Algunos miembros de las Fuerzas Armadas tuvieron ¿tienen? problemas médicos y emocionales derivados de los crímenes que cometieron durante el terrorismo de Estado. Pesadillas, insomnio, stress, incluso cuadros más severos. No es raro. Al contrario, es esperable que eso le ocurra a cualquier ser humano que haya torturado y asesinado. Lo extraño es que algunos de ellos crean que sus problemas se derivan del hecho de que los asesinatos que cometieron se hicieran públicos y no del hecho mismo de haberlos perpetrado. Al menos eso es lo que alegan ante sus superiores, con el objetivo de ser reconocidos y sacar algún beneficio extra y, a la vez, no mostrarse como arrepentidos.

Es conocida la investigación de Stanley Milgram, quien citó a desconocidos para que aplicaran corriente eléctrica a otros. Las torturas no eran recibidas por sus supuestos destinatarios. Era una simulación, pero los involucrados, los que torturaban, no lo sabían. El estudio concluyó, para decirlo apresuradamente, que “personas ordinarias”, es decir, cualquiera, en determinadas circunstancias, podía convertirse en torturador. El resultado de la prueba, realizada a principios de los ’60 con el nazismo todavía como telón de fondo, fue, y todavía sigue siendo, perturbador. Nos dice que autores de delitos horrendos no son monstruos, sino personas de carne y hueso. Sobre todo cuando están dentro de un sistema, de una maquinaria, con reglas y órdenes estrictas. Esto no exime de culpa a los autores de delitos, pero puede ayudar a pensar la pregunta que siempre está al acecho: ¿cómo fue posible?

Sí, los represores de la ESMA eran personas. Es tranquilizador pensar a quienes cometieron atrocidades como monstruos. Es cierto que hicieron cosas monstruosas, pero no a causa de un desorden genético o una esencia propia. También lo dijo Primo Levi respecto de los nazis: “No eran esbirros natos, no eran (salvo pocas excepciones) monstruos: eran gente cualquiera. Los monstruos existen pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos; más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir”.

Los represores de la ESMA y de los otros centros clandestinos de la dictadura arrasaron con la identidad de sus víctimas, las deshumanizaron, las convirtieron en objetos ante sus ojos para poder hacer con ellas lo que hicieron. Pero algunas veces se colaba entre ellos lo humano de lo inhumano. Pensarlos como monstruos impide pensar en el sistema detrás de ellos. Impide pensar en las razones políticas y económicas detrás de sus crímenes. Porque no se trató de locos y sádicos matando al azar, se trató de un sistema organizado para deshacerse de militantes políticos y a la vez impartir el terror generalizado en la población. De un sistema que necesitaba de esas desapariciones para imponer un plan económico.

Pensar en las personas como engranajes de esa maquinaria, está dicho, no excluye de culpa. Cada quien es responsable de los actos que realizó. La responsabilidad de los asesinos, secuestradores y torturadores salta a la vista. Pero poner la lupa sobre todos los partícipes necesarios coloca a cada quien en su lugar. Los empresarios que se beneficiaron, los jueces que consintieron, los apropiadores que se robaron bebés y los sacerdotes que bendijeron a todos ellos.

El 23 de octubre de 1989, la Armada tramitó un expediente administrativo vinculado al entonces capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo. Necesitaban establecer si los problemas médicos y emocionales que padecía guardaban relación con “los actos de servicio”. Allí, el represor de la ESMA alegó: “En diciembre de 1976 con el grado de TC (teniente de corbeta) fui destinado a la ESMA. Cumplí tareas relacionadas con todas las acciones que se libraron en el grupo de tareas 3.3.2 hasta enero de 1981. Esto me trajo aparejado estar sometido durante períodos de tiempo prolongado a tensiones que considero importantes. Aparte de las secuelas que todo esto me ocasionó por sí mismo, me he visto particular y profundamente afectado por todo lo ocurrido a partir de 1983. Baste como ejemplo mencionar que conocí a mi esposa en 1985, ignorando ella todas mis actividades en la Armada, lo que generó una serie de conflictos importantes al ser yo mencionado en diferentes medios de prensa de circulación pública. Considero que lo antedicho ha sido la principal causa de la situación en que me encuentro hoy”.

