El fundamento del llamado “Estado de Derecho” lo constituye ladivisión de poderes, requisito indispensable a la hora de determinar la calidad de una democracia: el poder legislativo controla alejecutivo, y el judicial a su vez controla a ambos. En España, sin embargo, y tal y como se planeó en la Constitución, el poder ejecutivo (el Gobierno) controla al legislativo y, directa e indirectamente, al judicial.

En lo que respecta al legislativo, es cierto que el Gobierno es votado por el Congreso (dejaremos a un lado al Senado, por cuanto su función consiste únicamente en ratificar decisiones del Congreso), pero a partir de entonces éste pierde todo control del ejecutivo. Un claro ejemplo lo constituye la moción de censura, que en España es “constructiva”: hace falta mayoría absoluta para derribar al Gobierno y mayoría absoluta para proponer un candidato alternativo, y todo ello en la misma votación. Algo, por tanto, casi imposible. Otro ejemplo más: las comisiones de investigación deben ser aceptadas por el Gobierno y algún aliado, lo que las hace prácticamente inviables. En realidad, el poder de control del Congreso se limita a naderías tales como preguntas y quejas, algo que podemos comprobar cada miércoles en la llamada “sesión de control al Gobierno”.

Pero el problema es aún más complejo si tenemos en cuenta la innumerable competencia legislativa del Gobierno (iniciativa legislativa, decretos-leyes, legislación delegada, etc.), que demuestra que el ejecutivo arrebata descaradamente las competencias del legislativo. Y si a todo lo anterior le añadimos el hecho de que el Gobierno tiene la posibilidad de disolver las cámaras cuando quiera, descubrimos que la idea de que el Gobierno está controlado por los representantes del pueblo no pasa de ser una broma de mal gusto en España.

Pasemos ahora al poder judicial: su máximo órgano de gobierno es elConsejo General del Poder Judicial, facultado para el nombramiento de todos los cargos clave de la judicatura. Está integrado por vocales designados por los partidos más numerosos del Parlamento (básicamente dos, de ahí que siempre se clasifique a los jueces en “conservadores” o “progresistas” o, sin eufemismos, del PP o del PSOE, respectivamente), y su poder para recompensar y castigar es arbitrario y sin control alguno: ni siquiera tiene por qué justificar sus decisiones. Si el legislativo es un apéndice del ejecutivo, el poder judicial es un apéndice del legislativo. Como podemos comprobar, la fuente de todo poder en España emana del Gobierno.

Aparte de eso, el Gobierno tiene en la práctica mucho más poder judicial que el CGPJ: posee el Ministerio Fiscal, es el jefe de la policía judicial, el titular del indulto y del régimen penitenciario, etc. Además, todos los medios materiales de la justicia y todo su personal colaborador dependen del propio ejecutivo.

De este modo no existe ningún mecanismo efectivo para controlar al gobierno o al poder político en general, que campa a sus anchas sin que nadie pueda poner coto a sus desmanes y corrupciones varias. Ni que decir tiene que la prensa como contrapeso del gobierno no pasa de ser una broma, toda vez que casi la totalidad de los medios de comunicación españoles pertenecen a grupos empresariales ligados directa o indirectamente a uno u otro partido.

Otra forma de evaluar a la “democracia” española puede ser a través del grado de libertad de expresión existente en ella, en cuyo caso el resultado sería un claro suspenso. Aparte de la multitud de publicaciones (Egin, Egunkaria, Ardi Beltza, Kale Gorria…) que han sido cerrados por orden judicial, o en realidad gubernamental, en el Estado español existen delitos tales como “calumnias a la Corona”, “calumnias a las instituciones del Estado” (Gobierno, CGPJ, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etc.), “ultrajes a España” o aquel tan difuso de “enaltecimiento del terrorismo” (artículos 490, 504, 543, 578, respectivamente, del Código Penal).

Sí es cierto que los españoles disfrutamos de votaciones libres (con varios “peros”, entre ellos la circunscripción provincial) o de una gama de libertades mucho más amplia que en el franquismo, y seríamos ciegos si no lo reconociésemos. Sin embargo, todavía padecemos a tribunales y leyes de excepción que anulan varios derechos y libertades constitucionales. Y el pluripartidismo inherente a toda democracia dejó de existir en España desde el momento en que se creó la infame Ley de Partidos. Dejaremos el capítulo de la monarquía (antidemocrática por definición e impuesta por la dictadura sin el beneplácito popular) para otra ocasión.

En resumen, la reforma del Estado franquista que fue la transición no nos otorgó más que una precaria democracia a la que es dudoso calificar como tal. Lo cierto es que la dictadura se perpetuó a sí misma reformándose y adaptándose a los nuevos tiempos, pero sin tocar lo más mínimo lo más esencial de ella: el poder absoluto y sin control del Gobierno. Para ese lavado de cara fue absolutamente necesaria la colaboración de la oposición democrática, a través de los dirigentes partidistas de entonces, y el fruto de ese siniestro pacto no podía ser otro que un Estado pluripartidista (hasta cierto punto) y con una amplia gama de libertades (hasta cierto punto), pero dirigido por un gobierno que dispone de un poder tan totalitario como en cualquier momento de la dictadura de la cual es sucesor y heredero.