“Estudié si hubo o no delito. Lo hice personalmente todos los días hasta las nueve de la noche. Y en este caso, estoy convencido de que el gobierno argentino no tuvo ninguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia argentina. Fue al contrario: el gobierno argentino agotó todas las instancias para lograr que la causa del atentado contra la AMIA avance en la Justicia argentina. La futura entrada en vigor del acuerdo (Memorándum) con Irán de ninguna manera ponía en riesgo el status de las órdenes de captura. El único que podía alterar eso era el juez de la causa.” Con estas frases, en una entrevista concedida a la agencia Reuters, el juez Daniel Rafecas fundamentó el fallo por el que desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que fuera impulsada después por su par Gerardo Pollicita. Rafecas insistió con dos ejes. El primero es que el Memorándum nunca se hizo efectivo, por lo cual no pudo haber tenido la consecuencia de ayudar a los prófugos, lo que hubiera constituido el delito de encubrimiento. En segundo lugar, las capturas con alertas rojos no sólo no fueron levantadas, sino que el gobierno argentino insistió en que se mantengan vigentes. Incluso quedó claro por el reglamento de Interpol que sólo el juez Rodolfo Canicoba Corral podía decidir sobre ellas. En el texto conocido el jueves, el juez destacó la utilización por parte de Nisman de hechos que resultaron ser falsos y que se hubieran podido verificar con facilidad (ver página 4).

Rafecas dio el jueves una única entrevista destinada a explicar su resolución en el exterior. Para ello eligió a la agencia Reuters, con la que habló después de firmar el fallo.

“La evidencia presentada ante este juzgado es exactamente opuesta a lo que sostenía el fiscal Nisman. En estas circunstancias es imposible abrir una investigación penal”, redondeó el magistrado.

Para Rafecas, el delito de encubrimiento –ayudar a los sospechosos iraníes a eludir la Justicia– tenía dos puntos basales en la denuncia de Nisman-Pollicita:

Primera clave

El primero es que –según los fiscales– la firma del Memorándum y la constitución de una llamada Comisión de la Verdad iba a permitirles a los iraníes eludir la responsabilidad penal. Nisman sostenía que las conclusiones de esa Comisión ya estaban pactadas de antemano y que se le echaría la culpa del atentado contra la AMIA a un grupo de “fachos locales”.

En este terreno, Rafecas fue lapidario: el Memorándum nunca entró en vigor, la Comisión de la Verdad nunca se conformó, de manera que no podía tener ningún efecto legal que favoreciera a los prófugos iraníes. “¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso– a prófugos de la Justicia argentina?”, se pregunta el juez. Y concluye: “Para decirlo en términos llanos. La criatura concebida en el marco del Memorándum, esto es, la Comisión de la Verdad, nunca pudo nacer. Desde aquel entonces transcurrieron ya dos años. Y luego fue sepultada, seis meses atrás, a partir de haber sido declarada inconstitucional. Con este panorama, ensayar una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero. Tanto desde el punto de los hechos, como especialmente desde el Derecho”.

Segunda clave

El otro punto nodal es el de los alertas rojos. Ayer, Rafecas fue categórico ante Reuters: “El gobierno argentino agotó todas las instancias para lograr que la causa del atentado contra la AMIA avance en la Justicia argentina. La futura entrada en vigor del acuerdo de ninguna manera tenía que poner en riesgo el status de las órdenes de captura. El único que podía cambiar eso era el juez de la causa (Rodolfo Canicoba Corral). Esto fue refrendado por el propio Ronald Noble, que fuera el secretario general de Interpol en todos estos años. Lo hizo no una vez, sino tres, ante distintas consultas públicas (por la Cancillería argentina, por Página/12 y por The Wall Street Journal). Esto está confirmado por la documentación de las gestiones que hizo la Cancillería argentina antes, durante y después de la firma del acuerdo. Las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro. El gobierno argentino siempre fue firme y consistente en defender y sostener esas órdenes de captura y si hay algo que se prueba de la evidencia presentada ante este juzgado, es exactamente opuesto a lo que sostenía Nisman. En esas condiciones, lo que resolví es que no es posible bajo ninguna circunstancia abrir una investigación penal. Trabajé con una asombrosa y pasmosa tranquilidad. Nadie, ni de un lado ni de otro, se ha acercado para hacer sugerencias o lo que fuera. Trabajé absolutamente a conciencia y lo que firmé es lo que estoy convencido de que debe hacerse desde el punto de vista de la ley y del Derecho”.

