Dos juzgados federales, el de Sebastián Casanello en Comodoro Py y el de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro recibieron ayer una denuncia de espionaje contra el Servicio de Inteligencia del Ejército y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero las dos diputadas del PRO que hicieron la denuncia –Patricia Bullrich y Laura Alonso– la dieron a publicidad tres horas más tarde, dejando clara su intención mediática, ya que al hacerlo quedaba automáticamente frustrada cualquier posibilidad de allanamiento o medida de prueba sorpresiva que pudiera intentarse, si los datos fueran serios. En la presentación, la propia Alonso relata que recibió la información de una persona que la llamó por teléfono y que ni siquiera se identificó y que luego le envió un sobre con la supuesta lista de los espiados.

Casanello, no bien recibió los papeles los giró al fiscal Ramiro González, porque sin el impulso del fiscal no se podía avanzar en la investigación. Arroyo Salgado, en cambio, se excusó de intervenir porque supuestamente figuraba en el listado de personas supuestamente espiadas. Por lo tanto, la denuncia fue enviada por la Cámara al juez federal de San Martín, Emiliano Canicoba. Eso ocurrió cerca de las cinco de la tarde. Antes de esa hora, y antes de que el fiscal González pudiera responderle a Casanello, Bullrich y Alonso hicieron pública la denuncia y hablaron por televisión. La denuncia en sí misma es extraña: Bullrich y Alonso dicen que un informante, al que no identificaron, les envió una lista de políticos, jueces, sindicalistas y periodistas a los que el Ejército o la AFI les estaría interviniendo los teléfonos y las computadoras. Ese informante, supuesto ex integrante de la SIDE según el relato, que llamó por teléfono a Alonso sin revelarle su identidad para “proteger su seguridad”, dice que las actividades se hicieron desde dos locaciones, una en Capital y otra en Villa Martelli. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, le dijo a Página/12 que “no existe ningún edificio u oficina del Ejército en el lugar señalado por la denuncia. En el caso de Villa Martelli, el lugar ya no tiene el nombre de la denuncia y ya no depende del Ejército”. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) señaló a través de un comunicado que “no realiza ninguna tarea de interceptaciones telefónicas o seguimientos de comunicaciones por cualquier medio” y que “se encuentra a disposición de la Justicia a los efectos de investigar los hechos y sancionar a los responsables en caso de que eso exista”.

En el listado hay varios datos que llaman la atención: uno de ellos es que supuestamente espiaban a Horacio Antonio Stiuso, a su pareja, también a la ex esposa, a dos hijas, los maridos de las dos hijas y hasta un nieto que acaba de cumplir ocho años. Así, a días de la elección y justito cuando la Unidad Fiscal AMIA insiste en que Interpol localice al ex jefe de espías, Stiuso aparece en el lugar de víctima de espionaje.

Bullrich y Alonso presentaron la denuncia cerca del mediodía en la Cámara Federal porteña porque supuestamente el Ejército o la AFI espiaban desde un edificio ubicado en la esquina de Entre Ríos y San Juan. El texto sólo precisa el cruce, no la dirección. “No hay ninguna oficina, ningún edificio, ninguna dependencia del Ejército allí”, señaló el ministro Agustín Rossi a este diario. Después del sorteo de rigor, el expediente llegó al juzgado de Casanello, quien de inmediato se lo envió al fiscal González. Se requiere un impulso de la fiscalía porque de lo contrario las medidas adoptadas por el juez son nulas. Cuando González no había contestado, cerca de las 16, la denuncia apareció en Infobae y a continuación Bullrich fue rápidamente entrevistada en televisión. Cualquier allanamiento pasaba a no tener el factor sorpresa imprescindible.

También al mediodía, la denuncia llegó al Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. La magistrada decidió no intervenir porque, según parece, está en el listado de jueces espiados. Como su juzgado depende de la Cámara de San Martín, la denuncia viajó hacia allí y la Cámara la derivó a Emiliano Canicoba, entre otras cosas porque el texto menciona que el otro sitio desde el que se concretaba el espionaje era el Citefa, Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas. Según lo que le dijo Agustín Rossi a Página/12, quien arrimó la denuncia no parece estar muy al tanto de lo que pasa en el ámbito militar: “Hace diez años que el Citefa dejó de denominarse así, se llama Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) y ya no depende del Ejército sino del Ministerio de Defensa. Allí casi no hay militares. Es personal civil, científico, técnico, que hace investigación”, redondeó el ministro.

