América Latina y el Caribe, principalmente las naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y en particular, Venezuela, son el teatro de operaciones de un sordo juego geopolítico entre Estados Unidos y sus socios de la OTAN, contra China y Rusia, dos potencias emergentes que han venido desarrollando vínculos económicos y de cooperación técnico-militar con naciones situadas en lo que tradicionalmente Washington ha considerado su “espacio vital”.

 Pocas veces, como hoy −tras la reciente orden presidencial de Barack Obama que ubicó a Venezuela como una “extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”−, cobran dimensión los conceptos esgrimidos por Nicholas J. Spykman en 1942, cuando al definir el “Mediterráneo Americano” (que abarcaba el litoral del golfo de México y el mar Caribe, México, América Central, Colombia, Venezuela y el cinturón de islas que se suceden desde Trinidad a la punta de la Florida, Cuba incluida), dijo que esa región debía quedar bajo la “exclusiva e indisputada tutoría” de Washington.

En su obra Estados Unidos frente al mundo, escrita tres años antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, al exponer la doctrina geopolítica del imperialismo tal y como lo concebía la clase dirigente estadunidense, Spykman dijo con elocuente crudeza: “Eso implica para México, Colombia y Venezuela una situación de absoluta dependencia con respecto a Estados Unidos, de libertad meramente nominal…”

En 1973, el boicot de suministros de hidrocarburos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a Estados Unidos, exhibió las vulnerabilidades del hegemón del capitalismo mundial. Desde entonces, los estrategas del complejo industrial-militar diseñaron y pusieron en práctica una serie de proyectos geopolíticos −o de conquista del espacio en su zona de influencia−, a expensas de naciones débiles o que ofrecen poca resistencia, que incluyeron la colonización, la anexión o la conquista.

Cuatro decenios después, Estados Unidos ha conformado América del Norte como un espacio geopolítico bajo el dominio económico-financiero de las corporaciones con casa matriz en su territorio y el control militar del Comando Norte del Pentágono. Y aunque en 2005 en Mar del Plata fracasó el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la libertad de México y Colombia es hoy meramente nominal, como anunció Spykman en 1942, y sus territorios han sido militarizados por el imperio. Sólo escapan a ese designio Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Además de su importancia geopolítica para la defensa del territorio continental de Estados Unidos de cara a un eventual conflicto bélico con otra potencia, Venezuela es el país con la mayor cantidad de reservas probadas de hidrocarburos. Asimismo, bajo el liderazgo indiscutido de Hugo Chávez, Venezuela fue el impulsor del ALBA y potenció la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), obstaculizando los planes para una integración vertical del subcontinente, implementados por la Casa Blanca y el gobierno-sombra de las grandes corporaciones estadunidenses.

Washington y el golpismo continuado

Las consideraciones anteriores explican los sucesivos intentos encubiertos de Washington por llevar a cabo un “cambio de régimen” en Venezuela: desde el golpe de Estado cívico-militar-oligárquico de abril de 2002 (el primer golpe mediático del siglo XXI), y la Operación Septiembre Negro de  finales de ese año y comienzos de 2003 –el llamado “golpe petrolero” que siguió los lineamientos del Dossier Confidencial No. 5, estrategia subversiva de los capitanes de industria, grandes latifundistas, ganaderos y la llamada nomenclatura gerencial de petróleos de Venezuela (Pdvsa), bajo la cobertura política e ideológica de las principales corporaciones multimedia de Venezuela y las Américas−, pasando por diversas operaciones clandestinas y diferentes modalidades de la guerra de espectro completo (“golpe suave”, guerra de baja intensidad, guerra asimétrica, de información o cuarta generación, guerra económica y terrorismo mediático), hasta el fracasado golpe del 11 y 12 de febrero de 2015.

Al respecto, cabe recordar que con eje en una estrategia de varios carriles, la escalada política-propagandística había iniciado en diciembre pasado, cuando al tiempo que anunciaba negociaciones para una próxima reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba, el presidente Obama puso en vigor la “Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela”, una medida injerencista violatoria del derecho internacional aprobada por el Congreso. La nueva ley extraterritorial, pieza central en la etapa para un cambio de régimen en Venezuela, es una réplica perfeccionada de lo que el propio Obama había dicho, siendo senador, que durante más de 50 años no había funcionado contra Cuba.

