¿Fin de ciclo político en América latina?

Hablar de ciclos y agrupar a los países en áreas geográficas es un recurso muy usual para un mejor conocimiento de la realidad aunque ello oculte la imprecisión de las fechas y la heterogeneidad regional. Bajo esa premisa, América Latina, un conjunto de países extremadamente diverso, en 2014 celebró ocho elecciones presidenciales culminando un ciclo político que había empezado a articularse una década antes.

Estos procesos electorales tuvieron como denominador común la continuidad de los Gobiernos existentes revalidados por los electorados. Solamente en Costa Rica y en Panamá se dio el cambio al llegar al poder fórmulas políticas novedosas, mientras que en Bolivia, Brasil y Colombia se reeligieron sus presidentes y en El Salvador y Uruguay se revalidó el mandato de los partidos en el gobierno, mientras que en Chile se produjo una suerte de “continuismo interrumpido”.

A lo largo de la década, en el panorama político latinoamericano se ha dado un alto grado de permanencia presidencial con el congelamiento de nombres que han hecho que las fotos de las cumbres presidenciales presenten diferencias mínimas en su composición. Esto puede explicarse fundamentalmente por cuatro razones.

En primer lugar, este lapso coincide con la década ganada en términos económicos que ha vivido América latina sobre la que la gran crisis financiera mundial apenas si la golpeó únicamente en 2009. El incremento en la demanda de materias primas (minerales y agrícolas), la subida de sus precios (sobre todo del petróleo) y haber realizado reformas estructurales antes contando con un sector financiero ya saneado, permitieron superávits fiscales con los que se atendieron amplias políticas de gasto público con especial atención a su contenido social.

El segundo término, el presidencialismo reinante desde 1994 ha ampliado su fortaleza a través de cambios constitucionales que han traído consigo la posibilidad de la reelección. De entre los grandes países, solamente México persiste en la expresa prohibición permanente de la reelección presidencial.

Una tercera razón tiene que ver con los partidos que se encuentran inmersos en un serio proceso de desinstitucionalización que trae, como contraparte, que la política siga un patrón en el que los candidatos se imponen a los partidos. Esto es especialmente obvio en el mundo andino sin dejar de lado a Guatemala, Panamá o Paraguay y a algunos casos brasileños.

En último lugar, no hay que desdeñar que América Latina está viviendo una época política como nunca antes en su historia. Desde la década de 1980, como promedio general, de manera continuada y afectando a todos los países, con excepción de Cuba, la región vive un momento en el que la democracia es la única legitimidad plausible. Sus gobernantes son elegidos mediante procesos electorales periódicos, libres y competitivos cuyos resultados son aceptados en gran medida por los electores y por instancias de observación internacional independientes. Esta circunstancia permite hablar de olas generacionales que se ajustan con los ciclos demográficos de las sociedades. Pues bien, por razones vegetativas un ciclo generacional está en puertas de dar paso a uno nuevo.

En este escenario, 2015 es un año de transición. Solamente en el tramo final del mismo, Argentina y Guatemala tendrán elecciones presidenciales, y El Salvador, México y Venezuela comicios legislativos. Eso no significa que no se deba prestar atención a temas que resultan de especial interés a los que la política tiene que confrontar y que hasta la fecha han sido en gran medida ignorados.

El cuadrado que integra tanto a las principales preocupaciones de la opinión pública como a las conclusiones de los análisis de organizaciones internacionales y de académicos está integrado por la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Su carácter sistémico requiere que su complejidad deba ser abordada mediante instrumentos que vienen siendo discutidos desde hace años. La propia estabilidad de la región y su experiencia de las últimas tres décadas permite ahora más que nunca ponerles en marcha. Considero especialmente tres.

Muchos países latinoamericanos continúan obstinadamente mirando hacia otro lado cuando se trata de poner en marcha reformas fiscales que incrementen la recaudación gravando de forma significativa además a las rentas mayores. Ello traería consigo no solo avanzar en la adopción de políticas redistributivas, sino apuntalar estructuras mínimas de Estado que siguen estando ausentes y que van desde tener una administración pública profesionalizada reclutada según criterios de independencia, mérito y competencia, hasta lograr el monopolio de la violencia legítima, sin dejar de lado su liderazgo fundamental en cuestiones del bienestar donde la educación ocupa un lugar estelar. Finalmente, es la hora de establecer grandes pactos de Estado en los que tengan cabida no solo las fuerzas políticas, sino sectores sociales y económicos mínimamente representativos.

Manuel Alcántara Sáez es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y director de Flacso España.