La imputación judicial de Fernández de Kirchner vuelve a dividir a la sociedad

Sábado, 14 de febrero del 2015 - 09.29 h

Como era de esperar, los argentinos se devidieron profundamente ante la decisión del fiscal federal Gerardo Pollicita de hacer suya la denuncia de su difunto colega Alberto Nisma e imputar formalmente a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presuntas maniobras para favorecer el encumbrimiento de los iraniés involucrados en la causa que se investiga el atentado contra la mutual judía (AMIA) que se perpetró el 18 de julio de 1994, y provocó 85 muertos. Para el Gobierno, se trata de una maniobra desestabilizadora de la "coorporación judicial". La oposición, en tanto, consideró que se ha agravado la situación institucional y pidió protección especial para Pollicita frente al posible peligro de correr la suerte de su antecesor. Su acusación, tomada al pie de la letra de la formulada por Nisman, a pesar de la debilidad de sus fundamentos, alcanza al canciller Héctor Timerman, un diputado y un par de dirigentes insignificantes.
A diferencia de su antecesor, Pollicita no pide interrogar a Fernández de Kirchner y Timerman, aunque si medidas para avanzar en una investigación cuya pertinencia debera evaluar Rafecas en medio de una enorme expectativa política. Raúl Canicoba Corral, el magistrado a cargo de la causa AMIA, había desautorizado en su momento el voluminoso escrito de Nisman. La atribuyó a una disputa dentro del servicio de inteligencia.
Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero, horas antes de defender sus acusaciones ante una comisión parlamentaria. La fiscal Viviana Fein está tratando de determinar las causas del fallecimiento. Las pruebas apuntan en princpio a un suicidio, aunque la jueza Susana Arroyo de Salgado, su ex esposa, no cree que se haya quitado la vida.
"Que un jefe del Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave". Se requiere mucha responsabilidad, mucha serenidad y rapidez en el esclarecimiento del caso", dijo la Unión Cívica Radical (UCR).
Para el precandidato presidencial de ese partido y ex vicepresidente de Fernández de Kirchner durante su primer mandati, Julio Cobos, "no es normal tener en un país un vicepresidente procesado (Amado Boudou, por la compra de un automóvil hace dos décadas) y una presidenta con un pedido de imputación".
La senadora de derechas Gabriela Michetti estimó que "la presidenta debe dar sus explicaciones y ejercer se derecho a la defensa" y el Gobierno "debe dejar de hablar de golpismo. Esto no tiene nada que ver con un golpe (de Estado)".
Según el ministro de Defensa, Agustín Rossi, "la derecha siempre utilizó la difamación como estrategia de desgaste a los Gobiernos populares". Pero "se equivocan si piensan que con este pedido de imputación van a debilitar a Cristina. Cuánto más la difamen e injurien más la va a defender el pueblo argentino".
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández dijo que "la imputación no tiene ningún valor jurídico porque no existe prueba de eventual culpabilidad”. Para Fernández “lo que se quiere generar es estrépito social”.El ministro relacionó el anuncio Pollicita con los preparativos de una marcha convocada por un grupo de fiscales, la oposición y los medios adversos al kirchnerismo en favor del esclarecimiento del deceso de Nisman.

OPINIONES ENFRENTADAS
Para los que aborrecen al Gobierno, Nisman es un martir, un modelo republicano.
Los cables diplomáticos filtrados por Jualian Assange, y glosados por el periodista Santiago O¿Donell en sus libros Argenleaks (2011) y Politileaks (2014), lo pintan en cambio como un hombre profundamente dependiente de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, especialmente interesada en la hipótesis iraní.
En su denuncia de 300 páginas, el malogrado fiscal sostuvo que el Gobierno, al firmar un acuerdo con el régimen persa para interrogar a los imputados en la causa AMIA, buscaba una suerte de truque encubierto: petróleo a cambio de impunidad. Para tal fin, sostuvo Nisman, se trató de levantar las alertas rojas de Interpol que pesan sobre los sospechados. Esa aseveración fue refutada por el ex director de Interpol, Ronald Noble. Al llegar a su despacho, Rafecas se encontró con el informe de la Procuración General en el que se responden las acusaciones de Nisman. El acuerdo con el régimen persa, que ha sido impugnado en un tribunal local, fue aprobado por el Parlamento con el objetivo de "favorecer el progreso" de una causa empantanada, con un ex juez y un ex presidente, Carlos Menen, que serán llevados a juicio oral por encubrimiento. Sobre el petróleo iraní, el informe recuerda que por su alto nivel de azufre, es incompatible con el funcionamiento de la industria argentina. En cuanto a los "agentes" supuestamente descubiertos por Nisman que formaban parte del plan de encumbrimiento, quedó demostrado que no eran personal del Servicio de Inteligencia sino simples extorsionadores. Pollicita tiene en sus manos una causa que quema.

NUEVOS FISCALES CAUSA AMIA

En este agitado contexto, la Procuración General anunció que un equipo de tres fiscales "muy adecuado por su valentía" se hará cargo de la tarea dejada por Alberto Nisman, quien en casi 10 años no pudo lograr avances. Los nuevos fiscales tienen el aval de familiares de las víctimas y Oenegés.
La muerte de Nisman, dijo la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, "es un hecho de gran impacto político y social" que ha provocado "un daño irreparable y colectivo".
La justicia argentina, añadió, tiene el mandato "de buscar la verdad y de repensar el funcionamiento de la administración de justicia a partir de este hecho de dolor. La muerte de Nisman tienen que hacernos reflexionar sobre los factores de poder que no están a la luz y que nos obligan a trabajar para que se desvele el trasfondo de la muerte de Alberto Nisman".