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General: Cronología de la Ley de Medios de Argentina
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| من: Ruben1919 (الرسالة الأصلية) |
مبعوث: 12/11/2013 10:46 |
Cronología de la Ley de Medios de Argentina
Luego de cuatro años de disputa judicial entre el Gobierno de Argentina y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de cuatro artículos cuestionados por el medio.
Esta normativa, mejor conocida como la Ley de Medios, fue aprobada y promulgada en diciembre de 2009, pero obstruida su total aplicación por resoluciones judiciales favorables a Clarín.
La ley estipula el dominio de las empresas sobre los medios para evitar la monopolización de estos, como lo ejerce el grupo del magnate Héctor Magneto.
2009
El 1 de marzo de 2009, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, había anunciado a la Asamblea Legislativa el envío al Congreso de un proyecto para sustituir el Decreto/Ley 22.285 de Radiodifusión, creada por la dictadura militar en 1980.
Seguidamente el 18 de ese mes, la mandataria argentina presentó el texto del Poder Ejecutivo e inició el debate ciudadano que tendría lugar en los Foros Participativos de Consulta Pública que se desarrollaron en todo el país.
El anteproyecto comenzó a ser debatido el 6 de abril de ese año en 24 foros y más de 80 charlas de discusión a lo largo del territorio argentino, en los que se realizaron más de mil 200 aportes.
El 27 de agosto de 2009, Cristina Fernández anuncia el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa fecha se celebraba el Día de la Radiodifusión.
Posteriormente, la Cámara de Diputados inició el 31 de agosto el tratamiento de la iniciativa para luego el 8 de septiembre comenzar las audiencias orales y publicar para debatir la Ley.
En esas audiencias participaron organizaciones sociales, empresas de medios, cámaras patronales, sindicatos y demás actores involucrados.
El 17 de septiembre de ese año, los diputados dan media sanción al Proyecto de Ley del Ejecutivo. La norma obtuvo 146 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones y el resto de los legisladores abandonó el recinto.
La Cámara Alta inició el 4 de septiembre el debate del proyecto, que ya contaba con media sanción de diputados, y el 10 de octubre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se convierte en Ley.
La norma fue aprobada por 44 votos a favor y 24 en contra.
Tras esta aprobación, el Grupo Clarín acudió el 26 de octubre a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de Ley.
El 15 de diciembre, el juez Edmundo Carbone dicta una medida cautelar a favor de Clarín, en la que dejó sin efecto la aplicación de los artículos 41 y 161, y dejó en suspenso la obligación de desprenderse de algunas licencias para adecuarse a la norma, que debía realizarse a un año de su promulgación.
2010
El 14 mayo de 2010 tras la apelación del Gobierno de Cristina Fernández al fallo del juez Carbone, la Cámara Civil y Comercial Federal mantuvo vigente la medida cautelar para el artículo 161 de la ley de Medios, y revocó la suspensión del artículo 41 que había dispuesto el magistrado.
El Estado interpuso el 5 de octubre un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue desestimado por falta de sentencia definitiva.
2011
La Cámara de Apelaciones impone el 12 de mayo un plazo de tres años para la vigencia de la cautelar presentada por Clarín. Allí se estableció que el vencimiento de la medida cautelar sería el 17 de diciembre de 2013.
Esto motivó un recurso extraordinario por parte del Estado ante la Corte solicitando la revocación de la cautelar.
El 19 de diciembre el procurador general de la Nación, Esteban Righi, emitió su dictamen en el que se pronunció por la revocación de la medida cautelar. Ante la excesiva extensión que tomó la vigencia de la medida, la Corte Suprema decidió poner el 7 de diciembre de ese mismo año como límite a la cautelar presentada por el multimedio, aunque admitió que la misma podía prorrogarse.
2012
El 14 de noviembre de 2012 el Congreso de Argentina sanciona el "per saltum", mecanismo que permite elevar determinadas causas conflictivas y/o consideradas como de "gravedad institucional" directamente a la Corte para su resolución.
La Corte instó el 27 de ese mismo mes al juez de primera instancia Horacio Alfonso para que resolviera en lo "inmediato" la cuestión de fondo por el planteo del Grupo Clarín sobre la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de Medios.
Clarín volvió a pedir el 29 de noviembre una medida cautelar cuando se acercaba el 7 de diciembre, pero la Corte declaró "inadmisible" esa solicitud.
Un día antes del fin de la cautelar, los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal extendieron el recurso que beneficiaba a Clarín "hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa".
