Se dice que la primera visita que recibe un juez federal cuando asume es la de los agentes de la Secretaría de Inteligencia. Su presencia en Comodoro Py es omnímoda.

Cuando denunciamos unos de los escándalos de espionaje más grandes de la historia del país, conocido como “Proyecto X”, rápidamente el juez federal Norberto Oyarbide nombró un agente secreto de la SIDE para que controle la producción de la prueba, para que participe en las pericias, y seguramente para que mantenga al tanto a sus superiores de cada cosa que los querellantes vamos descubriendo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y seguimos sin saber quién es, no conocemos su cara ni su nombre.

Sufrimos también su embate cuando desapareció Julio López. Sus agentes fueron unos de los encargados de desviar la investigación desde los primeros días. Al poco tiempo ya denunciamos que la justicia le dio “amplio poder discrecional a la Policía Federal, a la Bonaerense y a la SIDE, quienes llevaron expedientes paralelos sin ningún tipo de control, y, entre otras cosas, no se investigó al entorno de Etchecolatz; los informes de la SIDE que hay sobre ese grupo, se basan en datos de la guía telefónica”. Aunque parezca increíble es así: los servicios de inteligencia presentaban informes basados en datos sacados de la guía telefónica. Esa era su “inteligencia”.

A su vez le dieron una flota de celulares a la familia López para que hablen por allí. Por eso oportunamente denunciamos que “la Policía Federal y la Bonaerense se resisten a entregar sus investigaciones paralelas y la SIDE no presenta casi ningún informe más, pero se ocupa de interferir la investigación otorgando a familiares y allegados de López –sin que conste en la causa- una flota de teléfonos celulares y radio Nextel, entorpeciendo notablemente la investigación”. Mientras la justicia intervenía los teléfonos de uso habitual esperando algún llamado, habían instalado una vía paralela de comunicación. Esos celulares estaban a nombre del propio “Jaime” Stiusso. Una gran demostración de poder de “los servicios” en la causa de un detenido desaparecido vuelto a desaparecer bajo gobierno constitucional. Stiusso ya era parte de la SIDE cuando desapareció López la primera vez (1976), y continuaba en su puesto cuando desapareció la segunda (2006).

Como vemos en estos trágicos ejemplos, son parte actuante de los principales casos del país.

La propia jueza Sandra Arroyo Salgado lleva adelante una causa por espionaje que tiene como víctimas a varios personajes públicos, incluida la Presidenta de la Nación.

Los imputados en la causa son ocho: el ex Secretario de Inteligencia de Menem, Juan Bautista Yofre; el director del portal “Seprin”, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario Néstor Carlos Ick y Pablo Alfredo Carpintero; y los periodistas Carlos Pagni, Edgar Walter Mainhard y Roberto García, acusados de encubrimiento agravado “por haber utilizado la información a sabiendas de su origen ilícito”.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez solicitó la elevación a juicio en diciembre pasado.

Son los mismos

Habrá cambiado su nombre, de SIDE a Secretaría de Inteligencia; habrán barrido a algunos infieles, pero se mantienen allí los agentes que participaron de la dictadura, que actuaron en operaciones para señalar a aquellos que luego serían secuestrados, torturados, desaparecidos; hoy siguen formando parte de ese cuerpo de inteligencia interna.

En noviembre pasado el Diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley donde exige que se abran los archivos de la SIDE y que se publiquen los nombres de sus agentes, ello en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 (fecha del dictado del estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983.

Nos consta que los archivos están. Logramos demostrarlo en la megacausa “ESMA” con nuestra compañera querellante Alejandrina Barry. Después de una larga resistencia, la Secretaría de Inteligencia remitió al juzgado “la ficha” con las actividades de los padres de Alejandrina desde, incluso, el período anterior a la dictadura y hasta su desaparición. Si bien los datos hoy no son novedosos, demuestran que la información es conservada.

Es bueno aclarar, que ningún diputado del oficialismo (ni de varios de los bloques de oposición), de esos que ahora denuncian el funcionamiento mafioso, acompañó nuestra presentación.

No hay otra salida

Este servicio de espionaje ha demostrado que su única función es la persecución política, el armado de “carpetazos” a opositores de turno, la venta y contribución de información a periodistas para el armado de operaciones de prensa, la interrelación con las redes de trata de personas y narcotráfico. En todos sus años de existencia no se le conoce otro rol.

Como parte de nuestra lucha permanente contra los aparatos de represión y espionaje del Estado, sostenemos que la SIDE y los organismos de inteligencia deben ser disueltos, sus archivos deben ser abiertos, tal como proponemos con Nicolás del Caño, y la nómina de sus agentes desclasificada, así como sus legajos, para que se investigue qué responsabilidad tienen en la dictadura y en la participación del gran delito organizado.