El Gobierno dispuso ayer una amplia apertura de los archivos relacionados con la causa AMIA, lo que incluye grabaciones, desgrabaciones, informes de agentes de la SIDE en estaciones del exterior y de todo el país, cables de las embajadas argentinas en el exterior y todo otro material de Inteligencia relacionado con el atentado contra la mutual judía. La desclasificación fue pedida por los nuevos integrantes de la Unidad AMIA, es decir quienes suceden al fiscal Alberto Nisman: se trata de Roberto Salum, Sabrina Namer y Patricio Sabadini. Los fiscales adelantaron que el material estará a disposición de las partes: los familiares de las víctimas, la AMIA y la DAIA. La apertura plantea expectativas porque permitirá una revisión de todo lo que hay en la ex SIDE con una búsqueda que se le reclamó a Nisman y éste –según señaló el juez Rodolfo Canicoba Corral– no abordó: la pista siria, la conexión local y otras hipótesis respecto del atentado diferentes a la pista iraní, la única en la que Nisman se centró. Una investigación sobre el atentado no consiste hoy en realizar escuchas telefónicas porque nadie habla sobre cómo se ejecutó el ataque 20 años más tarde. Una nueva investigación sobre el atentado pasa por un análisis detallado de informes, cables, escuchas y archivos que en su momento tal vez se dejaron de lado.

Según una evaluación realizada ayer, se calcula que el material desclasificado abarca unos diez depósitos de veinte metros de lado por diez metros de fondo, con cajas en estantes desde el piso hasta el techo. Allí se podrán encontrar miles y miles de casetes, porque fueron grabaciones hechas al principio de la investigación, en 1994 y los años sucesivos; toneladas de informes de agentes y cables de embajadas sobre el caso AMIA; y más recientemente grabaciones y desgrabaciones hechas en soportes más modernos, como los CD. Para dar un ejemplo, las escuchas al argentino, líder de la comunidad chiíta en el país, Jorge Yussuf Khalil, abarcan 5000 horas de grabación. Se empezaron en 2007 y continuaron hasta ahora, de manera que esa envergadura de material –de una sola persona investigada– da una idea del volumen que se va a desclasificar y que habrá que revisar.

La primera desclasificación se realizó, por decretos de Néstor Kirchner, en 2003. Fueron los decretos número 785, 786 y 787 de aquel año y permitió una revisión de archivos en la que participaron el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa; familiares de Memoria Activa, el padre de una víctima del atentado contra la Embajada de Israel, Carlos Susevich, y muy pocas personas más. Ese grupo entró a la SIDE e hizo la revisación, trasladándose medio año después todo el material en custodia a la flamante Unidad Fiscal AMIA, que luego quedó a cargo de Alberto Nisman. Es decir, que aquella desclasificación terminó en manos del fiscal recientemente fallecido.