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Por Mariana Moyano

Fue tan brutal, tan explícito, tan de exhibicionista, que -tal vez, precisamente por eso- muchos lo pasaron por alto. Cuando algo es extremadamente obsceno, las personas con pudor tenemos una especie de anticuerpo: nos ponemos refractarios y, aunque lo que tengamos enfrente sea un elefante, sencillamente, no lo vemos. Era lógica la actitud: con pornografía en la tapa de los diarios, a los seres más o menos prolijos les provoca algún grado de rechazo. Da vuelta la cabeza, no mira y, en consecuencia, no ve.

Al día siguiente del anuncio presidencial sobre los cambios en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, el diario La Nación mostró la orgía en tapa. De entrada. No se anduvo con vueltas, ni con principios sonsos, o moralinas de otro siglo. Explícito. Una verdadera película triple X desde el primer párrafo: “En un intento por frenar las operaciones políticas que afectaban a su gobierno y las investigaciones judiciales que avanzan sobre altos funcionarios, la presidenta Cristina Kirchner resolvió ayer sorpresivamente descabezar la SI, ex SIDE”.

“¿Cómo?”, me acuerdo que pregunté en voz alta. No había nadie. Era otra más de esas tantas escenas a las que varios ya estamos acostumbrados. Hablarle a los diarios. Solos. Es decir, que las cosas que se escriben nos pongan en el delicado estado de terminar locos. ¿Dan por sentado que la SIDE puede interferir con operaciones políticas en la Justicia Federal? ¿Así como así, el diario de mayor peso histórico/político de la Argentina reconoce que desde la cueva de los espías se arman y desarman causas en los fueros federales, según las conveniencias de la coyuntura política y no necesariamente bajo el visto bueno de un gobierno en ejercicio?”

Atónita quedé. O me había vuelto de una candidez que me convertía en estúpida, o lo que estaba leyendo era de una impudicia pocas veces vista. Seguí con la lectura y comprobé que –por suerte- cierto aspecto inocentón aún lo conservo, pero en este caso no se trataba de mí: el inmenso actor político que es el diario La Nación –sobre todo cuando se trata de cuestiones imbricadas con esa parte del Estado que aún dominan los poderosos y los que trabajan para ellos, sencillamente, porque la clase dominante es la que más tiempo tuvo la administración pública bajo su bota- había decidido gritar lo que siempre se dijo en susurros. ¿Impunidad?, ¿certeza de saberse ganador de la jugada que vendría?, ¿o la muestra de que empezaba otro partido, el más feroz de todos los jugados hasta aquí? No lo sabía ese día. Aún no había ni denuncia contra la Presidenta, ni tachos de basura, ni tachonazos, ni reflotes del Memorándum con Irán, ni Alberto Nisman y mucho menos tiros en la cabeza y la guerra subterránea de los servicios de inteligencia subida a la superficie y a plena luz del sol.

“Un servicio que es, desde hace mucho tiempo, un Estado dentro del Estado”, escribió con total soltura Joaquín Morales Solá en un reconocimiento explícito digno de sorpresa. “La SIDE sumida en un cúmulo de internas que le abrieron al Gobierno un complicado frente judicial”; “un sector de los espías motorizó operaciones judiciales para que avanzaran las causas contra sus funcionarios en problemas”; “de lo que nadie tenía duda ayer en Comodoro Py es de que la jugada presidencial lejos de conjurar una interna, no hizo más que avivar una pugna que recrudece. Significa quebrar un statu quo de más de 11 años”; el nuevo código procesal, “que da enorme poder a los fiscales y que es resistido por los jueces federales, hoy, enemigos centrales del Gobierno”. Todo La Nación dixit. El diario del creador del modo del Estado y la historia oficial mitrista nos presentaba abiertamente y en sociedad al nuevo partido que se calzaba los guantes para darle pelea al gobierno constitucional: el partido Judicial. Así como con la resolución 125 habían inventado al “partido del campo”, ahora la fachada iba a ser el Poder Judicial, el Federal, para más especificaciones. Pero con las mismas corporaciones, poderes de facto y medios de comunicación por detrás, como hinchada, propaladora y espacio de definición de directriz. Pero, esta vez, además, con espías. Servicios que conocen las sombras, ahora en la calle y sueltos. Lo que en la Argentina de la democracia siempre implicó cadáveres: Osvaldo Sivak, La Tablada, Carlos Menem Jr, Axel Blumberg y Alberto Nisman, por citar apenas algunos y no quedarme detenida sólo en nombres propios.