El médico Carlos Octavio Capdevila, que ofició como partero en la ESMA, también hizo reclamos por su propia salud ante sus superiores. Dijo que se encontró “permanentemente en la disyuntiva de cumplir” con su juramento hipocrático como profesional médico y que en cambio optó “por cumplir con las exigencias del servicio militar” en “medio de una gran presión psíquica”. “Los sentimientos o conceptos de moral y legal se habían borrado en mí por así decirlo”, afirmó. Así, en expedientes internos de las Fuerzas Armadas los marinos de la ESMA relataron sin tapujos y en primera persona que cometieron actos criminales y vergonzosos y confirmaron los destinos que tuvieron durante el terrorismo de Estado.

Los Asuntos de Justicia son expedientes internos a través de los cuales las Fuerzas Armadas resuelven asuntos disciplinarios o de salud. En la Armada, se llaman Actuaciones de Justicia. Tratan de robos, deserciones o indisciplinas pero también accidentes, enfermedades o fallecimientos. Varias decenas de represores del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA iniciaron, ya en democracia, un expediente de salud o fueron tema de uno de esos expedientes. En ellos piden a la Armada que reconozca las supuestas afecciones nerviosas como efectos de “actos de servicio” porque de esa manera pueden obtener distinto tipo de beneficios: desde extender licencias de salud a costo de la Armada, evitar bajas por “no aptos” o pedir, como hace alguna viuda, mejores pensiones.

En esos expedientes los marinos van señalando sus “tareas” y los destinos que tuvieron durante la dictadura. Uno de los datos que salta a la vista es cómo cada uno de ellos confiesa su participación en el GT 3.3.2 o tareas “contra la subversión”, pero cómo la Armada de la democracia encuadró durante años todos estos crímenes como actos de justicia. Entre los marinos, hay cuadros depresivos, casos de personalidades paranoides, intentos de suicido, hasta violencia doméstica y también quien realiza once mudanzas para escaparse de las denuncias. Esta información fue hecha pública por los propios involucrados en esos expedientes administrativos que tenían como objetivo obtener reconocimiento por parte del Estado.

Cavallo es de los marinos más conocidos de la ESMA, hoy con asistencia casi perfecta en Comodoro Py, de traje, lentes y computadora. Era Marcelo o Sérpico en la ESMA. Lo describieron de voz metálica. Torturó a Thelma Jara de Cabezas, madre secuestrada mientras buscaba a su hijo. Y más tarde le armó la falsa entrevista en la revista Para Ti. Una de sus muchas actuaciones en el terrorismo de Estado fue encabezar la patota de secuestro de Carlos Chiappollini: entró en la casa de su compañera, Cristina Muro, cuando amantaba a su hijo de cinco días. “Como yo gritaba mucho, lo agarraron a Carlitos de un tobillo y teniéndolo cabeza abajo lo apuntaron con una pistola y me pidieron a los gritos que me callara”, dijo ella en el juicio.

Pero los expedientes internos de la Armada cuentan otra cosa: allí los victimarios se presentan como víctimas.

Salomón

El 21 de noviembre de 1989, declaró un compañero de armas de Cavallo, Miguel Angel Benazzi, alias Salomón, Manuel o Turco, quien integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de fines de 1976 a fines de 1978. En febrero de 1979 fue agregado naval en Bolivia, retornando en 1980 a la ESMA. En el expediente de Cavallo dijo “que estuvo destinado con el causante en el Grupo de Tareas 3.3 de ESMA”. “Si bien no fue subordinado directo, tenía frecuente relación y su desempeño era excepcional, por tratarse de un hombre sumamente dispuesto al trabajo, altamente subordinado y responsable. Entiendo que sus cualidades fueron las que motivaron su traslado a un puesto de alta responsabilidad como ayudante del agregado naval argentino en Francia”.

El 19 de diciembre de ese 1989 el destino fue confirmado por la Armada, que estableció que, “entre sus antecedentes personales, se destaca su participación en un G.T. durante la lucha antisubversiva, durante 3 años en nuestro país y durante aproximadamente 2 años, en el exterior, Francia”. Un dato extra en este punto es que del texto se desprende que la Armada está considerando a Francia –es decir el Centro Piloto de París– como un destino relacionado con la “lucha antisubversiva”. El 23 de mayo de 1990, la Armada finalmente resuelve el caso Cavallo: afirma que “la afección” de Cavallo “guarda relación con actos de servicio”. A esa misma conclusión llegaron los marinos ante los reclamos de otras caras conocidas de la ESMA.

