El nuevo planteo de la defensa de Acosta fue rechazado por la sala II del tribunal de apelaciones porteño que además recordó que el ex marino está procesado con prisión preventiva por "ilícitos que no han cesado a la fecha, mientras se ignore el paradero y la suerte corrida por cada uno de los damnificados".

El fallo lleva la firma de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. Al rechazar la excarcelación, la Cámara Federal sostuvo que esa decisión está actualmente bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que admitió un recurso extraordinario contra la resolución de la sala II de la Cámara de Casación de dictaminar el cese de su prisión preventiva.

Este fallo quedó suspendido al ser apelado por el fiscal ante esa instancia, Raúl Plée, en un tema sobre el que aún no resolvió la Corte. Acosta fue detenido el 29 de diciembre de 1998 en otra causa, llamada "Nicolaides", por sustracción de menores mientras que en ESMA se dictó su prisión preventiva el 16 de agosto de 2001.

"Debe advertirse que Jorge Eduardo Acosta se halla procesado por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y tormentos seguidos de muerte, que en el caso fueron caracterizados como de lesa humanidad", sostuvo la Cámara

La titular del tribunal y designada jueza de ejecución del fallo, Lucila Larrandart, evaluará los informes de la clínica Fleni de Escobar, donde está internado Patti desde antes del inicio del juicio en su contra y definirá el traslado a "una unidad penitenciaria que cuente con el servicio médico que él necesite". Los últimos partes médicos de la clínica "daban cuenta de avances en la rehabilitación de Patti", recordaron fuentes judiciales, pese a que el represor siempre concurrió al juicio en camilla o silla de ruedas, se negó a declarar y permaneció en una ambulancia estacionada junto a la sala de audiencias en la localidad bonaerense de José León Suárez.

Patti fue condenado a perpetua por secuestros, torturas, desapariciones y el asesinato de un militante de la juventud peronista de Escobar, Gastón Gonçalves, cuando era oficial en la comisaría de ese partido del norte bonaerense. ntre los casos que se juzgaron estuvo el de la detención ilegal del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, perpetrado por Patti en Escobar y su posterior secuestro en un centro clandestino de detención y asesinato en un simulacro de accidente en Entre Ríos.

"Entre las Abuelas nos parece una ofensa considerar en el plano familiar lo que es un delito de lesa humanidad", dijo Carlotto en declaraciones a Télam, al referirse a la causa que investiga la justicia desde hace diez años y que debe resolver si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos.

Carlotto manifestó que es "inaceptable" esa postura porque "se pone del lado de los victimarios" y afirmó que el titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, "no puede desconocer que en la Argentina hubo una dictadura que entre otras cosas robó bebés y que hay una acusación de la justicia hacia la dueña de Clarín".

Marroquín y una delegación de la SIP efectúa una visita a la Argentina para interiorizarse de la situación que atraviesan los medios de comunicación, y al ser consultado sobre el caso Noble, dijo que "era un tema muy privado" y más tarde reiteró: "Es un asunto de familia".

Durante la estadía de la SIP, Marroquín leyó una declaración, donde entre otros puntos, criticó la ley de servicios de comunicación audiovisual, sancionada por el Congreso. "Llamó a violentar la ley de medios", advirtió Carlotto al plantear que "como ciudadana me produce rechazo esta injerencia de los dueños de medios de Iberoamerica en las acciones que lleva adelante el país en torno a democratizar los medios".