Según el texto presentado en Comodoro Py, un supuesto ex agente de la SIDE al que no identifican se presentó ante las legisladoras y les reveló que el Ejército o la AFI espían a numerosas personalidades desde esos dos lugares, una dependencia de Entre Ríos y San Juan, en Capital, y en el Citefa (sic), ubicado en Villa Martelli, cerca de la avenida General Paz. En el texto entregado en Comodoro Py no figura la lista de personas a las que se estaría espiando ilegalmente ni ninguna otra documentación, mientras que en el juzgado de San Martín el juez recién verá el texto hoy, dado el tortuoso trámite que llevó ayer. No está claro si la nómina fue dictada por el supuesto ex agente o si la lista –no presentada– es copia de otra original. En ninguna de las dos denuncias se aportan pruebas y al no develarse la identidad del supuesto ex agente, tampoco se sabe el origen de la información.

La descripción que hizo Bullrich en TN es sintomática: “Ese seguimiento permitió el estudio de movimientos personales de periodistas cuya opinión no se encuentra alineada con el Gobierno, diputados y senadores todos ellos reconocidos por sus opiniones políticas contrarias al gobierno nacional, jueces que llevan adelante investigaciones que involucran a funcionarios del Gobierno, todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los conjueces de la Corte Suprema, personalidades e intelectuales no afines al gobierno nacional, agentes de la ex SIDE y de la CIA”. De acuerdo con la denuncia, no sólo se espiaron los teléfonos, sino también mails, mensajes y WhatsApp en computadoras y teléfonos.

La nómina física puede haber sido hecha por cualquier persona con un simple archivo del programa Word. Figuran las letras OB que puede significar Observación, y la palabra Verbal que indicaría que la orden de espiar o escuchar fue verbal. Todo lo que aparece es el número de documento y la fecha de nacimiento, datos que no son de difícil acceso.

El listado incluye a los cuatro magistrados de la Corte, candidatos opositores como Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Nicolás del Caño, funcionarios del gobierno porteño, dirigentes gremiales, economistas, varios jueces federales, fiscales, muchos periodistas del grupo Clarín y otros que, según Bullrich, también tienen opiniones contrarias al Gobierno, como Mariano Grondona o Joaquín Morales Solá. Un dato de color que llama la atención es que uno de los que figuran en la lista publicada ayer por la tarde es el ex jefe del Ejército César Milani. O sea que la persona a la que la oposición le adjudicó el armado de un superaparato de inteligencia es espiada por ese aparato, aunque, sin dudas, el más espiado es Stiuso: no quedó afuera nadie de su familia, ni el nieto de ocho años ni sus supuestos socios en las empresas que presentó en su declaración jurada. No parece casual que una persona no identificada haga, a pocos días de las elecciones, una denuncia que a Stiuso le viene como anillo al dedo.

De esta manera, el jefe de ministros descartó cualquier responsabilidad del Gobierno con las supuestas escuchas ilegales a políticos, periodistas y representantes de la farándula difundidas ayer en distintos medios de prensa por las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich.

"Hay que recordar que la ley 25.520 deInteligencia prohíbe expresamente trabajos de esa características", remarcó Fernández durante su habitual contacto con la prensa en Casa de Gobierno y añadió que "lo que uno pudo ver hasta el momento es que esa denuncia goza de cierta inconsistencia porque en algún lugar hablan del exprecandidato a presidente (José Manuel) De la Sota, con lo cual se está infiriendo que estamos hablando después del 9 de agosto, porque ya habían pasado las elecciones PASO".

También "se habla de conjueces, cuando fue el 21 de abril la decisión de la Corte de no permitir la composición con la actual legislación, con lo cual no se entiende muy bien todo eso, tiene más un color de otras características", comparó el funcionario.

"Pero bueno, -dijo Fernández- lo que les quiero decir es que lo que van a hacer cada una de las dependencias del Gobierno es ponerse a disposición de la Justicia para la investigación como corresponde".

"Creo que es un invento más de todos los que han hecho en estos años estas dos diputadas. Son las que blandieron el proyecto en contra de la presidenta (Cristina Kirchner) firmado por el doctor (Alberto) Nisman, que terminó siendo un espanto y terminó en un tacho de basura", recordó.