El 10 de diciembre, el Estado pidió a la Corte Suprema el "per saltum", que fue rechazado por "improcedente" al no haber sido interpuesto por un juez de primera instancia.
El juez federal a cargo del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declaró el 14 de diciembre constitucionales los artículos de la Ley que habían sido cuestionados por el Grupo Clarín, resolviendo así sobre la llamada "cuestión de fondo" y dejando sin efecto todas las medidas cautelares anteriores.
Tras esta decisión, el 17 de diciembre Clarín apeló el fallo del juez Alfonso y la causa llegó a la Cámara, que repuso la medida cautelar.
La Corte mantuvo la vigencia de la medida cautelar hasta el dictado de una sentencia definitiva y exhortó el 27 de diciembre a la Cámara para que "se expida dentro de la mayor brevedad posible".
2013
El 17 de abril la Cámara Civil y Comercial revocó el fallo de fondo del juez Alfonso y declaró la inconstitucionalidad de parte del artículo 45 y todo el artículo 48 de la Ley, sobre la multiplicidad de licencias.
La Corte gira el 2 de julio la causa para que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opine sobre la declaración de inconstitucionalidad parcial decretada por la Cámara Civil y Comercial Federal.
La Procuradora se pronunció el 12 de julio a favor de la constitucionalidad de la Ley y aconsejó a la Corte que revoque el fallo de la Cámara Civil y Comercial (artículos 45 y 161) por "evidenciar graves defectos de fundamentación y razonamiento que impiden considerarla como acto jurisdiccional válido".
El 14 de agosto, antes de emitir un fallo que avale o declare inconstitucional los artículos que todavía permanecen suspendidos, la Corte convocó a audiencias públicas para el 28 y 29 de agosto, para profundizar el análisis de la ley.
En esas fechas, la Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia pública en la que escuchó los argumentos de las partes tanto del Estado como los del Grupo Clarín.
Los puntos cuestionados por el Grupo Clarín eran el artículo 41, que establece que las licencias son intransferibles; dos apartados del número 45, que fijan un límite a la cantidad de licencias concentradas; el 48, que descarta la figura de un "derecho adquirido" por parte de las empresas que tienen más licencias de las permitidas y el 161, que da un año de plazo para que aquellos que tengan que adecuarse a la ley.
La Ley establece la regulación sobre el sistema de medios y radiodifusión y tiene un espíritu fuertemente antimonopólico que no fue posible aplicar hasta el momento por los recursos presentados por Clarín que la Justicia permitió.
Para conocer más detalles sobre este tema visite nuestro Storify: Corte Suprema de Argentina declaró constitucional la ley de Medios
teleSUR-infobae.com/kg-MT
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El "relato" del Grupo Clarín sobre su conflicto con el Estado se derrumba como un castillo de naipes. De supuesto abanderado de la libertad de expresión, el Grupo pasó ya a ser un mero defensor de sus propios intereses económicos.
Como apéndice de nuestra anterior nota "Clarín mintió", dijo el Grupo Clarín, este humilde servidor público acerca hoy parte de la excelente nota de Horacio Verbitsky del pasado domingo, relacionada con el tema. Repasemos unos tramos:
Paisaje después de la batalla.
La historia desconocida del plan de adecuación al que se resignó Clarín por temor a la tasación.
La adecuación voluntaria a los topes e incompatibilidades de la ley audiovisual 26.522, ofrecida el lunes 4 por el Grupo Clarín, copia la que entregó en diciembre pasado el accionista minoritario de Cablevisión, Fintech Advisory Inc, un fondo de inversión del estado franco de Delaware, en los Estados Unidos, registrado como sociedad extranjera ante la Inspección General de Justicia. Su representante es el mexicano que reside entre Londres y Nueva York, David Martínez. Esta semana se supo que Fintech también tiene una opción de compra por la parte del paquete accionario de Telecom que la matriz italiana decidió poner en venta para conjurar su déficit y que, sumado a las acciones que ya tiene, le daría el control de la empresa en la Argentina.
