El planteo llegará a la Asamblea General el 9 de septiembre

ONU: Argentina y G77 + China pedirán reformas en las emisiones de deuda

El ministro Axel Kicillof y el canciller Héctor Timerman anunciaron ayer que los 130 países del bloque ya aprobaron el proyecto que será debatido en diez días. Pone límites a los fondos buitre y a los propios estados.

Martin Piqué

La Argentina anunció ayer otra de las iniciativas diplomáticas con la que pretende sumar apoyos en el mundo para ejercer una presión sobre el poder político y el sistema judicial estadounidense. El martes 9 de septiembre, 130 países que forman parte del Grupo 77+China pedirán la votación en la asamblea general de las Naciones Unidas de un proyecto de resolución que propone convocar a una Convención Multilateral para la reestructuración de las deudas soberanas. El proyecto, según informaron ayer el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, será redactado por funcionarios del Palacio de Hacienda y contendrá en sus aspectos resolutivos algunos puntos de mucha actualidad a partir del conflicto entre la Argentina, el juez Thomas Griesa y los fondos NML Capital y Aurelius.
Se establecerá que los acuerdos con los acreedores en las reestructuraciones de deuda "no podrán ser obstaculizados de ninguna manera por ninguna medida emanada de otro Estado", y que tampoco podrán ser boicoteados por fondos de inversión que compren títulos de deuda "a tasas rebajadas en el mercado secundario", definición que calza justo a fondos buitre como el Elliot Management de Paul Singer.
El anuncio de la presentación del proyecto de resolución en la ONU estuvo a cargo de Timerman y Kicillof, quienes explicaron las características de la iniciativa desde la Sala de Conferencias de la Sala Rosada y luego respondieron preguntas. Timerman contó que la Cancillería venía trabajando en esta propuesta desde hace "dos meses" y que él mismo, hace tres semanas, conversó del tema con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el coreano Ban-Ki moon. "Por unanimidad, 130 países del G-77 han aprobado el proyecto de resolución", aseguró el canciller y luego explicó que el corazón de la idea consiste en avanzar "en un proceso de negociación intergubernamental que establezca un marco jurídico regulador de las reestructuraciones de deuda soberanas".
  Con tono enfático y desenvuelto, Kicillof mostró su optimismo sobre la posibilidad de obtener el voto favorable de la mayoría de la Asamblea (aunque se preguntó en voz alta cómo votarán "Estados Unidos y Europa") y aseguró que la eventual aprobación del proyecto tendría "características históricas". "Pedimos que así como hay un sistema jurídico que rige en las quiebras del sector privado, estableciendo la cifra del  66%, o dos terceras partes de los acreedores, como seguro que obliga a todo el resto de los acreedores a arreglar, se establezca un mecanismo similar para la reestructuración de las deudas. Porque la Argentina se ha convertido en un leading case de cómo la insanía del sistema financiero puede afectar la búsqueda de financiamiento", argumentó Kicillof.
El ministro de Economía negó que la Argentina pueda ser considerada un "defaulteador serial" –un latiguillo que suelen repetir los fondos buitre–, destacó que muchos países a lo largo de los últimos tres siglos cayeron en default, y exhibió cuadros y estadísticas que mostraban cómo en los últimos años fueron creciendo "los ataques judiciales" contra las reestructuraciones de deuda que, recordó, son el paso ineludible de cualquier país para reorganizar el frente externo tras haber caído en cesación de pagos. "El 75% de esas demandas fueron hechas por los llamados fondos buitre", advirtió. El ministro relacionó el proyecto de resolución promovido por la Argentina con la decisión de la International Capital Market Association (ICMA), entidad que agrupa a 457 bancos internacionales del mercado de capitales global, que a partir del caso argentino resolvió poner en práctica un nuevo marco financiero con cláusulas más estrictas contra el accionar de los fondos buitre. "A partir del caso de Argentina, ICMA propone nuevos estándares para el funcionamiento del sistema financiero, como cambiar la cláusula de todos los títulos de deuda de todos los países, las famosas cláusulas de acción colectiva, para prevenir a los buitre", remarcó Kicillof (ver página 6).
El ministro de Economía repitió varias veces que los bonos de la deuda argentina que están en manos de los fondos buitre son "títulos que fueron emitidos en los años ‘90,  que tenían la sede en Nueva York". Como en sus últimos discursos sobre el tema, Kicillof utilizó palabras fuertes para referirse al multimillonario Paul Singer en particular y los fondos especulativos en general. "Son un parásito del sistema financiero internacional. Los fondos buitre tienen que ser denunciados, tienen que desaparecer de la faz del sistema financiero mundial", cargó levantando la voz. Tras dedicar la primera parte de la conferencia a explicar el anuncio, Timerman y Kicillof fueron consultados por los periodistas. Timerman reconoció que los países que integran la ONU pueden negarse a ratificar una Convención que haya sido aprobada por el voto en la asamblea general. Puso como ejemplo a Estados Unidos que, al igual que Somalía y Sudán del Sur, se resiste a suscribir la Convención sobre Derechos del Niño aprobada en las Naciones Unidas.
El propio Timerman aseguró que,  incluso si el gobierno estadounidense no ratificara una eventual Convención Multilateral para la reestructuración de las deudas soberanas, esa negativa implicaría otro costo político y simbólico que afectaría la credibilidad de la plaza financiera de Nueva York. Al igual que con la decisión de revocar al Bank of New York Mellon, la estrategia del gobierno argentino considera que el escenario abierto por el juez Thomas Griesa podría generar desconfianza en terceros países que en el futuro necesiten emitir deuda y tengan que elegir plaza financiera y jurisdicción legal. Ante una pregunta de Tiempo Argentino, el canciller también se refirió a la audiencia convocada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York –el tribunal de alzada de Griesa-–para el próximo 18 de septiembre. Este diario le preguntó si la Casa Rosada pensaba que la iniciativa de impulsar una Convención en las Naciones Unidas podría generar algún efecto, ejercer alguna influencia favorable a la Argentina, en la audiencia del 18. "Yo ya no tengo expectativas", confió Timerman. Kicillof, en tanto, la consideró un indicio positivo.
  Durante la rueda de prensa, ambos se enteraron por los periodistas de que Griesa había convocado a las partes a una nueva audiencia para el 10 de septiembre. "Tal vez, como estarán en la misma ciudad (por Nueva York), escuchen lo que tengan para decir 130 países en las Naciones Unidas", dijo el canciller. «