Pasó el “Día D” y la movilización convocada por un grupo de fiscales a un mes de la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman.

 

El número de participantes estuvo en el centro de la primera polémica. La policía Metropolitana, una fuerza que responde al Gobierno de la Ciudad y a Mauricio Macri dio a conocer tempranamente su estimación con una cifra: 220 mil personas. Inmediatamente vino la respuesta de la Policía Federal, que responde al Gobierno Nacional y sentenció que no superaban los 50 mil participantes. En medio, los fantásticos números de La Nación o Clarín: 300 mil o 400 mil y si se los apuraba, había un millón de amigos.

 

La realidad es que pese a la lluvia persistente que caía sobre Buenos Aires, la movilización fue masiva. La presencia de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex  - esposa de Nisman, junto a sus hijas, pretendió aportarle un simbolismo particular con el protagonismo de una tragedia familiar en el marco de una movilización política.

 

Sin embargo, la llamada “marcha de los fiscales” no logró convocar a sectores más amplios de los que tradicionalmente se movilizaron contra el Gobierno en otras oportunidades: los cacerolazos más intensos, o más lejos en el tiempo, las marchas organizadas por Juan Carlos Blumberg en 2004. El 18F fue menor o en el mejor de los casos y haciendo mucha fuerza, de la misma magnitud.

 

Las clases medias y medias altas de derecha pusieron su impronta. Desde los movileros que transmitían en directo hasta algunos de los participantes a los que se les concedió el micrófono, destacaron y lamentaron la escasa presencia de jóvenes.

 

La muerte violenta del fiscal Nisman generó una conmoción nacional y abrió una crisis política, potenciada por la causa en la que intervenía: investigaba los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel que tienen una historia de impunidad de más de dos décadas.

 

Pero el hecho desató una “guerra de desgaste” entre el Gobierno y la corporación judicial aliada a una fracción de los “servicios”, con el apoyo de los medios opositores. En la misma emergió a la escena pública la podredumbre y descomposición que ensucia a todas las fracciones en pugna y a las distintas instituciones del Estado.

 

El grupo de fiscales -protagonistas centrales de la convocatoria-, son parte integrante de una casta judicial desprestigiada por su probada complicidad con los distintos gobiernos de turno y los poderes reales, así como con la impunidad en la causa AMIA. Salieron a la luz sus relaciones carnales con el aparato de los servicios de inteligencia, incluidos sus negocios turbios. El aparato comunicacional del gobierno se encargó de ventilar la trayectoria de los fiscales y jueces, sin importarle que en el mismo acto confesaban el fracaso de la encendida “lucha contra las corporaciones”.

 

Una “marcha de los fiscales” con tremendo prontuario y motorizada por un interés faccional y corporativo, ubicados en el centro de una oscura interna de servicios de inteligencia (nacionales e internacionales), era difícil que lograra ampliar su “hegemonía” para arrastrar  a la calle a sectores más amplios de los que tradicionalmente adversan al Gobierno.

 

La casi totalidad de los dirigentes de la oposición política burguesa que sumaron su oportunismo a la convocatoria, no lograron potenciarla. Por el contrario, la “politización” en el sentido electoralista que le imprimió su adhesión, restó más de lo que pensaban sumar. Es un dato a destacar la escasa convocatoria para ampliar la movilización callejera que tiene la oposición tradicional, ya que estuvieron todos los principales candidatos a presidente.

 

 

El “golpe blando”, que luego pasó a ser el “golpe suave”, demostró ser solo una fábula del relato del Gobierno. Pretendió otorgarle una entidad mayor  a la marcha que en el balance le permitiera potenciar el nivel de su “capacidad de resistencia”.

 

Dentro de esa estrategia se enmarcó la “polarización” que apuntaló Cristina Fernández en los últimos días. Realizó una seguidilla de cadenas nacionales en el fin de semana largo. La última, transmitida a horas de la concentración, tuvo un discurso encendido apuntando a la movilización y en defensa de los “logros” de su Gobierno, presuntamente en riesgo ante una “ofensiva golpista”.

 

Lo concreto es que fue una movilización política, montada sobre la muerte dudosa de Nisman y que tuvo el objetivo preciso de debilitar políticamente a la coalición de Gobierno en general y al kirchnerismo en particular. Algún comentarista chicaneó en Twitter: “al intento de debilitar al adversario para lograr que pierda en las elecciones, ahora le dicen ‘golpe blando’”. Y afirmaba que esa práctica se llamaba simplemente… “política”. Si se tiene en cuenta que en la naturaleza de la política burguesa están inscritos los medios correspondientes a sus fines, la afirmación no deja de ser relativamente cierta. Encubridores seriales y responsables de muchas muertes cargadas sobre sus espaldas, como son los representantes de la oposición tradicional, hacen “política” montados sobre una nueva muerte dudosa que conmovió al país.

