Enrique de la Hoz, juez de guardia que asumió el jueves pasado la causa contra Rodrigo Rato a instancias de la Fiscalía de Madrid, ordenó ayer a todas las entidades financieras de España que bloqueen las cuentas y productos financieros a nombre del ex presidente de Bankia.

La Fiscalía acusa a Rato de fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes basándose en un informe elaborado por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre movimientos sospechosos por parte de sociedades propiedad de Rodrigo Rato.

El juez, a petición de la fiscalía, envió ayer por la tarde a la patronal bancaria, la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), la orden del bloqueo de las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones, así como otros productos financieros, cuyo titular sea Rodrigo Rato, según explicaron a EL PAÍS fuentes financieras. Estas consideran que se trata de una medida muy drástica que estrecha el cerco sobre el patrimonio del exvicepresidente de Gobierno del PP en la etapa de José María Aznar.

Rato explicó ayer a este periódico que no tiene sociedades en paraísos fiscales ni en ningún otro país fuera de la Unión Europea y que en los últimos 13 meses no ha llevado a cabo operaciones de venta de patrimonio, descartando así que pudiera haber cometido un alzamiento de bienes —ocultar su patrimonio para evitar que sea embargado—.

Tras el escándalo por la detención de Rato y el registro de su domicilio y su despacho del barrio madrileño de Salamanca, el Gobierno señaló ayer que la nueva causa judicial abierta contra el ex vicepresidente económico tiene su origen en "un asunto particular" sin relación con el cargo público que desempeñó. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaria destacó que la Agencia Tributaria "funciona con independencia del momento o lugar, haya o no elecciones, o si afecta a un político de uno u otro partido". El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por su parte, detalló que la operación judicial que desencadenó los registros es consecuencia "de una investigación que se lleva desde hace bastante tiempo" sin relación con la llamada amnistía fiscal a la que se acogió Rato.

El caso nació de una investigación que llevó a cabo el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, que presentó una denuncia en la fiscalía de delitos económicos de Madrid tras detectar "movimientos sospechosos" en las cuentas del exvicepresidente del Gobierno. El fiscal Carlos García Berro, tras constatar el informe de los expertos en antiblanqueo, decidió cursar una denuncia en el juzgado, avalada por sus superiores jerárquicos en la fiscalía de Madrid, y ordenar el inmediato registro de las propiedades de Rato.

Las primeras inspecciones de su vivienda y su despacho profesional en el centro de Madrid han dado frutos, según las fuentes consultadas y pistas sobre el destino del dinero. Entre las más de 15 cajas de documentos requisadas hay "papeles y archivos informáticos de valor", cuyo volcado en los soportes de los investigadores retrasó ayer los registros. Los agentes de Aduanas reclamaron durante los dos últimos días a Rato documentación de sus empresas que se remonta a varias décadas atrás.

El propio exvicepresidente volvió ayer a su despacho profesional, ya en libertad, para supervisar las actuaciones de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, un organismo adscrito a la Agencia Tributaria. Con traje y corbata y un rostro tranquilo, Rato evitó responder las preguntas de los periodistas apostados ante el semisótano del barrio de Salamanca y recordó que el caso está sigue bajo secreto de sumario.

Los movimientos del patrimonio familiar del también exministro de Hacienda de Aznar es solo de uno de los hilos del que tiran los investigadores que también quieren saber el origen de algunos de los fondos ocultos a Hacienda. "Todo empezó por una investigación fiscal", señala una de las fuentes que está al tanto de las pesquisas. El delito de alzamiento de bienes que le atribuye el ministerio público está relacionado con un presunto intento de ocultar propiedades para evitar que estas puedan ser confiscadas en hipotéticos embargos.

Como máximo responsable de Bankia, Rato afronta una reclamación desde el pasado marzo de 133 millones de euros por parte de los nuevos gestores de la entidad pública, que intentan recuperar así (hay peticiones similares a otros tres exdirectivos) la fianza de 800 millones de euros que le impuso un juzgado de Madrid por falsear las cuentas en su salida a Bolsa. Esa emisión de acciones derivó en una cascada de reclamaciones por parte de los accionistas cuando se supo que la entidad estaba quebrada cuando empezó a cotizar en bolsa. De no recibir ese dinero, tras el requerimiento notarial, los sucesores de Rato al frente de Bankia amenazan con los tribunales.