A partir de enero de este año, se incrementaron los planes tendientes a generar un nuevo clima de zozobra económica y violencia caótica desestabilizadora que confluyera con el primer aniversario de “las guarimbas” de febrero de 2014. ¿Objetivo? Derrocar a Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a quien se le había venido fabricando una imagen de gobernante autoritario y violador de los derechos humanos.

Lubricada la oposición venezolana con millonarios fondos extraídos de los contribuyentes de Estados Unidos a través de agencias oficiales de Washington como la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y fundaciones afines como la National Endowment for Democracy (NED) y Freedom House; posicionada la guerra económica con base en el desabastecimiento de productos de primera necesidad −en particular alimentos básicos, medicamentos y artículos higiénicos− para provocar ira y malestar en la población, la extensa red de medios corporativos privados del hemisferio occidental hicieron su labor como parte de la guerra psicológica y el terrorismo mediático. En lo interno, su misión principal era generar un clima de miedo y horror paralizante a través de herramientas habituales como el acaparamiento, el desabasto, el mercado negro, la inflación, la usura, campañas de rumores y la violencia callejera, y en lo externo, fomentar una correlación de fuerzas internacionales que avalara tácitamente el accionar golpista y, llegado el caso, una eventual intervención militar del Pentágono.

En rigor, se trataba de una segunda fase de la fracasada operación subversiva puesta en práctica a comienzos de 2014 para tirar a Maduro. “La salida” −como denominó entonces la ultraderecha venezolana al plan sedicioso para sacar al presidente legítimo de Venezuela del Palacio de Miraflores−, culminó con un saldo de 43 personas muertas y llevó a la cárcel a uno de los líderes de la asonada, Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad Popular.

Desde entonces, una de sus cómplices en la aventura conspirativa, la ex congresista desaforada María Corina Machado −firmante del Decreto Carmona durante el golpe de Estado de abril de 2002 −, había tomado las riendas de la nueva intentona con apoyo del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Witaker. “Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper los anillos de seguridad”, dijo Machado, quien desde hace años cultiva los favores de congresistas cubano-estadunidenses de Miami, como Marco Rubio, Iliana Ros Lethinen y Mario Díaz Balart, y los del alcalde de la ciudad Doral del sur de la Florida, Luigi Boria.

 El factor Brownfield

En el caso venezolano, la génesis de la intervención estadunidense actual remite al Comité de los 40 (denominación tomada de la Decisión-Memorándum No. 40 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos), reunido por el secretario de Estado Henry Kissinger en junio de 1970 para diseñar una estrategia de “bajo perfil” destinada a hacer abortar la “vía pacífica al socialismo” de Salvador Allende en Chile. El plan del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de la época de Richard Nixon, incluía: 1) creación del caos económico; 2) acciones paramilitares; 3) ofensiva de propaganda; 4) financiamiento a sectores derechistas, y 5) infiltración y divisionismo dentro de la izquierda chilena.

Con base en esa estrategia −aplicada después con variantes contra Nicaragua sandinista, Granada y Panamá−, en agosto de 2004 Washington había enviado a Caracas al embajador William Brownfield. Adscrito a la Oficina de Iniciativas para la Transición en Venezuela (OIT), la principal misión de Brownfield era elaborar un plan de largo plazo para derrocar a Hugo Chávez. En un cable diplomático del 9 de noviembre de 2006, difundido en el portal de Wikileaks, el diplomático recordaba a sus jefes en el Departamento de Estado las directrices establecidas dos años antes en el denominado “Plan de cinco puntos contra el Gobierno Bolivariano”: 1) Fortalecer las instituciones democráticas; 2) Infiltrarse en la base política de Chávez; 3) Dividir al chavismo; 4) Proteger negocios vitales de Estados Unidos, y 5) Aislar a Chávez internacionalmente. La OIT para Venezuela fue cerrada en 2010, pero sus funciones fueron transferidas a la oficina para América Latina de la USAID, vieja pantalla de las acciones injerencistas y para la guerra psicológica de la CIA y el Pentágono.

