Como en una novela enredada que transcurre en cámara rápida, Ricardo Lorenzetti pasó en cuestión de horas de anunciar la intención de renunciar por “cansancio moral” a la presidencia de la Corte Suprema el año próximo, a anunciarle su dimisión inmediata en una carta al periodista Horacio Verbitsky, y finalmente a que el tribunal ratifique ayer su re-re-reelección hasta 2019 en un comunicado de dos líneas, sin firmas, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ). Toda esta sucesión de informaciones palaciegas que desafían al sentido común se desató después de que Página/12 revelara que la acordada que dispuso la reelección anticipada de Lorenzetti, cuando todavía le faltaba cumplir un tercio de su mandato actual, decía que se había firmado “en la sala de acuerdos del tribunal”, en presencia de los cuatro jueces que lo integran, cuando en realidad Carlos Fayt no va al Palacio de Justicia desde hace un mes y le llevaron todo redactado para que lo firmara en su casa.

El texto que difundió el CIJ ayer, cuando se supone que Lorenzetti viajaba rumbo a Roma, dice: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunica que, ante versiones publicadas en el día de la fecha, ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015”. La acordada en cuestión es la que designó a Lorenzetti como presidente del tribunal por un cuarto período desde enero de 2016 y a Elena Highton de Nolasco como vice. Según el texto, a él lo postuló Juan Carlos Maqueda, con adhesión de la jueza y Fayt; Maqueda y Fayt, agrega, “proponen a la doctora Elena Highton” como número dos, cuando en rigor el “decano” juez no estaba allí.

Las “versiones publicadas” a las que alude y desmiente el comunicado de la Corte habían salido del propio tribunal, diseminadas por voceros y publicadas por múltiples medios desde el lunes por la tarde. Según esas versiones, Lorenzetti había anunciado en una reunión informal a Highton y Maqueda que prefería no asumir la futura presidencia por “cansancio moral”. En teoría ese agotamiento obedecía a las críticas que recibió por la reelección adelantada, lo que incluye las irregularidades señaladas por Verbitsky en este diario y las apreciaciones de su ex compañero Raúl Zaffaroni –dijo que él no se hubiera hecho reelegir y que la presidencia debería rotar– así como del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien le atribuyó una falta ética.

Según ese relato inicial, Maqueda y Highton le pidieron a Lorenzetti que siguiera, él insistió y acordaron pronunciarse en el plenario del martes próximo. La edición online de Clarín adelantaba que ambos “rechazarían” la renuncia. Una hipótesis fuerte apuntaba a que el juez trataba de lograr una “operación clamor” para quedar legitimado en el trono que ocupa desde 2007. El anuncio que ahora ratifica la reelección en una contramarcha pos renuncia tuvo lecturas varias en tribunales y en el Gobierno: o fue el resultado de una operación clamor exprés o el presidente supremo quedó entrampado en contradicciones y perdió el rumbo. Si algo cambiará en el próximo acuerdo de jueces, es un misterio.

La reelección ocho meses anticipada de Lorenzetti se inscribe en un conjunto de decisiones de la Corte que el propio juez ha resumido en la idea de que el Poder Judicial “tiene que poner límites” a los otros poderes y que materializó, por ejemplo, en la declaración de nulidad de la lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y que encierra una amenaza ante otro tipo de decisiones de gobierno y reformas en puerta.

Lorenzetti trata de mantener su dominio en la Corte, extensivo al Poder Judicial, de cara a un año electoral, con un gobierno que mantiene latente la idea de ampliar el número de jueces supremos, y mientras lo persigue la posibilidad de perder el voto de Fayt, de 97 años, cuya actuación judicial pende de un hilo. Si Lorenzetti no obtuviera tres votos, en una Corte de cinco, se tendría que votar a sí mismo. Mientras la oposición se resiste votar a un reemplazante de Raúl Zaffaroni, la modificación del número de supremos es evaluada como un camino de negociación política posible.

Lorenzetti no es el primer presidente de la Corte que plantea renunciar por “cansancio moral”, lo anticipó Alfredo Orgaz en el gobierno de Arturo Frondizi. El caso tiene más de un punto común. Orgaz fue y vino con su renuncia. Había sido designado por el presidente de facto Eduardo Lonardi; renunció al asumir Frondizi, al poner a los jueces en comisión, y fue confirmado por el Senado. El nuevo gobierno emprendió una reforma al encontrarse con tribunales armados por la Revolución Libertadora. Hubo resistencia. Orgaz presentó la renuncia en julio de 1958, pero negoció modificaciones con el presidente y la retiró. Luego Frondizi encaró un proyecto para elevar de cinco a siete el número de jueces de la Corte. Orgaz otra vez se opuso pero mientras el mandatario lo recibía en su despacho enviaba por la otra puerta a un emisario al Congreso con el proyecto de ampliación, que se votó en febrero. Ahí el supremo dejó el cargo con una carta a Frondizi donde aludía a su cansancio moral, viendo que la administración de justicia se había empobrecido. Lorenzetti también ha planteado su oposición a agrandar la Corte (lo que licuaría su poder).

El historiador Sergio Wischñevsky al repasar aquellos hechos comparó: Lorenzetti no le mandó una carta a la Presidenta sino a Verbitsky, quien había desnudado la jugada. Le dijo que le daba la “inmerecida primicia” de que había renunciado, que lo reemplazarían Highton y Maqueda y que en 2016 habrá otra corte. No mencionaba, dijo el periodista, el cansancio moral, que dejó para los trascendidos que anunciaban su renuncia como una intención a ser discutida la semana que viene; cansancio que ayer volvió a desaparecer, cuando un escueto comunicado anunció que todo sigue como dos semanas atrás, con una reelección basada en el voto de dos presentes y un ausente.

El PRO no podrá presentarse en la provincia de Buenos Aires con ese sello, dado que no cumplió con el requisito de haberse postulado con lista propia en los últimos dos comicios y superar el 2 por ciento de los votos. La decisión la tomó la Junta Electoral bonaerense, que rechazó ayer la apelación del PRO. De todas formas, los macristas no se mostraron preocupados: señalaron que no peligra la candidatura de María Eugenia Vidal y que ya tenían previsto un plan B, que será utilizar otro sello.

