El presidente catalán, Artur Mas, se ha encontrado esta mañana con un inesperado aliado: el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa, Ada Colau, mantuvo una reunión esta mañana con Mas en la que intercambiaron cromos. Luego, Colau salió en tromba criticando al Gobierno central y defendiendo el “derecho a decidir” de los catalanes. A cambio, se lleva para la otra acera de la plaza de Sant Jaume (Ayuntamiento y Generalitat están frente a frente en esta céntrica plaza) 20 millones de euros debajo del brazo.
Ada Colau no escatimó críticas al Gobierno español, a quien acusó de ahogar y bloquear económicamente al Gobierno catalán. Afirmó que Artur Mas no le había pedido un frente común ni ella se había comprometido a nada, pero reconoció que “hemos hablado de la situación general del país y de la actitud arrogante, prepotente y de poca cultura democrática del Gobierno del PP, que no permite el derecho a decidir”.
Neus Munté, portavoz del Gobierno catalán, señaló, por su parte, que “hubo un clima de coincidencia ante las dificultades financieras que padece el país y el sobreesfuerzo que tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat”. La también vicepresidenta de Cataluña matizó que “Artur Mas planteó la necesidad de preservar el derecho a decidir con todos los matices y que se podrá ejercer el 27S con las elecciones plebiscitarias. Es la única manera de hacerlo tras haberlo intentado todo. Y se ha de manifestar con un si o un no. Por eso, es importante que la capital pueda ejercer también un coliderazgo para la reclamación de más instrumentos y recursos para el conjunto del país. Ha habido plena coincidencia a la hora de establecer que el país pasa por un momento complejo y el origen de estas dificultades extremas que tiene el Gobierno provienen de un ahogo financiero que tiene su origen en Madrid. Este ahogo no sólo se limita al ámbito financiero, sino que también afecta a las competencias que se recortan con la recentralización y, se muestra también desde punto de vista de las libertades democráticas”.
Para la portavoz de la Generalitat, “lo único que hace el Gobierno español es amenazar. Pero estamos tranquilos porque cumplimos la ley. Quien no la cumple es el del Estado en materia de financiación y con Ley de Dependencia. El Gobierno de Estado tiene un problema gordo en Cataluña por su inmovilismo y por las políticas de extrema austeridad que ha aplicado”. Y, ya opuestos en harina, lanzó su reto: “El Estado está instalado en el discurso del miedo y de la amenaza. Pero, ante ello, estamos preparados y estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer”.
Las instituciones, a una
La alcaldesa, por su parte, no aclaró si asistirá a la manifestación del 11 de septiembre (convocada por las entidades que apoyan la lista de Artur Mas), pero advirtió que “hace falta hacer entender al Estado que el derecho a decidir es un derecho de la ciudadanía y hemos de hacer todo lo posible porque se puede ejercitar. Luego, puede haber discrepancias, pero en las cuestiones básicas, las instituciones hemos de ir todas juntas”. El consistorio catalán, pues, se alinea claramente y sin subterfugios, con la postura que ya mantiene desde hace años la Generalitat de Cataluña.
Ada Colau evitó cuantificar la deuda que el Gobierno catalán mantiene con el Ayuntamiento de Barcelona “por prudencia”. Pero se mostró radiante al anunciar que Mas le ha comunicado que el Gobierno catalán ha iniciado ya los trámites para devolver a la ciudad 20 millones de euros que le debe por la Ley de Barrios. El consistorio pide 35 millones. Luego, ya se verá en la comisión mixta la cuantificación de la Ley de Dependencia (sólo en 2014, el Ayuntamiento adelantó 13 millones de euros en la atención domiciliaria), del Fondo de Empleo Local o de los diferentes consorcios gestionados por ambas instituciones. Según algunos partidos de la oposición, la deuda puede rozar los 400 millones de euros, aunque la Generalitat ha intentado enjugar parte de esa deuda con la cesión de edificios públicos cuya valoración será revisada por Colau. La portavoz del Gobierno, Neus Munté, anunció que esa comisión se reunirá el próximo mes de septiembre.
La reunión, pues, fue bien. La predisposición de Mas a hablar de temas económicos propició también que la alcaldesa se comprometiese incluso a adelantar dinero a la Generalitat. “El Ayuntamiento está dispuesto a avanzar dinero para gastos básicos, pero queremos un reconocimiento de esa deuda y un calendario razonable de pago”, subrayó Colau. Y Munté anunció que había predisposición, por parte de la Generalitat, de ir pagando lo que debe.
El único punto en desacuerdo
La buena disposición se trasladó luego a las reivindicaciones municipales: la intención de Colau es unir los dos tramos de tranvía que tiene Barcelona a través de la Diagonal. Se trata de atravesar toda la ciudad por la gran arteria. Y el Gobierno catalán apoya ese proyecto. Colau salió eufórica de la reunión por esa predisposición. “Es una muy buen noticia. Estoy muy contenta de esta primera reunión, porque nuestra prioridad era impulsar el tranvía y unir los dos tramos que hay en las dos puntas de la ciudad. Porque el tranvía no es sólo una infraestructura básica de Barcelona, sino del país”. Para Munté, “ésta no ha sido sólo una reunión de cortesía, porque se ha profundizado en algunos temas, como los de infraestructuras y políticas sociales”.
Otro de los temas tratados fue la construcción de la línea 9 del Metro, que el próximo año llegará al aeropuerto. La alcaldesa, no obstante, pidió a Mas que “llegue al barrio de Marina-Zona Franca, que registra uno de los mayores índices de pobreza. Ha de llegar ahí porque los túneles ya están hechos. Y no puede ser que en la capital de Cataluña haya barrios completamente aislados. Es una cuestión e justicia que también ayudará a la reactivación económica del barrio”.
Sólo en un punto no se pusieron de acuerdo. Ahí, Colau intentó darle a Mas de su propia medicina: le pidió recaudar y gestionar el 100% de la tasa turística de la ciudad de Barcelona “para que los beneficios reviertan mejor en la ciudad”. Es una vieja reivindicación de la capital. Pero Mas utilizó los argumentos que cualquier Gobierno utiliza: no se lo concederá porque la tasa turística se utilizará para la promoción del turismo de todo el ámbito catalán.
La Sra Colau pese a su respetable cargo, parece no haber leido la Constitución Española, o si la ha leido no parece haber entendido en profundidad su contenido dada su inexperiencia en el cargo el significado de "ciudadanos de España", una limitación cognitiva muy frecuente entre los politicos de muchas formaciones politicas de todos los signos del arco politico, que confunden la Ley con sus deseos particulares. Las encuestas de popularidad no cambian la Ley, y tampoco la Constitución para la cual se necesita una mayoria reforzada del conjunto de los ciudadanos de pais, aunque algunos ya han intentado saltarse la Ley cambiarla por la puerta de atras con mayorias simples.