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La Justicia, pero no la española sino la argentina, ha decidido apretar el acelerador de las imputaciones incoadas contra responsables del franquismo y ha solicitado al gobierno del Estado español la extradición de 20 altos cargos franquistas acusados de crímenes contra la humanidad. En efecto, Interpol Argentina pidió a España la “detención preventiva con fines de extradición” de los últimos acusados  en la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo así como el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional. Las peticiones de detención fueron comunicadas de forma “muy urgente” a raíz de las últimas decisiones adoptadas por la jueza de la causa argentina, María Servini de Cubría, quien el pasado 30 de octubre emitió el auto de detención.

En la lista de los 20 encausados figuran los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa. A Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le achaca, junto a otros exministros franquistas, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo (ya fallecido) y al excapitán auditor Carlos Rey González, haber firmado la sentencia de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, el último preso político ajusticiado a garrote vil en España (1974).

En cuanto a Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que ocupara previamente cargos de responsabilidad en la dictadura, la Justicia argentina pide su extradición por responsabilidades en la matanza de  Vitoria el 3 de marzo de 1976 donde, en una jornada de huelga general, fueron acribillados cinco trabajadores y más de 150 resultaron heridos de bala. Por el mismo hecho están imputados también Alfonso Osorio García, ministro de Presidencia, y Jesús Quintana Saracíbar excapitán de la Policía Armada. Completan la lista los exministros Fernando Suárez y José Mª Sánchez Ventura por la firma de la pena de muerte de cinco antifascistas fusilados el 27 de septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP), así como dos jueces, Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, un ginecólogo, Abelardo García Balaguer por sustracción de bebés y siete policías, estos últimos imputados por torturas y por la defenestración del militante comunista Miguel Jiménez Hinojosa desde un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971. La querella se presentó por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra civil y la dictadura franquista, precisándose en ella que tales crímenes son imprescriptibles.

¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Rajoy a la demanda de busca y captura de esta banda de asesinos fascistas? La esperada, que no colaborarán con la justicia internacional y que no extraditarán a los imputados. Como se hizo cuando el año pasado se solicitó la extradición del expolicía José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, ambos encausados por torturas. El pretexto invocado entonces y ahora por los herederos biológicos e ideológicos del franquismo: que los delitos han prescrito en España con la Ley de Amnistía de 1977. Pero más allá de esta consideración interesada, de su evolución futura y del desenlace de esta petición de extradición de un puñado de terroristas, lo que urge es llevar el franquismo al paredón, condenarlo históricamente de una vez por todas, depurar del aparato del estado todo fascista disfrazado de “demócrata de toda la vida” y juzgar a  los responsables de tanta barbarie. Algo que han impedido hasta ahora la maquiavélica Transición y sus infames entibadores.

José L. Quirante