El viernes pasado por la tarde, la Fiscalía de Madrid ordenó a todas las entidades financieras españolas el bloqueo de las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y otros productos financieros de los que sea titular el exvicepresidente económico del PP, Rodrigo Rato. Esta orden contenía un anexo en el que recogía el detalle de las cuentas de Rato y de sus sociedades que ha detectado la Fiscalía y en las que tiene un especial interés.

 

El auto del juez Enrique de la Hoz, que ocupa el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, especifica el nombre de los bancos con los que trabaja Rato “con el objeto de que se proceda al bloqueo y embargo preventivo de los saldos e intereses de las cuentas bancarias”. Según este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Rato cuenta con 78 cuentas de todo tipo en 13 bancos diferentes.

Estas cuentas, todas a su nombre, pueden corresponder a “depósitos, valores, títulos acciones, deuda pública, seguros, primas o depósitos de cualquier naturaleza, contenido de las cajas de seguridad otros activos, así como sobre otras cuentas sobre las que tengan poderes, como titulares o autorizados, con prohibición expresa de disposición sobre las mismas”.

De las cifras del documento se deduce que Rato trabaja sobre todo con el grupo Santander (especialmente con el extinguido Banesto), así como con Caixabank y Banco Sabadell.

Rato admitió, en una conversación con este periódico, ser titular de todas las sociedades que aparecen en el documento. Algunas de ellas, dijo, están poco activas, mientras que otras son de gran relevancia, como la gestora de patrimonios Donald Inversiones. Donald está constituida como sicav, que son sociedades con ventajas fiscales, habitualmente utilizadas para los grandes patrimonios familiares.

En el informe se especificaba que los bancos, cajas y cooperativas de crédito deberán “informar a los funcionarios de la Agencia Tributaria en el plazo máximo de tres días” sobre los registros. También deberán facilitar “la correspondiente documentación del inicio del bloqueo, identificación de las cuentas, depósitos o activos afectadas y de los autorizados a operar con las mismas, la existencia de otros titulares de las cuentas afectadas, así como los últimos diez movimientos previos al bloqueo realizados en dichas cuentas”.

La siguiente orden de la Fiscalía es que “se informe en el plazo máximo de un mes, de los movimientos realizados en dichas cuentas, y sobre cualquier otra que hubieran tenido las personas afectadas, aunque ahora estén canceladas, desde el 1 de enero de 2009 hasta la fecha”.

La redacción de este informe demuestra la profundidad y extensión con que la fiscalía está rastreando el patrimonio de Rato y todas sus posibles ramificaciones financieras. Los bancos deberán “entregar los correspondientes soportes documentales que pudieran ser requeridos por los funcionarios sobre dichos movimientos o y contratos de las cuentas”.

Además de la sicav Donald, entre las sociedades citadas en el informe está El Manantial de Información SL. Su objeto social es “actividades profesionales, científicas y técnicas”, según datos del Registro. No tiene empleados. Está constituida en 2013, con un volumen de ventas de 38.373 euros, y un activo de 1,81 millones.

Explotaciones Carabaña tiene la sede en el domicilio de Rato, en Madrid. Se dedica a la producción de energía hidroeléctrica y fue constituida en 1999. En 2013 tuvo un beneficio de 170.533 euros. Sin embargo, el año anterior perdió 55.032 euros. El administrador único es Rato.

Kradonara es una filial de la empresa británica VivaWay. Es una de las que sigue la fiscalía con más interés. Tiene sede en Sotogrande (Cádiz) y se dedicada la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Se constituyó en 2001 y tiene un empleado. Su activo suma 5,3 millones, pero las ventas declaradas son de 360.000 euros con unas pérdidas de 60.000 euros en 2013.

Otra más del mismo sector es Rafi SL. Está domiciliada en la casa de Rato y su objeto social es el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Tenía un capital de 369.315 euros en 2012, último ejercicio con datos declarados, y perdió 95 euros.

Entre las inactivas está Rafi Tealsa, que está radicada en el domicilio de Rato y aparece sin actividad desde 2009. También se dedicaba a la gestión inmobiliaria.

Por último, aparece Radanman Gestión 3. Está activa y en 2013 perdió 171.573 euros, con unas ventas de 10.816 euros. Sin embargo, su activo es importante: 3,97 millones. Su año de fundación es 1997.