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Militantes, vecinos y legisladores evitaron un desalojo pautado para hoy en una casona ubicada en el barrio porteño de Boedo, en la que viven 37 familias hace 25 años.
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Informe: Hernán Mundo
Los habitantes del inmueble situado en la avenida Pavón al 4100 permanecían esta mañana en su interior, mientras que en la calle más de 100 personas acompañan su reclamo, entre ellos los legisladores Pablo Ferreyra, Lorena Pokoik, José Cruz Campagnoli y Paula Penacca.
“De acá no nos vamos a ir. Somos 37 familias que llegamos acá con el boca a boca. Yo vivía con mi madre y seis hermanos y pagábamos un alquiler hasta que no pudimos pagarlo más y llegamos a este lugar hace 25 años”, dijo hoy a Télam Luis Roldán, delegado de las familias, desde el interior de la casona.
Explicó que desde 1984 acudió en varias oportunidades al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) pero jamás tuvo una respuesta.
El dirigente manifestó que los vecinos reclaman “que alguien se haga cargo de las 37 familias y 70 chicos que pueden quedar en la calle” y ratificó que el gobierno porteño lo único que les ofreció fue “un subsidio de 1.800 pesos”, pero “con esa plata nadie vive en ningún lado”.
“Acá nos quedaremos resistiendo porque no tenemos donde ir”, manifestó.
Por su parte, la legisladora Pokoik indicó hoy a esta agencia que “son horas de mucha incertidumbre, de angustia y desesperación porque estas familias no tienen otra opción o alternativas habitacionales”.
“Estamos con mucha expectativa de que el juez tire para atrás el desalojo y tome nuestra propuesta, que es la de construir una mesa de diálogo que ayude a generar las condiciones necesarias para que estas familias se puedan ir a una vivienda y no a la calle”, añadió.
La legisladora precisó que mantienen “múltiples diálogos” con el juzgado y distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad “para ver si podemos tener una pequeña buena noticia y ganar un plazo que permita que todas las partes se sienten en una mesa de diálogo”.
En ese sentido pidió a las autoridades porteñas que “se comprometan a hacer el mayor de los esfuerzos para que estas familias se puedan ir de esta propiedad de forma pacífica y con un techo garantizado”.
Los legisladores y más de 100 vecinos participaron durante la noche de una vigilia para acompañar el reclamo de los habitantes del inmueble y evitar que la Policía Metropolitana lleve adelante el desalojo.
Su reclamo sumó el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 46 para incorporarse en calidad de “Amicus Curiae” (amigo del Tribunal) a la causa.
Roldán explicó que la casona en cuestión fue ocupada por más de 100 personas sin techo después de permanecer algún tiempo vacía tras el cierre de un colegio de la colectividad judía que funcionaba allí.
Y si bien hasta el 2001 no recibieron reclamos de los propietarios del lugar, ese año los nuevos dueños iniciaron una causa por desalojo que ya produjo distintas órdenes de desocupación que fueron oportunamente frenadas por recursos de amparos.
La orden de desalojo fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°46 a cargo del juez subrogante Fernando Pablo Christello, a partir de la causa iniciada por Pavón Plaza, la empresa propietaria.