1989: Alfonsín ordena la detención de la dirección del Partido Obrero

Cuando terminaba mayo de 1989, la hiperinflación destruía la moneda y la vida del pueblo. En el Gran Buenos Aires se producían saqueos a los supermercados (después se supo que habían sido instigados desde La Rioja). Los banqueros y capitalistas fugaban miles de millones y organizaban concientemente el caos económico. En lugar de denunciar a los responsables del caos, Alfonsín atacó a la izquierda: "30 trotskistas no me van a torcer el brazo", declaró entonces.

Comenzó entonces una campaña política para responsabilizar al PO por los saqueos. La campaña oficial era un montaje puro para criminalizar a la izquierda revolucionaria. El Partido Obrero venía de realizar una campaña electoral, en la que había denunciado la complicidad del gobierno con los vaciadores del país. La repercusión de la campaña del PO fue tan impresionante que Ambito Financiero le dedicó las dos páginas centrales presentando a Altamira como "el candidato que ganó en los medios". En el mismo diario, Bernardo Neustadt escribía en una columna: "Por fin terminó la campaña electoral, por fin no vamos a tener que escuchar a Altamira" (11/5/89).

En respuesta a la campaña lanzada por Alfonsín, el PO entregó en el Ministerio del Interior una respuesta política a las acusaciones. La carta se titulada "Quiénes son los vaciadores"; cientos de miles de copias fueron distribuidas en las barriadas y en las fábricas. Denunciaba la tolerancia y complicidad de las instituciones estatales con los organizadores del caos económico, repudiaba la declaración del estado de sitio y de la represión contra el pueblo y llamaba a una movilización política para imponer las reivindicaciones populares.

El miércoles 8 de junio de 1989, fueron allanados todos los locales del PO en Capital y Gran Buenos Aires. Los alfonsinistas Andrés D'Alessio y Gil Lavedra, con el concurso del juez Larrambebere, habían convertido la campaña política en una ofensiva judicial y represiva.
Una delegación compuesta por Jorge Altamira, Christian Rath y Juan Carlos Capurro se presentó en la Rosada para denunciar los atropellos. Allí fueron detenidos, sin orden de arresto, y sacados en vilo. Más tarde, fueron detenidos en el local central Cata Guagnini, Gregorio Flores y Pablo Rieznik. Una multitud de compañeros y vecinos los acompañó hasta que se los llevaron. Al día siguiente, el arresto del Comité Nacional fue título de todos los diarios y el comentario excluyente de los noticieros radiales. La televisión y la radio había cubierto a lo largo de la tarde de las detenciones, los enfrentamientos de Altamira y la policía en la Casa Rosada. La agitación política por estos hechos fue cubierta en extenso y por la prensa y medios de comunicación internacionales. No se habló de otra cosa durante largo tiempo.

Comenzó una enorme campaña nacional e internacional por su liberación. Cuando fueron interrogados en los Tribunales de Morón, cientos de compañeros los acompañaron, desafiando el estado de sitio y la Guardia de Infantería enviada para intimidarlos. Frente al juez, los compañeros denunciaron el carácter ilegal de su detención y pusieron al gobierno en el banquillo de los acusados. Pocos días después fueron liberados. Un año más tarde se cerraba el expediente sin una sola prueba.