El 26 de febrero pasado, la Junta había decretado la caducidad de la personería política del partido que a nivel nacional lidera Mauricio Macri porque no había obtenido en los comicios de 2011 y 2013 los votos de al menos el 2 por ciento del padrón electoral, tal como lo exige la ley provincial. En 2013, el PRO no llevó lista propia, sino que coló tres diputados en la del Frente Renovador de Sergio Massa. En 2011, el candidato a gobernador macrista Jorge Macri se bajó de la contienda provincial y ganó la intendencia de Vicente López. La mayoría de los macristas ese año terminaron en las listas de Eduardo Duhalde. En 2009, en tanto, el PRO fue aliado con Francisco de Narváez.

Ante la decisión de la Junta Electoral de declarar caduco el sello PRO, los macristas presentaron un recurso de revocatoria y cuestionaron que no se le contabilizaron los votos de las distintas listas que integraron. La Junta rechazó ayer por unanimidad ese argumento. Eso significa que no podrán competir con ese nombre, aunque se encuentran en plena negociación con la UCR y otros sectores para armar un frente provincial. El apoderado del PRO provincial, Julio Garro, sostuvo que la decisión de la Junta es “un tema meramente administrativo” y aseguró que cuentan con un plan B: ya inscribieron otros sellos para utilizar en reemplazo. “Quiero llevar tranquilidad porque el PRO va a participar de las elecciones en la provincia”, afirmó Garro.

El proceso completo comenzó en marzo de 2014, cuando el PRO fue intimado a presentar un descargo dado que, como le comunicó la Junta, “la fuerza política estaría encuadrada en la causal de caducidad, toda vez que no alcanzó el 2 por ciento del padrón electoral en las elecciones de 2011 y 2013”. Los apoderados del PRO intentaron argumentar que el acuerdo con Massa para incluir tres diputados y el de Duhalde fue parte de “distintas estrategias electorales”, por las que tuvo “alianzas con otros partidos”. Lo cierto es que ni en 2011 ni en 2013 tuvieron el carácter formal de alianza. “Los argumentos vertidos no resultan suficientes para modificar la situación en la que ha quedado encuadrada la fuerza política”, les contestó la Junta, quien dejó a María Eugenia Vidal sin el sello PRO

Los costureros y costureras que trabajan en los llamados “talleres clandestinos” se están organizando para encontrarle “una solución real y definitiva” al tema de la explotación laboral, dado que “el problema no se soluciona con allanamientos y clausuras que no hacen más que criminalizar a las víctimas, porque todos pasan a ser ‘clandestinos’ y los dejan en la calle, sin trabajo”. Juan Vázquez, del Colectivo Simbiosis Cultural, le recordó a Página/12 que en los allanamientos “muchas veces los policías terminan apuntando con sus armas a mujeres embarazadas, a niños, como si ellos fueran los culpables; no queremos eso, pero tampoco queremos que siga la explotación de personas que necesitan trabajar y que les respeten sus derechos como trabajadores”. Recalcó que los que explotan esos talleres “son empresarios privados, pero también organismos del Estado” entre los que citó a “la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad”.

Para analizar el camino a seguir, trabajadores del sector se vienen reuniendo con organizaciones sociales y sindicales en la búsqueda de una estrategia común. Las reuniones, promovidas por el Colectivo Simbiosis Cultural, comenzaron después del incendio que el 27 de abril pasado provocó la muerte de Rolando y Rodrigo, dos niños de 7 y 10 años, en una vivienda de la calle Páez 2796, en Flores, donde funcionaba un taller de costura no habilitado.

Vázquez es boliviano y sabe lo que es trabajar en esos talleres, al igual que muchos de los que forman parte del grupo al que pertenece. “Hay que salir de las miradas fáciles y, en vez de cerrar, hay que abrir los talleres, pero desde una perspectiva distinta, respetando los derechos de las personas”. Simbiosis Cultural comenzó a formarse a partir del incendio ocurrido en 2006 en la calle Luis Viale, en Caballito, donde murieron seis personas, cinco de ellas menores de 18 años.

“Es necesario generar redes solidarias con participación de distintos actores de la sociedad, pero también del Estado, que hasta ahora ha fracasado cuando intervino, después de lo ocurrido en el taller de Luis Viale.” Vázquez explicó que después de las denuncias, encabezadas por la Fundación La Alameda, “lo que ocurrió fue que los talleres se fueron trasladando al conurbano bonaerense, donde siguieron funcionando de la misma manera”. En algunos casos, “después de los allanamientos compulsivos, los dueños de los talleres aprovecharon la situación para despedir a muchas de las víctimas y ni siquiera les pagaron lo que les debían por el trabajo que habían realizado hasta ese momento”.

Vázquez consideró que la solución que se plantea por la vía de las clausuras es “cortoplacista, pero no beneficia a las víctimas, que se quedaron sin trabajo y sin cobrar lo que les debían”. Señaló que desde el gobierno nacional “se intentó estatizar los talleres y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) invitó a 150 empresas que trabajan con los talleres ‘clandestinos’ a que normalicen su intervención y se creó una oblea de certificación”. Según Vázquez, “una sola empresa adhirió a la iniciativa y las demás siguieron trabajando de la misma manera”, tercerizando su producción a los talleres en negro.

La clandestinidad de los talleres trae consigo una consecuencia que puede considerarse favorable para la economía, porque los productos que se confeccionan en esos lugares “se venden en La Salada y en otras ferias similares, a valores inferiores a los del mercado” legal. La parte negativa es la de los que trabajan en esos talleres –se estima que son cientos de miles en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires– “que siguen sufriendo maltrato laboral, allanamientos, despidos y terminan estigmatizados porque trabajan en los talleres ‘clandestinos’”.