En su fallo, Rafecas enumera un larguísimo listado de gestiones hechas por el gobierno argentino para que no se levantaran los alertas rojos, empezando por la primera notificación a Interpol, 15 días después de firmado el Memorándum, en la que se agregó una carta firmada por el canciller Héctor Timerman. En el texto se insiste dos veces en que la firma del acuerdo no cambia el status de las órdenes de captura, cuya alteración sólo podía ser decidida por el juez argentino Canicoba Corral. Después de aquella notificación, hubo varias gestiones sucesivas, todas en el mismo sentido. Pero Rafecas hace hincapié en un dato de máxima importancia: aun si el Gobierno hubiera querido, Interpol no podía levantar los alertas rojos, ya que el artículo 80 de su reglamento indica que requería de un pedido de Interpol Argentina basado en un escrito del juez interviniente.

Por ello, Rafecas afirma que no hay delito en un doble sentido. En primer lugar, porque las gestiones del gobierno argentino fueron muy claras insistiendo una y otra vez en que debían mantenerse los alertas rojos y, segundo, porque no estaba entre las facultades del Ejecutivo hacer que se levantaran las órdenes de captura. Ello era privativo del juez.

Investigación

El fallo de Rafecas siguió la línea y tuvo el respaldo de los juristas más prestigiosos del país. Ayer, Arslanian reiteró que “la resolución del juez es impecable” (ver página 5).

Desde algunos medios se insistió en preguntar por qué el magistrado no inició una investigación, no pidió la producción de algunas medidas de prueba como las que figuraban en el escrito de Pollicita, quien propuso que se averiguara en distintos momentos dónde estaba cada uno de los imputados, con quién hablaron y otras pruebas similares. También criticaron un supuesto apuro, cuando el juez tenía un plazo que se le vencía.

La explicación tácita del magistrado en su fallo es que no cambia nada saber si alguien habló o no con Timerman o con la Presidenta (no hay ningún tipo de escuchas ni con el canciller ni con la mandataria), o si hubo una reunión secreta con los iraníes, o los cruces de llamadas entre Luis D’Elía, Fernando Esteche, el falso espía Allan Bogado, el ex juez Héctor Yrimia o el dirigente de la comunidad chiíta Jorge Yussuf Khalil. Rafecas dice que incluso las escuchas telefónicas no agregan. Pero de todas formas ninguna prueba cambiaría las cosas, porque el juez afirma que hay inexistencia de delito. El Memorándum no entró nunca en vigencia, los alertas rojos nunca se levantaron y ni siquiera hubo una gestión para levantarlos. Por lo tanto no existió ayuda concreta a los iraníes sospechados para que eludan la Justicia argentina. Si no hay delito que probar, no hay pruebas para producir.

El fiscal Alberto Nisman (y también Gerardo Pollicita) tenía las pruebas que presentó, o sea: ninguna. La fantasía de que se había guardado algo en la manga y que lo hubiera presentado ese lunes en el Congreso, o que lo tenía bajo llave en una caja de seguridad, es hacer humo con humo y tratar de otorgarle calidad judiciable a una acusación puramente política. Y al mismo tiempo, pensar que hay pruebas escondidas es reconocer que lo que se presentó es inconsistente. La causa habría seguido el mismo camino al basurero con el fiscal vivo, porque no tenía con qué defenderla. Es absurdo que si hubiera tenido alguna prueba para respaldar lo que decía, no la hubiera presentado en el juzgado junto con la acusación o no la hubiera mencionado en la recorrida mediática que realizó antes de aparecer sin vida.

