A finales de septiembre, las noticias hablaban para 2015 del primer aumento del gasto militar en siete años, concretamente un discreto 0,4%. Sin embargo, diversos colectivos antimilitaristas llevan años denunciando los diversos métodos contables que sirven para encubrir el alcance de los gastos militares en los presupuestos generales del Estado.

El Ministerio de Defensa prevé gastar 5.767 millones de euros en 2105. Sin embargo, un informe del Colectivo Utopía Contagiosa, apoyado por organizaciones como Ecologistas en Acción o el Grupo Antimilitarista Tortuga, denuncia que estas cifras esconden sólo una pequeña parte del gasto militar del Estado, que ascenderá, según afirman, a 23.373 millones de euros.

Estas cifras esconden sólo una pequeña parte del gasto militar del Estado, que ascenderá a 23.373 millones de euros

Estos colectivos denuncian que el 75,32% del gasto militar de 2015 “permanece deliberadamente oculto a la sociedad mediante la estrategia de falseamiento de los presupuestos llevada a cabo por los sucesivos gobiernos”.  Según los autores del informe, la magia presupuestaria permite “camuflar” en 12 ministerios, la Casa Real, Centros Universitarios de la Defensa y otros tipos de gastos nada menos que 17.606 millones de euros.

El discurso oficial que habla de una continua reducción del gasto militar, denuncia el Colectivo Utopía Contagiosa, no sólo esconde los gastos militares ocultos en otros ministerios sino también un crecimiento de la desviación entre lo presupuestado y lo finalmente gastado. Si esta diferencia se había mantenido por debajo del 15% hasta el 2011 (1.144 millones de euros de diferencia), en el primer año de la llegada del Gobierno del PP, el abismo entre lo previsto y lo realmente pagado a final de año había trepado hasta el 45% (2.826 millones de euros de diferencia).

Mientras que el declarado oficialmente como gasto militar se destina fundamentalmente a pagar al personal militar del Ejército, el “disfrazado” se utiliza en materias tan diversas como las subvenciones a la industria militar, la adquisición de amas, los presupuestos de la Guardia Civil, los pagos de compromisos con la OTAN y con la política militar de la UE, los satélites espía, los viajes de militares al exterior, tropas y materiales desplazados a los conflictos internacionales, vigilancia marítima, “sin olvidar el grave capítulo de endeudamiento para la adquisición de sofisticados e innecesarios programas especiales de armamento”, señalan en el informe.

Ahora bien, si sumamos el gasto militar oculto y declarado al resto de partidas que en el informe denominan de “control social” integradas en el Ministerio del Interior, como pueden ser las cárceles, la cifra destinada a la llamada “seguridad”, tanto interna como externa, asciende a 28.066 millones de euros, o lo que es lo mismo, 603 euros al año por cada persona habitante.

Todas estas cifras son especialmente graves en un “contexto de gasto restrictivo”, afirman, sobre todo cuando según los documentos de planeamiento militar vigentes “España no tiene enemigos”. Para los autores, todos estos datos dejan entrever “un condicionamiento de la política general por la prevalencia otorgada al control social y al militarismo”.