Vázquez denunció que las empresas que regentean los talleres ilegales “no son sólo del sector privado, sino que hay organismos estatales que los utilizan, entre ellos la Policía Federal”. Mencionó, en ese sentido, el caso de “una compañera que trabajaba en un taller y que tuvo un accidente; se lesionó un dedo y tuvo que dejar de trabajar. Cuando le preguntamos si tenía obra social o si le pagaban los días que no podía cumplir con su labor, nos dijo que no. Explicó que ella era bordadora y que su tarea era bordar el emblema que aparece en los uniformes oficiales de la Policía Federal”. Los pedidos al taller eran llevados “por la mujer de un comisario”. Vázquez sostuvo que hay talleres donde se confeccionan prendas para otras fuerzas armadas y de seguridad.

Los encuentros multisectoriales se están realizando todas las semanas, con participación de organizaciones sociales, docentes, vecinos y dirigentes de la CTA, ATE y UTE, entre otros. Vázquez señaló que las muertes de los dos chicos, el lunes 27 de marzo, “se produjeron un mes después del escrache que hicimos en Luis Viale 1269, donde en 2006 murieron seis personas, cinco de ellos menores de 18 años, y lo primero que pensamos fue que no cambió nada, a pesar de todo lo que se hizo”.

Los “allanamientos compulsivos” fueron rechazados por muchos de los trabajadores de los talleres porque “lo que pasó después de Luis Viale fue una caza de brujas. La policía cae con sus métodos, apuntan a los niños, a las mujeres, se los pone contra la pared, a veces no se les deja sacar sus cosas, pero no se hizo nada efectivo para sancionar a los verdaderos responsables, que a veces son también miembros de la misma colectividad boliviana, que es criminalizada como si todos fueran lo mismo”.

Envalentonado por los resultados electorales de Santa Fe y Capital Federal, Mauricio Macri sigue jugando al misterio sobre su compañero de fórmula. El jefe de Gobierno porteño ratificó anoche que ya tiene definido el nombre, pero se limitó a jugar con algunos detalles. Consultado por la posibilidad de que lo acompañe el titular de la UCR, Ernesto Sanz, el líder del PRO lo desmintió: “Ya hemos decidido ambos ir con fórmula propia a las PASO”, afirmó Macri, alejando así la posibilidad tanto de un vice radical como de uno del peronismo disidente. Además señaló que es un hombre y que “no es un tapado, ni una bomba, ni ninguna cosa espectacular”. De esta manera se van despejando algunos nombres que figuraban en la lista de eventuales acompañantes de Macri para agosto, cuando tenga que enfrentar a Sanz (UCR) y a Elisa Carrió (Coalición Cívica). En este contexto, recobró cierta fuerza la figura de Rogelio Frigerio, economista y actual presidente del Banco Ciudad.

En el pasado parecen haber quedado las pretensiones del líder del PRO de ser secundado por una mujer. El lugar estaba reservado en primer término para Gabriela Michetti, pero la senadora lo rechazó para competir por la candidatura a jefa de Gobierno, que el último fin de semana perdió frente a Horacio Rodríguez Larreta. La otra opción era María Eugenia Vidal, pero la actual vicejefa porteña es la apuesta del macrismo para la provincia de Buenos Aires, por lo que también quedó descartada. Las otras tres mujeres de confianza del PRO, Laura Alonso, Carolina Stanley y Anita Martínez, no terminaban de convencer a la mesa chica macrista, integrada por el secretario de Gobierno, Marcos Peña, el consultor ecuatoriano Jaime Duran Barba, el presidente del PRO, Humberto Schiavoni, y el ministro de Gobierno, Emilio Monzó, entre otros.

También corrió el rumor de que se le podría sumar un radical, ya sea Oscar Aguad o Ernesto Sanz. El primero ya se lanzó a la pelea por la gobernación de Córdoba y el segundo desmiente cada vez que puede que bajará su precandidatura presidencial. Por otro lado, el acuerdo en Santa Fe con Carlos Reutemann alentaba la posibilidad de incorporar al ex piloto de Fórmula Uno, algo que varios peronistas en el PRO veían con buenos ojos por el guiño que significaba hacia la estructura del PJ y también a su electorado. Estas opciones eran alentadas por dirigentes como Monzó y Schiavoni, pero resistidas por Duran Barba y Peña.

Una de las cosas que quedaron claras con las declaraciones de Macri es que no utilizaría una figura de la farándula o del deporte, como hizo en Santa Fe con Miguel Del Sel o en La Pampa y Córdoba con Carlos Mac Allister y Héctor Baldassi. Así, se alejó del periodista deportivo Fernando Niembro, que en los últimos días volvió a tomar protagonismo en el elenco del PRO. “No es ninguna bomba. La única bomba que conozco es mi mujer”, bromeó. Más allá de que a última hora el jefe de Gobierno volvió a su discurso inicial –“lo vamos a decir en su momento”–, Frigerio es el que se mantenía con más chances.

Tras la recorrida que hizo por Morón el candidato presidencial del PRO, Mauricio Macri, con su postulante a la gobernación bonaerense, María Eugenia Vidal, desde el sabbatellismo salieron a recordarle a Macri su rol en el caso de corrupción más resonante de ese distrito: las cloacas de JuanCarlos Rousselot. “Los moronenses no olvidamos los negociados que su empresa firmó con Rousselot, el vocero de la Triple A”, sostuvo el titular del bloque de Nuevo Encuentro provincial, Adrián Grana. “Macri perdió la vergüenza, porque hoy visita uno de los miles de hogares a los que hace 20 años pretendió cobrarle 20 mil dólares por diez metros de caño. Si prosperaba la estafa, esos 50 mil hogares podrían haber sido rematados porque la garantía de la obra era nada más y nada menos que las viviendas de los moronenses”, recordó Grana.

¿Existe la palabra “propositivo” en los diccionarios de nuestra lengua? Es posible, suena verosímil, pero su construcción es dura. Toma sus elementos como si dijéramos de distintas pilas de ladrillos. ¿Tiene la acepción de “proponer”? ¿Más bien nos dice que sólo vale lo que está a favor de lo “positivo”? ¿Es un verbo o un collage de dos términos que nos sugieren separarnos de todo lo que sea “pronegativo”? Pero esta última palabra es lunática, sólo puede ir al cesto de los expulsados. Por eso, muchos políticos emplean hoy la expresión “propositivo”, temerosos de ser descubiertos en al pantano de las pequeñas inquisiciones de grupo, ajenos al ideal radiante de trabajar “por lo que todos nos merecemos”.