El 7 de diciembre, el directorio de la Autoridad aprobó esa respuesta y la envió a Fintech. La grilla fue tema de discusión entre los accionistas. Martínez quiso saber “qué es esa palapala”. Cuando le explicaron que se trataba de la señal infantil Paka-Paka, dijo que le resultaba incomprensible que el Grupo Clarín no accediera a incluirla. Para no ser agresivo explicó que desde su piso frente al Central Park es difícil apreciar esas cuestiones de detalle y sugirió que no justificaban el daño que la compañía estaba sufriendo y el que podría correr en el futuro. “Es que sería una derrota política”, le respondió el contador Héctor Horacio Magnetto. El Grupo Clarín desautorizó la presentación de Martínez en un comunicado. Ya en enero y sin formalidades, Martínez detalló en un non paper los alcances de su propuesta. Dijo que Cablevisión se escindiría y formaría tres sociedades independientes, a las que en forma provisoria identificó como Cablevisión Continuadora, Escindida 1 y Escindida 2. Agregó que el Grupo Clarín sólo conservaría el 60 por ciento de la Escindida 1, que cuenta con 24 licencias en zonas que no se superponen con los servicios de televisión abierta de Artear. Cablevisión Continuadora alcanzaría a 2,8 millones de abonados con sus 24 licencias. Fintech mantendría su 40 por ciento actual y como inversor mayoritario ingresaría el fondo de inversión estadounidense Fontinalis Partners, cuyo principal accionista, Ralph Booth, adquirió hace un año el 9 por ciento del capital del Grupo Clarín que antes perteneció al banco de inversión Goldman Sachs. La Escindida 1, con un 60 por ciento del Grupo Clarín y el resto de otro comprador no identificado, también tendría 24 licencias, pero con un alcance muy inferior, de 424.000 abonados. La Escindida 2, con veinte licencias cubriría 180.000 abonados y pertenecería a varios inversores asociados.
Además planteó diez temas a resolver en la homologación judicial del posible acuerdo:
1. Fusión entre Cablevisión y Multicanal. Que todos los organismos regulatorios convaliden las resoluciones previas del COMFER, la Comisión Nacional de la Competencia, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía. La AFSCA dijo No, ya que la fusión no incide en el cálculo de licencias admitidas por la ley.
2. Precio. Derogación de las resoluciones que fijaron en 109 pesos mensuales el precio máximo del abono, eliminación de las diversas multas aplicadas por Comercio Interior y Lealtad Comercial y archivo de la investigación por colusión iniciada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. No.
3. Telecomunicaciones. Restitución de la licencia de Fibertel para Internet y de las autorizaciones para prestar el servicio universal, con otorgamiento de numeración de telefonía e interconexión con las telefónicas. No, porque eso no concierne a la AFSCA.
4. Grilla. No incrementar el número de señales obligatorias. No.
5. Licencias. Propuso desistir de 77 licencias y pidió que se aceptaran los criterios de fusión y extensión de licencias de Cablevisión. No, dado que Cablevisión posee 237 licencias, muy por encima de lo autorizado.
6. Cuota de mercado. Que el cálculo del 35 por ciento para servicios de televisión por suscripción se hiciera sobre 10 millones de abonados, y no sobre la base actual de 8,8 millones. Eso incrementaría la porción permitida de 2,8 a 3,5 millones de abonados. No.
7. Aspectos técnicos. Aprobar el uso de un cabezal para varias licencias y retransmitir desde hubs; aprobar la norma NTSC. Reconocer el criterio de red única para prestar todos los servicios, desde televisión e Internet, hasta telefonía y valor agregado. Autorizar en todo el país la transmisión de video y datos en el actual espectro 2.5 de microondas (MMDS). No.
8. Importaciones. Liberación de Declaraciones Juradas de Autorización de importaciones para bienes de uso y de capital y mejoras arancelarias como incentivo a la inversión. No.
9. Impuestos. Excepción impositiva para las operaciones de compraventa y la reorganización societaria necesarias para la adecuación. Se aplicaría el mismo criterio que a los demás.
10. Varios. Desestimar y archivar unos setenta sumarios por faltas y renovar como si fueran nuevas todas las licencias, con independencia de su fecha de vencimiento. La respuesta fue que se analizaría caso por caso.
En febrero hubo un segundo non-paper de Fintech, en el que se hizo evidente que no había trabajado sólo Martínez sino también el Grupo Clarín, donde arreciaban las discusiones internas por la intransigencia de su CEO. Solicitó que a las empresas continuadoras de Cablevisión se les reconocieran licencias de telecomunicaciones, algo que no depende de la AFSCA. Otro pedido fue que la señal propia de cable que conservara el Grupo fuera eximida de la obligación de conectar con la cadena nacional. Además insistió con el reconocimiento de las dos prestadoras de servicios de Internet del Grupo Clarín, Prima y Fibertel, pero la Autoridad Federal insistió en que sólo discutiría acerca de la aplicación de la ley audiovisual. Otra pretensión fue que las tres sucesoras de Cablevisión pudieran ofrecer también servicios de Internet, algo que está en discusión en la Secretaría de Comunicaciones. Una precondición de la AFSCA es el desistimiento de todas las acciones judiciales y el cumplimiento de la grilla.