La denuncia por supuesto espionaje realizada por las diputadas del PRO, Patricia Bullrich y Laura Alonso se coló finalmente en el tramo final de la campaña presidencial. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, volvió a desmentir cualquier actividad de inteligencia sobre las doscientas personas que aparecen en el listado presentado primero ante los medios de comunicación y recién hoy en la Justicia. “Pueden hablar tranquilos por teléfono. Nadie los está escuchando”, garantizó Parrilli. El candidato del FpV, Daniel Scioli, aseguró que se busca “cambiar el eje” de la campaña y recordó que previo a las elecciones de 2011, los medios de comunicación opositores dieron cuenta de una noticia similar en sus portadas. Otros miembros de la oposición como el jefe del bloque de los diputados massistas, Alberto Roberti, también salieron a descalificar la denuncia. Desde Cambiemos, por su parte, pidieron que se convoque a la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, que preside la kirchnerista Teresa García. “Las diputadas Bullrich y Alonso ya nos tienen acostumbrados a este tipo de denuncias escandalosas como ésta, que es una burla y una chicana”, aseguró García, quien anunció la citación a la comisión para el miércoles próximo. Allí le pedirán a las dirigentes macristas las explicaciones del caso.

Con el reloj electoral entrando en su último cuarto de hora, la presentación de las diputadas despertó la reacción del oficialismo y de otros sectores opositores. La actual responsable del área que realiza las escuchas telefónicas, Cristina Camaño, también salió a negar cualquier tipo de espionaje sobre políticos, periodistas y famosos como difundieron las diputadas (ver aparte).

Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró que “no es nuevo” que el Gobierno realice “espionaje ilegal”. El diputado tigrense sostuvo que tiene “filmado” en su celular a un “agente de inteligencia” que lo espiaba en el aeropuerto de San Fernando en los últimos meses. También recordó un episodio de 2013, cuando un hombre ingresó a su domicilio con un arma calibre 22 con silenciador. Pero el candidato de UNA no dejó pasar la oportunidad para hacer campaña con el tema: “Los argentinos tienen que estar tranquilos porque el domingo empieza a cambiar esta situación”, remató. Sin embargo, desde el propio Frente Renovador salieron a contradecirlo y cuestionar la actitud de las diputadas del PRO. “Lamentablemente se cae nuevamente en la banalidad de una campaña sucia en las vísperas del acto electoral del próximo domingo”, aseguró Roberti, jefe de la bancada massista y esposo de la dirigente, Mónica López, que recientemente anunció su apoyo a Daniel Scioli. El sindicalista petrolero repudió la denuncia y la calificó como una “operación periodística”.

“Tengo confianza en la gente, por más que se quiera cambiar el eje de la campaña”, alertó Scioli y aseguró que sus adversarios también buscaron “deslegitimar” elecciones, como las realizadas en agosto pasado en Tucumán, con sospechas de fraude y presentaciones en los tribunales. El gobernador bonaerense afirmó que nunca respaldaría o promovería “ningún tipo de espionaje interno en el marco de la Constitución y las libertades individuales”.

Por su parte, Parrilli ayer insistió con desmentir la denuncia: “Yo lo que quiero es darle la tranquilidad a esas 200 personas que aparecen en el listado, que no sabemos de dónde salió, que nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Ninguna intervención ilegal de ningún Whats -App, ningún mensaje de texto, ningún teléfono, nada”, expresó y agregó: “No lo hicimos, no lo estamos haciendo ni lo vamos a hacer”. En declaraciones radiales, el responsable de la AFI sostuvo que “uno se siente muy mal” si cree que lo están espiando, por lo que remató: “No está en nuestro ADN, no nos podríamos mirar al espejo si hiciéramos algo así, lo hemos sufrido con la dictadura”.

Los integrantes de Cambiemos, el diputado Oscar Aguad (UCR) y los senadores Juan Carlos Marino (UCR) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) pidieron mediante una nota que se convoque a la comisión encargada de controlar a los organismos de inteligencia. Los legisladores indicaron que “ante la gravedad de la denuncia sobre espionaje a funcionarios políticos, periodistas y personalidades relevantes” efectuada por las diputadas macristas Bullrich y Alonso, consideran necesario citar “con urgencia” a Parrilli, Gils Carbó y Rossi “para que brinden información sobre lo sucedido”.

“Me parece muy poco seria una denuncia anónima por teléfono, de la que no se sabe cómo les mandaron los papeles”, replicó la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, quien consideró el hecho como “un acto desesperación” del PRO ante la inminencia de las elecciones. En la misma línea, García definió la presentación de las diputadas como “inconsistente y poco seria”. “Invitaron a Nisman a una reunión secreta de comisión, hablaron con él en reiteradas ocasiones y no dieron cuenta del contenido de esas conversaciones a la Justicia tras la muerte del fiscal. Y ahora vienen con esta denuncia”, recordó la diputada y señaló que el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, está procesado precisamente por escuchas ilegales.

