La infanta Cristina de Borbón y su esposo, Iñaki Urdangarín, ambos imputados por el 'caso Noos'.

Al ciudadano medio le tiemblan las piernas siquiera cuando tiene que ir a declarar como testigo a un juicio por un simple abollón con el coche. Pero resulta que los famosos a los que se relaciona con causas judiciales dicen muchas veces que están "deseando" que les imputen para poder defenderse. ¿Es eso cierto? ¿Es que es algo ventajoso en un proceso penal y por eso la infanta Cristina ha decidido no recurrir su segunda imputación?

"Eso no se lo cree ninguno de los que lo dice. Lo que de verdad estás deseando es no estar nunca en un proceso penal", cuenta a Quo el abogado penalista Eduardo García Peña, de García Peña & Andújar Abogados, que ha participado en juicios como el de los atentados del 11M. "Lo que sí es cierto", añade el letrado, "es que estar imputado te concede el derecho a estar presente en todas las diligencias del proceso –declaraciones, pruebas periciales...– y a solicitar las que creas oportunas para tu defensa". Y parece que eso es por lo que ha optado la hija del rey Juan Carlos. Por su parte, el juez impone la obligación de estar a su disposición y, cuando lo crea conveninente, aplicarles medidas cautelares, como prisión provisional, retiradas de pasaporte o similares. 

Si solamente estás mencionado en un sumario, pero no te imputan, no te juzgan y quizá ni te citen

De hecho, una de las primeras actuaciones a las que ha tenido derecho ha sido la de solicitar el adelanto de la fecha de la declaración. "Si eres una persona a la que simplemente se menciona en el sumarioporque estabas en una comida, o porque has sido testigo de algo, no tienes derecho a decirle al juez que quieres declarar; si te llama, bien, si no, nada", detalla el experto. Y añade: "En España, o eres imputado o no eres nada. En Portugal, por ejemplo, hay una condición intermedia que es la de 'sospechoso', que es algo que el juez aplicó en cierto momento del proceso a los padres de Madeleine". 

Hasta el momento, a efectos penales, la infanta no era más que una persona a la que se mencionaba en el sumario de instrucción, pero no se le atribuía la comisión de ningún delito. Con el nuevo auto de la pasada semana del juez Castro, a doña Crisitina se le imputan dos delitos: uno fiscal y otro de blanqueo de capitales.

Pero estar imputado no es lo mismo que estar acusado: "Cuando un juez instructor está investigando una causa imputa a personas porque recaba indicios suficientes de que ha podido participar en los hecho delictivos. Pero hasta que no termina la investigación para dar paso a la fase de juicio oral, el juez no decide a quiénes acusar formalmente", explica García Peña. Ahí es cuando las personas pasan a ser acusados. O sea, es como determinar quién pasa al banquillo en la fase de juicio oral (puede que no todos los imputados acaben siendo acusados, vistas todas las pruebas). Esa nueva etapa ya queda a cargo de otro juez; es una de las garantías de imparcialidad del ordenamiento jurídico español.

Otro término que suele oírse alrededor de los juicios es el de procesado. En realidad es lo mismo que imputado. La diferencia es que se llama procesados a los sujetos a los que se les imputan delitos dentro de procedimientos penales sumarios –los que tratan delitos castigados con más de 9 años de cárcel–, y se llama imputados a quienes están inmersos procecimientos abreviados –por delitos de menos de 9 años–.

El juez tiene la obligación de imputar a los investigados en cuanto tenga indicios suficientes

La figura que "no existe ni ha existido jurídicamente" es la de "desimputado",aclara el abogado. "En realidad, todo en este proceso de la infanta ha sido totalmente anómalo; nada de todo esto había pasado jamás en España: que el fiscal recurra una imputación a la Audiencia Provincial, que la estimen, que se revoque la imputación...", dice el penalista. De hecho, según cuenta, un auto de procesamiento suele tener menos extensión que la cara de un folio, "pero este auto tiene 227 folios. Es histórico que tenga que justificarlo tantísimo", reconoce.  

En realidad, según la jurisprudencia, la obligación de un juez es imputar a quienes crea conveniente cuanto antes para que puedan acceder a esos derechos de defensa, y poder también ejercer sus obligaciones. Es una medida para proteger de la indefensión a los investigados, a los que el juez puede no querer implicar en el proceso porque les parezca que pueden entorpecerlo. Un caso recordado por los juristas fue el tiempo que esperó el juez Baltasar Garzón a imputar al ex ministro José Barrionuevo en el caso de los GAL.

La Audiencia archiva la causa contra la familia Botín por las cuentas en Suiza

El Tribunal cierra el caso porque considera que han regularizado su situación con Hacienda

El caso tiene su origen en la lista de españoles con cuentas en el HSBC con 6.000 millones

La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal por sus cuentas en Suiza. El tribunal argumenta su decisión en que el banquero y los otros 11 familiares relacionados con el caso ya han regularizado su situación ante la Agencia Tributaria, según han informado fuentes judiciales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia, Fernando Andreu, concluye que "la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección y verificación".

La familia Botín defendió cuando salió a la luz el caso que los millones de euros depositados en las cuentas en Suiza eran el patrimonio que el padre del actual presidente del Santander sacó de España en 1936 tras el estallido de la Guerra Civil. También destacó que habían regularizado su situación con el pago de 200 millones a Hacienda en 2010.

El origen de la denuncia está en la aparición de Emilio Botín y cinco de sus hijos, entre ellos la expresidenta de Banesto y dirigente del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín, así como su hermano, Jaime Botín, y también cinco de sus hijos, entre los 659 contribuyentes españoles que ocultaron más de 6.000 millones en la filial suiza del banco HSBC, el HSBC Private Bank.

La familia explica que el dinero había sido sacado por el padre de Botín durante la Guerra Civil

Tras recibir la información en mayo de 2010 de manos de las autoridades francesas, la Agencia Tributaria ofreció a los evasores la posibilidad de regularizar su situación con Hacienda antes de optar por un proceso a través de la vía judicial. "A la vista de esta oportunidad de regularizar este patrimonio, la familia Botín tomó la iniciativa y decidió, de forma voluntaria, proceder a declarar e ingresar todos los impuestos derivados de la existencia de dicho patrimonio y de sus rentas (ascendiendo el importe satisfecho a 200 millones de euros)", explicaron entonces desde el entorno del presidente del Santander.

Las mismas fuentes defendían la actuación de Botín en el hecho de que "ni el actual presidente del Santander, Emilio Botín, ni su hermano, Jaime Botín, eran titulares de cuentas de HSBC, por lo que no han recibido requerimiento alguno de regularización por parte de la Agencia Tributaria". La solicitud de información de Hacienda iba dirigida a Emilio Botín II, fallecido hace 17 años.

Sin embargo, ante la incapacidad de verificar en su momento que las regularizaciones eran correctas, y para evitar que los delitos correspondientes a 2005 prescribieran, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar denuncias contra los Botín. En concreto, se les acusó de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. No obstante, el Ministerio Público se comprometió a archivar las actuaciones si comprobaba que las regularizaciones practicadas era "completas y veraces", tal y como ha ocurrido.

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