No creo haber sido extremadamente original, pero estos días me fue inevitable volver a una de las tantas magníficas obras de Noman Mailer, ese gigante del periodismo y la literatura que supo como nadie contarnos una época a través del recorrido de un personaje. Me refiero, obviamente, a la magnífica “El fantasma de Harlot” que, como explica la contratapa, se trata de “la historia reveladora de la CIA”. “Harlot es el nom de guerre de una figura consular de la CIA, un hombre tan transformado por su oficio de engañar que hasta ha dejado de comprender sus propias motivaciones”. En ese monumental trabajo, Mailer escribe que “cuando hay grandes intereses en juego, las coincidencias abundan. Shakespeare por cierto, creía en eso. No hay otra explicación para Macbeth o Lear”.

Es absoluta y completamente imposible desmentir semejante aseveración en este momento político de la Argentina. Alberto Nisman, que queda “colgado del pincel” –como se definió con un costumbrismo de acceso fácil la situación del ex fiscal-; la cercanía del juicio de los dos encubrimientos de la voladura de la AMIA; el cambio de alineamiento internacional de la Argentina y la –a la vista de todos- actitud de dos gigantes como Rusia y China que le otorgan relevancia a nuestro país; la muestra de que va en serio la idea gubernamental de meterle desinfectante a los Tribunales federales; la reapertura de la causa por la desaparición de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz durante el copamiento de la Tablada (juicio que iba a manchar hasta la cabeza a Nisman porque fue él el secretario a quien se encomendó averiguar el paradero de estos jóvenes y quien decidió meter en el expediente sólo la versión de los servicios y del Ejército); la aparición de Maximiliano Rusconi como abogado de Diego Lagomarsino, el mismo letrado que defendió a Carlos Menem por la venta ilegal de armas; y un engranaje, un encadenamiento, una red, una matriz, una lógica a la que vamos accediendo cada vez que tiramos de una nueva hilacha como es la aparición de un nuevo nombre propio en el escenario político de estos días.

Porque, que quede claro. Ya no estamos hablando ni de Nisman, ni de su denuncia. Se hizo obvio con la novelita de Clarín de las tachaduras y el la información de cesto de basura y proveniencia policial. No sorprende, por supuesto, que la misma editorial que a través del periódico MUY no tuvo problema en mostrar el cadáver de Ángeles Rawson revuelto entre los desechos del Ceamse, avanzara raudo en la publicación de lo encontrado –supuestamente- en la basura del fiscal muerto. Lo llamativo aquí no es eso, sino ¿por qué para ellos, que era central la denuncia presentada por Nisman, hoy el eje ha cambiado y lo fundamental son los papeles hallados en el cesto de papeles y que el fiscal jamás presentó? ¿No será, acaso, que ya todos saben -y saben que sabemos- que aquella presentación carece de cualquier valor jurídico y lo único importante es seguir metiendo ruido y hojarasca? Sí, Mariana. Respondete que sí tranquila. Porque se ven los hilos. Pero, además de verlos, tirá de ellos porque si no, dejás arrinconada tu función de ciudadana y te quedás en el cómodo sitial de comentarista.

Bueno, a seguir desarmando la urdimbre, entonces.

Esta semana aparecieron en escena varios personajes más. Algunos, ligados estrictamente al/los expediente(s) Nisman. Otros, ligados estrechamente a la matriz en que funcionó desde siempre en este subsuelo de alimañas y que hoy -por primera vez en la historia política- vemos en la superficie gracias a que algunas (mujeres, ¿cuándo no?) se atrevieron a usar un martillo neumático y perforar concreto, asfalto, historia reciente y hormigón para que toda la porquería escondida bien abajo salte hacia afuera de una buena vez.

Sebastián Blanco Bermúdez se llama uno. Es el que se presentó como abogado de Antonio “Jaime” Stiuso, el personaje definido por La Nación (en otro acto no de sugerencia, sino de política triple X) “el dueño del expediente AMIA que administraba Nisman” y como el “hombre de más poder” en la inteligencia local. Se conocieron en la SIDE y fue, además, abogado de la familia de Pedro Tomás Viale, el “Lauchón”, la mano derecha de Stiuso, que fue muerto en su casa de La Reja, cuando la bonaerense ingresó por un operativo antidrogas. Viale, un íntimo amigo de Stiuso y que, según Lorena Martins, conformarían junto a su padre –un ex SIDE- un triángulo de temer.

