Una juez argentina ordena detener a Utrera Molina y 20 cargos franquistas
La magistrada pide a España su extradición a Buenos Aires para interrogarles
La juez argentina María Servini de Cubría, que investiga desde 2010
la única causa abierta en el mundo por los crímenes del franquismo, ha
dictado orden de detención contra José Utrera Molina, suegro del
exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y otros 18 cargos
franquistas. La magistrada solicita a España su extradición para
interrogarles en Buenos Aires, como ya hiciera en septiembre de 2013 con
el exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño,
y el ex guardia civil Jesús Muñecas, a los que imputaba sendos delitos
de torturas. Ninguno de los dos fue finalmente extraditado a Argentina,
aunque Muñecas y Billy el Niño sí tuvieron que ir a declarar a la
Audiencia Nacional, donde el juez Pablo Ruz les retiró el pasaporte.
La magistrada imputa a Utrera Molina "el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich", ejecutado a garrote vil
el 2 de marzo de 1974, a los 23 años, y recuerda que los hechos "son
sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua".
Además de la de Utrera Molina, la juez argentina ha ordenado la
detención del también exministro Rodolfo Martín Villa, al que considera
responsable de "la represión de la concentración de trabajadores en
Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados Pedro Martínez
Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José
Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de cien
heridos, muchos de ellos por armas de fuego".
La lista de cargos franquistas que la juez pide que sean detenidos y
extraditados a Argentina para que pueda interrogarlos en la causa
abierta por crímenes de lesa humanidad es la siguiente:
Antonio Carro Martínez. Ministro de la presidencia
entre 1974 y 1975. La juez le imputa por "haber convalidado con su firma
la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de los últimos fusilamientos del régimen franquista
el 27 de septiembre de 1.975". Las ejecuciones se llevaron a cabo en
Madrid, Barcelona y Burgos. Los ejecutados fueron José Humberto Baena
Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes
Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Licino de la Fuente y Antonio Barrera de Irimo.
También les imputa por haber convalidado con su firma la sentencia de
muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich. El primero fue ministro
de Trabajo entre 1969 y 1975. El segundo fue ministro de Hacienda entre
1973 y 1974.
José María Sánchez Ventura Pascual. La juez le
imputa por "haber firmado las sentencias de muerte de los últimos
fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975". Era
ministro de Justicia.
Alfonso Osorio y Jesús Quintana. La juez pide su
detención por su "responsabilidad" en la conocida como matanza de
Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en la que murieron los trabajadores
Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17;
Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32 y
Bienvenido Pereda Moral, de 30.
"¡Hoy es un gran día!"
Natalia Junquera
Los querellantes, que acudieron a la justicia argentina tras el
procesamiento de Baltasar Garzón por abrir una investigación sobre los
crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, celebran el auto de Servini
de Cubría. "¡Hoy es un gran día!", resume María Arcenegui, portavoz.
"¡Qué gran noticia! ¡Aún no lo puedo creer!", señala Chon Vargas, hija
de Ascensión Mendieta,
una anciana que cumplió 88 años en un avión a Buenos Aires en noviembre
del año pasado solo para pedirle a la magistrada ayuda para encontrar
los restos de su padre.
Servini ordenó el pasado febrero
que se abriera la fosa común de Guadalajara en la que yace Timoteo
Mendieta, pero el juzgado territorial remite al Ministerio de Justicia y
el Ministerio da largas a la familia. "Acabamos de pedir una reunión
con el nuevo ministro para que resuelva el asunto. Mi madre va a cumplir
89 años, acaba de tener una angina de pecho y no puede esperar más",
afirma Chon Vargas.
Víctimas y familiares presentaron la querella por los crímenes del
franquismo en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. El primer
denunciante, Darío Rivas,
emigró a Argentina desde Galicia siendo niño tras el fusilamiento de su
padre. Él ya recuperó los restos, pero a sus 94 años sigue volcado en
la causa y viaja con frecuencia a España para dar conferencias y pedir
que nadie se olvide de los más de 100.000 fusilados como su padre que
aún permanecen en fosas y cunetas.
Dos de los abogados que están ayudando a las víctimas del franquismo
en esta querella son precisamente argentinos: Ana Mesutti y Carlos
Slepoy, que ya fue letrado en la primera causa que se abrió contra el dictador Rafael Videla,
desde España, en 1996. Fue el juez Baltasar Garzón quien abrió aquella
causa aplicando el mismo principio que ahora reivindica la juez
argentina para pedir la detención de 20 cargos franquistas: la
jurisdicción universal.
Fernando Suárez y Jesús Cejas Mohedano. Les imputa
"por haber convalidado con su firma las sentencias de muerte de José
Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz; Juan Paredes
y Ángel Otaegui Etxebarria, fusilados el 27 de septiembre de 1975".
Antonio Troncoso de Castro. La juez le imputa por
"tentativa de homicidio". Fue vocal suplente del Consejo de guerra
Sumarísimo 31/69 (Proceso de Burgos, diciembre de 1970) y "de muchos de
los consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores
antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura", dice el
auto.
Carlos Rey. En 1974 era capitán auditor del Cuerpo
Jurídico del Ejército y participó en el Consejo de guerra de la causa
militar que juzgó a Salvador Puig Antich. "Desarrolló las funciones de
vocal ponente, y como tal informó y fue redactor de la sentencia que lo
condenaría a muerte", escribe la juez.
Abelardo García Balaguer,. Médico. La juez le imputa
el robo del hijo de Adela Carrasco Martínez, que ingresó en el Hospital
Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el 5 de Noviembre de
1967 para dar a luz.
Jesús González Reglero. La juez acusa al expolicía
de haber "participado en las torturas infligidas" el 20 de febrero de
1975 a Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en la Dirección
General de Seguridad de Puerta del Sol (Madrid).
Ricardo Algar Barrón. La juez le imputa el haber
"participado en las torturas infligidas a José María Galante Serrano",
detenido durante 10 días en la antigua Dirección General de Seguridad.
La magistrada afirma en el auto que los hechos que le imputa son
sancionables con penas de 8 a 25 años de cárcel.
Félix Criado Sanz. La juez le imputa haber
participado "en las torturas denunciadas por Jon Etxabe Garitacelaya",
detenido el 11 de abril de 1.969. Según su relato, fue "salvajemente
torturado" durante siete días en una comisaría de Zamora.
Pascual Honrado. Servini de Cubría le acusa de
torturar a Gerardo Iglesias, exsecretario del PCE y ex Presidente de
Izquierda Unida, que fue detenido por la Brigada Político Social de
Oviedo, acusado de incitar a la huelga.
Jesús Martínez. La juez pide su detención para interrogarlo por una denuncia de torturas a José Aznar Cortijo.
Benjamín Solsona. La juez le acusa de haber
"participado en las torturas infligidas a Juan José López Hernando y a
Francisco Camarasa Yañez el 23 de abril de 1971 en Valencia".
Atilano del Valle. Exmiembro de la Brigada Político
Social. La juez le imputa el haber "disparado y arrojado por la ventana a
Miguel Jiménez Hinojosa tras su detención en un piso de la ciudad de
Barcelona, el 24 de abril de 1971".
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