MIAMI: LA IMPARCIALIDAD ES UTOPÍA

     Para cualquier norteamericano, la Constitución de su país es un documento tutelar, muy esgrimido para reclamar  justicia. Fue elaborada por los Padres Fundadores, firmantes de la  Declaración de Independencia.

    Transgredir esa Constitución es una acción que atenta contra los principios en que se sustenta la nación, un hecho antipatriótico.  Sin embargo, en la ciudad de  Miami se produjo en el 2001 un juicio durante el cual resultaron violados -entre otros preceptos constitucionales- la VI Enmienda, sin que a juristas, investigadores y medios de  prensa les llamaran la atención esas irregularidades.

    Pareciera que una cortina se tiende sobre estos hechos,  que han lanzado una mancha vergonzosa en la historia judicial de Norteamérica.

    En ese proceso, cinco cubanos resultaron condenados a penas injustas y muy severas -incluidas varias cadenas perpetuas-, cuando les asistía todo el derecho a luchar contra el terrorismo que ha causado ya muchas víctimas en Cuba y en el propio suelo norteamericano.   

    El juicio se politizó desde la misma detención, por el FBI, de René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González,  el 12 de septiembre de 1998, cuando se desplegó una aparatosa publicidad en Miami.

    Para tener una idea, baste decir que más de 150 artículos fueron publicados en la prensa escrita y radial, además de la presencia en el canal 23 y la TV Martí,  incluso se les calificó como espías  aun antes de que se fijaran las condenas. Ni siquiera durante un caso tan controvertido como el del actor y futbolista O.J. Simpson, la prensa estadounidense fue capaz de llamarlo asesino de antemano.

    Además, constan las exhortaciones en la prensa a los testigos de la defensa para que no declararan, justo cuando los abogados desmoronaban uno a uno los argumentos de la fiscalía.

    Pero las presiones fueron más allá e incluyeron también la filmación de las  placas de los automóviles de los miembros del jurado, cuya selección fue un proceso tortuoso dado los temores de los candidatos a las revanchas que pudieran traer cualquier decisión contraria a los intereses de la mafia anticubana.

    Tampoco Miami no fue, ni es, ni podrá ser un escenario apropiado para un juicio público, con un tribunal justo y un jurado imparcial, como establece la mencionada Enmienda, porque, además, allí se han fraguado y organizado centenares de atentados contra Cuba, acciones de sabotaje e intentos de asesinatos a sus dirigentes.

   Es un lugar donde el nivel de odio acumulado por líderes de una camarilla cubano-americana de corte mafioso hace imposible la imparcialidad.

   El accionar de esos grupos amedrenta a los cubanos residentes. Su dominio en el financiamiento, la distribución de cargos en la ciudad y el poder sobre los medios locales de prensa es conocido. Tienen,  además, la impunidad que le han otorgado autoridades gubernamentales estadounidenses.

    No se puede pasar por alto que poco antes del arresto de los cinco, el propio gobierno de Estados Unidos había desclasificado más de mil 500 páginas de materiales del Pentágono, uno de ellos bajo el  significativo título de "Pretextos para justificar una intervención militar de Estados Unidos en Cuba".

    En Miami, Orlando Bosch  y Luis Posada Carriles,  los terroristas confesos, coautores intelectuales de la explosión en pleno vuelo de un  avión cubano sobre Barbados en 1976, confirmaron impúdicamente por la televisión que continuarían la campaña de terror contra Cuba.

    Ese mismo Posada  Carriles, preso ahora en Panamá donde pretendía organizar un atentado contra el Presidente cubano aunque fuera preciso volar el Paraninfo de la Universidad, donde se efectuaría un acto de solidaridad con Cuba, declaró al diario The New York Times, dos meses antes del apresamiento de los cinco jóvenes, que  para sus acciones recibía financiamiento de la  Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), asentada en esa ciudad del sur de La Florida.

    La organización Hermanos al  Rescate había violado en más de 20 ocasiones el  espacio aéreo cubano, incluso llegó a sobrevolar la Ciudad de La Habana; y Ramón  Saúl Sánchez, jefe del Movimiento Democracia, se vanagloriaba de haber penetrado ilegalmente al espacio  marítimo de Cuba.

    Los humos de la ultraderecha cubanoamericana estaban aun más caldeados después del descalabro que sufrió, en junio del 2000, por el regreso de Elián González a Cuba, un niño de seis años a quien pretendieron secuestrar en Miami y separarlo de su padre.

   Durante los siete meses que duró ese episodio, quedó al desnudo la calaña de esos  grupos contrarrevolucionarios, cuando ante la disyuntiva norteamericana de retornar el niño a Cuba, pisotearon y quemaron banderas de Estados Unidos, mostraron la violencia de que eran capaces y la Secretaria de Justicia, Janet Reno, debió organizar un operativo policial para recuperar al pequeño.

    Miami también ha sido secuestrada por esa  mafia. Tanto es así que, por la revancha fanática contra Cuba,  perdió la sede de los Grammy Latinos a finales de los 90,  y el pasado año la volvió a perder , pues los organizadores de ese certamen dejaron  sentado que no había garantía para las vidas de los artistas y el público.

   En ese contexto, los abogados de la defensa de  los cinco cubanos presentaron las mociones de cambio de sede en la primera semana de febrero del 2000. Se apoyaron para ello, incluso, en una  encuesta de un profesor de La Florida que reveló la existencia de un ambiente de animadversión en la prensa local hacia los apresados.

   En los Estados Unidos existen numerosos precedentes en los que las cortes federales han aprobado un cambio de lugar, incluso con motivos menos infundados. Sin embargo, en esta ocasión ello no fue aceptado y la propia jueza Joan Lenard anunciaba que el proceso “sería mucho más interesante que cualquier programa de televisión”. Con ello favorecía el show propagandístico que los elementos más retrógrados desplegaron para presionar a testigos y jurados, y urdir así el más grosero engaño y manipulación de la opinión pública.

    Pero en el propio proceso, se sucedieron más de una decena de incidentes que hicieron a la jueza Lenard adoptar sanciones de silencio para participantes, amonestar a la fiscalía y prohibir manifestaciones de grupos contrarios a Cuba en los exteriores del tribunal.

    Párrafo aparte merece el trabajo de selección del jurado, el cual  estuvo sometido a presiones y al asedio de los medios locales de  prensa, jurado que, sospechosamente, no necesitó hacer una pregunta ni demorar un minuto más allá del tiempo preconcebido, para emitir un fallo condenatorio unánime, pese a no presentarse pruebas ni evidencias.

    El mismo día en que fueron expresadas las sentencias, Héctor Pesquera, jefe  del FBI en Miami y miembros del jurado celebraron la  "victoria" junto con  los personeros de los grupos contrarrevolucionarios.

  La justicia quedó silenciada nuevamente. La prensa miamense, ni la llamada gran prensa norteamericana, habló entonces, ni ahora,  de que René, Fernando, Ramón, Gerardo y Antonio nunca  atentaron contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Sólo defendían del  terrorismo a su pueblo y al norteamericano,  no obstante esa verdad haber quedado ampliamente demostrada durante las sesiones del juicio. (AIN)