Con base en esos antecedentes, la ambientación o “calentamiento” mediático de la nueva ofensiva desestabilizadora contra Venezuela contó, a mediados de enero pasado, con la presencia en Caracas de los ex presidentes de Colombia, Chile y México −Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón, respectivamente−, invitados a un foro por María Corina Machado y el partido Voluntad Popular. Otro de los objetivos era visitar en la prisión a Leopoldo López, erigido por Washington como nuevo “combatiente de la libertad”, según la expresión acuñada por Ronald Reagan para los contras nicaragüenses y el saudí Osama bin Laden en los años 80.

La trama desestabilizadora se complementó, a finales de enero, con la deserción de Leamsy Salazar, capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En calidad de “testigo protegido”, el desertor Salazar declaró ante un tribunal de Nueva York que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, era el jefe de un presunto cartel de Los Soles. La “primicia” la obtuvo el diario neofranquista español ABC, que se basó en “fuentes cercanas a la investigación”, y fue convenientemente amplificada en México por los periódicos Excélsior y La Razón que, curiosamente, no citaron como fuente a ninguna agencia noticiosa internacional, por lo que puede presumirse que en los tres casos se trató de desinformación sembrada con propósitos subversivos-propagandísticos.

Dentro del plan conspirativo en curso, no es un dato baladí que William Brownfield −el “diplomático” que en 2004 elaboró el Plan de los cinco puntos para derrocar a Chávez y quién se desempeñó luego como embajador en Colombia de 2007 a 2010−, validara la “consistencia” del reportaje de ABC, que involucra a Cuba y las FARC en la insólita trama. Tampoco lo es que Brownfield sea en la actualidad secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad Internacional.

Los fondos para la subversión

Otro elemento clave del plan elaborado por Brownfield en 2004, es el financiamiento de ONGs, fundaciones, asociaciones y partidos opositores venezolanos, enmarcado dentro del rubro “defender y fortalecer prácticas democráticas, las instituciones y los valores que promueven los derechos humanos y la participación de la sociedad civil”. El presupuesto actual de Estados Unidos (octubre 2014 a octubre de 2015) incluye cinco millones de dólares, y la asignación prevista para el próximo año fiscal aumenta la cifra en 500 mil dólares más. Asimismo, Washington ha incorporado una nueva modalidad consistente en registrar a las ONGs venezolanas como corporaciones en Estados Unidos, lo que facilita el suministro de fondos y además pueden ser subcontratadas por compañías estadunidenses.

Entre las organizaciones receptoras de fondos de los contribuyentes de Estados Unidos figuran Nueva Conciencia Nacional; Fundación Futuro Presente; Humano y Libre, de Gustavo Tovar Arroyo, quien organizó en 2010  la denominada Fiesta Mexicana para adiestrar en métodos de desestabilización a dirigentes estudiantiles de la extrema derecha venezolana; Espacio Civil; Operación Libertad; Mujer y Ciudadanía; Ventana por la libertad; Súmate y Consorcio Desarrollo y Justicia, ambas ligadas a la golpista María Corina Machado.

La USAID, que en 2011 destinó más de nueve millones de dólares de los 20 millones aprobados ese año para la desestabilización de los países del ALBA, en 2013 canalizó cinco millones 786 mil dólares para programas subversivos en Venezuela, principalmente para la capacitación de nuevos líderes juveniles que sean capaces de resaltar en el enfrentamiento con el gobierno. El presupuesto destinado a 2014 no ha sido publicado, probablemente en un intento por sortear las dificultades que les ocasionaron las revelaciones y cuestionamientos de que fue objeto luego de las revelaciones de la agencia AP sobre el trabajo de la USAID contra Cuba.

Además, los programas de Estados Unidos para la subversión en Venezuela incluye a la National Endowment for Democracy (NED), que en 2014 destinó más de dos millones 300 mil dólares a organizaciones antibolivarinas, y a Freedom House, ampliamente denunciada por sus vínculos con la CIA, que mantiene su política  de asesoramiento y financiamiento de la oposición venezolana, profundizando las estrategias de guerra psicológica y campañas mediáticas como parte de las técnicas de las “revoluciones de colores” y el “golpe suave” de Gene Sharp, Robert Helvey y Peter Ackerman.

