Por Claudia Rafael

   (APe).- Fuego, humo, asfixia. Esta vez fueron dos niños de 7 y 10 años los devorados por las llamas en el sótano de la casona de Páez 2796, casi Condarco, en Flores. Enrejada y con puertas tapiadas. Dormían aún, a media mañana, cuando se desató un incendio en el taller textil en el que vivían con sus padres: Amparo Menchaca y Julián Rojas, que siguen internados en el Hospital Alvarez con quemaduras. La utopía con la que llegaron desde Bolivia se extinguió velozmente. Como nueve años atrás ocurrió también para Juana Vilca Quispe, de 25 años, embarazada; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Harry Rodríguez Palma, de 3; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4 años, en la fábrica textil de Luis Viale al 1269.

Son unas 25 cuadras las que hay entre uno y otro taller. Pero la densidad y la brutalidad del fuego fue exactamente la misma. La crueldad con que oprime, desde sus duros zarpazos el sistema que tributa al capital, trasciende los tiempos. Puede modificarse en sus números, en las particularidades de sus efectos, pero padece de la misma y oprobiosa intensidad.

El taller del barrio porteño de Caballito estaba habilitado desde 2001 para cinco personas y como lugar de trabajo. Aunque vivían unas 65 y trabajaban allí 25. “Esa tarde había pocos chicos, porque la mayoría estaba en el colegio. Pudo haber sido una desgracia mayor. Los padres de Harry estaban en la planta baja con Kevin, el otro hijo del matrimonio. No pudieron subir por la escalera y tampoco pudieron entrar por las ventanas del primer piso porque estaban enrejadas”, decía un sobreviviente nueve años atrás. Aquel incendio dejó al desnudo que la clandestinidad de la industria textil que mueve más de 700 millones de dólares al año sólo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano requiere de reducir a la esclavitud para rendir. Doce, catorce y dieciséis horas diarias de trabajo, hacinamiento, salarios ínfimos, enfermedades evitables.

En mayo de 2008, un informe publicado en el diario La Nación, revelaba que “en febrero último, dos popes de la industria textil, Ignacio de Mendiguren (Cámara de la Indumentaria) y Víctor Benyacar (Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y Niños), reconocieron que el 78% de la industria textil está en negro”. Clarín, en tanto, publicó en octubre de 2011 que “el 78% de la ropa que se produce en el país se hace con trabajadores fuera del sistema legal. Se lo reveló José Ignacio de Mendiguren, hoy titular de la UIA, cuando era vicepresidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, al entonces ministro de Economía Martín Lousteau, en febrero de 2008. Es decir, entre 150.000 y 200.000 trabajadores. La Defensoría del Pueblo estimó en 12 mil los talleres clandestinos en todo el país y por lo menos 3.500 en la Capital Federal”.

En la vieja casona de Páez 2796, del barrio de Flores, la puerta de ingreso estaba tabicada. La causa penal está caratulada como “incendio seguido de muerte” por el simple hecho de que no existe en ningún Código una figura que exponga para este tipo de muertes una calificación profunda, que vaya a la médula de la perversidad, que defina claramente que se trata de crímenes evitables. Que si murieron dos niños ahora y varios más hace nueve años es porque hay un Estado que consiente. Que pacta. Porque “clandestino” significa “oculto, secreto” y la existencia de este tipo de talleres que prolongan el viejo sistema de la cama caliente es un secreto a voces: obreros esclavizados descansan rotativamente en una cama mientras sus compañeros de infortunio trabajan. Se reemplaza así a la vieja estructura en la que las grandes marcas tenían talleres propios de producción.

Lily Whitesell retrata en “Y aquellos que partieron: retratos del éxodo boliviano” historias como las de Simona Velásquez: “Sus horas de trabajo empezaban a las 8 am y no terminaban hasta la 1 am, siete días a la semana. Al final del día ella y sus seis hijos dormían en un cuarto ubicado atrás de la fábrica, que compartían con otros obreros. Los dedos de Simona se deformaron por el reumatismo y sus hijos empezaron a toser incesantemente por el aire pesado de la fábrica. Cuando se quejó de ello, su jefe le dijo: “No has venido a enfermarte, has venido a trabajar,” y la amenazaron con devolverla a Bolivia. Poco después de que dejó la fábrica, el mayor de sus hijos pasó de su severa tos a la tuberculosis. Nunca se recuperó. A pesar del tratamiento, murió semanas más tarde”.

Kosiuko, Cheeky (casualmente de la familia política de Mauricio Macri), Portsaid, Zara, Ayres y Cara y Cruz han sido denunciadas, investigadas, condenadas. Pero no hay cambios sustanciales. Porque en los márgenes se sigue viviendo y muriendo de la manera más cruel. Los talleristas muertos en un incendio, asfixiados o incinerados, son velozmente reemplazados en una nueva sede del taller que no es nunca clandestino porque se sabe cómo, dónde y para quién trabaja. Porque existen procesos financieros y de mercado que tienen más importancia que la vida humana en estos tiempos en que la gran utopía de los poderosos tiene sonido metálico en los bolsillos.

Los ritmos propios de las grandes marcas imponen tendencia, definen rumbos, tienen la responsabilidad política y social por la existencia de los talleres, pactan con un Estado connivente y cómplice hecho por ellos, para ellos y a su medida. Y esos dos niños de Páez al 2700 fueron la pieza de recambio como hace nueve años los seis de Luis Viale al 1200. Todos ahogados en émulos de un Cromañón que las mayorías olvidarán con celeridad a la hora de calzarse un nuevo jean o una nueva camisa que tenga la etiqueta perfectamente colocada.

Esta vez fue Mauricio Macri, que danzaba furiosa y triunfalmente (junto a Juliana Awada, su esposa y dueña de Cheeky) sobre las tablas del mega complejo Costa Salguero junto a su delfín, Rodríguez Larreta. El mismo que tras la muerte de los dos nenes en Páez al 2700 decía que “lamentablemente, sin una orden de allanamiento emitida por un juez, el gobierno porteño no puede ingresar por la fuerza en este tipo de inmuebles, que desde afuera parecen casas particulares. El inspector golpea y, si nadie le abre, nada puede hacer. Es un tema de difícil solución”.

Aníbal Ibarra, que obscenamente se sigue ofreciendo para conducir la ciudad, no puede ir tranquilo a votar sin temor a un escrache de los padres de Cromañón y hoy ni siquiera pasa la instancia de las internas. A Rodríguez Larreta, al que “si nadie le abre, nada puede hacer”, lo sigue eligiendo más de medio millón de porteños.

Las miserias humanas siguen asesinando el porvenir.