La causa judicial por el supuesto espionaje ilegal avanzó ayer poco y nada, entre otras cosas porque recién al mediodía la diputada Laura Alonso fue a ratificarla y a entregar la lista de las personas con teléfonos y computadoras supuestamente intervenidos, una lista que ella misma dio a conocer el martes a las 17.30. Pero cuando el juez Sebastián Casanello le pidió que declarara, para que cuente cómo recibió la denuncia, la diputada le envió un escrito en el que decía que no tenía nada para agregar. Ni siquiera estuvo dispuesta a señalar a qué hora recibió la llamada del informante anónimo que le aportó la denuncia ni por cuál de sus teléfonos recibió la comunicación. La negativa a dar información evidencian una intencionalidad de poner obstáculos a la pesquisa ya que impide una elemental averiguación del origen de la llamada.

La diputada Alonso había presentado el escrito el martes al mediodía en el juzgado de Casanello sin entregar la lista de las personas espiadas ni ninguna otra documentación. El magistrado le dio vista al fiscal Ramiro González y antes de que éste contestara, a las 17.30, Alonso apareció en Radio Mitre hablando del tema. Los periodistas de ese medio ya tenían la lista que al magistrado no se le había entregado. Cinco minutos más tarde, la denuncia y el listado fueron publicados por el sitio Infobae. En diálogo con radio Vorterix, ayer a la mañana, Casanello fue lapidario: “No ratificaron la denuncia ni presentaron la documentación. Es como espiar y tocar el timbre. El sentido es que una investigación sea sorpresiva. El que anuncia que va a allanar es tonto o tiene dobles intenciones”.

Recién en el mediodía de ayer, Alonso fue a Comodoro Py y ratificó la denuncia y acompañó la lista que difundió el día anterior. Pero cuando el juez le pidió que declare como testigo, la legisladora sólo entregó un escrito en el que afirma que no tiene nada para agregar.

El problema de lo denunciado en la Capital Federal es que hace agua por todas partes:

- El denunciante es anónimo y Alonso no colaboró para identificarlo. Ella afirma que el individuo no le dio su identidad y que no lo vio personalmente.

- La legisladora entregó una lista cuyo origen no está claro. Habla de “servicios de inteligencia”, pero luego del Servicio de Inteligencia del Ejército. Menciona una dependencia del Ejército o de la Agencia Federal de Inteligencia en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan, sin dar la dirección. O sea que el espía que tiene un superlistado ni siquiera sabe el lugar desde el que se hizo el espionaje.

- A esto se agrega que Alonso salió a hacer pública la denuncia antes de que el fiscal pueda dar su opinión, con lo cual enterró el factor sorpresa.

El mismo texto de Comodoro Py se presentó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ésta se excusó y terminó llegando al juez Emiliano Canicoba. En diálogo con Radio Del Plata, el magistrado explicó que a él sí le entregaron el listado y que la denuncia fue ratificada por Patricia Bullrich. Canicoba delegó la investigación en el fiscal Fernando Domínguez, quien decretó el secreto del sumario, pero seguramente también querrá la declaración de Alonso, que fue la que recibió la llamada anónima.

Los obstáculos son iguales a los de Capital, el denunciante anónimo es el mismo y no se sabe el origen del listado. A esto se agrega:

- El texto hace mención al Centro de Investigación Científica y Técnica de las Fuerzas Armadas (Citefa), en Villa Martelli, cuando esa denominación fue cambiada hace diez años. Ya no depende del Ejército sino del Ministerio de Defensa. Ya no trabajan allí militares sino científicos civiles. Nuevamente, el espía denunciante no tiene ni siquiera esos datos elementales.

- El predio de Villa Martelli es enorme y la denuncia no identifica ningún edificio desde el cual se estaría haciendo el espionaje.

- No se acompaña ningún tipo de prueba o evidencia.

Para la fiscalía de Domínguez y el juzgado de Canicoba la realización de un allanamiento por una denuncia anónima hecha por teléfono sentaría un antecedente grave. Hay numerosas causas que fueron anuladas por la Corte Suprema por un inicio de esa naturaleza ya que se requiere al menos alguna evidencia sólida que justifique un allanamiento o inspección ocular. “La Justicia no se puede meter en cualquier lado por una llamada que no se sabe de dónde salió y un denunciante que nadie sabe quién es”, dijeron anoche en Comodoro Py.

Más allá de los obstáculos planteados por las legisladoras, tanto Casanello como Domínguez pusieron en marcha medidas de prueba, que, por ahora, mantienen en secreto.

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