Esta sucinta construcción verbal es una de las características de Mauricio Macri. “Por todo lo que nos merecemos.” ¿Qué le veríamos de malo a esta expresión que consigue aunar un efecto generalizado de bienaventuranza? Si buscamos refutar esa frase, no es fácil. No la hubieran dicho Winston Churchill ni el general De Gaulle, para tomar dos figuras distantes. Pero no tenemos con qué darle, si nos apoyamos en los peñascos más fáciles del sentido común. Reconozcamos pues que es una frase engañosa, cuyo poder de artimaña no es fácil develar. Es una locución “propositiva”, y lo que “nos merecemos” es un exorcizo asequible que coincide con el punto más oscuro en que descubrimos que se habla de nuestras necesidades, pero con una inmediatez e intimidad que permite pasar por alto muy rápido precisamente lo que verdaderamente necesitamos. Somos merecedores y lo que merecemos parece provocar apenas una venta de felicidad “propositiva”. Se nos ha ofrecido a nuestros merecimientos un vocablo que expulsa el rigor de las cosas, el obstáculo como forma de la historia, la elaboración del sentido cívico a través de la dificultad compartida y no de simulacros de cumpleaños, donde es habitual escuchar agradecer “desde el fondo del corazón”.

La lengua “propositiva” –desde luego, la del PRO y aledaños– ha logrado ser una lengua real hablada en la ciudad. O al revés, flotaba en la ciudad barrial, afectuosa, “familiera”, gratamente dominguera, un soterrado desánimo que con el tiempo, ablandado como se ablandan los motores, se consiguió que llegue al puerto de lo “propositivo”, el simulacro de la vida sin conflictos, el jardín de la política sin política. El ablande de las cosas, el “vos” con el que nos convocan, y con el que se realiza el adiestramiento ficticio de la cercanía, la propia cercanía como concepto magno (“el Estado cerca de la Gente”), son todos artificios comunicacionales que nos llevan a pensar sobre nosotros mismos como personas diluibles.

Es que el merecimiento es el más esquivo concepto de la política. Es lo que quiere el individuo en su fraseo final, cuando se reconoce como persona no diluible (no “propositiva” sino “complejamente hablante”). La persona no diluible acepta vivir una vida escarpada, forcejeada. Pero el político que juega con el merecimiento colectivo sin especificar qué y cómo, holgazanea con sus propios actos, que también contienen decisiones oscuras, opciones duras entre personas diferentes y cálculos no expresados públicamente; por lo que con el merecimiento ve sólo ante sí a personas diáfanas, a ser restauradas en su virtud, a las que les debe hablar simulando y disimulando –si verdaderamente las conoce– sobre las zonas escabrosas de su conciencia. De este modo, llega a la eficacia política sobre la base de personas disolubles, las que diluyen la escondida densidad moral de lo real de sus existencias.

La ciudad será concebida como una red de circulación feliz y se la consagrará a un rediseño basado también en el merecimiento: la ciudad comprendida como mera máquina circulatoria, un tecnomecanismo que la retira de la historia compleja; la aparta de sus ejes problemáticos histórico-sociales. Su industrialización en los ’30, su desindustrialización en los ’60, la trama lóbrega de la renta urbana, la pesada especulación inmobiliaria, las visiblemente malas condiciones habitacionales, sus cercamientos, su repliegue respecto del conurbano, sus nacientes prejuicios que viborean contenidamente. Es decir, la ciudad vista como un instituto sombrío de reproducción técnica de desigualdades. De este modo, se la considera una gestionadora de servicios públicos secundarios (ganar 15 minutos en el cruce a la 9 de Julio por los nuevos circuladores no está mal, pero esto se propone sin nociones urbanas ligadas al espaciotiempo del usuario no usurpado por la utilería del control del tiempo urbano, un tipo de ciudadano en vías de extinción).

La novedad del PRO, más allá de la supuesta osadía con la que una de sus fracciones señaló taimadamente la industria del juego, mientras Macri apoyó a Larreta con una frase también tortuosa (“Horacio conoce los instrumentos de gobierno”), no implica la emergencia de un fenómeno nuevo: es un partido de revestimiento, lo principal se dice en otro lado (su programa hay que leerlo, entre otros lugares, en los editoriales de Morales Solá, para qué molestarse, personaje al que es inimaginable verlo aceptar los peripatéticos pasos de baile de Del Sel y Macri). Mientras la vida propositiva del PRO transcurre dentro del lenguaje usual de la población, en ese velado de depósito de habladurías sobre “instrumentos de gobierno”. ¿Cómo piensan la ciudad? También como un revestimiento, un conjunto de efectos de circulación ajenos a la vida productiva y marchando hacia la organización de un modelo punitivo para el uso futuro de la ciudad.

Hay muchas razones para imaginar los vapuleos electorales que proporciona el PRO, y muchos hacen a la discusión política tradicional. Pero el que parece posible imaginar ahora es el que nos permite decir que el PRO está inserto en el lenguaje colectivo avalado y traficado por los grandes medios de producción de “contenidos”, ellos lo crearon, sin querer queriendo, y la impregnación es tan grande que a mayor desplome de los cimientos clásicos (no tradicionales, sino modernos y democráticos) de la lengua nacional, más crecerá la atmósfera de vulgaridad y rusticidad que amalgaman una forma política y los usos colectivos de la lengua (estos dos variables dan como sumatoria a una ciudad).

No se podrá ganarles, por lo menos en la Capital, si no se encara este problema, si no nos decidimos a hablar de otra manera, no con otras ramplonerías, sino haciendo de la historia de la que somos portadores –que tiene sus oscilaciones visibles, diferencia esencial entonces–, una trama de eventos a ser dichos con nuevas pertinencias. Sin disolver nada a fin de hacerlo más digerible, y sin hacer de los queribles ritos antiguos, el lenguaje cerrado de apenas una enorme minoría.