Pánico a la tasación.
El fallo de la Corte Suprema del martes 29 de octubre dio por vencidos todos los plazos. Para algunos analistas del mercado, la premura con que reaccionó el Grupo Clarín respondió al temor por la adecuación de oficio que Sabbatella inició la mañana del jueves 31 y a su reunión por la tarde con el titular del Tribunal de Tasaciones de la Nación, ingeniero Daniel Martín, y con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, para acelerar la tasación de los bienes del Grupo. Si el fallo necrosó en pocas horas un tercio de la capitalización bursátil de Clarín, la tasación podría haberle asestado un golpe letal, cuando se abriera el capítulo de deudas y contingencias, que los conocedores entienden mucho más alto que lo declarado.
A las siete de la tarde del viernes 1 de noviembre, en vez de iniciar el fin de semana en sus propiedades de descanso los miembros del directorio se congregaron en la sede de la calle Piedras encabezados por el contador Magnetto.
(...) Luego de esta lastimera introducción, le cedió la palabra al director financiero del grupo, Alejandro Urricelqui, quien presentó el plan de adecuación preparado por un grupo ad hoc.
Luego de un cuarto intermedio la discusión continuó el domingo 3 a las seis de la tarde. Por unanimidad se decidió dividir el grupo en seis unidades de comunicación audiovisual sin vinculación societaria entre ellos, siguiendo el esquema de Fintech, y que el Grupo fuera titular en forma directa o indirecta de sólo una de esas unidades.
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Queda así demostrado que la posición del Grupo Clarín dista mucho de ser una posición principista relacionada con la libertad de expresión (si fuese necesario demostrarlo a esta altura del partido), y que la estrategia de Magnetto y compañía parece caerse a pedazos y tras ello lo esgrimido por el coro de políticos adoradores del poder mediático del Grupo.
Vale aclarar finalmente que, como decíamos en la nota anterior, "al adecuarse a los requerimientos de la Ley ningún canal o emisora del Grupo va a desaparecer sino que va a cambiar de dueño. Y no sólo eso sino que como los nuevos seis grandes grupos de medios (miniclarines) pasarán a pertenecer a actuales miembros del Grupo Clarín, sus líneas editoriales seguirán siendo las mismas: seguirán siendo opositores al gobierno nacional y sus periodistas seguirán siendo los mismos... si sus dueños (y no el gobierno) así lo disponen. Por lo tanto, esto demuestra que la Ley no afecta la libertad de expresión y que Clarín mintió siempre en relación a esta ley de medios".Este humilde Basurero se atreve a afirmar, además, que también lo seguirá haciendo... y no sólo en ese tema. |
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 Cuando todo parecía termnar en una colisión del Grupo con la legalidad y la Justicia, Clarín sorprendió a muchos y se avino a respetar la Ley y presentó un plan de adecuación a la Ley de Medios Audiovisuales, sumándose al presentado el año pasado por su socio minoritario en Cablevisión.Veamos primero lo que se dijo sobre el tema:
Dijo La Nación:
Sorpresa. Clarín propuso dividir los medios de su grupo en seis empresas.
(...) el Grupo Clarín presentó ayer un plan de adecuación voluntaria a la ley de medios audiovisuales.
En un sorpresivo cambio de estrategia, lo hizo en los mismos términos que había sugerido el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella,.
(...) el Grupo Clarín propuso dividirse en seis unidades empresariales independientes, cuatro de las cuales podrían ser transferidas "a terceros" no vinculados "a medida que avance el proceso de adecuación".
Aunque el grupo no lo manifestó públicamente, esos terceros podrían ser sus socios actuales o familiares de éstos, en empresas que dejarían de tener vínculo jurídico entre sí, algo que el propio Sabbatella reconoció como ajustado a la ley. De hecho, la propuesta de Clarín copia deliberadamente aspectos de los planes ya presentados por otras empresas, como el grupo Manzano-Vila (el reparto de medios entre socios) y Telecentro (licencias por localidad con extensiones a ciudades vecinas).
Cada uno de los "miniclarines" reagrupa licencias ahora bajo control del grupo.