Si es que su muerte, hipotéticamente, fue un homicidio relacionado con esa causa, no fue por el supuesto peligro que representaba para el oficialismo, sino por todo lo contrario: la acusación era tan débil que solamente podía trascender con la muerte trágica del fiscal. Aun así, toda la evidencia física apunta a la hipótesis del suicidio. No hay ni remotamente una línea probatoria de homicidio o “magnicidio”, como mencionan a cara de piedra y sin ningún sustento algunos columnistas opositores.

No hay pruebas en la causa que presentó Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman por encubrimiento del ataque a la AMIA. Son disquisiciones basadas en prejuicios. Tampoco hay pruebas de que la muerte del fiscal haya sido un homicidio. Sin embargo, sectores de la oposición se empeñan en sostener sin pruebas estas dos afirmaciones tan graves bajo la forma de un silogismo cuya conclusión sería que la Presidenta mandó asesinar a Nisman para evitar que avanzara esa causa. Hacer esa acusación con pruebas implicaría una valentía que ninguno de esos acusadores ha demostrado en momentos verdaderamente peligrosos del país. Hacerlo sin pruebas, como lo hacen, es nada más que una canallada.

El fallo del juez Rafecas es muy detallista. Se quiere abrir un flanco para la sospecha por la rapidez con que salió, pero el análisis párrafo por párrafo del expediente que extractó Pollicita de la denuncia original de Nisman cierra esa línea de especulación. Cuanto más se profundiza en la denuncia, quedan más en evidencia las contradicciones, los errores y, en algunos casos, la mala fe del autor.

Las declaraciones del secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, fueron demoledoras: “Nisman miente”. El fiscal lo había llenado de elogios porque según su denuncia, sólo la firmeza de Noble había impedido que cayeran las alertas rojas contra los acusados iraníes como, según afirmaba falsamente el fiscal, había insistido el gobierno argentino. Fue lapidario: “Nisman miente”. En esa declaración del jefe de Interpol quedaba expuesta la mala fe de la denuncia. Pero también quedaba en evidencia el error de conocimiento judicial, porque aunque el Gobierno hubiera insistido, el único que habría podido cursar la orden habría sido el juez de la causa.

Hay disquisiciones que hace la denuncia sobre el supuesto contenido de reuniones de los cancilleres argentino e iraní, que sólo tienen origen en dos artículos periodísticos publicados en Perfil por el recientemente fallecido José Eliaschev. El periodista asegura que “vio” un “paper” informativo interno de la Cancillería iraní y da como único respaldo de veracidad su “larga trayectoria profesional”. No es un argumento muy profesional. Se tendría que haber corroborado esa información tan grave con otras fuentes. O exigir una copia del documento. Eliaschev no lo hizo y tampoco Nisman. Rafecas subraya esta falta grave de la denuncia. Cuando tomó testimonio al periodista, Nisman no le hizo una sola pregunta sobre el origen del documento, si se trataba de una copia o del original, si lo que publicó en sus artículos eran textuales copiados, o lo que el periodista recordaba de algo que había visto, qué seguridad tenía sobre la traducción del farsi al inglés. Ese interrogatorio inocuo y los artículos periodísticos que no tienen respaldo de veracidad figuran como una de las principales pruebas, aun cuando el documento nunca apareció ni fue corroborado por nadie y nadie más lo vio.

Es más, el sospechoso documento del que se habló y nunca se mostró, pero que fue asumido por Nisman como la gran prueba, decía que después de estos acuerdos entre los gobiernos, el ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi (uno de los acusados), podría viajar al exterior. Y según Eliaschev, el documento insistía en que el gobierno argentino incluso estaba dispuesto a interceder si a un tercero se le ocurría pedir su captura. En mayo de 2014, Vahidi quiso viajar a Corea y fue la Cancillería argentina la que advirtió a las autoridades coreanas que deberían detenerlo. Nisman no menciona este incidente real, que seguramente conocería, y eligió basarse en disquisiciones que no están documentadas y con vaticinios que ni siquiera se cumplieron. Y son más desconcertantes aún los dos documentos firmados por el mismo Nisman al mismo tiempo que preparaba esta denuncia. Son totalmente contradictorios con ella. Allí, Nisman reivindicaba la política del Gobierno desde 2004 en respaldo a la investigación del atentado a la AMIA.

