El pulso que mantiene el Gobierno Argentino contra una parte del poder judicial se está
elevando día a día hasta cotas desconocidas. Si el sábado la presidenta Cristina Fernández tachaba de golpistas a los “no pocos jueces” y fiscales que participaron el 18 de febrero en la marcha silenciosa de homenaje a Alberto Nisman, los jueces respondieron el lunes con contundencia a través de un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más representativa del sector. Los jueces se refirieron en su escrito a la intromisión “inadmisible” de la presidenta y criticaron la “reiterada y metódica amenaza”, “solo entendible como un vulgar -no por eso menos peligroso- intento de presión y condicionamiento”.
Fernández es objeto de dos procesos judiciales: la denuncia del fiscal Gerardo Pollicita, basada en la de Nisman, que la acusa de encubrimiento de terroristas, y la investigación sobre supuestas irregularidades fiscales cometidas en el hotel Hotesur, propiedad de Cristina Fernández y de sus dos hijos, Máximo y Florencia. Además, pende sobre el Gobierno el procesamiento contra el vicepresidente Amado Boudou, “como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo”.
La presidenta criticó estas investigaciones el sábado a través de un artículo difundido en Internet y acuñó el término de “Partido Judicial” para denunciar los supuestos objetivos golpistas de los jueces y fiscales que participaron en la marcha de homenaje a Nisman. Los jueces aseguraron en su escrito que el único partido al que pertenecen los miembros del Poder Judicial es el de la Constitución, forjado desde la institucionalidad. Y añadieron: “Quien tenga una denuncia que formular por el desempeño de un magistrado o funcionario, debe realizarla si existe una violación a la férrea regla del art. 110 de la Constitución Nacional”.
Los magistrados aseguran que quienes ahora les acusan de “partidización” intentaron en su día “partidizar” el Poder Judicial. Se referían al intento de Fernández de reformar la Justicia mediante una ley que finalmente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
“Las pasiones desbordadas -la irracionalidad del fanatismo- deben dejar lugar al diálogo y la concordia”, continúa el escrito. “Los funcionarios judiciales no gobernamos ni deliberamos, nuestra misión, asignada en la oportunidad fundacional, es asegurar la vigencia de la Constitución y las instituciones que ella ha erigido. Esa es la única tarea que nos da sustancia, dirección y fin”, concluye el comunicado.
Lo jueces no han sido los únicos en responder a la presidenta. Luis Cevasco, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, también respondió a las acusaciones de “Partido Judicial”. “Es absolutamente ridículo, no se lo puede tomar en serio, no merece ni respuesta”, señaló el lunes en la emisora La Red. “Es propio de una persona que por estar imputada en un caso su reacción es agredir al investigador. (…) El poder judicial lo que está haciendo es llevar adelante investigaciones, esto no es un partido político. Desprestigiarlo cuando cumple su deber es una cosa absurda”, añadió.
También se pronunció el fiscal Jorge Di Lello, que investiga una de las causas que más preocupan en la Casa Rosada, la del vicepresidente Amado Boudou en la supuesta apropiación del 70% de la empresa que se dedicaba a la impresión de billetes. Di Lello aseguró que no le afectaron las palabras de Cristina Fernández. “Si me importara lo que dijo la presidenta tendría que renunciar”.
Por su parte, Julio Amiato, dirigente del Sindicato de los Empleados Judiciales, adscrito al peronismo opositor, y convocante de la marcha del 18 de febrero, precisó: “Lo del Partido Judicial es un disparate, no existe... Solo en un delirio. (…) Si se hizo esta marcha fue porque el Gobierno no supo hacer un homenaje a un fiscal muerto trágicamente”.
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