Del orden de prelación en que el grupo presentó los seis "miniclarines" y la "densidad" empresarial y comunicacional de cada uno se desprende la intención del conglomerado de conservar sus canales de TV y radio de mayor penetración y rating para salvar su influencia pública, y reducir al mínimo la partición de Cablevisión-Fibertel (que igual se escindirá en tres empresas distintas), para conservar la parte sustancial de su principal fuente de ingresos.
De las seis empresas en las que propone dividirse, la primera conservaría los medios clave: los canales 13 de Buenos Aires y 12 de Córdoba, y las emisoras de radio AM y FM en esas ciudades y Mendoza, además de la señal de noticias TN. También prevé que esta unidad -la más grande en términos de licencias, pero no la más importante en términos económicos- conserve 24 licencias para la distribución de TV por cable en las localidades donde no tenga TV abierta (lo que está prohibido por la ley).
La segunda empresa conservaría el grueso de las licencias de Cablevisión y tendría a Fintech como socio (tal como ocurre actualmente). Operará en 24 localidades, y posiblemente exija extensiones de licencias (como planteó en su momento Fintech a la Afsca en la carta enviada hace un año y recordada con insistencia por Sabbatella). Seguramente, el Grupo Clarín tratará también en este caso de salvar la red troncal de fibra óptica por la que se presta el servicio de TV por cable en el centro de la Argentina, incluidas sus ciudades más importantes.
La tercera empresa se limitaría a ser una porción de 18 licencias de cable y una de TV paga con uso de espectro, escindidas de la actual Cablevisión, presumiblemente las de menor valor económico emplazadas en el interior del país.
La cuarta compañía agrupa las señales de TV paga para las que la ley creó incompatibilidades con la TV abierta y la distribución de TV por suscripción: TyCSports, TyCMax, El Trece Satelital, Magazine, Volver, Quiero Música, Canal Rural y Metro (sólo en la distribución para el interior). El tono en el que Grupo Clarín se refiere a estos canales hace pensar que estaría dispuesto a sacrificarlos. Incluso, no es necesario que los venda. De no haber compradores, tiene el derecho de cerrarlos (tal como ha escrito la Corte en su fallo por la constitucionalidad de la ley).
La quinta y la sexta empresa incluirían, por un lado, cinco licencias de radio FM, dos de las cuales están en Bariloche, y el resto en Tucumán, Santa Fe y Bahía Blanca, y por otro lado, su canal 7 de TV en esta última ciudad, y una participación minoritaria en canal 9, de Mendoza.
"El Grupo Clarín se presenta en las condiciones que habíamos planteado; reconociendo que existe una ley, reconociendo que explota servicios audiovisuales por encima de los límites establecidos, reconociendo que es posible encuadrarse en los límites fijados por la norma democrática", dijo Sabbatella, que afirmó que la propuesta "es una complementación con la hecha en tiempo y forma por su socio minoritario Fintech Advisory Inc". En rigor, esa empresa es socia de Clarín sólo en la firma Cablevisión, de la que posee el 40%.
Por su parte, el radical Marcelo Stubrin, único director de la Afsca por la oposición, remarcó que "la presentación de Clarín disipa preocupaciones. Todos los grupos tendrán que ser medidos con la misma vara y tratados con equidad", dijo.
Nota completa
Dijo Tiempo Argentino:
El Grupo Clarín presentó un plan de adecuación a la Ley de Medios.
Tal como lo había ofrecido el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, la propuesta complementa la realizada en tiempo y forma por Fintech, su socio minoritario en Cablevisión. Sugiere dividir las licencias que opera, en seis conglomerados distintos.
Acorralado por el fallo de la Corte Suprema y ante la posibilidad de quedar marginado a la ilegalidad, el Grupo Clarín presentó ayer su plan de adecuación a la Ley de Medios que completa la propuesta formulada por Fintech, su socio minoritario en Cablevisión, el 5 de diciembre pasado. En una presentación simultánea ante la justicia y ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el holding propuso dividir las licencias que actualmente opera en seis conglomerados, cuya distribución, afirmaron, se ajusta a los límites impuestos por la Ley de Medios.
Según pudo saber Tiempo Argentino, dos estrategias complementarias se barajan desde la AFSCA: condicionar la aprobación, de no mediar conflicto, a la renuncia por parte del Grupo de acciones legales futuras, y la adecuación de la grilla de canales como fue dispuesta reglamentariamente, hecho que fue resistido por Cablevisión con varios fallos judiciales en contra.
