Un juicio sin precedentes comenzará el próximo lunes en Neuquén y podría llevar a quince años de cárcel a una mujer mapuche por haber resistido un desalojo (solicitado por una petrolera estadounidense). A Relmu Ñamku se la acusa de haber arrojado una piedra que hirió a una auxiliar judicial. “Intentan amedrentar al pueblo mapuche y liberar la zona para mineras, petroleras y grandes estancieros. Soy inocente, lo vamos a demostrar y exigimos que el Poder Judicial racista no tenga doble vara y haga cumplir nuestros derechos”, reclamó Ñamku, principal acusada e integrante de la comunidad Winkul Newen. Será la primera vez en América latina que se ponga en práctica un jurado intercultural (la mitad será indígena).

La comunidad Winkul Newen vive en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala. Desde 2010 mantenía un duro cuestionamiento al accionar de Apache Corporation, que explotaba pozos en territorio mapuche sin respetar los derechos indígenas. El conflicto se agravó por una serie de derrames de hidrocarburos. En 2012 la comunidad cerró el paso a la empresa.

En abril de ese año una patota vinculada a la petrolera atacó a las familias mapuches. Hirió con un disparo de bala a un joven de la comunidad, desfiguró el rostro de una anciana y golpeó a la lonko, Violeta Velázquez, que estaba embarazada. La comunidad realizó la denuncia, pero la Fiscalía (a cargo de Sandra González Taboada) no avanzó en la investigación. Las amenazas y hostigamientos contra los mapuches se mantuvieron de manera reiterada.

El 27 de diciembre, la comunidad dio sepultura a una beba. Los integrantes de Winkul Newen afirman que, entre los factores del fallecimiento, estuvo la contaminación ambiental. Al día siguiente, la jueza de Zapala Ivonne San Martín hizo lugar al pedido de la petrolera y ordenó notificar a la comunidad que permita correr alambrados y tranqueras para el paso de la compañía. La comunidad aseguró que la auxiliar judicial Verónica Pelayes llegó con la notificación, con policías, guardias privados, empleados de Apache y una retroexcavadora.

Se produjo un entredicho y Pelayes habilitó a que la retroexcavadora avanzara. La máquina casi atropelló a una joven mapuche y la comunidad reaccionó arrojando piedras como forma de frenar el avance petrolero. Una de las piedras dio en el rostro de Pelayes y le ocasionó la rotura del tabique.

De inmediato presentó la denuncia el conocido abogado de la zona Julián Alvarez, famoso en la región por defender a los grandes estancieros (muchos de la Sociedad Rural) e incluso al juez de la dictadura militar Pedro Laurentino Duarte (denunciado por organismos de derechos humanos por complicidad con los militares).

La fiscal González Taboada dio curso a la denuncia de Alvarez y Pelayes. La caratuló como “lesiones” y pidió el procesamiento de Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. Pero luego, en acuerdo con el abogado Alvarez, cambió a “tentativa de homicidio y daño agravado”, responsabilizó del piedrazo a Ñamku y pidió una pena de quince años de cárcel.

Darío Kosovsky es el defensor de la comunidad mapuche y afirmó que “no hay antecedentes de un pedido semejante por lesiones”. Aportó como referencia que por homicidio simple puede corresponder una pena de ocho años de cárcel. “El Ministerio Público Fiscal de Neuquén pide el doble de cárcel por una lesión. Busca escarmentar a las comunidades y dar un mensaje de temor a los que defienden la tierra”, explicó el abogado.

El sistema judicial de Neuquén establece que para penas de quince años o más se debe realizar juicio por jurados. Por primera vez en la América latina se conformó un jurado intercultural, donde la mitad (seis) serán mapuches. Fueron seleccionados el martes pasado por las partes y el juez Raúl Aufranc. Otro hecho inédito: todo el juicio será con traducción simultánea en mapuzungun (idioma mapuche).

El Consejo Zonal Centro (de la Confederación Mapuche de Neuquén) presentó un recurso de amparo porque no se respetó el derecho a la consulta previa en la elección de los jurados. Aún no hubo respuesta y el juicio comenzará el lunes en Zapala.

Relmu Ñamku, madre de tres niños, espera el juicio consciente de que puede ser la primera indígena presa por un conflicto territorial. Remarcó la injusticia de que ninguno de los derechos de los pueblos originarios se cumple y detalló lo que hay detrás del juicio: “Este juicio implica garantizar a las empresas extractivas su accionar, poniendo el aparato judicial a su disposición para que los pueblos originarios no seamos un impedimento en sus proyectos extractivos”.

González Taboada enfrenta un pedido de jury por su accionar en la desaparición en 2003 de un estudiante (Sergio Avalos) a la salida de un boliche. La familia de Avalos acusó a Taboada por irregularidades y sospechas de haber favorecido a policías y militares retirados (acusado como responsables de la desaparición). El abogado Julián Alvarez llamó a los mapuches “delincuentes que viven en la ilegalidad”.