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A fines del siglo XX el futuro de América Latina y el Caribe parecía clausurado. Deudas impagables contraídas ilegalmente agobiaban las haciendas públicas. Para cancelarlas, los gobiernos suscribían con el Fondo Monetario Internacional Paquetes que implicaban el desmantelamiento del Estado y de los ejércitos nacionales, la subasta de las empresas públicas, la cesión de la soberanía -comprendidas la potestad tributaria y la de protección de la economía-, la liberación de precios y de tasas de interés y la drástica reducción del gasto en educación, salud y seguridad social. Un alza unilateral y usuraria de los intereses de 5% a 16% y a 20% que, según la CEPAL, aumentó la deuda de 257,3 miles de millones de dólares en 1980 a 830 mil millones en 1980,  prometía lograr lo que sólo habían conseguido implacables dictaduras de derecha: la entrega de 600 millones de habitantes y  22 millones de kilómetros cuadrados a la voraz rapiña neoliberal.
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Este proyecto se fracturó por la base social. Las políticas fondomonetaristas  provocaron sublevaciones populares en países como Venezuela,  Argentina y  Bolivia. En Ecuador seis gobiernos fueron derrocados en rápida sucesión por los movimientos sociales. La conmoción de las masas  aniquiló a los partidos populistas socialdemócratas o socialcristianos que habían ejercido hegemonías durante casi medio siglo. Perdieron rotundamente las elecciones y vieron disminuir abismalmente militancias y participación electoral.  Los fines del siglo XX vieron el contundente  auge de los movimientos sociales: Movimiento de los sin Tierra en Brasil, piqueteros y empresas recuperadas en Argentina, Círculos Bolivarianos en Venezuela, zapatistas en México, movimientos étnicos, Alianza Social continental, entre muchos otros, sostenidamente desbaratan las viejas estructuras del Estado.

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La protesta social se traduce así en renovación política. Organizaciones casi nuevas toman el poder electoralmente con mensajes radicales: protección de la economía nacional; rescate o expropiación de  empresas explotadoras de recursos naturales; aplicación de los ingresos al gasto social, con educación, salud y seguridad social para todos, revisión de la Deuda Pública. Las organizaciones que suceden a los neoliberalismos fracasados son socialistas, en vías hacia el socialismo o afines con él. De Marx toman la lucha de clases y la necesidad de la Revolución; de Lénin, el antiimperialismo. Sin embargo, ninguna sostiene que el paso al socialismo deba ser la culminación de un desarrollo capitalista extremo; ninguna afirma que haya que forzar la industrialización para superar a los países desarrollados. Ninguna pretende entablar con éstos  carreras consumistas. Todas están permeadas de la conciencia ecológica de que no hay recursos en el planeta para que la totalidad de  los países imiten el desarrollo capitalista. Ensayan nuevas propuestas de estilo de vida: el Sumak Kawsay, el buen vivir, las comunas.  En los países con gran población indígena,  preconizan el respeto hacia las formas de vida comunitarias tradicionales. Reintegran  derechos a los trabajadores; someten las maquilas a las leyes y derechos laborales locales. Instauran iniciativas para el progresivo control social de industrias básicas y estratégicas. Intentan  sistemas  financieros regionales, tales como el SUCRE y el Banco del Sur. Para el momento de su constitución en 2010, el Producto Interno Bruto de toda la CELAC ascendía a 6,06 billones de dólares, lo cual arrojaba un PIB per cápita de 12.001 dólares anuales por habitante: suficiente para resolver sus problemas, si se lograra un grado apreciable de igualitarismo en la región más desigual del mundo. Si se intenta de nuevo demoler a América Latina a través de la Deuda, la región podría responder una vez más.