Hasta ahí, nada demasiado extraño: dos agentes de la SIDE, mismo bando, misma amistad comparten abogado a quien conocieron en la cueva. Lo que no es tan sencillito de digerir es que Blanco Bermúdez era fiscal federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón –el de Larrambebere- cuando tuvo lugar el copamiento de La Tablada. Y a él y a Nisman les encargaron las investigaciones por las desapariciones de Ruiz y de Díaz.

La extensa trama de inteligencia, como la definió un estimado compañero, se va abriendo a una velocidad a la que no le hubiera dado crédito hace apenas días. La misma confusa jornada en que Stiuso debió presentarse en la fiscalía, pero debido a que el secreto no estaba levantado, que la casa en San Justo que figuraba como propia no era tal, que las oficinas que supuestamente le pertenecían parece que no le pertenecían tanto y otra cantidad de motivos iguales de confusos a la jornada, Lorena Martins –la hija de este otro ex espía devenido famoso y millonario proxeneta y, según la denuncia, miembro de una importante red de trata de mujeres- envió por twitter un mensaje que detuvo el tiempo y puso a este caluroso febrero en clima de heladera: “STIUSO, ex jefe de CONTRAINTELIGENCIA dice q NO conoce a mi viejo (ex SIDE Martins). Jaime, mirá lo que tengo en casa”, escribió y cerró su envío con el emoticón de una sonrisa segura y una foto de un viejo tarjetero con el grabado de “Dirección de Contrainteligencia” y el inconfundible logo de la sigla SIDE.

Lorena Martins nunca logró que la causa abierta contra su padre avanzara. Ella, según indica la ley, en tanto hija y no directa perjudicada, no puede culpar a su progenitor. La causa quedó en cero en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Pero con lo que está saliendo a la luz, es inevitable la sospecha.

Raúl Martins provenía de estudio y educación católica, algo que en algunos espacios aún hoy es sinónimo de respetabilidad. Estudiaba derecho y trabajaba en la SIDE en los oscuros 70, cuando la principal función era marcar militantes para que fueran secuestrados y llevados a los centros clandestinos de detención. Específicamente uno, indican algunos. Según se cuenta y ratifica Lorena, Martins conoció en la Secretaría a “La Negra” Norma Esther Oviedo, espía y proxeneta, con quien a fuerza de dinero y extorsión hizo crecer el negocio. Hay un juez (MF son las iniciales y aunque sabemos el nombre, no lo daremos a conocer) a quien Martins tiene agarrado de ahí abajo porque asegura que posee una cinta en la cual se lo ve al Magistrado en uno de sus locales con una de las mujeres de esa red. Uno de los tantos videos que Martins usa como escudo fue encontrado por el fiscal José María Campagnoli en marzo de 2001 al allanar una caja de seguridad del ex espía. Al día de hoy no conocemos el destino de esa cinta.

Lorena cuenta que se pasó un largo tiempo amenazada por el Lauchón, por orden de Stiuso y, por supuesto, de su padre, quien vive lujosamente en Cancún, donde se fotografía con Mauricio Macri y su elegante esposa, Juliana Awada. Esta mujer de 38 años no se enfrenta a peces flacos: un dato al pasar, el abogado de su padre es nada menos que el mismo del temible Triple A Aníbal Gordon, Teodoro “Teo” Álvarez.

En la SIDE, Martins se hacía llamar “Aristóbulo Manghi” y en los años del menemato y la impudicia se hizo conocido por comandar el sexo VIP de Capital Federal. Cuando aquí no anduvo tan de parabienes se escapó a México y allí a voz en cuello, los que saben, lo relacionan con “Los Zetas”, el tráfico de drogas y de mujeres. Todavía hay hilitos pendientes en el poder judicial local y parece que el tema más pesado, aunque no haya sido judiciable, es que tiene pagos en ciertos juzgados federales a cambio de protección.

En México no es un anónimo. Lydia Cacho, una periodista que no descansa en su combate contra las redes de trata en el mundo entero, habla de él en su libro Esclavas del poder: “Raúl Martins fue agente de la SIDE de 1974 a 1987(…) En 2002 llegó a México. Martins tiene abiertas cuatro causas penales que en conjunto suman cargos por 12 delitos (…) Claudio Lifschitz, que aún defiende a los represores de la dictadura en Argentina, fue abogado de Martins durante 7 años en Buenos Aires y México hasta que se peleó con él y regresó a Argentina por temor a represalias. Para protegerse reveló las operaciones de su ex cliente y dijo estar dispuesto a declarar ante la justicia mexicana si le daban garantías. Las diferencias comenzaron después de que Martins lo presionara para que ´cambiara su testimonio en una investigación que involucra a altos funcionarios del ex presidente Carlos Menem´. Martins quería que Lifschitz se desdijera en la causa por un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la que el abogado había encontrado y denunciado el encubrimiento de los culpables de la matanza”.

