Colgadas en la pared de mi escritorio hay copias de dos de las varias amenazas de muerte que recibió monseñor Romero durante sus tres años de arzobispado. Una, firmada por la “Unión Guerrera Blanca” y dirigida a “Mentado Arzobispo Romero”, lo condena a muerte “igual que hemos matado a tanto cura comunista”. La otra, firmada por La Falange, es de mayo de 1979 y tiene una enorme suástica, “símbolo del enemigo acérrimo del comunismo” y un texto en el que le advierten al arzobispo de San Salvador que “está a la cabeza de un grupo de clérigos que en cualquier momento recibirán unos 30 proyectiles en la cara y en el pecho”.

Desde Rutilio Grande, en 1977, hasta los sacerdotes jesuitas en 1989, más de veinte religiosos católicos fueron asesinados en El Salvador por cuerpos de seguridad o fuerzas paramilitares (escuadrones de la muerte); otros fueron expulsados del país; otros más detenidos y torturados. Aquella parte de la iglesia católica salvadoreña dispuesta a asumir las conclusiones del Concilio Vaticano II y de las conferencias de Medellín y Puebla se convirtió en la enemiga de todos aquellos que querían mantener un sistema de privilegios para unos pocos y sufrimiento e injusticia para la mayoría.

Debido a que los asesinos de Romero eran gente de extrema derecha, y sobre todo a que uno de ellos, el mayor Roberto D’Aubuisson, se convirtió después en político, fundador y líder histórico de Arena y en presidente de la Asamblea Legislativa, el crimen quedó en la impunidad y la figura de Romero fue minimizada durante las dos décadas en las que ese partido gobernó El Salvador. En el resto del mundo, en cambio, la figura de Romero solo ha ido creciendo.

Ahora, la barbarie del crimen es tan evidente que hasta el presidente de Arena ha reconocido la figura de monseñor Romero como líder espiritual del país y su candidato a alcalde ha incluido entre sus promesas de campaña erigir una plaza en homenaje al arzobispo. Aún parecen lejos de asumir también la responsabilidad de su líder histórico en el crimen (y en muchos otros), pero el reconocimiento de la figura de Romero es un gran síntoma, que va de la mano con el reconocimiento oficial de su martirio hecho por el Papa Francisco.

Sé que es, o debería de ser, un día de celebración para todos los miembros de la comunidad católica salvadoreña. No voy a hablar hoy de aquellos católicos que no celebran. Pero hablar de su beatificación o su canonización, desde una perspectiva puramente católica, me parece hoy muy poco. El martirio de Romero debe ser una fiesta ecuménica, en la que participen católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos. (Conozco a un par de personas que no creen en Dios pero sí creen en monseñor Romero y le rezan. Por más incongruente que parezca no es anormal. En México hay más devotos de la virgen de Guadalupe que católicos.)

Y es una fiesta de todos porque, más allá del aspecto religioso, el reconocimiento del martirio de Romero es una reparación histórica: el establecimiento inequívoco de que, en su defensa de los pobres y los indefensos, y en su denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos, monseñor Romero actuó inspirado en la doctrina social de la Iglesia y no en el marxismo, como pretendieron establecer sus enemigos para justificar el odio que los llevó a asesinarlo o a justificar el crimen. Romero se mantuvo apegado a los principios más elementales del cristianismo y del humanismo. Mediante su defensa de los más desprotegidos, mediante su sacrificio por los más pobres, actuó a semejanza del fundador de su iglesia.

Eso lo convirtió en una amenaza para todos aquellos que pretendían mantener sus privilegios a costa de la eliminación sistemática de cualquiera que los pusiera en riesgo. “Si me matan -dijo- resucitaré en el pueblo salvadoreño”.

Entre sus enemigos estaban no solo la ultraderechista y los jefes militares de aquellos años. Hay también otro grupo, mucho más oscuro y del que poco se habla: uno compuesto por varios obispos y sacerdotes que, en una alta traición a los principios cristianos y humanos más elementales, bendijeron literalmente la represión, conspiraron contra Romero y llevaron la conspiración hasta Roma, y callaron ante el asesinato de sus propios hermanos. Abandonaron a su arzobispo.