Capdevila

Carlos Octavio Capdevila era uno de los parteros de la maternidad clandestina montada en la ESMA. Médico, estuvo en el parto de María del Carmen Poblete. “Fue la primera que me pidió que la acompañara a parir –dijo Sara Osatinsky durante el juicio–: entonces, nos bajaron al sótano, allí estaban el doctor (Jorge) Magnacco y Capdevila”.

Capdevila también estuvo cuando dio a luz Susana Pegoraro, secuestrada el 8 de julio de 1977 con cinco meses de embarazo y cuando lo hizo Silvia Dameri, secuestrada el 4 de julio de 1980 con cinco meses de embarazo. Las tres mujeres están desaparecidas. Lo mismo que la hija de María del Carmen Poblete. En 2008 recuperaron su identidad Evelyn Bauer Pegoraro y Laura Ruiz Dameri.

En enero de 1993, la Armada inició un expediente con su caso. Buscaba “determinar la relación de los actos de servicio” y algo que llaman “neurosis de guerra”. Capdevila explicó: “Fui asignado por orden del señor director de dicha Escuela, a una Unidad de Tarea cuya misión era desarrollar operaciones contra la subversión. El marco en que se desarrolló mi actividad y el tipo de tareas que debí cumplir hicieron que permanentemente me encontrase en la disyuntiva de cumplir con mi juramento hipocrático como profesional médico y mi carácter de militar; opté por cumplir con las exigencias que el servicio militar me imponía y en medio de una gran presión psíquica; fueron muchas las noches de insomnio tanto en mi destino como en los pocos momentos que pasaba en mi hogar; mi psiquis vivía en conflicto permanente”.

En la ESMA, se “me encargó atender las necesidades de subversivos que se hallaban en libertad”. “Recuerdo que uno de ellos me denunció después en Conadep (...). También participé en diversos operativos para detener subversivos y en actividades de inteligencia antisubversiva. En los años 1980 y 1981, además de las misiones que he relatado, pasé a hacerme cargo de las comunicaciones de la Unidad, lo que incluía escuchas telefónicas (...) Los sentimientos o conceptos de moral y legal se habían borrado en mí por así decirlo.”

González

Alberto Eduardo González era Gato González, Luis, Oscar Paz Alara. Capitán de corbeta, oficial de inteligencia del GT 3.3. Pasó a Cancillería en 1978. González viajó a Suiza como custodia de Pablo González Langarica, secuestrado, al que extorsionaron para obligarlo a sacar de una caja de seguridad dinero de Montoneros.

En 1990, la Armada inició un expediente con su caso. González llevaba varias licencias médicas. El 4 de junio de ese mismo año, explicó a través de un exhorto que sus males se originaron en la ESMA. “Este es un largo proceso cuyos primeros síntomas los identifico claramente después de irme de pase de la ESMA a raíz de diversos inconvenientes que sufrí junto a mi grupo familiar”, indicó. “Luego de mi pase a la ESMA tuve una actitud de recluirme, perdí prácticamente a todos mis amigos y mantuve una relación muy restringida con otros miembros de la Armada, incluidos mis propios compañeros, de quienes me distancié.”

Dijo que se sentía “responsable por la vida que debió llevar mi familia como consecuencia de mi actividad antiterrorista”. Y que “cuando me fui de pase a la ESMA comencé con alergias de tipo psicosomáticas (...) y una alteración profunda en los valores y en mi personalidad (...) cuestiones relacionadas con la contrainteligencia motivaron que mi persona se haga pública y a partir de allí comenzaron los medios masivos de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, a bloquear cualquier acción que yo hubiese emprendido para recuperar mi grupo familiar. Así mi familia leía y veía por TV lo que yo negaba siguiendo las directivas de mis superiores”. Y agregó: “Para 1985 vuelve a surgir este problema una vez más y en esa oportunidad consulté a la Armada y la respuesta que recibí fue otro de los contribuyentes a mi actual estado. Paralelamente mi grupo familiar se vio sometido a continuas mudanzas llegando a registrar once en los años que van de 1979 a 1982”.

Marca de los tiempos

Las Actuaciones de Justicia comienzan de distintas maneras. Si hay una herida de bala, se labran inmediatamente porque el herido debe salir del servicio y la fuerza debe saber si debe pagar la licencia. En los casos de afecciones psíquicas, como la mayor parte de estos casos, los marinos van obteniendo distintas licencias médicas. Al cabo del tiempo, las licencias se agotan y deben pedir el retiro o abrir una evaluación paralela con el objetivo de hacerla pasar como lesiones provocadas a raíz de actos de servicio. De esa manera, no sólo pueden seguir dentro de la fuerza sino que además pueden cobrar.