Y desde México, en medio de redes de trata, prostíbulos y servicios de inteligencia, vuelve a colarse la AMIA, una causa en la que se vendió carne podrida desde el inicio, con víctimas de todo tipo. Y con extensiones hasta vaya uno a saber dónde.

El 8 de diciembre de 2013, Fernando Oz –el mismo periodista que asegura haber intercambiado mensajes con Nisman y que en ellos el fiscal le indicaba que su vuelta a Buenos Aires recién sucedería el 23 de enero- escribió sobre las ramificaciones de los servicios de inteligencia en la causa Ciccone. “El torbellino –escribió Oz- se produjo cuando en la central de espías de la calle 25 de Mayo observaron las imágenes de Nicolás Ciccone saliendo de los tribunales de Comodoro Py junto a uno de sus abogados, Marcelo Ruiz”

Marcelo Ruiz lleva causas de derecho laboral en el estudio Anzorregui. Con Hugo, se conocen porque durante el gobierno de Menem, Ruiz “llegó a ser el jefe de los espías criollos en Londres hasta 1999”. Pero él no es penalista, de modo que buscaron a otro letrado que armara la estrategia. ¿Quién? (Cuánta razón tenía Mailer: “cuando hay grandes intereses en juego, las coincidencias abundan”): Maximiliano Rusconi, el mismo que defendió a Menem y que ahora le cubre los pasos al hasta hace unos días miembro de la SIDE, luego sólo joven informático y ahora no-sé-quién-sos Diego Lagomarsino. El dueño de la bersa 22.

La dupla Ruiz-Rusconi tiene bien aceitados sus contactos en los Tribunales Federales. Rusconi es abogado de Raúl Moneta, y Ruiz tiene estrechos vínculos con “Alfredo ´Freddy´ Lijo, hermano de Ariel Lijo, el juez que investiga el caso Ciccone. Ruiz y Freddy invitan todos los años a jueces y fiscales a pasar unos diez días en Londres para realizar un seminario en Cambridge denominado ´The Cambridge International Symposium on Economic Crime´”.

“Los fiscales”, les gusta decir a los medios que se están haciendo un festín tanto con el cadáver de Nisman como con la confusión reinante en esta telaraña servicio-judicial. Ellos, “los”, es decir, un supuesto todos del ministerio público convocan a una manifestación para el 18 de febrero que no será otra cosa que un aquelarre opositor de personas que no quieren perder privilegios, personajes que necesitan que nada se sepa, políticos oportunistas, cacerolas odiadoras, un sin número de profundos desconocedores del CV –o prontuario- de los convocantes y algún grupo con genuino enojo que -permítanme pensar- será el más pequeño.

Una perla del absurdo de la manifestación es que uno de los adherentes -o ideólogos, según quiera verse- a una manifestación en la cual se exigirá “justicia” por Alberto Nisman es Ricardo Sáenz, el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Saénz fue candidato a la Vicepresidencia del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) en representación de los Fiscales por la Lista Bordó, la que viene gobernando la AMFJN desde hace 12 años y en su foto de campaña se lo ve feliz y abrazado a Ricardo Recondo, un magistrado de gran millaje y amigo de las cautelares de algún multimedio poderoso.

Pero además, Sáenz es el jefe de Viviana Fein, o sea, de la fiscal que lleva a cabo la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Su jefe convoca a una manifestación para que haya justicia en una causa que una subordinada lleva adelante. Flor de presión para la fiscal que está a punto de jubilarse y que debió cambiar la fecha de sus vacaciones.

Dos de los otros protagónicos propiciadores de la manifestación son Guillermo Marijuán y el Fiscal de la Cámara de Casación Raúl Pleé.

Marijuan fue denunciado por seis organismos de Derechos Humanos, entre los cuales figura Abuelas de Plaza de Mayo. En noviembre de 2013 lo acusaron de “poner en riesgo las causas por crímenes de lesa humanidad”. En el escrito, Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre indican que con sus “acciones sin fundamento busca paralizar los innumerables procesos en los cuales se investigan y juzgan los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país durante la dictadura cívico-militar”.

