Caracas.- El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, considera que el Club de Madrid, organización integrada por unos noventa ex jefes de Estado o de Gobierno internacionales, "es un cártel" que se ha propuesto "hablar mal del país, dañar al país con objetivos claros".

"Creo que en vez de un club es un cartel  y el jefe no es Felipe Gonzalez, eso lo auspicia de alguna manera el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama", aseguró Saab durante una entrevista en Venezolana de Televisión.

El pasado 30 de abril, en una carta abierta firmada por doce expresidentes latinoamericanos, diez exgobernantes europeos, dos africanos y dos asiáticos, miembros todos ellos del Club de Madrid, manifestaron su "profunda preocupación por la difícil situación que atraviesa Venezuela", reclamaron "la puesta en libertad" de los líderes políticos, Antonio Ledezma, Leopoldo López, y Daniel Ceballos y expresaron su apoyo a Felipe Gonzalez, quien fue declarado persona non grata por el Parlamento venezolano, "tras hacer pública su intención de defender a esos opositores".

Indicó el Defensor que la mayoría de los reunidos en el Club de Madrid, "empezando por el líder Felipe Gonzalez, todos tienen sus manos bañadas de sangres por haber sido expresidentes que en el ejercicio del poder mataron a mansalva en sus países a sus conciudadanos".

Destacó como ejemplos que durante el gobierno de Felipe Calderón (México), desaparecieron diez mil ciudadanos mexicanos  y "no hubo organismo multilateral que le hiciera nada". Sobre el expresidentes de Colombia Andrés Pastrana, aseguró que "le entregó parte de territorio colombiano a los Estados Unidos y los minó de bases militares  y firmó una especie de documento de inmunidad para que los soldados  estadounidenses si matan no sean llevados a prisión. Ese está atacando a Venezuela en materia de Derechos Humanos".

"El otro es (José María) Aznar (España) que junto a Estados Unidos invadió el Medio Oriente y dejó reguero de sangre por allá y tuvo que venirse con las tablas en la cabeza, con el repudio de su país (...) El Uribismo con (Álvaro) Uribe que el 80% de su entorno está preso, procesado, detenido, perseguido por delito de narcotráfico, violación de los derechos humanos. Además  sus tres hijos con juicios vinculados con corrupción", añadió.

Regular uso de las fuerzas

Por otra parte, Tarek  William Saab aseguró que su despacho, junto a las Fuerza Armada Nacional y el Ministerio Público "están avanzando" en el proyecto de Ley para regular el uso de las fuerzas en manifestaciones.

"La estamos trabajando con el Ministerio de la Defensa, esta muy adelantada con el Ministerio Público y la Defensoría entregó un borrador con artículos y se están cruzando las informaciones", precisó.

Aclaró que el documento está enmarcado "bajo los parámetros  del derecho internacional sobre derechos humanos que establece como ley, los principios de proporcionalidad, progresividad y uso diferenciado de las fuerzas"

"Lo importante de ello es que las cuatro resoluciones que firmó el Ministerio de Relaciones Interiores en el 2011 y el Ministerio de la Defensa que fueron aportes interesantes para regular el uso de la fuerza cuando una manifestación se torne violenta y armada y ponga en peligro a la comunidad, obviamente el uso de la fuerza tanto de policías como de militares sea bajo el protocolo y los estándares internacionales".

Precisó que cuando se promulgue esa ley, "quedarían derogadas todas las resoluciones y saldaríamos la deuda con la Constitución que obliga a que haya una ley para regular el uso de las fuerzas en manifestaciones".

Beneficiados por intermediación

Con respecto a las medidas humanitarias que ha tramitado la Defensoría conjuntamente con el Poder Judicial y la Sala Penal, Saab indicó que se han logrado beneficiar a seis ciudadanos enfermos.

Destacó que se ha logrado la libertad de "Christian Holdack, preso en Polichacao, el abogado Marcelo Crovato, Miguel Ángel Nieto que su señora madre de más de 90 años fue la más activada con nosotros para que se lograra una medida sustitutiva, Pablo Estrada que padece Tuberculosis".

"Nuestra apertura es a atender al pueblo sin distingo político buscando que la Defensoría tenga una fuerza institucional y un poder moral. Nosotros somos un Estado garante de los derechos humanos y si cualquier individuo de cualquier signo político, raza, sexo, color, religión busca el servicio público de la Defensoría del Pueblo, nuestro deber es atenderlo y escucharlo", enfatizó. 

Resaltó que las intermediaciones se han hecho "sin esperar que esa oposición o cualquier sector nos reconozcan nada".

"Lo insólito es que este sector no reconoce nada porque para ello es demoler las instituciones, es acabarla. Los familiares si lo reconocen, no es que estamos haciendo algo heroico sino estamos haciendo nuestro trabajo", añadió.