La historia suele ser lenta para colocarlo todo en su lugar. Pero siempre termina haciéndolo. Hoy monseñor Romero es objeto de reconocimiento universal mientras los entonces todopoderosos coroneles Guillermo García, Eugenio Vides Casanova y Nicolás Carranza -quienes protegieron a D’Aubuisson y lo liberaron cuando fue capturado en la finca San Luis con el plan del operativo para asesinar a monseñor- han enfrentado juicios en Estados Unidos y fueron encontrados culpables de delitos de lesa humanidad. Veinte oficiales, entre ellos casi toda la cúpula de la generación militar conocida como La Tandona, esperan juicio hoy en Madrid por el asesinato de otros sacerdotes, los seis jesuitas masacrados por el Batallón Atlacatl en 1989; y debido a una orden de captura internacional no pueden abandonar El Salvador, el único país en el que están (vaya paradoja) seguros.

En el 2010, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter revisó el diario de sus años en la Casa Blanca e hizo una anotación, treinta años después, que considero pertinente citar completa: “Cuando llegué a la presidencia, la mayor parte de los regímenes en América del Sur y Centroamérica eran dictaduras militares. Históricamente, los presidentes estadounidenses, tanto Demócratas como Republicanos, apoyaron a los dictadores y se opusieron enérgicamente -a veces con la ayuda de tropas estadounidenses- a cualquier levantamiento popular indígena o de minorías que amenazara el statu quo. Las razones para esto eran obvias. Muchos de estos líderes habían sido entrenados en West Point o Annapolis, hablaban inglés, familiarizados con nuestro sistema de libre empresa y dispuestos a formar sociedades lucrativas con corporaciones estadounidenses que tenían interés en los recursos naturales de esos países. Estos incluían bananas, piñas, bauxita, hierro, estaño, maderas exóticas. Era políticamente conveniente tildar, a los indígenas o a otros grupos, de comunistas o simplemente revolucionarios. Los sacerdotes católicos que apoyaban a los ciudadanos pobres y subyugados eran condenados por El Vaticano como practicantes de la teología de la liberación…”

La historia tarda, pero alcanza.

Hoy contamos con suficientes pruebas testimoniales y documentales contra D’Aubuisson, incluyendo las confesiones de su jefe de seguridad, de su chofer y un testigo accidental.

Pero no fue D’Aubuisson el único responsable del crimen. Escondidos a su sombra permanecieron siempre los otros dos organizadores del asesinato: el Capitán Eduardo Ávila Ávila, quien se suicidó años después atormentado por sus incontables crímenes; y Mario Molina, un piloto civil que sigue vivo, hijo del expresidente Arturo Armando Molina.

Escondidos también están quienes financiaron esta y otras operaciones de los llamados escuadrones de la muerte: empresarios millonarios, poderosos, impunes. Que se aprovecharon de su dinero, su poder y su impunidad para disponer de la vida de muchos otros seres humanos. Ninguno ha pagado por sus crímenes.

Pero siempre llega el juicio de la historia. Por eso es tan importante la declaración del Papa Francisco.

En mayo de 1977, Romero encabezó la misa de exequias para el sacerdote Alfonso Navarro, asesinado pocos días antes por un escuadrón de la muerte autodenominado Unión Guerrera Blanca (autor de una de las amenazas contra monseñor que cuelgan en mi pared). Se cumplían además dos meses del asesinato de su amigo personal, el sacerdote Rutilio Grande. Allí Romero dijo: “Si a la Iglesia no se le puede creer, si a los sacerdotes se les está confundiendo con guerrilleros; si a nuestra misión evangélica se le está confundiendo con marxismo y comunismo, eso no es justo, hermanos. Pero si la calumnia llega a cundir, decimos entonces a las otras fuerzas morales que quedan en el mundo: ¿y ustedes qué hacen?”. Su propia Iglesia tardó treinta y cinco años en responderle. Lo ha hecho hoy Francisco.