* Director de la Biblioteca Nacional.

El modo que ha elegido el PRO para festejar sus triunfos genera en el progresismo una sensación equivalente a la de arañar un pizarrón, tocar gomaespuma con la yema de los dedos o respirar el polen que despiden los bananos en las noches de primavera. Sin embargo, superar este rechazo epidérmico es esencial para entender un fenómeno más complejo de lo que habitualmente se piensa.

Comencemos por el principio. Igual que el kirchnerismo, el PRO es un hijo de diciembre, del sacudón que produjo la crisis del 2001 en amplios sectores de la sociedad, y cuyos antecedentes, también como el kirchnerismo, pueden rastrearse a los ’90, al lento proceso de degradación de los años finales de la convertibilidad, cuando no sólo surgieron las agrupaciones de izquierda independiente en las universidades, los nuevos movimientos sociales y la renovación de los organismos de derechos humanos a través de HIJOS, de donde luego provendría buena parte de la militancia K, sino también una serie de ONG de filo tecnocrático que están en el seno del fenómeno PRO.

Formadas al estilo de los think tanks estadounidenses, que funcionan a la vez como centros de elaboración de programas de gobierno llave en mano, espacios de socialización profesional y núcleos de lobby, este tipo de organizaciones desarrollaron un conjunto de propuestas que giran alrededor de las nociones de modernización, transparencia y eficacia, detrás de las cuales no es difícil imaginar clivajes como eficiencia/ineficiencia, nueva/vieja política o improvisación/equipos, luego transformados en los ejes propositivos de la renovación programática del PRO.

Financiadas por organismos internacionales y grupos empresarios y adoptadas con entusiasmo por los medios de comunicación, las ONG de los ’90, como Poder Ciudadano, Cippec, Grupo Sophia y Creer y Crecer, marcaron el inicio de las trayectorias de buena parte de la cúpula del PRO, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta, Laura Alonso, Miguel Braun y Nicolás Ducoté. Por supuesto, el PRO absorbió también los fragmentos supervivientes de los partidos neoliberales, como la UCeDé y Acción por la República, a las fuerzas conservadoras tradicionales, como el Partido Federal y el Demócrata, a sectores del peronismo y, en menor medida, del radicalismo porteño. Pero lo que sin dudas lo distingue de otras experiencias es la capacidad de incorporar dirigentes –casi diríamos cuadros– sin contacto previo con la política, provenientes del mundo empresarial, del voluntariado católico y, sobre todo, del equívoco campo de la “sociedad civil”. Esa es la gran novedad, el aporte verdaderamente original del PRO a la política argentina.

Este rasgo le confiere a la militancia del PRO un aire especial, agudamente destacado por Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti en Mundo Pro (Editorial Planeta): una dimensión moralizante que enfatiza valores como la entrega y la generosidad para “donar” tiempo y esfuerzo a pesar de las dificultades que impone la política cotidiana. Esta imagen de “autoconstrucción moral” resume el núcleo implícitamente sacrificial de la militancia estilo PRO: la idea de que el funcionario o militante, ubicado por el azar de su nacimiento en los pisos más altos de la pirámide social, podría estar triunfando en su mundo privado, profesional, deportivo o empresarial y que, en cambio, se involucra en los asuntos públicos por el bien del país.

Pero no se trata sólo del origen. Si el PRO nació al mismo tiempo que el kirchnerismo y ha sabido atraer a la política a dirigentes y militantes que antes la miraban con recelo, su crecimiento se inscribe, como el del oficialismo, en una tendencia regional que lo excede. Me refiero al ascenso de una nueva derecha, que demostró su potencia en las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Aécio Neves quedó a sólo tres puntos de Dilma Rousseff, y en las de Venezuela, en las que Henrique Capriles estuvo cerca de derrotar a Nicolás Maduro, a lo que podríamos sumar el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones chilenas de 2010.

La nueva derecha es nueva porque es democrática y posneoliberal. Por una simple cuestión etaria, los dirigentes que la lideran no tuvieron participación en las dictaduras de los ’70 y ’80, sus partidos surgieron una vez que éstas finalizaron e, incluso, como en el caso del PSDB brasileño y el célebre voto de Piñera por el No a Pinochet en el plebiscito de 1988, se opusieron a ellas. Y es posneoliberal porque se trata de una derecha que reivindica un rol activo del Estado en la economía, destaca la importancia de la educación y la salud pública y promete mantener las políticas sociales en caso de llegar al poder (en este sentido, resulta notable que, así como Hugo Chávez fue el primer líder de la nueva izquierda en llegar a la Presidencia, Capriles fue el primer candidato de la nueva derecha en comprometerse a no desactivar las misiones sociales si ganaba las elecciones: por eso Mariano Fraschini habla de la caprilización de la derecha latinoamericana).

Pero maticemos antes de continuar. Que la nueva derecha sea esencialmente democrática no quiere decir que sus sectores más recalcitrantes no participen de los intentos de “golpe suave” registrados en los últimos tiempos, aunque es difícil estimar hasta dónde y aunque el tema exija una mirada más fina. Del mismo modo, que combine una defensa de lo público con promesas sociales no implica que llevará a cabo una gestión socialmente inclusiva. Pero tampoco significa que gobernará del mismo modo que la derecha de los ’90, por una razón tan sencilla que a veces se pasa por alto: las reformas del Consenso de Washington, corazón del programa de la vieja derecha, ya fueron implementadas, y en muchos aspectos siguen vigentes a pesar los esfuerzos contrarreformistas de los últimos años. En otras palabras, la nueva derecha no incluye menciones explícitas al neoliberalismo porque el neoliberalismo es antipático, pero sobre todo porque el neoliberalismo ya ocurrió.

