A Bacilio Juracán no la salvaron ni los muros de la casa donde buscó refugio, ni su condición de alcalde de Concepción, un pequeño poblado del departamento guatemalteco de Sololá.
El domingo una turba enardecida lo sacó a la fuerza de la vivienda, lo golpeó salvajemente y luego le prendió fuego.
Su hijo, Ventura, resultó herido por un machetazo.
Y en el linchamiento también ardieron vehículos, la misma alcaldía y al menos otros seis edificios, incluyendo un restaurante y un internet café.
En Concepción muchos estaban convencidos que Juracán, de 43 años, había ordenado un ataque en contra de un rival político que se saldó con la muerte de dos adolescentes.
Y como sucede demasiado a menudo en este país centroamericano, un grupo de pobladores decidió "hacer justicia” por su propia mano.
¿JUSTICIA O VENGANZA?
El ataque que desencadenó los acontecimientos se había producido un día antes, cuando unos 10 hombres enmascarados abrieron fuego contra la camioneta de Lorenzo Sequén.
El hombre, que había competido con Juracán por la alcaldía y había estado insistiendo en la necesidad de una auditoría de su gestión, resultó herido junto a cinco de sus acompañantes.
Pero tanto su hija como una sobrina perdieron la vida. La primera, Lesbia, tenía 17 años. La segunda, Hermelinda, nada más 16.
Y su muerte terminó sellando el destino de Bacilio Juracán.
Según datos de la ONG Grupo de Apoyo Mutuo, hasta agosto de este año en Guatemala se habían cometido 3.298 asesinatos.
Y los registros de la Policía Nacional Civil indican que durante los últimos 10 años en el país se han producido 269 linchamientos, es decir más de uno cada 15 días.
El último de ellos en Concepción, a unos 100 kilómetros al oeste de la capital.
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