En la desinversión se ofreció dividir al holding en seis "unidades de negocio", respetando las premisas de la ley sobre multiplicidad y límite del 35% de cuota de mercado. Reiteró el pedido de un "plazo razonable" para las transferencias y reclamó un año para adecuarse. "Cablevisión instrumentará diversas operaciones, dentro de las que se destacan la transferencia de acciones y la implementación de diversas reorganizaciones societarias que permitirán escindir activos, pasivos, derechos y obligaciones", anunciaron en la presentación, en la que solicitaron que la compra-venta de los paquetes accionarios sea "libre de impuestos".
La abogada y ex miembro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Graciana Peñafort, advirtió que tras la primera lectura del plan de adecuación del Grupo Clarín notó la falta de unas 100 licencias de televisión tarifada.
"Veo que faltan licencias de cable. Dividieron más de 20 licencias de cable en tres unidades, por lo que faltan decenas de licencias sin designar. No sé cuál es la estructura que han tomado", indicó Peñafort, y se mostró confiada de que en los próximos 120 días la AFSCA podrá dilucidar la situación. "Cuando tengamos conocimiento acabado, sabremos qué paso con las casi 100 licencias que están faltando en el conteo rápido", sostuvo la especialista.
Peñafort también aclaró que los integrantes de esas unidades podrían ser los mismos que en la actualidad, pero en forma autónoma, es decir, que no podrán ser socios entre sí.
Nota completa
Es decir que los seis "miniclarines" quedarían así:
Para que quede claro, veamos cómo un enorme grupo de medios oligopólico puede convertirse en seis grandes grupos de medios desmonopolizando la palabra, pero manteniendo su libertad de expresión gracias a la nueva Ley de Medios Audiovisuales, a través de este gráfico:
Es decir que, en una primera lectura de lo presentado or el Grupo Clarín, contrariamente a lo afirmado una y otra vez por los voceros del Grupo y los políticos opositores asociados, al adecuarse a los requerimientos de la Ley ningún canal o emisora del Grupo va a desaparecer sino que va a cambiar de dueño. Y no sólo eso sino que como los nuevos seis grandes grupos de medios (miniclarines) pasarán a pertenecer a actuales miembros del Grupo Clarín, sus líneas editoriales seguirán siendo las mismas: seguirán siendo opositores al gobierno nacional y sus periodistas seguirán siendo los mismos... si sus dueños (y no el gobierno) así lo disponen. Por lo tanto, esto demuestra que la Ley no afecta la libertad de expresión y que Clarín mintió siempre en relación a esta ley de medios. Algo que muchos afirmábamos pero también muchos negaban, entre ellos los medios y periodistas del Grupo y de los grupos afines. Como decía mi abuela: "la mentira tiene patas cortas". En este caso la mentira duró cuatro largos años...
Hagamos ahora un breve repaso sobre lo que se dijo sobre este tema:
LEY DE MEDIOS - CLARIN PRESENTO PLAN DE ADECUACION
Queda ya claro que el Grupo Clarín y sus voceros mintieron durante cuatro años en relación a la Ley de Medios Audiovisuales, lo que fue corroborado por... el mismo Grupo Clarín. ¿Paradójico, no?
( Tomado de Pájaro Rojo )
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Acusan al juez Alfonso de “avalar las maniobras dilatorias” del Grupo Clarín
Juan Carlos Junio advirtió que el multimedios busca evitar cumplir con la Ley de Medios desde 2009.
11 de diciembre de 2014
El diputado nacional de Nuevo Encuentro Juan Carlos Junio repudió la decisión del juez federal del fuero Civil y Comercial Horacio Alfonso de suspender por seis meses la adecuación de oficio del Grupo Clarín.
Para Junio, el magistrado “no hace otra cosa que avalar las maniobras dilatorias de la empresa comandada por Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble”.
“Desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, el Grupo Clarín no ha hecho más que realizar presentaciones ante la Justicia para evitar cumplir con la ley”, denunció el legislador.
Junio acompañó la decisión de la AFSCA de apelar la cautelar y de “seguir trabajando para velar por el cumplimiento de la ley y la democratización de las comunicaciones en nuestro país”.
“Los grandes multimedios deben cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y adecuarse a los límites que allí se explicitan. No se trata del capricho de tal o cuál gobierno, sino de abrir las puertas a nuevos medios audiovisuales, a universidades, sindicatos, cooperativas, organizaciones vecinales y comunidades hasta ahora marginadas de los medios”, concluyó. |
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