 

El aspecto de verdad de esta lectura es que lejos se estaba de enfrentar un “golpe”.  El objetivo del conjunto de la oposición y la fracción de la casta judicial convocante era debilitar electoralmente al Gobierno y especialmente al kirchnerismo, hacia el recambio presidencial de este año y allanar el camino a candidatos afines. La casta judicial, además, quiso marcar el terreno para sostener intactos sus privilegios y su poder, frente al cuestionamiento y la inmundicia que surgió con la crisis Nisman y que afectó a la autoridad estatal, incluida la de la justicia.

 

El grueso del peronismo, el partido del orden por excelencia y por lo tanto también del “desorden” si se lo propone, el conjunto de las clases dominantes y la Iglesia, bajo las órdenes nada más y nada menos que del Papa, apuestan a una transición lo más ordenada posible.

 

Los discursos políticos dominantes tomaron estos días características ficcionales. Representantes impresentables de funcionarios judiciales privilegiados y una oposición oportunista que salen a defender sus intereses particulares en nombre de la idea universal de la República y la Democracia.

 

Del otro lado, un Gobierno que, producto del agotamiento del llamado "modelo", viene entregando los recursos estratégicos (Chevron), haciendo acuerdos muy favorables a capitales chinos para obtener dólares de urgencia y está en búsqueda desesperada de nueva deuda para volver a hipotecar al país. Que defiende como una gran conquista la asistencia estatal hacia aquellos a los que mantiene desde hace una década en la precariedad laboral y en el trabajo en negro y que es un aliado firme de las multinacionales, especialmente las automotrices y autopartistas (Lear). Y todo eso hecho en nombre de una épica de la Soberanía y de la Patria, puestas al cuidado de un General del Ejército, sospechado de cómplice del genocidio.

 

En el balance, el Gobierno intentará instalar su “éxito” porque lograron enfrentar un “golpe” (blando, suave, casi imperceptible) que solo estaba en su imaginación. O porque la movilización fue menor de lo esperado, olvidando que la capacidad de movilización propia se redujo en los últimos tiempos, a lo sumo, a tres patios de la Rosada, con no pocos jóvenes empleados estatales.

 

Los “fiscales” y la oposición intentarán imponer su “éxito” porque se “vistieron de pueblo”, rodeados de una clase media de derecha, que desde hace tiempo es rabiosamente opositora.

 

Paso el “Día D” y más allá de los “festejos” de pequeña política, la realidad por fuera de estas ficciones, es que queda un gobierno que suma desprestigio y lee mal la situación si piensa que los que no fueron a la movilización, creen en el conjunto su relato de fin de ciclo y no piensan que tenga responsabilidades en la crisis en curso. Se encuentra ante una economía en recesión y sus disminuidas posibilidades electorales de competir solo se dan de la mano del candidato que más se parece a los de la oposición (Scioli). El buscado triunfo en primera vuelta está más puesto en cuestión que nunca (en segunda, es una derrota asegurada). Del otro lado, una oposición que confirmó su dispersión y su incapacidad de amplificar la convocatoria, aunque Macri y Massa calculen el tamaño de su esperanza, en términos de pequeñas ventajas electorales. En el medio, una causa por una muerte cada día más dudosa, con nuevos testigos plantados o no, que ensucian más la investigación turbia desde su génesis, presa de una interna de “servicios” descompuestos y con la Presidenta imputada por presunto encubrimiento.

 

En el trasfondo, una causa mayor, la de la AMIA, que mantiene intacta su larga historia de impunidad. Entre todos aportan a la destrucción acelerada de la autoridad estatal, mientras en los sótanos de la democracia y del Estado sigue abierta una impredecible guerra de espías. Excepto que se intente ponerle punto final con algunos cambios menores, parte de lo cual sea la ¿acordada? declaración de ayer del famoso “Jaime” Stiuso.

Ni la “marcha de los fiscales”, ni el Gobierno, dieron una salida progresiva a esta situación (y no pueden darla). Por eso la izquierda no participó de esta interna de cómplices y encubridores, que tuvo un nuevo episodio callejero en una Buenos Aires pasada por agua.