La formación política española ‘Izquierda Unida’ (IU) propone un paquete de medidas económicas entre las que se incluyen propuestas como la nacionalización de sectores estratégicos que ofrecen servicios básicos, la limitación del salario máximo en empresas privadas, una banca pública al servicio de la ciudadanía o el aumento del IRPF para las rentas más altas.

Así lo ha expuesto el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, en la que ha explicado que el objetivo es propiciar una “democracia económica” en la que las decisiones estén al servicio de la ciudadanía.

Garzón cree que es necesario que exista un “Estado fuerte” en el que haya “empresas públicas fuertes”, evitando así además que el poder privado tenga capacidad para “extorsionar y chantajear”. “La dinámica de las últimas décadas ha sido privatizar, y eso te deja un Estado enclenque a merced de los intereses privados de las grandes empresas”, ha denunciado.

Frente a ello, IU aboga por preservar la naturaleza pública de sectores “esenciales para una vida digna”, tales como la energía eléctrica. A su juicio, igual que la ciudadanía defiende que todo el mundo pueda acceder a atención sanitaria con independencia de sus recursos, todo el mundo tiene también que “tener claro” que la electricidad es un servicio básico que debe estar garantizado por el Estado.

“Cuando te encuentras que la gente tiene un momento de emergencia social porque está pasando hambre o no puede pagar la luz es el momento de que el Estado decida hacerse con la propiedad de alguna empresa privada para convertirla en pública”, ha sostenido sin definir la fórmula jurídica a través de la que podría llevarse a cabo. “El diseño concreto es un detalle jurídico de segunda envergadura”, ha justificado.

Banca pública

Otro sector en el que apuesta por un control público es el financiero mediante la creación de una banca pública que, por ejemplo, tenga prohibida la especulación financiera. “Una banca pública que haga la función que debería hacer cualquier banco, canalizando el ahorro y llevándolo a la inversión”, ha explicado.

Por ejemplo, Garzón considera que esta banca pública no debería financiar armamento y, en cambio, debería centrarse en financiar un cambio de modelo productivo, apoyar sectores como las energías renovables o sostener a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Salario máximo

IU también quiere regular el salario máximo en la empresa privada porque considera que “una sociedad justa es aquella en la que no es posible que una persona pueda cobrar sueldos astronómicos mientras la mayoría de la población está desempleada”.

Según ha detallado, este ‘tope’ a los salarios se regularía mediante una proporción respecto al salario mínimo. Todo con el objetivo de evitar situaciones como la de un directivo del BBVA que tiene un salario de 4.000 euros diarios “mientras la mayoría de la población está desempleada, con un contrato precario, inestable y de baja calidad”.

Pese a ello, IU considera que “la principal arma” para un modelo justo es la puesta en vigor de un sistema fiscal progresivo en el que se aumente el tipo marginal de IRPF a las rentas más altas, además de aumentar los tramos. Esto va en línea contraria a la política del Gobierno de Mariano Rajoy durante esta legislatura, “en la que la reducción de tramos ha permitido un beneficio brutal y descomunal a las rentas más altas”.

“Las rentas superiores a 300.000 euros han visto cómo de repente su riqueza concreta se disparaba”, ha puesto de relieve abogando también por equiparar las rentas del capital a las rentas del trabajo para “vivir con un sistema fiscal digno”.

Evasión fiscal

El portavoz económico de IU en el Congreso cree que otro punto que se debe abordar es el del fraude y la evasión fiscal, por la que empresas que deberían tributar al 30 por ciento logran hacerlo al 5 por ciento gracias al servicio de bufetes de abogados “llenos de gente experta para pagar menos impuestos”.

Según ha aseverado, estas “lagunas” existen “porque los gobiernos quieren”. “Si se corrigen esas lagunas, esas empresas pagarán lo adecuado y no existirá esa evasión fiscal”, ha insistido reconociendo que esta actuación está “dentro de la legalidad”.

En otro escenario se sitúa el fraude fiscal, que achaca a “grandes fortunas y grandes empresas” y que cree que debe combatirse aumentando el número de técnicos de Hacienda dedicados a este fin. “Y luego están los paraísos fiscales, que son un agujero negro que absorbe toda la capacidad recaudatoria de un Estado”, ha lamentado.

Garzón cree que el desvío de fondos a paraísos fiscales se puede combatir a través de un control de los movimientos de capitales, algo que debe hacerse en el ámbito de la Unión Europea y “sería absolutamente deseable”. “Si la Unión Europea decide acabar con los paraísos fiscales mañana mismo podría hacerlo, lo que hace falta es voluntad política”, ha defendido achacando a “excusas” los argumentos que se escudan en razones técnicas para no abordar el asunto.

Garzón quiere una Unión Europea con un Banco Central Europeo (BCE) independiente del poder político, con capacidad para inyectar liquidez a los estados para planes de estímulo económico. “Ahora el BCE está financiando sólo a las entidades privadas porque por estatutos no puede hacerlo a los países”, ha lamentado.

Frente a ello, quiere que el BCE pueda inyectar liquidez a los estados para que estos pongan en marcha planes de estímulo que, aunque aumenten la deuda a corto plazo, sirvan para reactivar la economía. Entonces, el país aumentaría sus ingresos por los impuestos y esos impuestos servirían para acabar con el déficit.

Garzón ha sostenido que “hay que acabar” con el déficit, pero ha explicado que se trata de “una herramienta útil” en determinados momentos históricos para generar una actividad económica que después revierte positivamente en el país. “El déficit no es algo bueno ‘per se’, pero ponerle límites es ser contrario a la realidad y la historia económica de Europa”, ha sostenido.

Nueva Tribuna