¿Cómo definirla entonces, y por qué seguimos hablando de derecha? Probablemente se trate de una ecuación más compleja, como la de Mauricio Macri en la Ciudad: no privatizó las escuelas, pero disminuyó el presupuesto para la educación pública como porcentaje del PBI, no aranceló los hospitales (ni prohíbe que se atiendan los no porteños o los no argentinos), pero tampoco invirtió en nuevos centros de salud; no mandó las topadoras a las villas, pero tampoco destinó un peso extra a vivienda social. Imposible de definir sin zoom, la fórmula quizá podría resumirse de esta manera: todo el gasto social que haga falta para garantizar la estabilidad política y la prosperidad de los negocios, pero ni un peso más del que sea necesario. Una estrategia que, dicho sea de paso, puede funcionar en buena medida gracias a un Estado central hiperactivo que compensa en materia social la desatención de los niveles subnacionales, porque siempre es más fácil gobernar un distrito con planes como la Asignación Universal y el Procrear que sin ellos, pero que difícilmente alcance para llevar adelante una gestión nacional, aunque eso está por verse.

Rebobinemos antes de concluir. El origen del PRO en la crisis del 2001, su capacidad de sumar dirigentes y la astucia para incorporar algunas marcas programáticas del mundo posneoliberal ayudan a explicar su ascenso, más que las miradas sociológicas centradas en el derechismo intrínseco de los sectores medios, que en algunos análisis aparecen inmutablemente cosificados en una posición conservadora contra la que ni siquiera vale la pena luchar, una especie de resignación que implica desconocer la capacidad de la política para transformar realidades sociales, tal como demuestran los dos triunfos kirchneristas en la misma ciudad conservadora que el domingo se inclinó por el macrismo, con Aníbal Ibarra en 2003 y con Cristina en 2011.

Por eso, antes de estornudar tratemos de entender una escena que hemos visto mil veces: los dirigentes del PRO, de traje pero sin corbata, las mujeres casual, elegantes sin exagerar, salen a bailar, revoleando los pañuelos, haciendo pogo, incluso el trencito, con Antonia a babucha y los globos multicolores volando por todos lados. El DJ mezcla cumbia y rock y guarda para el momento clave “Ciudad mágica”, el hit de Tan Biónica, la banda que por aptitud estética y origen (su salto a la fama se debió en buena medida a su brillante presentación en el festival Ciudad Emergente) se ha convertido en la banda PRO. El baile, decíamos, tiene su lógica: el PRO, a diferencia de otras fuerzas, no es resultado de una historia densa que imponga un folklore determinado. ¿Qué hacen los peronistas cuando festejan? Cantan la marchita. ¿Y los radicales? También tienen la suya, menos inspirada pero existe, y las boinas blancas, aunque ya casi nadie las usa. Sin una tradición política a la que recurrir, los dirigentes del PRO, como señaló el periodista Nicolás Cassese, apelan, igual que todo ser humano en momentos de angustia o euforia, a lo que tienen más a mano, al universo cultural de su memoria emotiva, que los reenvía a los casamientos, los Bar Mitzvah o los tercer tiempo de la adolescencia. Su patria también es la infancia.

Gabriela Michetti cerró su campaña en una caravana por la zona sur de la Ciudad. La precandidata del PRO a jefa de gobierno lanzó además un último spot en el que, sin mencionarlo, le apunta directamente a su contrincante en la interna macrista, Horacio Rodríguez Larreta. “Vos sabés que gobernar es mucho más que gestionar. En esta elección no se elige un jefe de Gabinete, se elige un jefe de Gobierno”, le dedicó. “No importa quién está con quién. Importa quién está con vos”, afirmó en el spot sobre el apoyo de Mauricio Macri a su adversario. En tanto, Larreta piensa cerrar hoy su campaña en una recorrida con vecinos.

Como en los dos días previos, Michetti se subió a un viejo convertible y recorrió las calles de la ciudad de Buenos Aires junto a su compañero de fórmula, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi. Atravesaron las comunas 4, 8, 9, 10 y 11 con paradas ocasionales. En simultáneo, la senadora del PRO lanzó un último spot que la muestra en primer plano –y luego en un primerísimo primer plano– para mostrar cercanía con el votante, al que siempre trata de “vos”. Allí insiste en la estrategia de diferenciación que había insinuado en el debate con Larreta. En el video, insiste en diferenciar las cualidades de un gobernante de las de un simple gestor y remarca que gobernar es “tener el coraje de enfrentar lo que haya que enfrentar: el juego, el narcotráfico, las mafias, la trata”.

De todas formas, la ex vicejefa también dejó traslucir algunos gestos de distensión luego de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sostuviera que él también se siente ganador si ella triunfa en la interna. “Horacio es una persona que tiene una capacidad de coordinación muy importante. A mí me parece que perfectamente podría tener un rol en mi gobierno”, sorprendió. El lugar que le encontraría quedó, eso sí, más difuso. “Siento que no se me va la vida si pierdo. Me da la impresión de que él está mucho más agarrado”, le destinó a continuación.

Sobre la relación con Macri, Michetti interpretó que “él tal vez no sienta que lo estoy ayudando como él quería que lo ayude”. Pero se mostró segura de que lo va a convencer. La senadora también señaló que podría existir una incompatibilidad entre ella como eventual jefa de Gobierno y su novio, Juan Tonelli, que presida la Cámara de Medicamentos de Venta Libre. “Si él sigue trabajando como asesor de empresas, creemos que puede haber incompatibilidad. O trabaja y es funcionario con nosotros y forma parte del equipo, o no sé, trabaja en una cosa que no tenga nada que ver”, detalló Michetti.

Larreta, en tanto, continuó con su estrategia de no mencionar a su adversaria y hacer propuestas. Ayer presentó otra de sus promesas de campaña: deserción escolar cero. “Para mejorar la calidad educativa es imprescindible que todos los chicos terminen la escuela. Mi compromiso es hacer el máximo esfuerzo para que cada estudiante finalice sus estudios”, sostuvo el jefe de Gabinete. Su comando de campaña señaló que no hará un cierre grande –no es el estilo del PRO–, sino que concluirá hoy con una recorrida con vecinos.

Los dos adversarios se verán las caras recién el domingo, después de las 18, cuando se reúnan en el bunker único que pactaron en el complejo Costa Salguero, que tantas alegrías le ha dado a Macri.

