raúl Castro al asumir el poder fue permitir el acceso de los cubanos a las instalaciones hoteleras. Según el General Presidente tal decisión pretendía evitar que surgieran "nuevas desigualdades". No obstante los nacionales todavía no logran disfrutar de todos los espacios recreativos del país. Las embarcaciones que recorren el litoral, las marinas enclavadas en partes de nuestras costas y algunos cayos, aún no admiten la entrada de los cubanos residentes en el territorio que los vio nacer.
Por la Bahía de Cienfuegos navega un barco de recreo que no transporta cubanos para que disfruten de la excursión
Por la Bahía de Cienfuegos navega un barco de recreo que no transporta cubanos para que disfruten de la excursión. El motivo, según alegan varios trabajadores del atracadero, es el temor a que la embarcación pueda ser secuestrada en un intento ilegal de salida del país. El argumento revela el drama de la emigración, pero también la existencia aún de un apartheid que hace de los nacidos en esta tierra ciudadanos de segunda categoría. La medida va también contra la Constitución cubana que garantiza, en su artículo 43, a todos los ciudadanos el derecho a usar "sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores".
Hasta el momento no existen directrices a nivel nacional que justifiquen tales procedimientos de segregación, sobre todo en instalaciones del Estado, donde lo establecido debe estar amparado por la legislación. A las afueras del Pepitos Bar, ubicado en la céntrica avenida 26, hay un cartel que demuestra el uso y abuso del derecho de admisión. "Son reglas impuestas por la administración", refiere un trabajador del centro que no accede a revelar su nombre.
El Código Penal vigente establece privación de libertad de uno a tres años o multa de 300.000 cuotas al funcionario que se exceda arbitrariamente en los límites legales de su competencia. Sin embargo, ninguno de los juristas consultados por este diario ha podido recordar un juicio contra algún administrador o director de un centro público por irregularidades en el "derecho de admisión".
Las "normas de la casa" que rigen en algunos sitios públicos en Cuba van en contra incluso de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según su artículo 13 "toda persona tiene derecho a circular libremente" y también añade en el artículo 27 que cada ciudadano "tiene derecho a formar parte libremente de la vida cultural de la comunidad".
En varios restaurantes estatales de la calle Obispo se prohíbe a los nacionales entrar a conversar con los turistas
El abogado Wilfredo Vallín, director de la Asociación Jurídica de Cuba, publicó un artículo en el sitio Primavera Digital en el que asegura que "perseguir, al extremo de no permitir, el acceso de lugares públicos a personas que se comportan correctamente, que no alteran el orden, que no se meten con nadie, constituyen ilegalidades".
En varios restaurantes estatales de la calle Obispo se prohíbe a los nacionales entrar a conversar con los turistas. La administración se atribuye el derecho de sacar del establecimiento al que así lo haga bajo el pretexto de que molesta al cliente extranjero. Sin embargo, se desconocen casos de amonestación verbal o expulsión a turistas foráneos por acoso en sus insinuaciones o propuestas a un cubano o a una cubana. Tener un pasaporte de otro país parece ser patente de corso en estas situaciones.
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