No fue el único enfrentamiento que tuvo en los últimos tiempos. El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y Marijuán tienen un vínculo, digamos, jurídicamente conflictivo. Marijuan acusó a Gonella y pidió la indagatoria de la procuradora Alejandra Gils Carbó por supuestas irregularidades en los nombramientos de fiscales. El argumento básico de Marijuán es que Gonella, al ser fiscal ad hoc, no debe tomar causas en las cuales no es el fiscal “natural”. Se trata de un argumento llamativo, sobre todo viniendo de quien es el “fiscal natural” de la causa AMIA, ya que en él recayó luego de que los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia fueran apartados por delitos. En la causa AMIA no sólo no se preocupó por hacerla avanzar jamás y por eso fue denunciado por familiares, sino que le dejó el paquete completo a Nisman y a su Unidad y jamás se interesó en los avances. Por otro lado, y como si no fuese esto suficiente para tener una pincelada del perfil de este hombre al que le gusta codearse con la creme del Poder Judicial, Marijuan es quien tiene la causa de Hernán Arbizu, el ex directivo de la banca Morgan que reconoció haber fugado dinero de Clarín, de sus accionistas y de 469 empresas, pero a quien el preocupado hombre del Poder Judicial no cita.

Raúl Pleé es el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, es decir, la última instancia antes de la Corte. En diciembre de 2000, dictaminó en favor de que se rechace el recurso que presentó el Gobierno de Fernando de la Rúa para que la Justicia revise el fallo de los 20 condenados por el ataque al cuartel de La Tablada.

Por aquellos años, el gobierno nacional estaba preocupado por al caso Tablada debido a que la huelga de hambre de los presos había adquirido relevancia internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tenía la cuestión en vista. Para Pleé no había “peligro de sanción internacional" a la Argentina por el incumplimiento de las recomendaciones efectuadas en 1997 por la CIDH, frente a la violación del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro, no le parecía relevante que este organismo internacional hubiese dicho que el Estado Argentino había faltado a su obligación de investigar de “manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruiz, investigación que habían llevado adelante (mal, a la vista de la máxima instancia de DDHH de América) Nisman, Blanco Bermúdez y él.

Hasta al entonces Ministro de Justicia de esos años, Jorge de la Rúa, le había parecido “previsible” el dictamen de Pleé, ya que “justamente fue el fiscal del juicio realizado en 1989 contra los condenados que reclaman la revisión de su sentencia”.“Este fiscal es el mismo que durante el juicio ha desconocido torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército”, cuestionó Rodolfo Yanzón, abogado de los detenidos.

Si los camaristas Pedro David, Raúl Madueño y Juan Fégoli seguían la postura de Pleé, el Procurador del Tesoro se iba a presentar en queja ante la Corte. El 30 de diciembre del año pasado, la Corte se expidió. 14 días antes de la presentación de Nisman contra la Presidenta Cristina Fernández, los Supremos habían decidido la reapertura de esa causa para que se investigue, entre otras tantas cuestiones, el accionar judicial de entonces.

Pleé fue el mismo que en tanto fiscal ante la Cámara Federal de Casación, pidió a ese tribunal que confirme la inconstitucionalidad del memorándum. Raudo, diligente, como Nisman en este tema y en este año. Extraño, también todo ese proceso ya que el propio Nisman había reconocido en una nota con el periodista Gustavo Sylvestre en A24 que nada tenía que ver el memorándum con su posibilidad o no de investigar y avanzar.

En fechas cercanas, Pleé había sido corrido de la lucha contra el lavado de dinero porque su tarea había obtenido muy pobres resultados mientras estuvo al frente de la Unidad Fiscal encargada de investigar ese delito. 11 años de vigencia de la ley antilavado y apenas dos condenas en las cuales, encima, Pleé no había tenido ninguna participación en esos logros. Página 12 explicaba que “Desde el Gobierno cuestionan la supuesta permeabilidad de Pleé frente al lobby de consultoras y estudios jurídicos encargados de asesorar y representar a grandes corporaciones en temas de lavado. El vínculo más llamativo es el que mantiene con Juan Félix Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI, que hoy se desempeña como asesor de empresas en cuestiones de lavado (entre otras, el Grupo Clarín). La hija de Pleé, María Celeste, trabaja en el estudio de Marteau, pero además, el fiscal y el abogado comparten un curso de posgrado en la UBA que dirige Marteau, participan en la Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera donde Marteau es el presidente y Pleé forma parte del Consejo Consultivo y se muestran juntos en charlas, congresos y eventos públicos”. Cuando hay grandes intereses en juego, las coincidencias abundan.