–¿Qué fue lo mejor y lo peor de la gestión de Mauricio Macri?

–Lo mejor es todo para sus amigos, lo peor es para el pueblo trabajador, es una ciudad cada vez más polarizada entre empresarios que se benefician con la especulación inmobiliaria y la basura, mientras el pueblo trabajador sufre cada vez más la degradación respecto de su salud, su situación de vivienda y su educación.

–Una plaza pública cualquiera, pero me gusta mucho Parque Saavedra.

–La que vamos a construir sin opresión hacia las mujeres, una ciudad que no tenga talleres clandestinos con mujeres que realizan trabajo esclavo, cómo sucede en ésta que, además, no tiene ninguna política pública seria contra la violencia de género.

Además de rehusarse a demoler el muro construido junto a la planta de impresión del Grupo Clarín, el gobierno de Mauricio Macri le alquiló un galpón en ese mismo lugar al holding empresarial por un costo anual de un millón y medio de dólares. Para hacerlo, sortearon mecanismos de control con el pretexto de la urgencia de conseguir un lugar para los vagones de subte de la línea B que debían ser reacondicionados. “Estamos acostumbrados a los manejos desprolijos e irregulares de Sbase, pero en este caso particular, se revela la especial relación del gobierno de Macri con el Grupo Clarín”, señaló el auditor porteño Eduardo Epszteyn.

Se trata de la planta denunciada por los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo por construir un muro que impide el paso en una calle pública. Los dirigentes y un vecino presentaron un amparo, ya que el gobierno porteño se negaba a demoler el muro. En la causa judicial, la gestión PRO argumentó que no sabía si el muro existía, que no tenía conocimiento de quién lo construyó y otra serie de argumentos de antología. La jueza Lidia Lago los desarmó uno por uno en un fallo en el que le ordenó al gobierno de Macri que demuela el muro en un plazo de diez días. La procuración porteña apeló para evitar tener que demoler un muro que corta el acceso a una calle pública, que es utilizada por la planta de impresión del Grupo Clarín como estacionamiento privado y depósito.

El conductor Víctor Hugo Morales sufrió una agresión la semana pasada, cuando fue a tomar imágenes del muro para su programa Bajada de línea, donde se dieron los primeros detalles de la relación entre Sbase y el galpón del Grupo Clarín. Según pudo reconstruir el equipo del auditor Epszteyn, la procuración porteña emitió un dictamen a posteriori del alquiler de parte de un galpón de 7000 metros cuadrados en Agustín Magaldi 2139 por la bicoca de 115 mil dólares más IVA por mes. El contrato de alquiler fue firmado por Sbase, la empresa estatal de subtes que controla el macrismo, con un fideicomiso de nombre LOMA XXI, que comparte la dirección fiscal con el Grupo Clarín y con AGEA.

El lugar fue alquilado para recibir los vagones que llegaron de Madrid para la línea B. Curiosamente, pese a que el gobierno porteño sabía con anticipación de la llegada de estos vagones, la contratación del galpón se hizo utilizando un mecanismo previsto para casos de urgencia, que evitó el dictamen previo de la procuración.

En su dictamen posterior, la procuración –que conduce Julio Conte Grand, un funcionario designado por Macri– encontró que varias de las cláusulas del contrato “colisionan con lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones” de Sbase. No encontró probada la excepcionalidad para firmar ese contrato ni por qué se hizo en moneda extranjera. “Considero que deberá acompañarse de un informe técnico por el cual se deberá invocar y justificar debidamente las razones por las que motivaron y tornaron necesario tales apartamientos respecto del Reglamento de Contrataciones de Sbase, considerando que se trata de un mecanismo contractual de excepción”, le marcó la procuración porteña a Sbase. “La actuación de la procuración es pública –detalló Epszteyn–. Mi equipo la encontró, ya que tenemos como costumbre buscar toda información pública relacionada con un tema que se esté auditando. Y justamente estamos auditando a Sbase.”

La resolución 2124/14 de Sbase, firmada por su presidente Juan Pablo Piccardo –a la que accedió Página/12–, corrobora lo planteado por el equipo de Epszteyn: el contrato se firmó el 14 de agosto de 2014, tiene una duración de 36 meses, y un canon de 115.500 dólares por mes a partir del 1° de marzo de este año. Y la frutilla del postre: la inmobiliaria que hizo las averiguaciones para Sbase se llevó otros 173.250 dólares en comisiones.

Hasta hace poco Mauricio Macri se jactaba de que no había llamados suyos con el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios registrados en la causa del espionaje. En tres escritos judiciales diferentes se quejó de que no era justo que a él lo consideraran tan sospechoso como al espía Ciro James y a Palacios que, en cambio, sí tenían múltiples contactos detectados entre sí. “Ninguna comunicación existe entre Mauricio Macri y los nombrados”, remarcaron los distintos planteos –descargos y apelaciones– de sus abogados defensores. Pero las llamadas entre el jefe de Gobierno y el ex comisario empezaron a aparecer: hasta ahora fueron detectadas nueve, entre julio y septiembre del año pasado. Una en particular se produjo al mes de la renuncia del Fino a la policía porteña y fue justo horas después de que James retirara de la SIDE las primeras escuchas al familiar de las víctimas de AMIA Sergio Burstein.

Parecía raro, en rigor, que no hubiera ningún contacto telefónico entre el jefe de Gobierno y Palacios, que era su hombre al frente de la Metropolitana y, como solía decir Macri, el policía al que podría confiarle tranquilamente la seguridad de su familia. Era esperable que hablaran. Lo que sucede es que los investigadores no habían dado hasta ahora con los números viejos ni actuales del líder de PRO. Incluso el juzgado de Norberto Oyarbide tuvo que ser insistente para que la Jefatura de Gabinete porteña le informara los celulares que tiene asignados por el Gobierno de la Ciudad. En un comienzo no le mandaron nada, luego dieron los teléfonos fijos y recién sobre el final de esta semana facilitaron un número de celular que Macri usa en la actualidad. Quienes frecuentan al ex presidente de Boca suelen verlo por lo menos con tres celulares encima, lo que demuestra que lo que se empieza a saber sobre sus comunicaciones es apenas un atisbo.

