El Gobierno argentino, que encabeza la presidenta Cristina Fernández, explicó hoy su propuesta para pagar a los acreedores bajo legislación local y esquivar el bloqueo impuesto por la Justicia estadounidense por el litigio con los fondos especulativos, entre fuertes críticas de la oposición.
El “Proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa”, anunciado ayer por la presidenta y detallado hoy por el Ministerio de Economía, abre la posibilidad de que los acreedores cobren su deuda a través del Banco de la Nación Argentina o que presenten un medio alternativo de su elección.
Durante la rueda de prensa, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, destacó que no se trata de abrir un nuevo canje, sino de una vía para cambiar “de sede de pago” y garantizar que el país suramericano “pueda seguir pagando y que los bonistas puedan seguir cobrando”.
Argentina busca así una solución para cumplir con los acreedores de deuda reestructurada emitida bajo legislación estadounidense, después de que el depósito del último vencimiento fuese bloqueado por orden del juez neoyorquino Thomas Griesa.
Griesa falló a favor de los fondos especulativos que no aceptaron la reestructuración de la deuda argentina y denunciaron al país para cobrar el monto íntegro. “También ellos (los tenedores de bonos reestructurados) pueden ofrecer una posibilidad, una solución para cobrar, esta ley no es compulsiva. (...) Es una alternativa de pago local”, apuntó Kicillof.
El proyecto ha sido ya remitido al Congreso, de mayoría oficialista, y el Gobierno espera tenerlo aprobado antes del 30 de septiembre, fecha del próximo vencimiento de pago de los bonos reestructurados. “Ante la envergadura de las dificultades que ha planteado el juez Griesa y el sistema judicial norteamericano en cuanto al cobro, no al pago, de parte de los servicios, es razonable que sea el propio Congreso quien tenga esta solución que estamos planteando”, justificó Kicillof.
Desde la oposición, dirigentes de diferentes grupos políticos ya han anticipado que votarán en contra del proyecto para el pago soberano local y reclamaron medidas para evitar el deterioro de la economía.
“No vamos a aplaudir un default (suspensión de pagos)”, manifestó el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, líder de la conservadora Propuesta Republicana (PRO). Por su parte, la diputada de la coalición de centroizquierda Unen Elisa Carrió sostuvo que Cristina Fernández “vive una guerra imaginaria que puede causar demasiado daño a la Argentina y a su propio Gobierno” .
El proyecto de ley contempla la apertura de dos cuentas, una para pagar a los tenedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y, como novedad, otra para pagar al 7,6% de bonistas que no aceptaron la reestructuración, incluidos los fondos litigantes (el 1%). Los pagos se realizarán en la moneda estipulada según los contratos de los títulos.
El ministro aprovechó su comparecencia para cargar de nuevo contra el juez Griesa, cuyo fallo obliga a argentina a pagar unos 1.300 millones de dólares, más intereses, a los denominados fondos buitre. Para Kicillof, la sentencia “es una locura financiera y política” para beneficiar al 1 por ciento de los bonistas, en una estrategia que el funcionario definió como de “acoso” a Argentina.
“Es un fallo ridículo, es de imposible cumplimiento”, insistió el titular de Economía en alusión a la decisión del juez estadounidense de bloquear el pago a los acreedores reestructurados hasta que no se cumpla la sentencia.
El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir el fallo porque desencadenaría un aluvión de demandas de los tenedores de bonos que aceptaron la reestructuración debido a una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.
“Argentina tiene que seguir pagando, va a seguir pagando y va a defender los canjes de 2005 y 2010”, reiteró el ministro, para quien la deuda antes de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 “era una bola de nieve imparable” y ahora “es una bolita de nieve manejable”.
Kicillof incluso a invitó a Paul Singer, fundador del fondo de inversión NML e impulsor del litigio contra Argentina, a sumarse a la propuesta, aunque matizó que es poco probable que acepte porque ofrece un 300% de beneficio frente al 1.600% que pretende cobrar el fondo especulativo gracias al fallo de Griesa.