El representante interino de EE.UU. ante la OEA,
Michael J. Fitzpatrick, contestó las acusaciones de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.
El Gobierno negó el jueves que planee una “invasión militar” en Venezuela y defendió su derecho “soberano” a imponer sanciones a ese país, al tiempo que instó a la OEA a “pronunciarse” ante las “violaciones” de derechos humanos en la nación sudamericana.
“Mi Gobierno quiere dejar claro aquí: no estamos preparando una invasión militar. No buscamos desestabilizar o derrocar al Gobierno venezolano con un golpe de Estado . No hay un componente extraterritorial de las sanciones, son legislación doméstica”, dijo el representante interino de EEUU ante la OEA, Michael Fitzpatrick.
Fitzpatrick habló así después de que la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, alertara de que EEUU planea una “intervención militar” contra su país, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El funcionario estadounidense defendió la declaración de “emergencia nacional” emitida la semana pasada por el presidente estadounidense, Barack Obama, que alertaba de la “amenaza” de la situación en Venezuela a la seguridad nacional de EEUU e imponía sanciones a siete funcionarios venezolanos.
Esa declaración, afirmó Fitzpatrick el jueves, concede al mandatario estadounidense la base legal para imponer sanciones a individuos o entidades y su emisión era un requisito de una ley con sanciones a Venezuela aprobada en diciembre pasado por el Congreso de EEUU.
No obstante, aseguró que el alcance de esa ley es solo nacional y, con ella, Obama “ejerce un derecho soberano para proporcionar prerrogativas sobre el sistema de inmigración y el sistema financiero estadounidense”, y subrayó que EEUU ha usado esa declaración “docenas de veces” respecto a otros países.
“Solo queremos evitar que algunos individuos venezolanos que creemos que han cometido un abuso de los derechos humanos de otros venezolanos puedan viajar a EEUU o colocar su dinero en nuestro sistema financiero. Es así de sencillo”, afirmó el funcionario.
Fizpatrick reconoció que muchos “piensan que no es recomendable hablar en público sobre el estado de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el debido proceso en Venezuela”.
“Algunos dicen que esto solo aumenta la polarización en ese país y hace que sea más difícil que haya un diálogo democrático” a nivel interno, indicó.
“Aunque respetamos el derecho a tener esas opiniones, debemos preguntar: si nosotros en la OEA, una institución basada en principios democráticos, no nos pronunciamos ahora, ¿cuándo lo haremos?”, cuestionó.
“No debemos dar la espalda a los derechos articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana”, apuntó.
Fitzpatrick condenó “los arrestos de líderes opositores por cargos políticos”, las “crecientes restricciones de la sociedad civil”, el “desprecio a las libertades de expresión, asociación” y la “falta de independencia judicial” en Venezuela.
“Mi Gobierno no cree que hablar en defensa de los derechos humanos equivalga a una interferencia en los asuntos soberanos de otro Estado”, afirmó el funcionario, acompañado en la sesión por el subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Alex Lee.
El representante de Estados Unidos ante la OEA rechazó las acusaciones venezolanas de que se está preparando una invasión a Venezuela y recordó que no es EE.UU. quien ha creado la crisis que se vive en aquel país.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó un momento antes a Estados Unidos de estar preparando una intervención militar y querer apropiarse de sus reservas de petróleo.
Rodríguez habló durante una sesión especial en la Organización de los Estados Americanos, dedicada a escuchar las posiciones sobre la orden ejecutiva del presidente Barack Obama contra siete funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos.
“Nosotros sabemos, porque lo dice la historia, que este tipo de sanciones preceden y coinciden con intervenciones militares”, advirtió Rodríguez, poniendo el ejemplo de lo que sucedió con el embargo a Cuba “y que ahora el mismo presidente Barack Obama ha considerado como un error”.
La canciller venezolana rechazó que las sanciones estén limitadas a siete individuos. “No se trata de siete funcionarios, es muy amplia la potestad de la orden para imponer sanciones sin importar a quien y pretenden apropiarse de los mayores depósitos de petróleo del mundo”, aseguró.
Se quejó además de que la declaración de “amenaza nacional” con la que se ha calificado a Venezuela es desproporcionada.
El representante interino de EE.UU., Michael J. Fitzpatrick, contestó que la orden del presidente ha sido sacada de contexto y que la declaración de amenaza es solo un requerimiento legal para imponer sanciones.
“No estamos preparando una invasión a Venezuela. No estamos preparando un golpe de estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. No estamos minando la economía. No estamos atentando contra la soberanía nacional de Venezuela”, dijo.
“Lo que quiere Estados Unidos es que el gobierno de Venezuela respete a los venezolanos. Que Venezuela hable con los venezolanos”, dijo el diplomático.
Fitzpatrick remarcó que la orden ejecutiva del presidente “sí deja claro que hay una erosión de los derechos humanos en Venezuela y lo único que dice es que aquellos violen los derechos humanos no son bienvenidos en Estados Unidos ni pueden utilizar su sistema financiero”.
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