Pleé ingresó al Poder Judicial en 1972, por esas coincidencias de la vida, el mismo año que Stiuso a los Servicios de inteligencia. Fue relator en la Cámara del Crimen de la Capital Federal, tribunal que tuvo un rol clave en el entramado burocrático-judicial del terrorismo de Estado. En 1977 fue nombrado secretario de Juzgado Nacional de Primera Instancia y estuvo allí hasta 1984. Pero es en 1988 cuando es nombrado fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones de San Martín. Desde allí llevó adelante la instrucción de la causa por copamiento de La Tablada.

Fue acusado en diferentes instancias por obtener evidencia y testimonios en base a torturas y por pasar por alto, justamente, las denuncias de estas torturas y de ejecuciones sumarias. Todas las rechazó.

42 militantes participaron del copamiento. Durante 30 horas, 3600 efectivos llevaron adelante la recuperación del cuartel. Se recurrió a blindados, a fósforo blanco –prohibido por Naciones Unidas- y a desapariciones. Pleé nunca intentó, por supuesto, que se aclarasen los tantos de lo ocurrido aquel 23 de enero de 1989. Hubo 28 muertos civiles y 4 desaparecidos. La policía y el Ejército tuvieron 11 muertos, en su mayoría, como consecuencia de los bombardeos. Los atacantes fueron condenados basándose en la Ley de Defensa de la Democracia, lo que implica que los procesados no tienen derecho de apelación.

En 2008 por decreto 1578, la Presidenta otorgó acceso irrestricto a los archivos de inteligencia para que la Justicia pudiese tener todos los elementos del caso y para conocer en detalle qué ocurrió allí aquel día.

Roberto Felicetti, uno de los detenidos le contó al juez Federal de Morón, Gerardo Larrambebere, que había sido salvajemente torturado y le mostró sus dos brazos fracturados. El magistrado no hizo nada, llevó adelante una instrucción tan bochornosa que el mundo la mira mal y fue ascendido a juez del Tribunal en lo Criminal N° 3.

Cuando debió iniciarse la instrucción, el fiscal Federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez –actual abogado de Stiuso, como ya se relató aquí- pero por esos días gozaba de licencia. Al cuartel accedieron, entonces, el entonces fiscal de la Cámara Federal de San Martín Raúl Plée y el entonces defensor oficial del juzgado Federal de San Isidro Pablo Quiroga. Según relata Eduardo Anguita, “este último, producto de la presión de la corporación militar –especialmente de Inteligencia del Ejército– fue nombrado ´fiscal subrogante´, a partir de lo cual abandonó la función de defensor oficial (…) De las primeras páginas de la causa surge que los fiscales Pleé y Quiroga pidieron al juez una cantidad de allanamientos en una serie de domicilios, dando detalles de barrios y calles en distintos puntos del Gran Buenos Aires. En esos pedidos no aparece el origen de la información a la que habían accedido los fiscales, ni siquiera cómo los habían obtenido. La posterior investigación determinó que esos lugares habían sido utilizados por los atacantes y que en ellos se habrían encontrado planos y anotaciones relacionados con el ataque”.

Fue esa documentación –hoy sabemos proveniente de qué cueva- la piedra basal para la acusación contra los miembros del MTP. Jamás se explicó cómo murieron los 28 civiles -la mayoría con sus cuerpos ardiendo por el fósforo blanco- ni qué pasó con los cuerpos de Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz, estos dos últimos los nombres que lleva la carátula que la Corte reabrió y que salpicarán, entre otros, los apellidos de Nisman, de Blanco Bermúdez y de Pleé.

“Cuando hay grandes intereses en juego, las coincidencias abundan. Shakespeare, por cierto, creía en eso. No hay otra explicación para Macbeth o Lear”. Varios de esos intereses y varias de esas coincidencias van a marchar este 18 de febrero con la excusa –burda porque es sólo un pretexto- de cumplirse un mes de la muerte de Nisman. Shakespeare aquí no está. Pero nosotros debemos creer en eso porque no hay otra explicación, ni para Macbeth, ni para Lear ni para la tragedia que quieren crear para llevarnos puestos.

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