María Laura Guembe coordina la investigación sobre los archivos de Policía, Prefectura y Gendarmería en el Ministerio de Seguridad. Ella dio testimonio ante el Tribunal Oral Federal Nº 5.

“Las Actuaciones de Justicia muestran los tiempos políticos –dice–: aumentan en el ’85 y ’86 y cuando los militares empiezan a sentirse amenazados por los juicios dejan de hacerlo. En esos momentos invocan otros temas, como Malvinas, y cuando aparecen las leyes de impunidad otra vez vuelven a las Actuaciones y a decir ‘Yo participé’. Esto es muy claro, sobre todo, en la década del ’90. Hay que aclarar que se trata de Actuaciones de Justicia por cuestiones psiquiátricas. Porque estas actuaciones en sí no varían particularmente en cantidad sino esas en particular.”

Estos expedientes, sostiene Guembe, son además un reclamo político hacia la cúpula de la Armada. Como sucedió con el marino Adolfo Scilingo, muchos piden un aval que reconozca los padecimientos como efectos del servicio.

Para Guembe, “estos documentos tienen un altísimo valor testimonial. Por un lado, permiten ver algo de lo cotidiano que ningún otro documento oficial muestra. Nos permiten acercarnos más y comprender mejor. Por otro lado, tienen el valor singular de traer las voces en primera persona de miembros de la fuerza de todas las jerarquías. Se trata de voces complejas, que hay que tomar en su enclave original: sujetos integrando una fuerza armada, relacionados jerárquicamente, pronunciándose en un marco de investigación oficial”.

Enrique Carlos Yon fue uno de los asesinos de Rodolfo Walsh. El 30 de enero de 1987, la Armada inició un expediente por “Fallecimiento por infarto agudo del miocardio, (para) determinar si guarda relación con los actos de servicio”. Intervino el entonces vicealmirante Rodolfo Orlando Tettamanti, investigado por su participación en un ejercicio combinado con las Fuerzas Armadas paraguayas y cuyo hermano Raúl Tettamanti fue célebre por su actuación en el juzgado civil que debía resolver la constitucionalidad del artículo de la ley de medios por el Grupo Clarín. En un escrito, el vicealmirante Tettamanti señaló que una serie de “problemas” influyeron en su afección. “a) Su larga participación en la lucha contra la subversión; b) la acumulación de tensiones derivadas de su situación judicial en relación con las causas que se le seguían, las que se acumulaban en forma ostensible desde hacía unos tres años junto con las agresiones, injustas acusaciones, insultos, otros ataques, denostaciones, injurias y ofensas, inferidos por distintos medios de prensa y organizaciones de derechos humanos.” Los sucesos “tenían repercusiones” en su ámbito familiar y en sus amistades, “ante quienes el capitán Yon permanentemente debía revertir su imagen deteriorada y su prestigio menoscabado”.

En las actuaciones, habló el sacerdote y capellán seineldista Luis Moisés Jardín, que brindó un valioso aporte que permite ver en primera persona lo que decía la jerarquía de la Iglesia hacia el interior del cuerpo de marinos. “Lo conocí aproximadamente en el año 1980 y la amistad fue haciéndose más estrecha, llegando a su máxima expresión en los últimos dos años (...). En el año 1985 le manifestó sus inquietudes relacionadas con su situación judicial inquiriéndole su opinión al respecto. En todo momento trató de aconsejarle absoluta frialdad de razonamiento en sus análisis, ya que la lucha en la que participó tomaba ahora nuevos matices, pero que por sobre todo no había terminado y que era una guerra de mentes que sería indudablemente ganada por el campo que mantuviera el dominio de ese plano, para lo que debía, entre otras cosas, mantener su confianza en sus camaradas, tratando de que el enemigo no resquebrajara el frente interno, con las dudas y desconfianza que insidiosamente sembraba en su mente.”

Desde Córdoba

“En La Perla no murió nadie”, dijo Ernesto “el Nabo” Barreiro ayer sin que le temblara la voz, ni admitiera contradicción alguna con lo que había hecho apenas 24 horas antes: entregar por propia voluntad al Tribunal Oral Federal Nº 1 un listado de nombres de desaparecidos, además de ir junto con los jueces a señalar los sitios en que habrían sido enterrados clandestinamente. Una muestra más del cinismo del represor, que parece disfrutar de la perversidad de sus propios dichos.