En su reporte global anual sobre libertad de expresión, Freedom House ubica a Venezuela como uno de los países donde no existe libertad de prensa ni de expresión y donde se violan los derechos humanos; la agenda de Obama, pues. En contrate, cabe consignar que en ese país existe una hegemonía de los medios de comunicación privados. Según Luis Britto García, en 1998 la empresa privada era propietaria del 80% de las estaciones de televisión y del 97% de las radiodifusoras de FM, y no había medios comunitarios. Esos medios privados se caracterizaban por una alta concentración de la propiedad, tanto horizontal como vertical. En la actualidad operan en Venezuela 2,896 medios; 2,332 son de la empresa privada. El 65.18% sigue siendo privado y el 30.76% son comunitarios; apenas un 3.22% son de servicio público. El principal cambio consiste en la multiplicación de medios comunitarios, los cuales en su mayoría tiene poco alcance y tienden a durar un tiempo limitado.

En radiodifusión funcionan mil 598 emisoras privadas, 654 comunitarias y apenas 80 de servicio público. En televisión de señal abierta 55 canales son privados, 25 son comunitarios y ocho de servicio público.  Casi todos los medios privados son opositores, con lo cual, pretender que el Estado esté ejerciendo una “hegemonía comunicacional” con los escasos medios de que dispone, como señala Freedom House, es un infundio que sólo puede ser interpretado como parte de una operación de guerra psicológica y propaganda negra para exacerbar el pánico, desestabilizar el país, generar ingobernabilidad y detonar violencias destinadas a derrocar por la vía del terror al gobierno bolivariano.

La debilidad de Obama y el riesgo intervencionista

En ese contexto, los días 11 y 12 de febrero el gobierno venezolano anunció haber desarticulado un “atentado golpista” que contaba con la participación de oficiales activos y retirados de la aviación militar y otros elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y cuyo objetivo era bombardear desde un avión Tucano el Palacio de Miraflores y matar al presidente Nicolás Maduro. Otros blancos de la llamada Operación Jericó eran el Ministerio de Defensa y los estudios del canal de televisión Telesur, para sembrar caos y confusión.

Es previsible que ante el nuevo fracaso golpista, y dado el interés geopolítico en la estrategia subversiva de Washington hacia Venezuela, el presidente Obama y sus aliados de la ultraderecha regional intentarán enrarecer el clima de la próxima Cumbre de las Américas, prevista para la segunda semana de abril en Panamá. Con la “declaración de guerra” de Obama, queda claro que a Estados Unidos no le interesa la democracia ni los derechos humanos en Venezuela; lo que le importa es el petróleo y la posición geográfica del país sudamericano. El interés de la Casa Blanca es reafirmar su política de dominación regional, desafiada por China y Rusia; restaurar el tradicional control en su zona de influencia, hoy resistida como nunca antes por los países agrupados en la UNASUR, la CELAC y el ALBA.

En la coyuntura, las palabras de Obama al acusar a Venezuela como una “amenaza” a la seguridad nacional de Estados Unidos, además de ridículas, son una clara expresión de la evolución clásica de las políticas de agresión imperial, que van de la ruptura del orden constitucional, los golpes suaves y las revoluciones de colores a una eventual intervención militar directa del Pentágono. Como denunció el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel, Washington dispone de mil 600 paramilitares listos en la frontera de Colombia, frente a los estados Zulia y Táchira, 800 en cada zona limítrofe. Ése es el verdadero peligro en la hora.

En ese contexto, la guerra mediática y económica y la imposición de sanciones de Estados Unidos al gobierno venezolano sólo debilitan la imagen de Obama de cara a la VII Cumbre de las Américas organizada por la OEA (Organización de Estados Americanos). Nicolás Maduro llegará a la cita con el apoyo y el respaldo internacional, y queda claro que al defender a Venezuela, los presidentes de los países del área están defendiendo la soberanía y la unidad de Nuestra América martiana y bolivariana.