Del entrecruzamiento de llamados que se empezó a hacer en tribunales el viernes surge, según confiaron allegados al expediente a Página/12, que entre julio y septiembre del año pasado Macri y Palacios hablaron por lo menos nueve veces, ocho de las cuales corresponden al período en que el ex comisario estaba en la jefatura de la Policía Metropolitana, y una es posterior. Palacios renunció el 25 de agosto. La llamada en cuestión es del 25 de septiembre, cerca de las nueve de la mañana: va del teléfono del ex jefe policial al de Macri: duró 45 segundos. Al atardecer del día anterior James había retirado de la SIDE las primeras escuchas a Burstein, el dirigente de familiares de AMIA que fue un fuerte crítico de la designación del Fino en la Metropolitana y que es querellante en la causa del encubrimiento del atentado en la que el ex comisario fue procesado.

Al juzgado todavía le faltan datos como para ponderar qué implicancias tienen estas comunicaciones que despuntan entre Macri y Palacios. En el caso de James y Palacios, se advirtió que había un patrón de comportamiento: solían hablar inmediatamente antes o después de que el joven espía retirara de oficinas de la SIDE grabaciones o transcripciones relacionadas con ciertas escuchas, especialmente las de Burstein, el empresario Carlos Avila y dos gerentes de Supermercados Coto. Las intervenciones, en todos los casos, eran requeridas desde Misiones, por dos jueces que terminaron destituidos (Horacio Gallardo y José Luis Rey), que truchaban expedientes en combinación con James para lograr el espionaje.

Lo que Macri ya no podrá decir ni usar como argumento contra su procesamiento es que no había contactos telefónicos suyos con Palacios, algo que planteó por lo menos en tres oportunidades por escrito, con sus abogados Ricardo Rosental y Santiago Feder:

- “No existen llamadas entre nuestro asistido y James ni entre nuestro asistido y Palacios, tanto en fechas cercanas a las escuchas del señor Burstein como en ninguna otra”, decía el texto de la apelación al procesamiento que le dictó Oyarbide por asociación ilícita, violación de secretos y falsedad ideológica.

- “Respecto de los señores Palacios y James, por ejemplo, el juez consideró fundamental las comunicaciones que mantuvieron en momentos previos y posteriores a las intervenciones telefónicas. Ninguna comunicación existe entre Mauricio Macri y los nombrados, pero a su respecto, en cambio, el juez consideró suficiente para procesarlo la mera presencia de James en la zona donde vivía nuestro asistido, aunque más no sea por escasos minutos y sólo en algunos de los días en que retiró casetes con conversaciones de (su cuñado Daniel) Leonardo”, argumentó la defensa de Macri en un “memorial” que presentó ante la Cámara Federal.

- En su descargo por escrito ante el juzgado Macri dijo que Palacios, como jefe policial, reportaba al Ministerio de Justicia y Seguridad pero no a él, que tuvo una “relación de carácter técnico y profesional” únicamente. En el manejo de la policía, sostuvo, “no intervenía el jefe de Gobierno”. Hasta el día de hoy sigue sin cuestionar al Fino. En aquel primer descargo dijo que los cuestionamientos que había a su nombramiento “no reflejaban la necesidad y los reclamos de los vecinos en materia de seguridad”.

En el análisis preliminar de los llamados del líder de PRO con Palacios, también habría alguna coincidencia con las escuchas al empresario Carlos Avila. Días atrás el abogado Mariano Bergés le planteó a Oyarbide que investigue si existe vinculación entre las escuchas y la licitación fraudulenta de la publicidad del mobiliario urbano, en la que se favoreció a la empresa Publicidad Sarmiento que había presentado documentación falsa. Avila fue uno de los que quedaron afuera. Oyarbide pidió la causa donde se investiga ese asunto al juez Ernesto Botto.

Así, mientras Macri pide juicio oral ya, la causa judicial va sumando vericuetos y pistas que aumentan su complejidad, pero no es seguro que su celeridad. En cuanto a los celulares de Macri, todavía no se sabe, por ejemplo, cuáles usaba en 2008, ni con quién hablaba por entonces, o al menos entre mayo y junio, que fueron dos meses clave porque abarcan la intervención ilegal al teléfono de su cuñado, Daniel Leonardo, y en simultáneo la designación del espía James como supuesto asesor legal del Ministerio de Educación porteño, donde se comprobó que nunca realizó ningún trabajo. Según la Sala I de la Cámara Federal esa designación fue la forma de darle una “retribución” y “cobertura” al espía en los inicios de lo que consideró una estructura “clandestina”, “subterránea” de inteligencia ilegal en el ámbito de la administración porteña. Las escuchas a Burstein y a Leonardo lo confirman, según señaló al tribunal al responsabilizarlo a Macri por ellas.

La pinchadura a Leonardo es muy comprometedora para el jefe de Gobierno, ya que no hay mucha explicación sobre quién más podía tener interés en escucharlo. El jefe del clan familiar, Franco Macri, blanqueó públicamente un enfrentamiento con el parapsicólogo, casado con Sandra Macri, y lo acusó de “cazafortunas”. Leonardo, ante la Justicia, responsabilizó a ambos, suegro y cuñado, de la intromisión en su privacidad. Franco también admitió que había contratado una agencia de seguridad, The Ackerman Group, para proteger a la familia y deslizó que también hacían investigaciones. El juzgado constató que Ackerman no está registrada en el país y espera informes pedidos a Estados Unidos, donde se supone que tiene sede.

Palacios y James, seguramente jefe y organizador de la asociación ilícita, y Macri, integrante, son los tres principales procesados. Todos fueron sometidos a pericias psicológicas la semana pasada. Los expertos del Cuerpo Médico Forense dijeron que están en condiciones de enfrentar un juicio y que comprenden perfectamente la diferencia entre “lícito e ilícito”. Sobre Macri, el informe agregó que se lo vio particularmente “molesto por su situación”.