“Injerencia externa”, “parte de una campaña internacional”, “intento de actualizarse por parte de un político que ha perdido relevancia”: son algunas de las explicaciones que portavoces del chavismo han encontrado al propósito anunciado por el expresidente español Felipe González de sumarse a la defensa de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, encarcelados en una prisión militar cercana a Caracas. Pero todo indica que el Gobierno de Nicolás Maduro no se va a quedar solamente en los calificativos, sino que se prepara para impedir que González cumpla su palabra.

Este martes, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, exconstituyente y exgobernador del estado de Anzoátegui por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), enfatizó a través de su cuenta de Twitter que “un extranjero [así sea ex presidente] que pretenda laborar como consultor en Venezuela debe poseer una visa laboral para ejercer dicha profesión”. No es seguro que el Gobierno venezolano emita ese documento para González pero, aún si lo hiciera, como gesto de buena voluntad política, todavía los jueces de los casos de López y Ledezma —recordó el Defensor del Pueblo, citando un artículo del Código Procesal Penal vigente— tendrían la potestad de admitir o rechazar la “participación de cualquier consultor”.

A la opinión de Saab le habían precedido, un día antes, las insinuaciones del exembajador en Washington DC y actual viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Calixto Ortega, quien en un programa de televisión dijo que “solo será bienvenido quien venga al país en un plan no injerencista”. La posibilidad de que se impida a González la entrada a Venezuela sigue abierta, según Ortega, y quedará, “dado el caso”, en manos del presidente Maduro, “quien dirige la política exterior”.

Más tajante aún fue el diputado chavista y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, que definió la pretensión de González como la de instaurar un gobierno extranjero en Venezuela, para la que recetó que si “una persona pretende venir como un procónsul, a interferir en los asuntos internos en el país, lo menos que puede hacer un Gobierno serio es devolverlo”.

Hasta ahora, los portavoces del Gobierno venezolano se habían limitado a censurar los anuncios del expresidente español y a subrayar que González no cumple con los requisitos para ejercer como abogado en Venezuela, incluyendo entre ellos la revalidación de su grado universitario y la afiliación al colegio del gremio. Sin embargo, las reconvenciones desde Caracas han escalado hasta las mencionadas sugerencias de que el ex mandatario pueda ser expulsado del país.

Durante el Gobierno chavista, Venezuela no ha dudado en expulsar a visitantes críticos como la ex candidata presidencial peruana Lourdes Flores, o al director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivancos.

Desde que, el pasado 22 de marzo, se supo que González se proponía participar en la defensa de los opositores presos, el Gobierno venezolano ha dejado en claro que se trata de un plan con el que no simpatiza. El propio presidente Maduró calificó a González como “lobbista” de intereses privados y coordinador de un presunto eje Madrid-Bogotá que conspira para derrocar al régimen revolucionario. La canciller, Delcy Rodríguez, remachó que Felipe González “no tiene facultades ni para ejercer la abogacía en Venezuela ni para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, de tal forma que yo le recomiendo que si le fue mal en su otro negocio (…) que se rebusque la vida de otra forma”.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV Germán Ferrer aventuró una opinión algo más positiva sobre la iniciativa. En otro programa de televisión dijo que una actuación como la de González, a la que se sumó el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, si bien es “una maniobra política” que corresponde a dirigentes que “perdieron vigencia en sus países y hoy quieren actualizarse en nuestro país con una cantidad de declaraciones e injerencias en la política nacional”, representa, no obstante, una oportunidad “para que observen que aquí en Venezuela hay absoluta libertad de expresión”.