“Yo no cambié nunca, sigo siendo el mismo”, alardeó en una entrevista con Radio Mitre Córdoba. Cuando se le recordó que hay testigos que salieron con vida y contaron haberlo visto en la sala de torturas, Barreiro hizo lo que él y los demás imputados vienen haciendo a lo largo de los dos años que lleva el megajuicio La Perla-Campo de La Ribera: descalificó a los sobrevivientes como “colaboradores a sueldo” y desestimó sus denuncias y padecimientos. “No, el destacamento de Inteligencia no fusiló ni enterró absolutamente a nadie”, repitió, y afirmó que no participó ni en asesinatos ni en torturas.

Este es el Barreiro que se ve en cada audiencia en el juicio. Sacando provecho de su propia situación de imputado, ayer dijo que iba a hablar “dentro de lo que se puede, ya que estoy en juicio”. Así, con su derecho a no autoincriminarse, dijo de lo más fresco que no hubo torturas y que nadie murió en La Perla, y enlodó el nombre de varias de sus víctimas.

El debate ayer en esta provincia era, luego de estas aseveraciones, si en realidad hubo un quiebre en el pacto de silencio o el Nabo se había arrepentido de abrir la boca y seguía encubriendo. ¿A qué Barreiro creerle, al que negó que haya habido asesinatos en La Perla o al que se paró frente a los jueces y entregó un listado de nombres de desaparecidos que nadie le pidió? Ese es el punto con este acusado: es un ex jefe de Inteligencia que sigue ejerciendo su propia lógica desde la prisión, y en medio de un proceso judicial que lo acusa por delitos de lesa humanidad.

“Nosotros sabemos que él puede mentir –le dijo el fiscal Facundo Trotta a Página/12–. Tiene derecho a hacerlo para defenderse. Lo que tenemos que valorar es si en lo que él dice hay o no algo de verdad. Tenemos que investigar aun cuando supongamos que tal vez mienta. Hay cientos de familias que todavía buscan los restos de sus seres queridos y por ellos tenemos que agotar todos los recursos posibles. Lo que aquí es real es que es la primera vez en todos estos juicios que un militar se para voluntariamente frente a un tribunal y ofrece colaborar. Eso es inédito. No ha sucedido antes. Si miente o no, se verá. Pero acá hubo un quiebre en la línea que se venía dando entre los imputados por delitos de lesa humanidad.” El fiscal precisó que el miércoles se habló de una lista con “25 nombres, pero en total son 19 las identidades que nos dieron”.

–¿Cómo vio usted a Barreiro en la inspección de los lugares donde dijo que estaban los restos?

–Con imprecisiones, como a los otros tres imputados que conforman esta “comisión” (los represores José Hugo Herrera, Héctor Romero y Luis Manzanelli), pero seguiremos la próxima semana con lo que ellos nos señalen. Queda una locación, cerca de Villa Ciudad de América, donde dijeron que hay otro cuerpo enterrado.

–Por radio dijo que no hubo tortura ni muertos en La Perla...

–Puede decir lo que quiera, pero lo concreto aquí son las pruebas y lo que diga ante el tribunal. Y las pruebas que hay son muchísimas. Los testigos han declarado con mucho detalle acerca de todos ellos (los imputados) y sobre las personas que murieron a causa de los tormentos. Si es cierto que quiere colaborar, que señale fehacientemente dónde están los restos de los de-saparecidos. Eso no quita todo lo que se le imputa y existe en la causa.

En este juicio se han escuchado ya 430 testimonios en 197 audiencias. En muchas de ellas, la figura del Nabo Barreiro en su rol de torturador surgió con seguridad de boca de los sobrevivientes. Por ejemplo, Liliana Callizo recordó cómo, el 24 de diciembre de 1976, Barreiro la llevó hasta la sala de tortura para que presenciara cómo entre él, su cómplice Manzanelli y cinco represores más “tenían a una chica de piel muy blanca y pelo oscuro, desnuda, en la parrilla (el elástico de cama que usaban para atar los cuerpos de las víctimas). La torturaban entre todos. Me sacaron la venda para que viera. Así que vi al Nabo que estaba todo transpirado con la camisa arremangada hasta los codos, y a Manzanelli, que estaba sentado en la cabecera de la cama y tenía una picana en cada mano. El cuerpo de la chica se arqueaba y le salían chispas, porque le daban con toda la electricidad y le tiraban baldazos de agua para que muriera más rápido. Era espantoso”. La víctima, que falleció producto de las torturas, era Herminia Falik de Vergara.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS  

(Gran Papiyo)