El Gobierno sigue vendiendo activos. La privatización de Aena parece entrar en una senda irreversible, tras varias intentonas fallidas. El Consejo Consultivo de Privatizaciones formuló su informe favorable el pasado junio. Ahora se abre la primera etapa de ese proceso, que ha de finalizar el próximo día 8 de octubre, que consiste en la formación de un núcleo estable de accionistas, "de referencia", independientes entre sí, que dispondrían en conjunto de hasta un 21% del capital total. Contribuirían a garantizar junto a la participación que mantendrá el propio Estado español, del 51%, la estabilidad en la estrategia y gestión de la compañía. Es una condición aconsejable, dada la significación que esa empresa tiene, no solo por su envergadura económica, sino por el carácter estratégico de la misma y su papel vertebrador en el territorio español. Pero al mismo tiempo es de todo punto necesario que esa adjudicación se haga con la máxima transparencia y en las mejores condiciones de precio para las arcas públicas, garantizando además la permanencia de ese grupo en el accionariado durante un periodo razonable.

El resto de la privatización se llevará a cabo mediante una oferta pública de venta (OPV) que tratará de colocar en el mercado acciones hasta totalizar, una vez realizada la venta al núcleo estable, el 49% del capital total. Dado el amplio rango de precio que puede resultar de las características de la oferta, es aconsejable que la transparencia en la fijación del precio final no quede cuestionada. Ese principio de maximización de los ingresos para el Estado deberá conciliarse con la estabilidad temporal de los accionistas, haciendo razonable que la puntuación de esa permanencia sea igualmente significativa en el momento de la adjudicación.

La privatización de una compañía llamada a ser una de las de mayor capitalización en la Bolsa española deberá garantizar la preservación de los principios de transparencia y concurrencia que toda operación de enajenación de activos públicos debe satisfacer. El momento es más propicio que en el pasado y el atractivo de la compañía pública es notable, dada su posición de mercado en la escena global, en un sector en proceso de consolidación internacional, atractivo a los inversores, y, no menos relevante, dado el saneamiento que se ha llevado a cabo con recursos públicos. La evolución reciente del tráfico aeroportuario en España es inequívocamente favorable: a pesar de los resultados del aeropuerto de Madrid, el conjunto de la red de AENA creció en número de pasajeros en los primeros 10 meses de este año, acentuando el del Prat su liderazgo sobre el conjunto.

No menos relevante es que el control del Estado no solo quede garantizado, sino que se ejerza con arreglo a los intereses de la mayoría del territorio español, manteniendo la unidad de red, lo que seguirá exigiendo que algunos aeropuertos españoles deficitarios en sus resultados reciban el apoyo de los excedentarios. Esto no ha de significar, sin embargo, que se avance en la racionalización de la propia red aeroportuaria española, atendiendo las recomendaciones de organizaciones internacionales y, en última instancia, los dictados de la buena administración, con independencia de las preferencias no siempre justificadas de algunos Gobiernos regionales. Que el consumidor no acabe pagando en mayores costes lo que ya ha pagado como contribuyente es fundamental. 

En España hay cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación afecta a algo más de uno de cada cuatro ciudadanos (concretamente a 12.866.431; el 27,3% de la población).

Los datos corresponden a 2013 y los trasladó ayer la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en un informe sobre la evolución de la vulnerabilidad social entre los años 2009 y 2013, la etapa central y probablemente más dura de la crisis económica, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre los 12,8 millones de personas a los que se refiere el estudio, hay 9,6 millones bajo el umbral de la pobreza y 2,8 millones de personas con una severa falta de recursos.

El índice de riesgo de pobreza y/o exclusión social (la conocida comotasa Arope, por sus siglas en inglés at risk of poverty and/or exclusion) es un indicador europeo que se ha convertido en el valor de referencia para medir la población en desamparo en una sociedad.

En el tiempo analizado, el indicador ha aumentado en 2,6 puntos. Ello implica que desde 2009 hay 1,3 millones de personas más que han visto cómo se degradaban sus condiciones de vida hasta deslizarse hacia las capas más desprotegidas de la sociedad. En especial entre los años 2009-2012 por la ola de despidos que sacudió a la economía española.

 

Entre 2012 y 2013, la tasa Arope apenas se ha incrementado en un 0,1%. Sin embargo, los autores del trabajo advierten de que esta aparente estabilización “no es, como parece, una buena noticia”, sino que obedece a un espejismo estadístico “por el que no hay que dejarse engañar” relacionado con la medición de la pobreza y el hundimiento generalizado de las rentas.

La tasa Arope pretende ir más allá de la medición estricta de la pobreza. Por ello, para configurar este indicador, la pobreza se complementa con otros dos elementos: la carencia material severa y la baja intensidad en el empleo.

El primero de estos tres ingredientes, la pobreza, es un valor relativo: el umbral de pobreza se fija al comparar la renta entre las personas (ingresos por debajo del 60% de la mediana de la población, es decir, 8.114 euros anuales en 2013). Si, como ha sucedido en los últimos años, se da una reducción de ingresos generalizada, también desciende el listón que define cuándo una persona es pobre. Así, habrá grupos de población que, con iguales o incluso menores ingresos, saldrán de la clasificación oficial de pobres.

Ello, junto al regreso de inmigrantes en situación de precariedad a sus países ante la falta de expectativas, explica, según los autores, que los valores de pobreza material se hayan mantenido estables (en torno al 20% de la población) entre 2009 y 2013 o que hayan mejorado un 0,4% en 2013. Por ello, Juan Carlos Llano, el coordinador del trabajo, centra la atención en los otros dos ingresientes de la tasa Arope: la exclusión del mercado de trabajo y de la capacidad de compra de bienes básicos. Aquí apenas hay matices.

El avance de la privación material severa —retrasos en el pago del alquiler, imposibilidad de pagar la calefacción, de irse de vacaciones o hacer gastos imprevistos— es claro. Ha crecido en el periodo estudiado un 38%. Afecta a casi tres millones de personas, con datos de 2013 (el 6,2% de la población). Son 800.000 más desde 2009. “Este índice indica claramente cómo está la situación”, traslada Llano a EL PAÍS. Sin llegar a estos extremos, el 67% de la población asegura tener problemas para llegar a fin de mes.

El tercer elemento que conforma la tasa Arope está relacionado con la población que vive en hogares donde no trabaja nadie o en la que los empleos son precarios. En 2013, el porcentaje de personas en esta situación alcanzaba el 15,7%, más del doble de 2009.

Con todo, hay datos de pobreza especialmente duros. Por edad, el grupo más castigado es el de los menores de 16 años. Además, el estudio demuestra que el empleo no es una garantía frente a la vulnerabulidad social: un 11,7% de la población tiene trabajo y son pobres.

El informe advierte de un cambio estadístico en el modo en que el INE recoge los datos. Si en 2013 se aplicase el criterio que regía desde 2004, el indicador Arope seria un punto mayor, es decir, un 28,4% de la población estaría en riesgo de pobreza y exclusión frente al 27,3%.