Los medios opositores tienden a otorgarles impunidad a estas pifias ominosas y contradicciones llamativas en la denuncia de Nisman. Necesitan reivindicarla contra viento y marea para insistir con la historia de que fue asesinado para evitar que la Presidenta fuera investigada. Si la denuncia hubiera tenido un mínimo de consistencia, la reacción contra el fallo de Rafecas habría sido furiosa, habrían fusilado al juez en los medios. Pero la denuncia de Nisman es muy floja y el fallo de Rafecas, muy detallado y respaldado por juristas de muchos prestigio. A cualquier tribunal le va a resultar difícil desecharlo. Y si la denuncia es floja, nadie lo habría asesinado para evitar que fuera investigada, porque se caía sola.

Pero entonces la muerte de Nisman tiene otras connotaciones que resultan menos útiles a los medios opositores. Ya no pueden acusar a la Presidenta. Las agencias internacionales que jugaron con esta presunción de la manera más artera contribuyeron a ensuciar al país con una imagen de novela amarillista del macartismo. Pero para el macartismo del nuevo milenio, el peligro ya no es más el comunismo sino el populismo, que es la fórmula con que se estigmatiza a cualquier gobierno latinoamericano que resulte antipático a los países de estas agencias.

Como la idea de que Nisman fue asesinado para evitar la investigación de su denuncia es casi pueril y ya no tiene mucho asidero, las versiones que se escuchan son las de “un comando bolivariano-iraní” o la de un infiltrado iraní que durante años estuvo relacionado con Nisman, haciéndose pasar por un “arrepentido” cuyos dichos no figuran en ningún documento. Los refinamientos que se habrían requerido para hacer una operación de este tipo (estudiar al objetivo, llegar hasta él y asesinarlo sin dejar ningún rastro) son tan sofisticados que desde ya habría que descartar la lista anterior que, a lo sumo, podría realizar un atentado suicida. Y no se entiende la razón de arriesgarse tanto solamente para no dejar huellas.

Otra versión con mucha carga golpista trata de equiparar la situación actual con la de Isabelita en el clima pregolpe del ’76, con las decenas de asesinatos de la Triple A. Los voceros de esta versión, que también fue muy difundida por agencias internacionales y la CNN, afirman que en vez de Triple A y organizaciones armadas, el enfrentamiento es entre dos facciones de los servicios de Inteligencia. Es un enfrentamiento con un solo muerto, que es Nisman, al que suman la muerte del agente de la SIDE Lauchón Viale, por la Bonaerense. Aunque Nisman estaba muy relacionado con la SIDE, no parece sensato comparar la muerte de un fiscal con la de un delincuente que era agente de los servicios y sumarlas como si formaran parte del mismo paquete. Ninguna de todas esas versiones puede explicar, ni como fantasía, los mecanismos que deberían haber utilizado los asesinos.

Los medios opositores alimentan la carga antigobierno junto con los prejuicios conspirativos de un sector de la opinión pública y tratan de arrinconar la investigación para que rechace la hipótesis del suicidio. Hay presiones incluso para sacarle la investigación a la fiscal Viviana Fein y llevarla al fuero federal, para darle un peso más político. Sin embargo, todas las evidencias apuntan a la hipótesis del suicidio, un hecho que, por lo general, resulta difícil de aceptar para las personas más próximas, pero que la realidad demuestra que sucede. León Arslanian advirtió que si estas presiones sobre la investigación generan que un suicidio sea investigado como un homicidio, nunca se sabrá la verdad. Y es lo que algunos están buscando.